MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES AYER Y HOY/ Alfredo Stecher

 El movimiento en Chile por una amplia reforma de la educación, al que he seguido atentamente, se encuentra en una encrucijada, después de casi cinco meses de lucha. Sus banderas principales son el fortalecimiento de la educación pública, cambiando la lógica de subvención a la demanda (que es lo que el Gobierno ha propuesto una y otra vez) por dar más recursos a las instituciones del Estado, de modo que todos los sectores sociales puedan acceder a una educación de calidad y gratuita.

Los estudiantes universitarios (y con variante, también los escolares) buscan que la educación sea entendida como un derecho y una inversión social, promotora de equidad y democratización, a través de la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, al menos en las universidades y colegios del Estado, la eliminación del lucro (legalmente prohibido en las universidades, pero ampliamente existente a través de negocios inmobiliarios), un pago justo a los profesores, un sistema más adecuado de acreditación y de control de las entidades educativas, la efectiva libertad de asociación, el sometimiento de sus planteamientos a plebiscito.

Los estudiantes universitarios tienen como cabezas visibles principales a dirigentes reflexivos, del Partido Comunista y afines a la Concertación, con quienes tengo una gran empatía, pero acompañados de una mayoría de dirigentes sumamente radicales, con posiciones ultras. Entre su maximalismo y la torpe y a veces provocadora respuesta del Gobierno, por diferencias ideológicas y un mal entendido principio de autoridad, han llevado al movimiento a un punto difícil, a pesar del altísimo respaldo ciudadano del que goza, visible y en las encuestas (de hasta 80%). Este se ha mantenido alto a pesar de verse empañadas las movilizaciones por sistemáticos actos de vandalismo de jóvenes encapuchados – probablemente una combinación de ultra radicales, anarquistas y delincuentes comunes.

La intransigencia tanto del Gobierno como de muchos dirigentes estudiantiles ha obligado a los dirigentes estudiantiles a no continuar participando en la mesa de diálogo acertadamente instalada por las autoridades. Eso se traduce en la pérdida del semestre para muchos estudiantes – aún más para los estudiantes secundarios que han secundado el movimiento, con énfasis en sus propias demandas, al igual que el denominado Colegio de Profesores.

La ruptura de las conversaciones directas traslada, como ha querido el Gobierno, el tratamiento del conflicto al Congreso, lo que en principio es correcto. Pero también allí se topa con la resistencia de los congresistas, teniendo la Concertación mayoría en el Senado. La sensación de inminencia de la crisis económica está echando paños fríos a las expectativas más elevadas respecto del financiamiento de la educación, pero, lo que es un hecho, es que ésta va a recibir una atención política y presupuestaria preferente en el futuro inmediato y mediato.

El movimiento ha buscado que los estudiantes puedan aprobar el irregular primer semestre en cada universidad, en varios casos con ayuda de las autoridades, pero amenaza con continuar en el segundo semestre la huelga y las tomas de locales. Los analistas más lúcidos de la problemática de la educación y de los movimientos sociales, y coincido con ellos, recomiendan a los estudiantes buscar caminos de entendimiento para poder capitalizar en cambios reales y profundos, pero realistas, el triunfo social y político que ha significado su movimiento hasta ahora. Pero lo más probable es que continúe el conflicto por tiempo indefinido.

Esto me recuerda mi propia experiencia. En 1966 la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), donde he estudiado economía en la antigua Facultad de Ciencias Sociales, inició una lucha contra el cambio de un artículo de los estatutos de la Universidad que disminuía el peso del tercio estudiantil en los órganos de gobierno, al reducir el mínimo de votos necesarios para que un profesor sea ratificado en el cargo, de una mayoría de dos tercios a mayoría absoluta.

Debo decir que, en retrospectiva, esa exigencia de dos tercios me parece exagerada. Solo se explica porque quienes redactaron ese estatuto habían formado parte, en la década previa, de un movimiento de renovación de la Universidad, en su tránsito desde Escuela Nacional de Agricultura, en el que profesores jóvenes y representantes estudiantiles coincidían en el interés de sacar de la Universidad a profesores antiguos que no se encontraban a la altura de las nuevas expectativas académicas. Para ello estaban bajo la misma influencia que nosotros, del movimiento lanzado en Córdoba, Argentina, en 1918, por la reforma universitaria. Cuando este artículo de los estatutos comenzó a afectar su propia estabilidad en la Universidad estos profesores, varios de ellos exdirigentes estudiantiles, respondieron con su cambio.

Los estudiantes, en un significativo porcentaje realmente interesados en una buena formación académica, consideramos el cambio una afrenta al tercio estudiantil y respondimos con una campaña interna por su anulación, la que desembocó en una huelga general indefinida, probablemente la única por un solo punto de un estatuto (el artículo 91, si no me engaña la memoria). En ese entonces éramos alrededor de 1800 estudiantes que participábamos masivamente en asambleas generales, con pasada de lista para constatar el quórum. Si mal no recuerdo el resultado de la votación, en urna, con una muy alta participación, fue alrededor de un 90% a favor de la huelga.

La federación de estudiantes estaba en manos de acciopopulistas, con la solitaria excepción de la secretaría general de organización, que tenía a su cargo interior, defensa y organización, que yo ocupaba como representante del Movimiento de Unidad Estudiantil, movimiento único de izquierda. Las elecciones eran cargo por cargo. En el comité de huelga predominaban posiciones más radicales de la izquierda y del socialcristianismo. El acatamiento a la huelga era total, y muy alta la participación en movilizaciones.

Después de varias semanas de huelga las autoridades decidieron dar un ultimátum en el sentido de anular el semestre académico en caso de no levantarse la huelga. Personalmente no tenía problema de afrontar esa pérdida (hay que recordar que la universidad, como entidad del Estado, era en ese entonces completamente gratuita), pero pensaba que una mayoría iba a preferir ceder, por lo que, a diferencia de una mayoría de dirigentes de izquierda, estaba dispuesto a levantar la huelga y a adoptar otras medidas de presión. Sin embargo ni siquiera pude asistir a la asamblea general en que se decidiría nuestra posición, debido a una fuerte gripe con afonía total. Para mi sorpresa, la asamblea, con amplísimo quórum y, si no me equivoco, con alrededor de un 90% de votos – en urna – decidió mantener la huelga. En ello se expresaba, creo, tanto el efecto de nuestra prédica en una gran mayoría, como la falta de ganas de retomar el estudio de parte de una minoría, probablemente significativa.

Las autoridades declararon el receso de ese segundo semestre del año. En tanto los órganos de gobierno seguían funcionando – más espaciadamente – continuamos allí nuestra lucha – yo era también delegado al Consejo Universitario – y transformamos nuestra exigencia en una de obtener un reglamento de evaluación docente con significativa participación estudiantil, a la vez que amenazábamos con seguir la huelga en el siguiente semestre. Por el temor de una parte de las autoridades y con el beneplácito de otra parte de las mismas, más abiertas a las demandas estudiantiles por la calidad docente, obtuvimos ese reglamento con características bastante favorables.

Debo decir que el tercio estudiantil, que en mi universidad ejercíamos y defendíamos, en general, con una posición responsable por la mejora de la Universidad al servicio del país, se prestó en muchas universidades a contubernios entre profesores y dirigencias estudiantiles con intereses entre personales y políticos burocráticos. En nuestro caso, a pesar de nuestras posiciones incorrectas y ultras respecto de la realidad nacional y la solución revolucionaria a sus problemas, defendíamos una universidad autónoma, auténticamente pluralista, con respeto a la libertad de cátedra de cualquier posición ideológica y política, y una real democracia en el movimiento estudiantil.