Es probable que estas líneas se escriban como producto de una profunda aflicción, resultado de la muerte de 24 policías, y digo aflicción, en mi condición de policía en situación de retiro y de haber tenido la oportunidad de dirigir la Policía Nacional del Perú.
No resulta novedoso, que en eventos cuya génesis en forma alguna se puede reputar intervención de la policía, tienen como resultado final la muerte absurda de mártires policiales. Y digo mártires, no por vocación de sacrificio, que si la tienen los que deciden integrar las filas policiales, sino mártires de la intransigencia, de la improvisación, de las decisiones apresuradas y finalmente del ejercicio autoritario del poder, que ha caracterizado, entonces y ahora, la gestión del Presidente García.
En los sucesos de Ilave, del año 2004, en donde la población enardecida y alcoholizada, ejecutó violentamente al alcalde provincial, el mismo que había sido oportunamente apartado de la ciudad, pero que sus ansias de poder lo llevaron a retornar subrepticiamente, provocando a la población que venía siendo azuzada por los profesionales del desorden. La actuación policial fue moderada, se optó por retirar por una noche a la dotación policial, el armamento, documentación, así como retirar el cadáver del alcalde y evacuar a los regidores heridos. Ello evitó que los policías que venían siendo atacados por casi nueve mil pobladores ebrios, hicieran uso de sus armas , con los resultados que pudiesen generarse. No hubo más fallecidos, al día siguiente con dotación policial suficiente se recuperó el órden. Como corolario, la entonces bancada de oposición aprista, censuró al Ministro Rospigliosi, responsabilizándolo de la muerte del alcalde. Hoy día esos argumentos no sirven, lo sucedido en Bagua no es responsabilidad de nadie, se percibe un enorme esfuerzo por demostrar que la decisión de intervención es de responsabilidad absoluta de los mandos policiales, que la ministra es sumamente respetuosa de la decisión profesional. El esfuerzo por convencernos de ello es tan grande que nos tiene necesariamente que hacer pensar lo contrario. Ya existen versiones que la Ministra, habría sido presionada para lograr recuperar el orden y para ello se concilió con la presidencia congresal para evitar la discusión del los decretos legislativos que generaron el desorden. Para cualquier observador, sea o no policía, tenía que presumir que al saber los nativos, que el Congreso no discutiría los decretos cuestionados, iban a exacerbar mucho más los ánimos, obviamente estimulados por los discursos provocadores de una irresponsable oposición.
No era tampoco materia de exquisita ciencia, el colegir que si en el despeje de la carretera tomada por los nativos, se producía alguna muerte de ellos, las represalias en otros lugares no se harían esperar, como sucedió en la Estación 6 del Oleoducto, ergo, debió reforzarse estas bases, con el apoyo oportuno de las Fuerzas Armadas, y no después de las bárbaras ejecuciones. Si hacemos memoria, la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas a las unidades policiales, resulta proverbial. En Uchiza los terroristas masacraban a policías y la unidad militar que pudiese apoyarlos esperaba una autorización que nunca llegó y que frente a la emergencia resultaría supernumeraria. En Etén, el terrorismo atacó la comisaría y a escasos metros funcionaba una dependencia naval, que no hizo nada por auxiliar a los policías. En un hecho mucho más doméstico, en la lucha contra el tráfico de drogas, se solicitó al ejército que en la entonces base de Pichari, cediera temporalmente ambientes desocupados para los pilotos de la Aviación Policial empeñados en la erradicación, no tuvieron mejor disposición que la de ceder galpones destruidos y sin techos con total desprecio por la dignidad de policías; obviamente que no se aceptó y tuvimos por mucho tiempo que operar en el VRAE desde la Base Policial de Mazamari, hasta que se concluyó la base de Palmapampa. Queden notificados los policías, que no esperen mucho del apoyo solidario de las fuerzas armadas.
EL esfuerzo no disimulado de la Ministra, por hacer declarar a los mandos policiales responsables de la intervención en Bagua, que fueron ellos los que decidieron el famoso día D y hora H, nos parece mucho más la patética intención de decir “yo no soy responsable”. Igualmente ha hecho escribir al Director de Inteligencia del Ministerio del Interior, que no fue esta instancia la que alertó, semanas atrás de la posesión de armas por parte de los nativos y la sugerencia de no retardar la intervención. Obviamente, esta carta dedicada, protege a la ministra frente al reporte de un periodista de investigación, pero que sugiere una total incompetencia de la inteligencia ministerial, al no detectar lo que al final se dio en los hechos.
Como corolario de los hechos, sólo nos queda comprobar una vez más, que los muertos le tocó ponerlos a la Policía Nacional, en una decisión de intervención totalmente inoportuna.
Importante el análisis que con gran conocimiento hace el General Carrión, sería importante asimismo algún comentario mayor sobre la inercia respecto al apoyo de las fuerzas armadas para con la policia en situaciones que lo requiere, teniendo en cuenta lo reglamentarista de un país en donde nadie ahora quiere "quemarse" dando órdenes o autoirzando alguna acción que luego conlleve al respectivo proceso administrativo, penal, judicial o el apellido que le toque llevar pero que igual, al final deja como lección la lamentable inacción de quienes pudiendo hacerlo, lamentablemente no "deben", por que el "Reglamento" no se los permite.
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