Las empresas se ven frente a y son parte de un
mundo y sociedad cambiantes, con creciente conciencia de derechos sociales y
riesgos ambientales, con nuevos retos y nuevas posibilidades de enfrentarlos.
Las complejas experiencias ambientales y
sociales de las grandes empresas llevan también a una mayor toma de conciencia de
sus altos ejecutivos de que tarde o temprano las malas prácticas resultan
contraproducentes. Y que no bastan declaraciones de principios y estrategias
generales correctas ni la instalación de un departamento de responsabilidad
social, si éste tiene una concepción estrecha o un peso marginal, y si la ética
correspondiente y la empatía necesaria no son compartidas por todas las
personas e instancias que toman decisiones y esto no es monitoreado por la alta
dirección.
Se nota avances de manera lenta y progresiva.
Esto sucede antes y con mayor éxito en las empresas que tienen altos ejecutivos
más sensibles y capaces y en aquellas que tienen accionistas comprometidos con
esos criterios y exigentes al respecto. Los hay.
En Chile, el presidente de la Confederación de
la Producción y del Comercio (equivalente a la Confiep) y ex presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura, Andrés Santa Cruz, en un seminario sobre
buenas prácticas, señaló que cuando una empresa se aleja de la ética no puede
seguir con ellos ni ser un actor relevante, advirtiendo sí que la condena
enérgica corresponde cuando ha concluido el debido proceso con un dictamen
definitivo, no ante cualquier denuncia, que muchas veces están orientadas a
enlodar a priori.
En una entrevista al diario La Tercera,
Ricardo Flores, presidente de Barrick Sudamérica y vicepresidente sénior de
Pascua Lama –el único proyecto minero binacional y mayor mina de cobre del
mundo- reconoció que habían cometido un error relevante inaceptable, al iniciar
la remoción del material con menor contenido mineral antes de haber terminado todo
lo exigido en la Resolución de Control Ambiental. Además les afectaron
deshielos mayores de los previstos, cuando el sistema de manejo de aguas se
encontraba recién en un nivel intermedio de construcción, y tuvieron problemas
con el sistema de manejo del polvo porque resultó incorrecta la información
sobre fuerza y dirección de los vientos. Sin embargo apunta que el único daño
ambiental serio es el de una pequeña extensión de humedales, ya sancionado por
la Superintendencia de Medio Ambiente. Considera justo el reproche de sus pares
de haber dañado la imagen del sector minero, pero agrega que éstos han
reconocido que la compañía está empezando a moverse en la dirección correcta,
basado él en su experiencia personal en otros países, de diálogo abierto con
comunidades y autoridades, aplicando el concepto de licencia social.
Para la sociedad en general, para las
instancias políticas y para quienes critican desde fuera y de buena fe prácticas
nocivas y desatinadas así como daños ocasionados, es importante considerar que
una gran inversión productiva es de una enorme complejidad técnica y económica,
que efectivamente tiene que ser bien atendida y exige mucha concentración, de
modo que incluso ejecutivos y técnicos con las mejores intenciones fácilmente
no le dan la suficiente importancia y atención a lo social y ambiental. Y a
veces piensan que bastan más avanzadas y costosas técnicas productivas y de
mitigación, que ya han considerado en el proyecto, sin analizar ni corregir a
tiempo sus insuficiencias o fallas en la práctica.
Pero aún en empresas con la mejor orientación
programática y ejecutivos muy empáticos y responsables, con frecuencia los
daños ambientales y los conflictos sociales son causados por funcionarios
intermedios, por concepciones erradas, intereses personales estrechos o
simplemente errores. Me ha tocado ver esto como consultor en empresas de todo
tamaño y sector.
Muchas veces lo que inicialmente son roces
aislados y protestas específicas, partiendo generalmente de lo social, va
escalando a una protesta generalizada y de rechazo frontal a la empresa por
respuestas inadecuadas o tardías de la empresa e inoperancia o complicidad de
las instancias del Estado que podrían encauzar la solución oportuna de los
problemas, pero también por miopía, errores o intereses personales de
dirigentes sociales, muchas veces no muy representativos. Y esto es por
supuesto un caldo de cultivo excelente para posiciones y fuerzas que, con o sin
buena voluntad, tienen la orientación de azuzar conflictos, creyendo con ello
propiciar un bien social o simplemente para favorecer intereses personales o
políticos mezquinos, frecuentemente con la motivación o bajo el ropaje de
defensa también del ambiente.
Tanto en quienes actúan de buena como en
aquellos de mala fe sus protestas tendrían mayor legitimidad si obedecieran a
una actitud general y permanente de vigilancia del bien social y del ambiente,
si por ejemplo se preocuparan también de la contaminación de las tierras, de
las aguas y del paisaje por la basura urbana, por la ausencia o mala calidad de
la disposición de excretas y por los plásticos diseminados por doquier, y de
las explotaciones mineras informales, por poner solo los ejemplos más
lacerantes.
Pero al margen de esta consideración cada problema
y cada conflicto tienen que ser atendidos y solucionados de la manera más
positiva para los involucrados y la sociedad en su conjunto.
En Chile, a pesar de su sistema político y
aparato estatal relativamente avanzados, curiosamente la conflictividad ha sido
aumentada por errores del Estado, en particular por problemas de diseño de las
instancias ambientales. Crecientemente, decisiones del Poder Judicial, basadas
en fallas de procedimientos en los procesos de aprobación, implican mayores
posibilidades de defensa de intereses afectados, a la vez que costosas
postergaciones y a veces cancelaciones de inversiones previstas, que afectan el
crecimiento económico. La judicialización no es solo un problema para las
empresas, por extensión de los plazos de aprobación, sino también para la
sociedad afectada por daños.
Otro factor saltante ha sido la intervención
del presidente Piñera, apenas iniciado su mandato, para acordar con la empresa
Suez Energy la relocalización del proyecto de inversión en una central
termoeléctrica a carbón en Punta Choros, región de Coquimbo -en la cercanía de
una reserva natural-, de más de 500 megavatios y más de 1000 millones de
dólares de inversión, aprobado por el sistema de evaluación ambiental. Posteriormente
la empresa desistió del proyecto, señalando que otra ubicación requeriría de un
nuevo proceso de estudios y permisos que le tomaría cuatro o cinco años.
El componente judicial hizo especial impacto
el año pasado con la desaprobación por parte de la Corte Suprema del proceso de
calificación ambiental de la central de Castilla, en la región de Atacama. Se
trata de un complejo termoeléctrico de seis unidades a carbón y dos de diesel y
un puerto, del magnate brasilero Eike Batista y la alemana EOn, de cinco mil
millones de dólares. Sus 2000 megavatios son considerados vitales para la gran
minería de la región, que tiene un suministro insuficiente de energía eléctrica,
a altos costos. La Suprema objetó que, a pesar de ser un proyecto integral, la
tramitación y calificación ambiental haya sido de la central y del puerto por
separado.
Con razón hay ciudadanos y organizaciones que
protestan, con razón el Estado aumenta su intervención reguladora, preventiva y
sancionadora, y con razón las empresas reclaman una mayor certidumbre sobre las
normas y mecanismos y una menor arbitrariedad, para poder planificar sus
inversiones y reducir costos improductivos, a la vez que asumen o ratifican el
compromiso de mejorar su gestión social y ambiental, por conciencia, previsión
y exigencias.