LA INDIGNACION INUTIL/Francisco Belaunde Matossian

Los medios de comunicación destapan casos de corrupción. Luego, viene el rito habitual de reacciones indignadas de comentaristas, autoridades y  líderes políticos ante los hechos denunciados. Posteriormente, sin embargo,  las denuncias quedan generalmente en el olvido, y no nos enteramos de lo que acontece en los ámbitos fiscal y judicial. Lo que suele ocurrir, ya sin provocar indignación, sino, por el contrario, ante la indiferencia casi general, es que los funcionarios públicos involucrados son exonerados o reciben penas mínimas. Es decir, campea la impunidad.

Paralelamente, reportajes periodísticos ponen los reflectores sobre situaciones de grave ineficiencia en entidades públicas, lo que es seguido por el mismo rito de la indignación, a lo que se añaden solemnes anuncios de las autoridades competentes sobre  próximas acciones correctivas. Luego, la cosa queda en el olvido, y, tiempo después, otros reportajes denuncian las mismas ineficiencias.  

En otras palabras, estamos siempre muy dispuestos a dar muestras de indignación, pero bastante menos a mantenernos vigilantes para asegurarnos que, lo que, supuestamente, nos indigna, sea corregido y, sobretodo, no se repita.

Ya es tiempo de madurar como sociedad. Tenemos que dotarnos de una cultura de seguimiento.

En ese cometido, le cabe a la prensa una responsabilidad particular. Debe ir más allá del destape vendedor y completar su faena en una óptica de servicio público: tiene que “adoptar” los casos  de corrupción que denuncia, si no todos, por lo menos los más emblemáticos, y seguirlos en sus periplos por los pasillos judiciales. Así, podría informar periódicamente sobre el estado de los procesos y lanzar alertas cuando se dan incidencias sospechosas.

Lo mismo en cuanto a las revelaciones sobre ineficiencia en entidades públicas. Los anuncios gubernamentales de medidas correctivas tendrían que ser “adoptados” y seguidos en su viaje, o vía crucis, por los corredores y túneles burocráticos, antes de hacerse realidad. Así, la ciudadanía podría contar con “reportes de avance burocrático”. Ello, por cierto, permitiría no sólo alertar sobre inacción o demoras excesivas, sino, también, al revés, constatar que sí se están dando los pasos necesarios y, de esa manera, calmar impaciencias prematuras.  

Lo anterior implica un esfuerzo de creatividad y marketing, pues, de lo que se trata, es que la información sea accesible al mayor número. La forma en que se presentan los datos es crucial: tiene que ser simple y llamativa.

A modo de ejemplo, los medios escritos podrían establecer una página específica para el seguimiento, suficientemente individualizada a través de un diseño particular y un título que impacte. También podrían elaborar una plantilla estándar, que comprenda las etapas de los procedimientos y la cronología de los pasos que se dan.

La estandarización y la regularidad de la información, facilitarían, obviamente, la familiarización del público con los procesos. Por esa vía, a la par de avanzar en cuanto al objetivo de crear una cultura de seguimiento, para una mayor y mejor vigilancia ciudadana, se estaría también cumpliendo una labor de docencia pues se daría al público, un mayor grado de conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Es decir, se trataría de una doble tarea de  educación cívica.

Ojalá los medios asuman ese reto y nos ayuden a pasar de la indignación efímera e inútil, a  una indignación ilustrada y fructífera.