En
el Perú existen distribuidores automáticos de licencias para violar las normas:
son los jueces que dictan medidas cautelares a favor de quienes abren comercios
y fábricas en contra de las disposiciones de las municipalidades, de Defensa
Civil, de las autoridades sanitarias y de muchas otras, pescan industrialmente en
nuestro mar sin autorización del Ministerio de la Producción, prestan servicio
de transporte sin las condiciones mínimas de seguridad, entre otras tropelías.
El
presidente de la Corte Suprema, César San Martín, ha denunciado que presentó un
proyecto de ley para frenar ese inaceptable atentado contra el principio de
autoridad, pero que el Congreso lo ha archivado.
Se
está ante un valioso esfuerzo del Poder Judicial para poner fin a uno de los
mayores abusos que se cometen en su seno. El Congreso debe asumir su
responsabilidad, apoyándolo y así hacer prevalecer el interés general por sobre
los negocios particulares. De otro modo, se hace cómplice del abuso, y, más
allá, contribuye a fomentar el caos y la
anarquía en el Perú.
Todos
los ciudadanos debemos exigir al actual Congreso que se muestre a la altura de su
papel.
A eso también se podría llamar la generalización de la coima, la mordida, y del cuánto hay
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