ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE/ Enrique Yépez Dávalos

Esta colaboración no tiene visos de predicción ni mucho menos una mirada pesimista a los relativos esfuerzos del Estado para reducir la delincuencia, pero que no nos extrañe que en poco tiempo estemos enfrentando una espiral de violencia difícil de contener, sino se toman, desde ahora, medidas adecuadas para neutralizarla. Formulo esta afirmación, porque últimamente se viene dando factores afines que confirman lo expresado.

Veamos rápidamente el panorama:

Primero, Perú se ha convertido en el segundo mayor productor de cocaína en el mundo, y cuya comercialización internacional está a cargo, por ahora, de los cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo-Zetas, que se vienen disputando el control de diez países en América Latina, a juzgar de los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, elaborado el 2009. Es por estas razones que vemos en Lima y en el Huallaga el incremento progresivo del sicariato, como una forma violenta de buscar primacía entre estas organizaciones delictivas.

Segundo. La violencia organizada está reorganizando cuadros para llevar a cabo asaltos y asesinatos a plena luz del día, muchos de ellos dirigidos por delincuentes confinados en las cárceles del país, con modalidades similares a otras grandes ciudades, donde, al fijar sus objetivos, no les interesa la presencia de gente inocente, ni de la existencia de un aparato de seguridad. Matan con ferocidad y se dan a la fuga a vista de transeúntes y vigilantes privados que no atinan a responder, por temor, o por prudencia para evitar un mayor costo social.

Tercero. El problema de mayor gravedad que enfrenta Lima y principales ciudades del país, es el acelerado crecimiento de la delincuencia común, teniendo como punto focal el aumento de delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades, hecho que genera un sentimiento permanente de inseguridad en los ciudadanos. Es tal su magnitud, que ha sobrepasado la capacidad operativa de la Policía Nacional y de los servicios de serenazgo, para hacerle frente. Gran parte de estos delitos son llevados a cabo por jóvenes y adolescentes en riesgo integrantes de “pandillas” y de gente sin trabajo, con escasos valores, muchos de ellos portando armas de fuego, que prefieren robar, que dedicarse a labores legales para subsistir.

Cuarto. Como factores o elementos condicionantes para el incremento de la delincuencia, es el acelerado repunte de la micro comercialización y el consumo de drogas y de alcohol, que afecta a todos los estrados sociales por igual, sin que exista una estrategia definida para aminorar sus efectos.

Expertos, policías y ciudadanos de todos los estratos sociales tenemos en mente muchas ideas que podrían ayudar al Estado para frenar esta ola delictiva. Como no es factible recoger todos estos aportes, podríamos genéricamente mencionar dos vertientes a los que podrían ir muchas de estas recomendaciones. La primera es la corriente coercitiva, de mano dura, internamiento en cárceles, pena de muerte y de una política severa donde la policía juega un papel eminentemente represivo y carcelario. La segunda es la vertiente multisectorial, donde las organizaciones del Estado y de la sociedad organizada, desarrollan en forma integrada estrategias preventivas, educativas y de reinserción.

Ninguna de las dos alternativas, por si solas, pueden solucionar la problemática existente. Tienen, necesariamente, que combinar ambas. Es decir, “mano dura” para delincuentes organizados, en banda, prontuariados y causantes de delitos execrables y una política educativa y de reinserción para delincuentes primarios u ocasionales.

El “kit” del asunto, es ponerse de acuerdo entre funcionarios del estado, alcaldes, policías, jueces, fiscales y comunidad organizada para ejecutar, adecuadamente a nivel local estrategias específicas y la única organización que existe para sentarse todos en una misma mesa y desarrollar acciones concretas a cada realidad distrital, es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley 27933). Si este ente, no encarrila adecuadamente la acción del gobierno y de la sociedad civil, entonces, estaremos ad-portas de una violencia incontrolable. Mientras tanto, la delincuencia no espera y los ciudadanos, con sus propios recursos, vienen desarrollando medidas de autoprotección y participación ciudadana, como la implementación de vigilantes de barrio “guachimanes”, rejas de seguridad, amurallamiento de zonas residenciales, y el accionar de juntas vecinales y rondas urbanas en estratos populares.

Yo creo que el Presidente de la República, dado su ascendencia a nivel nacional y como sucede en otros países, debe dirigir el sistema e impartir, desde arriba, políticas adecuadas para que los actores de la seguridad tomen conciencia de una vez por todas del rol que les corresponde cumplir en sus respectivas comunidades, y no como sucede actualmente, donde alcaldes, fiscales y policías no se ponen de acuerdo todavía respecto a la manera cómo enfrentar el delito. Si a esta falta de sintonía le agregamos la aprobación de un reciente Plan Operativo Nacional de Seguridad Ciudadana-2,010, con muchas deficiencias y escasas fortalezas, entonces estamos transitando por el camino incorrecto, que nos puede llevar rápidamente al despeñadero.