LOS RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA EL DELITO/Gral. PNP-R Enrique Yépez Dávalos

Nuevamente entra en primera plana la discusión sobre quiénes son los principales responsables de la lucha contra el delito en las calles: ¿El Estado a través de la Policía Nacional o los Gobiernos Locales? Esto a raíz de recientes declaraciones del Presidente de la República  manifestando que la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todos, fundamentalmente de los alcaldes.
El debate se origina también por el creciente incremento de la delincuencia común y organizada, cuyas implicancias están deteriorando, aún más, los sentimientos de seguridad de los ciudadanos, a falta de una política definida que permita orientar esfuerzos en torno a objetivos comunes.
Si bien ahora se avizora mejores horizontes para la lucha contra el delito por el liderazgo asumido por el Presidente Humala en la conducción del sistema de seguridad ciudadana y por el pronto equipamiento policial anunciado por el Ministro del Interior, todavía no se vislumbra una política definida. Creo que es hora ya de entrar a la acción, sumando esfuerzos y voluntades entre todos los actores de la seguridad ciudadana, dentro de los cuales los municipios y la policía juegan un rol fundamental.
Mientras tanto, las divergencias en la conducción de la lucha contra el delito a nivel local continúan. Estas deben superarse y la mejor forma de lograrlo es, a mi criterio, formulando Protocolos o Guías de Procedimientos diseñados por el CONASEC, que precisen al detalle las obligaciones y responsabilidades de cada quien.
Un criterio integrador compartido por muchos alcaldes y policías, es la referida a que la política de seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado; y, por tanto, la institución constitucionalmente encargada para garantizar y conservarla es la Policía Nacional. Este razonamiento se basa también en que la lucha contra el delito, por las implicancias sociales y legales que conlleva, no puede ser asumida por los  alcaldes. Tienen que ser necesariamente articuladas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que son los jueces, fiscales y policías, por supuesto, en permanente coordinación con los alcaldes como presidentes de los comités locales de seguridad ciudadana.
Otro argumento es de carácter presupuestario. Cada municipio tiene partidas disímiles, por tanto, sería difícil un tratamiento equitativo para apoyar con recursos y medios a todos por igual. También por razones de capacitación estandarizada y otros aspectos que impiden que los alcaldes tengan una participación directa en la administración de la operatoria policial.
Este razonamiento no se contrapone a la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por el contrario, le otorgaría el impulso que necesita para dinamizar el trabajo a nivel local, teniendo a los alcaldes y a los comisarios como los principales actores del Estado. Los primeros liderando la prevención social y encausando las aspiraciones de seguridad de sus ciudadanos y los segundos ejecutando las estrategias, actividades y tareas policiales para reducir el delito. 
Por tanto, el Presidente de la República no se equivoca cuando demanda de los alcaldes mayor responsabilidad en la lucha contra el delito, porque ellos son los principales líderes en la seguridad en sus provincias y distritos. El problema surge muchas veces por el afán protagónico o por discrepancias entre algunos alcaldes y comisarios, lo que da lugar, por ejemplo, a que los servicios de serenazgo actúan separadamente sin ningún tipo de coordinación con las comisarías.
La experiencia nacional e internacional señalan que en países unitarios e incluso descentralizados, no es conveniente “atomizar” la lucha contra el delito a nivel local, por el contrario, es necesario fortalecer una sola organización que debe ser la policía como institución encargada  de hacer cumplir la ley, que responda al comité de seguridad, a los vecinos y a su comando sobre las estrategias que viene ejecutando, en lugar de existir otras entidades que persigan el mismo cometido. Esto conllevaría a tener:
·       Una eficiente capacidad de respuesta policial ante los requerimientos ciudadanos.
·       Los principios de eficiencia, alcance de control y asignación homogénea,  estarían garantizados en la medida que existan policías y  serenos debidamente preparados, estimulados y éticamente formados.
·       Mejores comisarias con recursos y medios provenientes del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los municipios.
·       Un solo funcionario- el comisario de policía- encargado y responsable de la prevención, investigación y control del delito a nivel local.
·       Una adecuada coordinación entre el  comando de la PNP con los alcaldes provinciales y distritales.
·       Planes de seguridad con criterios estandarizados a nivel nacional.
·       Más efectivos policiales en las calles para el patrullaje y la investigación policial, incluyendo a los servicios de serenazgo bajo el comando de los comisarios, en base a directivas  que determinen con claridad sus funciones y atribuciones. Para el efecto es necesario capacitar a los serenos en los centros de formación de la PNP, que permita tener unidad de doctrina, así como técnicas y procedimientos similares a nivel nacional.
La necesidad de tener una sola entidad encargada de la lucha contra el delito a nivel local responde a la política general del gobierno central de concentrar todo el esfuerzo del estado en pocas instancias. Una eficaz forma de lograrlo es descentralizando la lucha contra el delito. Demuestra también el espíritu integrador que debe ser la esencia del sistema.
Finalmente es necesario recordar que la seguridad ciudadana es una política de Estado. Para lograrlo, el Gobierno Central tiene que encontrar soluciones a los siguientes desafíos:
·       Reorganizar la participación de la comunidad en seguridad ciudadana
·       Impulsar los programas preventivos, educativos y de reinserción             
·       Potenciar el trabajo preventivo, de investigación y de control de las comisarías.
·       Mejorar con recursos y medios la capacidad de respuesta de la policía ante los requerimientos ciudadanos.
·        Con el próximo incremento de remuneraciones para el personal policial, desarticular el programa denominado “servicios individualizados” que desnaturaliza su labor de servicio a la comunidad.
·       Elevar el nivel de capacitación con criterios estandarizados.
·       Establecer mecanismos de lucha contra la corrupción
Si estos postulados se cumplen a cabalidad mediante una firme voluntad política e institucional, estaremos transitando por el camino correcto.