martes, 1 de diciembre de 2009

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Alas Peruanas, ¿cuándo es el ingreso?





II. Pishtacos trujillanos

Publicado por ESPACIO COMPARTIDO en 17:36

3 comentarios:

Tito dijo...

Pepe;

Aumenta a tu lista este favorcito que el dueño del PJ, César Vega Vega, le está haciendo a Giampietri:

El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, fue uno de los grandes favorecidos el escándalo de espionaje el 12 de noviembre, justo cuando Giampietri era el presidente encargado del Perú mientras Alan realizaba una gira por Asia. La captura de Ariza se dio justo cuando Giampietri estaba en pleno ejercicio del despacho presidencial, a los pocos días de la denuncia presentada en su contra por el Ministerio Público y cuando el Poder Judicial estaba analizando la apertura de instrucción contra él y varios marinos, e incluso, cuando se discutía la posibilidad que se le dicte un mandato de detención.

A pesar de que hace dos meses y medio la fiscal de la Cuarta Fiscalía contra la Corrupción de Funcionarios, Marlene Berrú Marreros, denunció penalmente a Rojas y a otros 27 oficiales y ex oficiales de la Marina por favorecer a empresas vinculadas al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, en millonarias compras de armas, en agravio del Estado, la jueza del Primer Juzgado Anticorrupción, Magaly Báscones, tiene extrañamente encarpetado en su despacho el expediente respectivo, sin abrir instrucción contra los implicados, ni archivar el caso.

Los 28 acusados formaron parte de las juntas, comités y subcomités encargados de las compras de armamento y equipos bélicos sobrepreciados y obsoletos.

jueves, 3 de diciembre de 2009, 11:39:00 GMT-5
Luis dijo...

Reconocidos juristas y ex procuradores del Estado hicieron pública su extrañeza por la inusual demora de la titular del Primer Juzgado Anticorrupción, Magaly Báscones, quien, pese a haber transcurrido más de dos meses y medio de que la fiscal Marlene Barrú, denunció penalmente al primer vicepresidente de la República, Luis Alejandro Giampietri Rojas y otros 27 oficiales de alta graduación de la Marina, la magistrado no abre instrucción contra ellos, acusados de haber incurrido en corrupción en la compra de armamento para la Marina.

Luis Lamas Puccio, vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, sostuvo que, tras el cuestionable pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que favoreció al general fujimontesinista Walter Gaspar Chacón Málaga, librándolo de varios años de cárcel por el delito de corrupción de funcionarios, ahora los jueces deben actuar con la celeridad del caso para que la historia no se repita.

“A raíz de este fallo el Poder Judicial deberá tomar en cuenta que los demás juicios que tengan más de ocho años sin sentencia podrán acogerse y plantear una acción constitucional similar a la que presentada por Chacón, por la demora excesiva”, advirtió Lamas.

Por su parte, el ex procurador del Estado José Ugaz dijo que, si bien es cierto que los jueces no tienen plazo para abrir, archivar o solicitar la ampliación de una denuncia por supuesta falta de material probatorio, tmabièn se presta a suspicacias la demora para ver si se denuncia o no al primer vicepresidente de la República Luis Giampietri y a los 27 marinos complicados en el caso.

Dos meses y medio de demora son más que suficientes para que la jueza Magaly Báscones proceda a abrir instrucción o a archivar el caso si no hay pruebas contra el primer vicepresidente Luis Giampietri, sostuvo la abogada Gloria Cano.

El ex procurador Ronald Gamarra, dijo que resulta extraño de que una jueza demore tanto tiempo en calificar una denuncia penal y no descartó que sea objeto de presiones de parte del gobierno.

viernes, 4 de diciembre de 2009, 11:51:00 GMT-5
Cata dijo...

Aquí va otra del alanismo:

El drástico pedido de cadena perpetua contra el supuesto jefe del ‘escuadrón de la muerte’ en Trujillo, el comandante Elidio Espinoza, demuestra que este grupo habría actuado al amparo de los altos mandos de la Policía Nacional y su responsabilidad se puede probar mediante la teoría de la autoría mediata usada ya en el Caso Fujimori, sostuvo el ex procurador José Ugaz.
“Aquí debe existir evidencias suficientes porque para que el fiscal haya pedido penas tan severas es porque debe existir indicios suficientes que indican que no se está frente a cuatro policías indisciplinados o desquiciados que han decidido realizar una operación de limpieza social sino que ellos han actuado aparentemente con la propia cobertura institucional de la Policía”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“(En cambio) la institución en lugar de disciplinarlos o ponerlos a disposición de la justicia los premia, los promueve y los felicita. Es evidente que ahí hay un indicio muy claro de que esto habría contado con el amparo institucional del comando correspondiente para realizar este tipo de acciones absolutamente ilegales”, añadió.
Recordó que el nivel de responsabilidad es posible probarlo a través de la “autoría mediata”, teoría empleada en el juicio seguido a Alberto Fujimori, condenado por violación de derechos humanos. Precisó que este mecanismo permite establecer las estructuras jerárquicas, que va de los ejecutores materiales a los autores mediatos.
Comentó que de comprobarse la existencia del escuadrón de la muerte las sanciones para los implicados -por acción o por omisión- no pasarían por el simple hecho del ámbito administrativo sino por un proceso penal.
“Evidentemente si hubo una cobertura desde el comando policial y han actuado con conocimiento sin detener esta acción que sabían era ilegal o planificado desde las altas esferas no estamos hablando de penas administrativas sino de responsabilidad penal. Si se demuestra que hubo conocimiento de estos hechos, ya sea una actitud de encubrimiento o peor aún para favores, planificación desde los altos mandos eso genera responsabilidad penal hasta donde pueda llegar y eso implica las más altas esferas de la organización del Estado”, puntualizó.
Policías podrían ampararse en DL 982
Ugaz Sánchez Moreno sostuvo que el Decreto Legislativo Nº 982, promulgado en julio de 2007 -que exime de responsabilidad penal a la Policía Nacional en cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas de forma reglamentaria cuando causen lesiones o muerte- podría servir como defensa de los integrantes del ‘escuadrón de la muerte’, por lo que demandó su derogatoria.

viernes, 4 de diciembre de 2009, 12:16:00 GMT-5

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