FRACASO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO/ Gustavo Carrión Zavala

Hace algunos días escuchamos al Ministro Rey, reconocer que el principal problema en el VRAE era el narcotráfico, antes que el terrorismo, empero, expresaba la consolidación de la respuesta militar en esa convulsionada zona del país. Con toda razón nos tendríamos que preguntar si los militares están preparados para perseguir el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, atendiendo al antecedente de su participación anterior durante el fujimorato, caracterizada por la corrupción en su actuación y el entorpecimiento a la persecución de este delito por parte de la policía. Actualmente en el VRAE, viene ocurriendo casi lo mismo que entonces, las autoridades militares encargadas de las zonas declaradas en emergencia, mediatizan la actuación policial, dándose de hecho, lo que reclamaban voceros de las fuerzas armadas, como el Almirante Montoya : “subordinar la actuación policial al mando militar”. Esta situación no se dice expresamente, pero se da en la realidad y le conceden a la policía el pretexto perfecto para justificar su pobrísima actuación.

En el fenecido año 2009, la policía ha incautado algo más de 11 toneladas de droga, que representa escasamente el 4% del total de la droga producida. Como se podrá asumir, este porcentaje ínfimo, se puede comparar con los cálculos de pérdidas de cualquier empresa, ergo, los carteles de la droga deben sentirse totalmente realizados en esta “infausta empresa”, en la cual sólo han sufrido las calculadas pérdidas, que por otro lado, constituyen cantidades controladas para justificar la parafernalia mediática de la policía, por convencer a la ciudadanía de lo “eficiente de su actuación”.

Si evaluamos las incautaciones de insumos químicos, nos aterrará la pobrísima actuación policial: de 35000 toneladas de insumos utilizados en la producción de droga, la policía ha intervenido tan sólo 480 toneladas. No nos olvidemos que a fines de Abril se dio la norma que prohibía la comercialización de querosene en el VRAE , sin embargo el querosene siguió “burlando” el control policial, explicándose únicamente que esto sea posible por la “corrupción” de los encargados de perseguir este delito.

Esta evaluación de la pobreza en la actuación policial, se ha convertido en recurrente, pues en los últimos 20 años el porcentaje de incautaciones ha oscilado entre el 4 y 5% del total de la droga producida. Que sucedería si no hubiese el apoyo, escaso pero apoyo al fin, de los Estados Unidos en este propósito, nos imaginamos que las incautaciones no hubiesen llegado siquiera al 1%.

¿Hay alguna correlación entre estos catastróficos resultados y la gran difusión mediática de los imaginarios logros de la DIRANDRO? Obviamente que no, pero ha servido para pretender ocultar la ausencia de políticas públicas de seguridad y el consecuente fracaso de la acción policial, pues al ciudadano de a pie, los grandes supuestos logros en la lucha antidrogas poco le dice, si de su seguridad personal se trata. Lo que se quiere decir es que la lucha contra el TID, y sus supuestos éxitos, poco influyen en la disminución de la percepción de inseguridad.

En los últimos días se ha cubierto la escena noticiosa con la captura de los denominados “burriers” y la nacionalidad de los mismos, pero, ¿cuánta droga se incauta anualmente a los burriers? No llega ni a dos toneladas de las potencialmente 300 toneladas producidas y el gran tráfico se produce a través de los puertos marítimos, en los cuáles la actuación policial en incautación ha sido nula. El esquema resulta sencillo, organizar una gran actuación en los aeropuertos para capturar “burriers”, como maniobra distractora, en tanto las grandes cantidades de droga son embarcadas en los puertos marítimos.

Pero lo austeros resultados en la persecución de este delito no ha merecido la intervención del gobierno para corregir y reorientar la actuación policial, por el contrario, algunos responsables de la unidad especializada en perseguir el TID, han escalado posiciones en la estructura institucional y ni el escándalo del auspicio de la revista de la DIRANDRO por una empresa cuyos dueños son investigados por lavado de activos por esta misma dirección especializada, ha conmovido a las altas autoridades del Ejecutivo a fin de procurar la reorientación del esfuerzo y perseguir la inocultable corrupción que oblitera toda actuación . De no producirse una dramática reorganización en la DIRANDRO, no quedará sospecha alguna de la falta de propósito del actual gobierno en luchar contra este delito que viene erosionando la organización social y la institucionalidad del país.