LA GRAN EMPRESA Y LO AMBIENTAL / Alfredo Stecher

Las empresas se ven frente a y son parte de un mundo y sociedad cambiantes, con creciente conciencia de derechos sociales y riesgos ambientales, con nuevos retos y nuevas posibilidades de enfrentarlos.

Las complejas experiencias ambientales y sociales de las grandes empresas llevan también a una mayor toma de conciencia de sus altos ejecutivos de que tarde o temprano las malas prácticas resultan contraproducentes. Y que no bastan declaraciones de principios y estrategias generales correctas ni la instalación de un departamento de responsabilidad social, si éste tiene una concepción estrecha o un peso marginal, y si la ética correspondiente y la empatía necesaria no son compartidas por todas las personas e instancias que toman decisiones y esto no es monitoreado por la alta dirección.

Se nota avances de manera lenta y progresiva. Esto sucede antes y con mayor éxito en las empresas que tienen altos ejecutivos más sensibles y capaces y en aquellas que tienen accionistas comprometidos con esos criterios y exigentes al respecto. Los hay.

En Chile, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (equivalente a la Confiep) y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Andrés Santa Cruz, en un seminario sobre buenas prácticas, señaló que cuando una empresa se aleja de la ética no puede seguir con ellos ni ser un actor relevante, advirtiendo sí que la condena enérgica corresponde cuando ha concluido el debido proceso con un dictamen definitivo, no ante cualquier denuncia, que muchas veces están orientadas a enlodar a priori.

En una entrevista al diario La Tercera, Ricardo Flores, presidente de Barrick Sudamérica y vicepresidente sénior de Pascua Lama –el único proyecto minero binacional y mayor mina de cobre del mundo- reconoció que habían cometido un error relevante inaceptable, al iniciar la remoción del material con menor contenido mineral antes de haber terminado todo lo exigido en la Resolución de Control Ambiental. Además les afectaron deshielos mayores de los previstos, cuando el sistema de manejo de aguas se encontraba recién en un nivel intermedio de construcción, y tuvieron problemas con el sistema de manejo del polvo porque resultó incorrecta la información sobre fuerza y dirección de los vientos. Sin embargo apunta que el único daño ambiental serio es el de una pequeña extensión de humedales, ya sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Considera justo el reproche de sus pares de haber dañado la imagen del sector minero, pero agrega que éstos han reconocido que la compañía está empezando a moverse en la dirección correcta, basado él en su experiencia personal en otros países, de diálogo abierto con comunidades y autoridades, aplicando el concepto de licencia social.

Para la sociedad en general, para las instancias políticas y para quienes critican desde fuera y de buena fe prácticas nocivas y desatinadas así como daños ocasionados, es importante considerar que una gran inversión productiva es de una enorme complejidad técnica y económica, que efectivamente tiene que ser bien atendida y exige mucha concentración, de modo que incluso ejecutivos y técnicos con las mejores intenciones fácilmente no le dan la suficiente importancia y atención a lo social y ambiental. Y a veces piensan que bastan más avanzadas y costosas técnicas productivas y de mitigación, que ya han considerado en el proyecto, sin analizar ni corregir a tiempo sus insuficiencias o fallas en la práctica.

Pero aún en empresas con la mejor orientación programática y ejecutivos muy empáticos y responsables, con frecuencia los daños ambientales y los conflictos sociales son causados por funcionarios intermedios, por concepciones erradas, intereses personales estrechos o simplemente errores. Me ha tocado ver esto como consultor en empresas de todo tamaño y sector.

Muchas veces lo que inicialmente son roces aislados y protestas específicas, partiendo generalmente de lo social, va escalando a una protesta generalizada y de rechazo frontal a la empresa por respuestas inadecuadas o tardías de la empresa e inoperancia o complicidad de las instancias del Estado que podrían encauzar la solución oportuna de los problemas, pero también por miopía, errores o intereses personales de dirigentes sociales, muchas veces no muy representativos. Y esto es por supuesto un caldo de cultivo excelente para posiciones y fuerzas que, con o sin buena voluntad, tienen la orientación de azuzar conflictos, creyendo con ello propiciar un bien social o simplemente para favorecer intereses personales o políticos mezquinos, frecuentemente con la motivación o bajo el ropaje de defensa también del ambiente.

Tanto en quienes actúan de buena como en aquellos de mala fe sus protestas tendrían mayor legitimidad si obedecieran a una actitud general y permanente de vigilancia del bien social y del ambiente, si por ejemplo se preocuparan también de la contaminación de las tierras, de las aguas y del paisaje por la basura urbana, por la ausencia o mala calidad de la disposición de excretas y por los plásticos diseminados por doquier, y de las explotaciones mineras informales, por poner solo los ejemplos más lacerantes.

Pero al margen de esta consideración cada problema y cada conflicto tienen que ser atendidos y solucionados de la manera más positiva para los involucrados y la sociedad en su conjunto.

En Chile, a pesar de su sistema político y aparato estatal relativamente avanzados, curiosamente la conflictividad ha sido aumentada por errores del Estado, en particular por problemas de diseño de las instancias ambientales. Crecientemente, decisiones del Poder Judicial, basadas en fallas de procedimientos en los procesos de aprobación, implican mayores posibilidades de defensa de intereses afectados, a la vez que costosas postergaciones y a veces cancelaciones de inversiones previstas, que afectan el crecimiento económico. La judicialización no es solo un problema para las empresas, por extensión de los plazos de aprobación, sino también para la sociedad afectada por daños.

Otro factor saltante ha sido la intervención del presidente Piñera, apenas iniciado su mandato, para acordar con la empresa Suez Energy la relocalización del proyecto de inversión en una central termoeléctrica a carbón en Punta Choros, región de Coquimbo -en la cercanía de una reserva natural-, de más de 500 megavatios y más de 1000 millones de dólares de inversión, aprobado por el sistema de evaluación ambiental. Posteriormente la empresa desistió del proyecto, señalando que otra ubicación requeriría de un nuevo proceso de estudios y permisos que le tomaría cuatro o cinco años.

El componente judicial hizo especial impacto el año pasado con la desaprobación por parte de la Corte Suprema del proceso de calificación ambiental de la central de Castilla, en la región de Atacama. Se trata de un complejo termoeléctrico de seis unidades a carbón y dos de diesel y un puerto, del magnate brasilero Eike Batista y la alemana EOn, de cinco mil millones de dólares. Sus 2000 megavatios son considerados vitales para la gran minería de la región, que tiene un suministro insuficiente de energía eléctrica, a altos costos. La Suprema objetó que, a pesar de ser un proyecto integral, la tramitación y calificación ambiental haya sido de la central y del puerto por separado.

Con razón hay ciudadanos y organizaciones que protestan, con razón el Estado aumenta su intervención reguladora, preventiva y sancionadora, y con razón las empresas reclaman una mayor certidumbre sobre las normas y mecanismos y una menor arbitrariedad, para poder planificar sus inversiones y reducir costos improductivos, a la vez que asumen o ratifican el compromiso de mejorar su gestión social y ambiental, por conciencia, previsión y exigencias.