Una de mis principales preocupaciones con Ollanta Humala fue desde el
inicio que su formación militar y lo tenue de sus tradiciones democráticas, nos
llevaran a retrocesos en el manejo de la defensa y la seguridad en
democracia.
Ese temor era compartido por muchos de los que optaron por apoyarlo para
impedir el retorno al poder de los fujimoristas, con todo lo que ello
significaba. Tanto es así que uno de los juramentos que hizo ante los ya
famosos “garantes” fue el que habría ministros civiles, tanto en Defensa como
en Interior. En ambos casos ha faltado a su juramento, poniendo a militares
retirados y no duden de que cuando haya nombramientos en Inteligencia la cosa
será similar.
El control civil de la defensa y la subordinación de los militares a la
autoridad democrática no es un prurito intelectual. América Latina, y el Perú
en particular, tienen una historia negra de intervencionismo militar en los
asuntos públicos que, en nuestro caso más reciente ayudan a entender la
existencia y perduración de la dictadura cleptocrática de Alberto Fujimori y
Vladimiro Montesinos.
Como reacción a este problema, ya restablecida la democracia, en la
primera década de este siglo se hicieron esfuerzos muy importantes por cambiar
esa forma de relacionarse de los militares con el poder político y avanzar en
su profesionalización.
Hubo logros muy significativos en términos conceptuales, legislativos y
prácticos. Los protagonistas más importantes de estas reformas fueron los
ministros civiles Loret de Mola con Toledo y Allan Wagner con García.
A la vez
los mayores retrocesos ocurrieron con Rafael Rey, confirmando que no sólo se
necesita ser civil para conducir la política de defensa en democracia, sino también
tener genes democráticos (como sí los tuvo el general Chiabra durante su
gestión en la época de Toledo).
El nombramiento del general retirado Daniel Mora es un claro retroceso.
No sólo porque sea militar, con las ataduras y lealtades corporativas que ello
conlleva, sino porque su historia ya es conocida y preocupante. No sólo estuvo
muy vinculado al hoy preso y entonces todopoderoso comandante general de
Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, sino que además tuvo una gestión oscura
y llena de escándalos en el Servicio de Inteligencia en la época de
Toledo. Tener un militar descriteriado a
cargo de la defensa es un problema. En sus primeras declaraciones ya anunció
que no será ministro, sino el jefe del “sindicato militar” contra el MEF exigiendo
más aumentos de salarios. También ya creó
problemas innecesarios con Chile con declaraciones absurdamente belicistas. (Por
cierto los dineros que pudiese conseguir para más salarios y armamentismo, se
les tendrían que quitar a los famosos programas sociales para la inclusión).
El sector Interior es otro problema. La seguridad ciudadana se ha
deteriorado significativamente en el gobierno de García. El narcotráfico ha
aumentado su poder y ejercido nuevas formas de violencia. Si bien se ha
avanzado en el Huallaga contra Sendero Luminoso, en el VRAE se ha fracasado
estrepitosamente, al precio de la vida de decenas de miembros de las fuerzas
del orden. El manejo del orden público ha sido un desastre. Se ha oscilado
entre la permisibilidad absoluta y la represión indiscriminada. En lugar de
profesionalismo es decir actuar con firmeza pero sin daño, hemos tenido decenas
de manifestantes y de policías muertos. A todo lo anterior se suma quizás lo
más grave, que los que valen dentro de la Policía Nacional están desmoralizados,
sabiendo que la corrupción se ha extendido como un cáncer desde la cabeza hasta
los pies de la institución.
Después de los pésimos nombramientos de García en Interior (un sector
que le interesaba un comino y en el que alternó amigotes del partido con
policías dispuestos a servirlo en temas no siempre santos) se esperaba que
Ollanta Humala le diese mucha atención a un sector que necesita cambios
radicales, dramáticos y urgentes.
Pero no. Ha seguido el ejemplo de García y rifado la gestión de la
seguridad. Se la ha regalado a un total desconocido (dicen que porque le
financió parte de la campaña) que no sabe nada del tema y que seguramente
creerá que su antigua formación militar es la base para las políticas a
desarrollar. Con lo cual su fracaso está garantizado.
Lamentablemente mis temores se están confirmando.
No necesariamente un ministro de extracción militar, tendría que implantar políticas de seguridad que tiendan a militarizar la seguridad interna. Siempre y cuando el ciudadano designado para ministro, aún siendo militar en retiro, haya estudiado, investigado o estado involucrado en sus actividades académicas o laborales públicas (local, regional o nacional) en el ámbito de la seguridad pública o seguridad ciudadana.
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