No queda duda alguna que ante la importancia que para la población tienen los aspectos de seguridad ciudadana, en las ofertas de los candidatos a la Presidencia de la República se planteen algunas respuestas que postulan resolver la inseguridad, entendiendo que significa el principal riesgo para la convivencia pacífica y obviamente riesgo para la democracia, si ante la desesperación la población pudiese apoyar iniciativas autoritarias .En términos generales, los candidatos no están enfrentando estructuralmente el asunto y proponen, en la mayoría de los casos, medidas cosméticas, ofertas básicamente punitivas pero que sintonizan con la situación emocional de la ciudadanía, aún cuando entiendan que las mismas no han resuelto y no resolverán el problema.
Revisemos brevemente las ofertas principales en temas de seguridad:
Perú Posible: propone trabajar la inseguridad con liderazgo, capacidad de acción y recursos, optimizar y unificar el servicio de emergencia del 105, crear la Central de Inteligencia Contra el Crimen Organizado CICO, rediseñar los procesos de los servicios policiales en comisarías, con mejoramiento en recursos humanos y equipamiento.
No dice nada nuevo y cae en el simplismo de enfocar las acciones correctivas a nivel del trabajo de la policía. Es cierto que la policía constituye un elemento fundamental en todo diseño de seguridad, empero, es una organización especializada en brindar servicios de seguridad, que deben estar previamente inscritos en políticas públicas de seguridad. En tanto no se produzca una verdadera reforma de la Seguridad Pública, de nada servirá adelantar acciones específicas que tienen mayor relación con los procedimientos que con el propósito principal de asegurar el ambiente para el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía. Se refiere a crear una Central de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuando primero es menester unificar la conducción de una Política Criminal, en forma tal que se dé organicidad al esfuerzo y no se siga, como hasta ahora, invirtiendo dispersamente en seguridad sin obtener resultados en cuanto a la disminución de la criminalidad. Sus propuestas están totalmente centradas en aspectos de control del delito y no en políticas de prevención.
Solidaridad Nacional propone reestructurar en forma integral el ministerio del Interior y revisar las leyes para introducir la acumulación de penas con cárcel efectiva y resocialización de los internos, crear además un Sistema Integral de Seguridad que contemple temas de procedimientos para evitar la comisión de ilícitos, prevenir riesgos y comprometer a los serenazgos para que trabajen con la policía.
Las ofertas del Candidato Castañeda, avanzan algo cuando propone reestructurar el Ministerio del Interior, sin embargo no avanza a plantear la reforma integral de la Seguridad Pública, en cuyo proceso, que duda cabe, tendrá que reestructurarse el Ministerio del Interior para que responda con mayor flexibilidad a las exigencias de la sociedad moderna respecto a los riesgos de seguridad. Cae la propuesta, en ese fetichismo que ha resultado ser la oferta de mayor punición como medio de controlar la inseguridad, cuando propone acumular penas y mayor cárcel efectiva; esta ha sido la respuesta recurrente de las últimas administraciones del país para tratar de contener la ola delictiva, y demás está decirlo que no ha tenido efecto alguno en la disminución de actos criminales cometidos, pero que siempre resulta populista plantearlo al sintonizar con la reacción emocional y crispada de la población, que exige mayor cárcel, mayores penas y mayor punición. Propone la creación de un Sistema Integral de Seguridad, que en la práctica existe a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que no ha sido lo convenientemente implementado y que probablemente deba ser nutrido con la unificación de la conducción de la Política Criminal del Estado, que ordene y racionalice la actuación de los diferentes elementos que actúan en la concreción de las políticas públicas. En esta propuesta , aparece palidamente una dimensión preventiva de la acción, al referirse a acciones destinadas a impedir la comisión de delitos.
Fuerza 2011.- Propone mano dura contra la delincuencia, la seguridad ciudadana será el eje principal de su gestión, promoverá las brigadas vecinales con el apoyo de las fuerzas armadas, establecerá el trabajo forzado para los reincidentes, en general impulsara penas más severas para los delincuentes.
La propuesta de Keiko Fujimori, si resulta verdaderamente aterradora, además de ser eminentemente punitiva, el fetiche de “mano dura” recogido por ella, nos tiene necesariamente que llevar a decodificar esta mano dura como la vuelta de organizaciones clandestinas al estilo “grupo colina”, más aún si propone militarizar la seguridad de la ciudadanía haciendo participar a las Fuerzas Armadas. Claro está, que ya cuenta con el instrumento legal, producido durante la gestión de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa, el Decreto Legislativo 1095, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, ya no sólo durante los regímenes de excepción, también en las épocas de normalidad, lo que evidentemente ubica la propuesta en el plano exclusivamente punitivo. A esta propuesta debe adicionarse la participación en la lista congresal, del personaje a quién muchas voces atribuyen la inspiración del supuesto Escuadrón de la Muerte en Trujillo, hecho que viene siendo investigado en esferas judiciales, pero que en todo caso, constituirían prácticas perversas, delictivas y antidemocráticas. De todas las propuestas, además de no enfrentar estructuralmente el problema de la seguridad, constituye una oferta populista, antitécnica e inviable, aumentada con la intención de recurrir a la inclusión imposible de la pena de muerte en la legislación penal nacional.
Alianza para el Gran Cambio- Plantea un nuevo sistema de trabajo con la policía, con mejores remuneraciones para evitar el cachueleo, mejor coordinación con los sistemas del serenazgo y cambios profundos en el sistema judicial
La propuesta de PPK, además de sumamente pobre, se ha ubicado sólo en la modificación de rutinas y modalidades del servicio policial, coordinación con los servicios municipales de Serenazgo y sugiere un tema que jamás ha arribado a buen puerto, la Reforma del Poder Judicial, pues en ello ha sucedido lo que pasa con los intentos de reforma de los diferentes órganos del estado, siempre se operan endogámicamente, siempre se autoreforman, con el inminente sesgo que implica el tratar de autodefinirse. Quizás sea el momento de ensayar un proceso de ciudadanización en la designación de los jueces y que no opere la elección del titular de este poder tan sólo con la voluntad de una cofradía reducida de jueces supremos. El candidato se refirió en una de sus declaraciones a la corrupción policial, verdadero y sustantivo problema de la institución, pero advertido probablemente por sus asesores que esas referencias resultan impopulares para el importante electorado policial ,no ha vuelto a referirse al tema.
Gana Perú.- El candidato Humala ofrece lucha contra la delincuencia definida por Distritos.
La oferta es inicialmente pobre, referida a un aspecto totalmente procedimental, sin ahondar en propuestas integrales para resolver el tema de la seguridad pública, lo que denotaría la poca importancia que le da al tema o en el aspecto positivo, asumir que por ser un asunto sustantivo, se está tomando el tiempo necesario para afrontarlo coherentemente.
Tenemos que concluir que ninguno de los candidatos nos proponen medidas de solución integrales respecto del tema de seguridad, y que vienen recurriendo a anuncios que sintonizan con la emoción popular. El abordaje estructural de la Seguridad Pública, no permite hacer ofertas de solución inmediatas y por tanto no resulta para los candidatos importante en este corto proceso electoral, sin embargo, es necesario plantear el debate nacional para arribar a decisiones que inicien el proceso definitivo de Reforma de la Seguridad Pública, el diseño de políticas que superen lo exclusivamente punitivo y que se integren con políticas de sectores que tengan que ver con la atención de la educación, salud y trabajo, unificar la conducción de la Política Criminal y plantear como consecuencia de ello la reforma del aparato policial, que modifique sus basamentos doctrinales, sus procedimientos, organización, formación y hasta sus rutinas.
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