¿POR QUÉ NO ES VIABLE EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AL 2018?/ Ricardo Valdés Cavassa

El 28 de julio, el mismo día del discurso presidencial, salió publicado en El Peruano el Decreto Supremo N° 012-2013- IN que aprobaba como política nacional del Estado Peruano , el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018, dando de esa manera respuesta al clamor popular por una mayor y mejor  seguridad que venía pasándole factura a la popularidad y aceptación presidencial.

En el contexto de la muerte de  importantes mandos senderistas y de la promulgación de dos importantes leyes  destinadas a enfrentar el delito y el crimen organizado, el gobierno a  convocado al diálogo a las principales fuerzas políticas del país. El tema que emerge como prioritario en la agenda es la inseguridad ciudadana y, por supuesto, el Plan que está destinado a disminuir la victimización y la percepción de inseguridad.

¿Este Plan Nacional al 2018 es viable?, creo que no. Por lo menos no de la forma en cómo está planteado. Aquí  cinco breves  razones que dificultan la viabilidad del Plan Nacional.

1) El Plan carece de presupuesto.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana presenta una matriz de actividades para arribar a los seis objetivos estratégicos. Son 238 actividades a lo largo de 45 páginas  y todas carecen de presupuesto. Así por ejemplo, en una actividad se plantea "recuperar la exclusividad del servicio policial" al 100%, acción imprescindible, pero no se establece  cómo se va a implementar , ni cuánto va a costar. Ello supone duplicar el salario de quienes se encuentran en el servicio 2 x 1. Sin  compromiso presupuestal muchas de las actividades pasarán a ser letra muerta.

2) El Plan no soluciona algunos serios problemas presentados en su diagnóstico.

A confesión de parte, relevo de pruebas. La primera parte del Plan presenta un diagnóstico interesante y sumamente preocupante, pero que no tiene un correlato  en el plan de actividades. Un ejemplo, las 1,397 comisarías que deben ofrecer la seguridad a la ciudadanía en las calles de todo el país, solo cuentan con  5,800 policías para el patrullaje considerando el sistema 2 por 1. Eso en promedio supone que hay 4 policías en la calle por comisaría o, dicho de otro modo, un policía en la calle por 5,258 peruanos. El plan no proyecta   el número de policías necesarios en las comisarías para solucionar esta situación (objetivo 5.7). Por otra parte, la solución a las serias deficiencias de infraestructura y de saneamiento legal de las comisarias  no se encuentra ni planteada , ni presupuestada en el Plan, afectando la calidad y la cobertura del servicio.

3) Solo paliativos para los altos niveles de corrupción en los operadores de Justicia.

La corrupción se reconoce como un problema, pero el Plan plantea básicamente acciones  contra la corrupción   vía procedimientos disciplinarios  (objetivo 5.3) que deben culminar este año en la policía. Aún así, los procedimientos disciplinarios policiales tampoco serán suficientes pues, grande o pequeña, la corrupción se encuentra institucionalizada a través de "sistemas" que van de los más altos niveles policiales hasta al policía de la calle. Hay planteamientos similares para el Ministerio Público o para el Poder Judicial (objetivo 6.2). Sin embargo, la pérdida de credibilidad  y la percepción de corrupción en la policía (53% - IPSOS) y en el poder judicial (49% - IPSOS) es tan grande, que el Plan debiera contemplar y presupuestar un cambio radical de estas instituciones.

4) Las actividades planteadas en el Plan carecen de una visión integral operativa.

 A la base de este problema se encuentra la renuencia de la policía  en aceptar  el liderazgo del  Ministerio Público en la investigación del delito.  Este aspecto se mira de costado en el Plan, pese al impacto  negativo en la persecución del delito y en el cuidado de la prueba para la posterior judicialización favoreciendo finalmente a  la impunidad.

5) Indicadores flojos, responsables difusos y ausencia de prioridades.

El Plan contempla indicadores de cumplimiento y responsables de la acción, pero estos son, a nivel de indicadores, tan solo nominales pues no hay una descripción operativa del indicador que permita su seguimiento en el tiempo y la posibilidad de realizar ajustes. Son por  lo tanto indicadores  que no permiten el monitoreo de la actividad. Así mismo, los responsables  solamente se expresan a nivel de sector, ni siquiera se llega a nivel de Dirección General, lo cual no permite individualizar la responsabilidad funcional de quien debe hacerse cargo de la  actividad. Por último, son tantas las actividades que se hace necesaria una priorización de las mismas, pues no todas tienen el mismo peso ni el mismo impacto en la seguridad ciudadana.  Sin prioridades será complicado gestionar el Plan.  Si a ello le sumamos la falta de presupuesto, el riesgo de la ineficacia e inviabilidad  es sumamente alto.

Finalmente, hay que decir que no todo es malo, por lo menos hay un Plan Nacional, un diagnóstico sincero, esfuerzo comprometido y una larga lista de actividades, lo cual es positivo. Pero es imprescindible establecer prioridades, criterios de cumplimiento, responsables identificables y garantizar el financiamiento. En ese sentido el Ministerio de Economía y Finanzas debe incorporarse a la discusión, pues su presencia es necesaria para proyectar, garantizar y provisionar los recursos económicos necesarios para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. De lo contrario seguiremos empedrando de planes el camino al infierno.