Esta persistencia ha hecho afirmar con pesimismo a algunos especialistas, el fracaso de la “seguridad ciudadana”, quién sabe muchos de ellos estén contribuyendo a este aparente fracaso. En este último fin de semana prolongado, un especialista en temas de seguridad consultado por una emisora radial, proporcionaba un conjunto de recomendaciones, que de no adoptarlas, seríamos inminentemente víctimas de la delincuencia, lo que va aumentando la ansiedad de la ciudadanía y obviamente, optan por no salir y dejar sus viviendas solas o en su defecto sacrificar a algún miembro de la familia.
Frente a esta creciente sensación de indigencia frente al delito, los postulantes a las elecciones regionales y municipales, como hace cuatro años, ensayan un conjunto de ofrecimientos, desde operar la seguridad ciudadana con las juntas vecinales, adquisición de equipos de seguridad, patrulleros para la policía y serenazgo, programas de choferes vigilantes, vecino vigilante, etc. etc. , promesas que se olvidarán tan pronto ganen las elecciones y se dé inicio al frenesí constructor, que es la forma práctica de gastar los recursos regionales y municipales a fin de lograr los famosos “diezmos” de quienes ganan los concursos para ejecutar obras, y ante las demandas ciudadanas por seguridad, tendrán siempre a la Policía a quién culparán de la inseguridad, escondiendo sus responsabilidades legales en argumentos tan deleznables, como el de no tener mando sobre la Policía y por ello no poder asumir el liderazgo en temas de seguridad. Ante este abandono, volverán los esfuerzos dispersos, las buenas voluntades, organizaciones vecinales episódicas, gastos en serenazgo en proporción a la riqueza del distrito, y un sinfín de acciones descoordinadas y a menudo singulares, que ocasionan además de un gasto mayor una ineficacia sostenida.
No somos pesimistas para declarar como otros el fracaso de la seguridad ciudadana, o como para sostener que faltan recursos para implementar un plan serio que permita satisfacer con éxito las demandas de seguridad. Sostenemos por el contrario, la necesidad de organizar la demanda de seguridad, asumiendo los presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales el liderazgo para poder armonizar todos los esfuerzos que se vienen adelantando para superar la inseguridad y poder ofertar seguridad en relación directa con una demanda organizada, sustentada en datos confiables, estadísticas de victimización, georeferenciación del delito, registro de malvivientes, microcomercializadores, todo registrado y seguido en observatorios de la actividad criminal, que vayan induciendo un registro nacional de las personas que viven al margen de la ley y quiénes son susceptibles de caer en el delito.
No se trata entonces sólo de implementos, tecnología y acciones dispersas, se trata de todo ello debidamente organizado, puesto en manos de los diferentes actores del sistema y exigir resultados a cada uno de ellos. Que la policía no siga siendo el gran pretexto para escamotear responsabilidades claramente fijadas en la ley de seguridad ciudadana.
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