La izquierda y la economía/ Francisco Belaunde Matossian

                                                                    

La mirada de la izquierda radical sobre la economía está  muy marcada por la política. Los actores económicos no son vistos solamente como tales, sino también, y, tal vez, de manera más importante, como actores políticos. Forman parte de los denominados “poderes fácticos” a los que, por cierto, se les atribuye una actividad conspirativa permanente desde las sombras. Se parte de la base de que los grandes actores económicos privados, constituyen, intrínsecamente, por su peso y gran capacidad de influencia, un riesgo para la autoridad del Estado. Dicho de otro modo, son adversarios políticos, por lo menos potenciales, cuando no enemigos, del Estado.

Sin duda, las empresas, como otros actores sociales, buscan pesar en las decisiones del Estado. Podría pensarse en que la respuesta a esa realidad, es una lucha efectiva contra la corrupción y el tráfico de influencias, es decir, en  el reforzamiento de la capacidad del Estado de resistir a los intentos ilegales de influir en él. Sin embargo, la propuesta de la izquierda radical es menos institucional y mucho más política. Es lo que ya se da en Venezuela, Bolivia y Ecuador que constituyen los referentes  en la materia.

Para empezar, hay una toda una retórica que se instala, generándose un clima de lucha de liberación. Se lanza una verdadera cruzada verbal contra los grupos económicos locales y las grandes empresas transnacionales, además, claro, de los organismos financieros internacionales y del imperialismo norteamericano. Forma parte de esa retórica el llamado a la “recuperación de los recursos naturales para la Nación”. El ejercicio no es simple, porque, al mismo tiempo, se está consciente de que se requiere de la inversión privada. Se da entonces un contrapunto bastante confuso entre los gritos de guerra y las palabras conciliadoras con los inversionistas, aunque, como es natural, más suena lo primero que lo segundo.

La cosa, obviamente, no se queda en lo verbal. Se dan medidas concretas y las primeras tienen que ver, precisamente, con la explotación de los recursos naturales. Hay el afán de que el Estado se guarde para sí la mayor parte de los ingresos por la explotación de esos recursos. Para ello, se plantean cambios en la relación entre el Estado y las empresas privadas, y que consisten, según los casos, en convertir al primero en socio mayoritario de las segundas, en un aumento drástico de las regalías e impuestos, o incluso, en hacer de las empresas privadas, ya no concesionaria,  sino meras prestadoras de servicios que el Estado remunera. Es lo que se ha dado en Bolivia y, ahora también, en Ecuador.

Lo anterior, además del fin recaudatorio, tiene también un claro objetivo político. Con los esquemas mencionados, las empresas privadas pierden peso económico, y, por lo tanto, también, capacidad de influencia. A la vez, el Estado se convierte en un actor económico importante, lo que, añadido a una reglamentación mucho más estrecha de la economía, le permite adquirir un mayor protagonismo a los ojos de la población. Ello es congruente, por lo demás, con la visión del Estado-activista político y movilizador de las masas.

En ese esquema, no se da a la estabilidad jurídica y al clima para los negocios la misma importancia que la que tienen en la propuesta liberal. Se entiende, por supuesto, que las empresas  requieren de estabilidad, y se puede procurar proporcionárselas hasta cierto punto, pero el Estado siempre debe tener la posibilidad de, si le parece, cambiar las reglas de juego e imponer esa determinación. Más aún, la razón de ser del proyecto de la izquierda radical, es, precisamente, el cambio de las reglas de juego. Es decir, se asume que, por lo menos en un inicio, se les va mover el piso a los inversionistas.  Claro, se quiere creer o hacer creer que ello no tendría consecuencias muy graves en lo que se refiere al flujo de inversiones. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. Así, se ha puesto como ejemplo el caso de Bolivia, haciendo valer que, no se produjo un retiro masivo de la mayoría de las empresas concesionarias en el sector de los hidrocarburos, tras el cambio de los contratos con el Estado. Ello puede ser cierto, y, de hecho, el Estado boliviano goza actualmente de ingresos muy elevados, pero, lo que sí pasó,  es que, a partir de ese momento,  las inversiones para nuevas exploraciones se redujeron drásticamente. Es decir, el futuro de Bolivia en cuanto a nuevas reservas de hidrocarburos, ha quedado comprometido, al punto de que el gobierno, en una suerte de retroceso parcial, ha tenido que anunciar nuevos incentivos para las empresas.

A ese respecto, cabe añadir que las autoridades de ese país encargaron el año pasado a una consultora, que calculara las reservas de gas actualmente existentes. La divulgación del informe ha sido postergada en reiteradas oportunidades, lo que se explicaría, según versiones periodísticas, por el hecho de que los datos arrojados por el estudio serían catastróficos y pintarían un panorama muy preocupante. Sin duda, se ha señalado también que la explicación de las cifras tendría que ver, en parte, con el método de cálculo empleado. Sin embargo, no queda duda, de que la falta de nuevas exploraciones es un problema muy grave. A ello se añade el bajo nivel de las inversiones privadas en la economía en general, hecho reconocido por el propio gobierno. En otras palabras, el cambio de las reglas de juego, sí produce, como siempre ha sido evidente, un efecto traumático en el nivel de actividad de los actores privados; más aún si ello está combinado con una retórica hostil, o, por lo menos, esquizofrénica, con respecto al mundo empresarial.

En relación, con ello, no dejan de ser decepcionantes unas frases del sociólogo Francisco Durand, vertidas durante una entrevista publicada por el diario La República el pasado lunes 18, en respuesta a la pregunta sobre si la aplicación de un impuesto a las sobre ganancias en el sector minero asustaría o no a la inversión. Durand replicó que “ …. (el impuesto) no tiene por qué asustar a la inversión… El empresario que es inteligente entiende que su nivel de ganancia es bueno y continuara invirtiendo”.

Una política no se puede decidir en función de lo que se piensa que debería hacer un “empresario inteligente”, sino de lo que la experiencia dice que pasa en esos casos. Ello, más allá de otros argumentos que podrían darse a favor o en contra de ese impuesto específico. Ese no es el punto acá. Lo preocupante es que se adopte un buen deseo o una especulación como línea de defensa de una medida determinada.

Parece bastante claro que muchos de los que rodean a Susana Villarán, no comparten la visión de la izquierda radical. Para Nicolás Lynch, ellos corresponderían a lo que él ha denominado “la izquierda domesticada” por la derecha. Sin embargo, también puede decirse que corresponden a la izquierda cercana a Lula o a Mujica, el presidente uruguayo. ¿Es Lula un “izquierdista domesticado”?

Habrá que ver cómo se resuelve el debate actual en ese lado del espectro político. Tras el éxito obtenido en Lima por la lideresa de Fuerza Social, nadie puede quedar indiferente al resultado; menos aún, si, más allá del tema económico, está en juego el grado de compromiso con la democracia.