A propósito de los últimos acuerdos
alcanzados con mineros informales y del
próximo 19 de abril en que se cierra el proceso de formalización ¿qué más
podemos decir de este complicado proceso de formalización?
Lo bueno:
Que duda cabe que en un país donde aproximadamente
hasta el 35% del PBI y el 70 % de la PEA provienen de la actividad informal, la
minería informal ha sido y viene siendo
una actividad válida para miles de familias peruanas que han encontrado esta
forma de ganarse la vida, como otras familias lo hacen en múltiples actividades
informales ligadas a la agricultura, la pesquería , la industria textil, el
transporte, el comercio o los servicios
por citar unos pocos ejemplos. Nuestra dinámica económica no puede ocultar esta verdad, ni el dinero que esta produce y
moviliza.
Por otra parte el Perú siempre ha sido un país
con actividad minera ancestral y de iniciativas
emprendedoras que no siempre se
acomodaron a la vida económica formal.
Apenas hace un par de años la minería no formal era una y no se distinguía
dentro de ellas a la ilegal. Las normas del 2011 recién trazaron la línea entre
lo informal y lo ilegal, al inicio de
manera confusa y concentrados tan sólo en Madre de Dios, para luego corregir su alcance a nivel
nacional.
Pero ya eran
miles los que estaban en esta actividad y, por lo mismo, emergieron
dramáticamente los daños económicos, sociales y ambientales que hicieron
necesaria su regulación. Se hacía necesario encontrar una salida y el Estado la
abordó desde lo legal y programático.
Ahora contamos con normas y, en principio, con una estrategia para enfrentar los problemas
derivados de la minería informal y de la
ahora, minería ilegal.
Lo malo:
El sinnúmero de
problemas sociales y ambientales ( los más dramáticos) asociadas a este tipo de
actividad informal son inaceptables. La explotación laboral y sexual, la trata
de personas, el envenenamiento de fuentes de agua, la eliminación de bosques,
la corrupción, todo tipo de tráfico ilícito y, en fin, varias lacras más han
rodeado esta actividad ( como otras , incluso formales, hay que decirlo) y se
hace necesario enfrentarlas con energía y con recursos, pues así como está
determinado el rol persecutorio del delito, también lo están la prevención y la
protección de todos aquellos que se han visto afectados por el mismo.
Hay áreas
absolutamente liberadas para la delincuencia y el abuso. La explotación de
niñas y niños se encuentra documentada
con miles de víctimas (al menos más de
10,000 entre Puno y Madre de Dios). Sin embargo también se encuentra
documentada la falta de presupuesto para poner en marcha las estrategias de
lucha, la incompetencia funcional del Estado y el abandono que nuestro
Estado termina por hacer de sus
ciudadanos y de sus funcionarios.
La estrategia
para enfrentar la minería ilegal e informal debe ser integral, debe contemplar a
toda la cadena logística de provisión y comercialización para su control y
regulación, así como políticas de inclusión social, de incorporación de las familias dedicadas a la minería a otro
tipo de actividad con visión de
desarrollo sostenible. Deben contemplarse también medidas de inclusión social para todas las
actividades que, como "daño colateral" , se asocian a la práctica informal
e ilegal de la minería, incluyendo a todas las personas involucrados en este
problema complejo.
Lo feo:
No se puede
ignorar la dimensión del fenómeno social que se encuentra tras la minería
informal e ilegal. La simple respuesta
represiva desde el Estado es
insuficiente, estrecha de entendimiento e hipócrita. ¿Cómo no dotar entonces de un presupuesto
especial a la lucha contra la minería ilegal o la trata de personas cuando el
Estado peruano ha gastado para hacerse publicidad, solo en el año 2013, 467 millones de soles?
En este negocio
de la minería informal existe una larga cadena de financistas y concesionarios
(mineros formales) que están dispuestos a maximizar sus ganancias con el menor
riesgo posible. Ellos también se mueven entre la delgada línea de lo informal y
lo ilegal. Tanto los que financian, como los que adquieren y comercializan los productos informales, lo
hacen sin declarar muchas veces este
lado del negocio.
Así , algunas
empresas mineras peruanas "prestan"
sus concesiones sin importarles los niveles de explotación laboral de la
informalidad, mientras sean estas
empresas las que finalmente adquieran la producción informal y se apropian del
excedente del menor costo, como consecuencia de la explotación humana, controlando
el precio que le pagan al minero informal.
Hay pues
demasiados ángulos en este fenómeno social, demasiada gente involucrada en este
negocio complejo, así como demasiada
debilidad en las políticas del Estado y
en la dotación de recursos, como para
pensar que se habrán acabado los problemas con este sector a partir del 19 de abril en que se cierra el proceso de
formalización.
sinceramente no le veo nada de bueno, esto si sopesamos lo malo y lo feo
ResponderEliminarestimado ricardo
ResponderEliminarvi la entrevista en la que presentabas este articulo, sin embargo considero necesario que dentro de las ramificaciones informales o ilegales de la minería actuan 2 factores que si son atacables a corto plazo:
1.- las empresas mineras y metalurgicas que sea: adquieren la producción informal o ilegal.
2.- las empresas o personas naturales que entregan sus consignaciones de minas a informales o ilegales.
Estos son faciles de ubicar y los grandes promotores. Sin embargo recientemente la Sociedad de Mineria y Petroleo negó estos aspectos. Con estos falsos espiritus corporativos no vamos a ningun lado.