¿MILICIAS? / Gustavo Carrión Zavala

Con ocasión de las elecciones generales del próximo año, los partidos y agrupaciones políticas vienen presentando sus propuestas a fin de resolver los urgentes problemas que agobian al país. Qué duda cabe, la inseguridad es uno de los problemas sentidos por la población que demandan la primera preocupación, en razón al crecimiento exponencial de la violencia criminal, la aparición de crímenes de nueva generación y el aumento del crimen de bagatela que asusta a los ciudadanos y les impide llevar a cabo sus actividades con normalidad.

Una propuesta que llama seriamente la atención, es la esbozada por el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuna, al ofrecer conformar una fuerza compuesta por 50,000 (cincuenta mil) efectivos, captados entre licenciados de las fuerzas armadas, reservistas y rondas campesinas, rentados por el Estado para que se integren a la lucha contra la inseguridad.

En términos concretos, lo que propone es la creación de una milicia en el ámbito del Estado. Ya el hecho de ofrecer una milicia oficial, constituye una seria afección al estado de derecho y un riesgo para la incipiente democracia y se agrava cuando estaría compuesta por licenciados de las fuerzas armadas, reservistas y ronderos, ninguno de los cuáles tiene habilitación para actuar con propiedad en asuntos de protección de vidas, bienes y ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos.

Los licenciados son personal de tropa del Ejército que culminaron con el servicio militar obligatorio o voluntario, según la fecha en la que sirvió; los reservistas son los que no integraron el activo del Ejército, pero que fueron entrenados fines de semana  como soldados para integrarse a filas, cuando se produzcan enfrentamientos con ejércitos de otros países, es decir, ambos grupos habilitados básicamente para la guerra. En cuanto a ronderos, la mayoría de ellos pasó también por el servicio militar, y si bien es cierto jugaron un papel importante en la lucha contra Sendero Luminoso, su actuación después de la violencia subversiva, ha sido sumamente cuestionable, en razón a haber desarrollado una suerte de justicia popular que deviene obviamente en hechos criminales.

Otro aspecto alucinante de la propuesta, es lo que costaría el sostener una milicia de 50000 hombres, pagados con presupuesto público y a los que obviamente tiene que dotárseles de armas de fuego. ¿No sería mucho más sensato y legal, utilizar esos recursos en mejorar los ingresos de los policías para poder recuperar la exclusividad del servicio policial o invertir recursos en formar mejores policías?

Lo más grave de la propuesta, es la de crear una fuerza que pueda tornarse inmanejable y que llegado el momento, se enfrentarían a los propios policías. Podremos imaginarnos de qué lado se pondrían estas milicias si se produjeran conflictos como los de Conga y Tía María.

La propuesta no resulta tan original, pues la actual administración, antes de asumir el poder el 28 de julio del 2011, ofreció constituir la policía rural, sobre la base de rondas campesinas y organizaciones de autodefensa, felizmente llegados a gobernar se olvidaron de este disparate.

A todas luces, la oferta de una milicia no sólo es impracticable, ilegal y peligrosa, pero qué duda cabe que suena bonito, electorero y capta la atención de quienes apuestan por una suerte de justicia popular.