REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS POLÍTICA / Fernando Villarán

Desde casi el principio de su segundo mandato, el presidente Alan García ha tratado de descalificar a los diferentes grupos de peruanos y peruanas que opinan o discrepan de su política de gobierno, abandonando así la representación que le corresponde de toda la nación. Los primeros en recibir sus embestidas fueron los maestros organizados, luego las ONG de derechos humanos, los sindicalistas, los ambientalistas, los “pitucos metidos a izquierdistas”, los partidos de oposición; y en estos momentos, los pobladores amazónicos sufren sus más virulentos ataques y ofensas.

Al poco tiempo de instalado en el sillón de Pizarro, el presidente publicó varios artículos en el diario El Comercio bajo el título “El perro del hortelano”, en los que planteaba que la explotación de los recursos naturales va a liderar nuestro desarrollo, que sólo la gran inversión (extranjera) tiene la capacidad de llevarnos a la modernidad, y que los pequeños productores, las comunidades y los pobres (que no tienen para invertir), son los principales obstáculos para el progreso. Ningún gobierno, ni teoría del desarrollo, ni economista sostiene en la actualidad que los recursos naturales son el motor del desarrollo. Las grandes y más eficientes empresas en la Tierra son las incluyentes y socialmente responsables, las que tienen en la pequeña producción a sus proveedores y subcontratistas, como es el caso de Toyota, Boeing y Dell. Por el contrario, aquellas grandes empresas excluyentes, llenas de ejecutivos corruptos como la ENRON, Lehman Brothers o GM son las que generaron y potenciaron esta crisis mundial y ellas mismas están hoy quebradas. Son estas tesis las que están en la base de los Decretos Legislativos que las comunidades indígenas amazónicas cuestionan. ¿Qué hace que una persona inteligente como García se empecine y mantenga posiciones tan absurdas?

Después de los sangrientos sucesos de Bagua, que, entre otras cosas, han conseguido la caída de muchas máscaras, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, ha esgrimido una nueva teoría sobre el Estado. Ha dicho que los ministros no tienen responsabilidad política, que no toman las principales decisiones, que sólo se limitan a conseguir “recursos”, que los que toman las decisiones son los funcionarios de carrera (en este caso, los policías). Ni Stalin, ni los anarquistas, llegaron a este extremo: un Estado manejado por burócratas de carrera; ya no son necesarios los ministros, ni presidentes, ni partidos, ni elecciones. ¿Qué hace que una lideresa política con tanta experiencia diga estas barbaridades?

El Congreso de la República, como sabemos, está muy desprestigiado, pero es una de las instituciones básicas de la democracia. En estos días, llevado de la mano por su presidente Javier Velásquez, ha abandonado todos los principios que le dan sustento y son su razón de ser. En lugar de actuar como un contrapeso del Ejecutivo y limitar sus excesos y errores, se ha prestado a las peores maniobras politiqueras de los últimos tiempos, meciendo y provocando a los amazónicos, en clara complicidad con el ejecutivo. En lugar de ser el espacio privilegiado de la democracia, donde se expresan libremente las diferentes tendencias y posiciones allí representadas, sanciona a la principal fuerza política de oposición, convirtiendo al Congreso en su contrario: una dictadura de la alianza gobernante. ¿Qué hace que un político tan curtido cometa tales errores?

Hace casi un año, Alexandre Surrallés, investigador de la Sorbona de París y uno de expertos mundiales en el tema amazónico, publicó un artículo muy revelador en la revista Argumentos del IEP, denominado “Kushilia 1993”. Entre otras cosas dice que ya en ese momento había 180 lotes concedidos en toda la Amazonía Occidental con más de 35 compañías petroleras multinacionales trabajando. Estos lotes se encuentran en todos los países de la región, pero mientras que en Colombia, Bolivia y Brasil son poco importantes, en el Perú sí lo son, pues 70% de superficies concedidas de toda la cuenca amazónica están en nuestro territorio. Culmina el artículo diciendo: “La situación resultante en este estado de cosas es un conflicto de intereses inevitable y, de seguir así, veremos un proceso conflictivo largo y políticamente muy intenso”.

Es conocido, históricamente, el poder corruptor de estas empresas petroleras; hay toneladas de libros e investigaciones que asocian a esta actividad no sólo con los dólares negros sino también con la sangre del Medio Oriente, del África, y de otras partes del mundo. ¿Cuántos millones de dólares ya están depositando en el Perú para lograr sus objetivos económicos? ¿A quiénes están yendo estos millones? ¿No explicarán acaso los extraños comportamientos que hemos visto en los últimos tiempos?

En realidad no estoy diciendo nada nuevo, todos hemos sido testigos del escándalo de los “petroaudios”, Business Track y PetroTech. Sólo pudimos mirar, a lo lejos, algunas de las pistas, algunos de los personajes, algunos de los mecanismos; pero sabemos perfectamente que las pruebas están allí: los corruptos, los corruptores, y los millones de dólares. Pero, por el momento, todo este material está cerrado con cuatro candados en los sótanos del poder judicial, con el consentimiento de una mayoría de medios de comunicación, de políticos que no investigan y una parte del propio poder judicial. Los únicos sancionados han sido los valientes periodistas que se atrevieron a denunciar este escándalo, que fueron despedidos de sus lugares de trabajo, y uno de ellos, Fernando Rospigliosi, recibió incluso una inhabilitación política por el Congreso actual.

Antes de continuar, y aun a riesgo de perder el hilo del artículo, tengo que hacer una digresión. Hasta ahora he estado hablando de los responsables políticos del gobierno en la tragedia de Bagua, pero ciertamente no son los únicos. Alberto Pizango y otros dirigentes tienen una alta cuota de responsabilidad en el cruel asesinato de policías, tan peruanos como ellos. No me refiero a los caídos en la curva del diablo, que son producto de la refriega, sino a los policías que estaban desarmados, rendidos, amarrados en la estación 6 de Petroperú. Nada puede justificar esos asesinatos. Los Apus, jefes de las comunidades, tienen que deslindar responsabilidades, a ellos también les compete estar a la altura de su rango, de su representatividad, y actuar con ecuanimidad. De esta manera se podrán limpiar de la sangre derramada y recibir un apoyo aún mayor a su causa.

En toda la historia (documentada) del Perú republicano no hemos tenido un período de crecimiento y prosperidad como el actual. En los últimos siete años el país ha crecido a un promedio de 6.7% anual, las exportaciones han pasado de 7 mil millones (en el 2001) a 31 mil millones (2008), es decir, una multiplicación de 4.4, la recaudación tributaria ha pasado del 11% del PBI al 16% del PBI, y la población en situación de pobreza ha bajado del 57% (en 1994) al 36%, una reducción de 21 puntos porcentuales (que involucran las vidas de millones de personas). Pocos países en el mundo pueden exhibir estos resultados. Hay muchos que se atribuyen la paternidad de estos logros, pero lo cierto es que por primera vez en nuestro país, cuatro gobiernos (incluyendo el de Valentín Paniagua) han mantenido políticas económicas sensatas que han posibilitado este desarrollo, terminando con nuestra tradición perversa de que cada gobierno borraba lo que había hecho el anterior y empezaba de cero.

Cuando se esperaba que García se dedicara a incluir a sectores cada vez más amplios de la población a esta ola de prosperidad, como había prometido en su campaña, se dedicó a favorecer a unos cuantos hombres de negocio mercantilistas, y a excluir a las mayorías, como en este caso, a los habitantes de la amazonía. En su primer gobierno García pateó el tablero económico y produjo el desastre que todos conocemos. En este segundo gobierno, pretende patear el tablero político y, aliado a las fuerzas e ideas más obscuras y cerradas, hacer otro desastre igual. No podemos permitirlo.