Uno de los muchos temas en los que la
experiencia chilena es ilustrativa para nosotros en el Perú es el de la
competitividad.
Pero antes de tratar algunos aspectos de ésta,
me permito una digresión coyuntural. Hace unos días, apenas levantado y todavía
somnoliento, eché un vistazo al diario y vi que el presidente Piñera, en una
reunión con los expresidentes de chilenos, había declarado que Chile no podía
acatar el fallo de La Haya si era del tipo salomónico – haciendo referencia al
que acaba de emitir sobre el diferendo entre Nicaragua y Colombia. Me alarmé
sobremanera, condicionado por la respuesta de parte de Colombia. Felizmente, releyendo
y ya más despierto, resultó que Piñera había expresado su comprensible preocupación
y que había sido el expresidente Frei, con cierta frecuencia desatinado, quien
había dicho que no era aceptable, que es casi, pero no exactamente, no
acatarlo. Me volvió el optimismo, porque todo indica que Chile sí aceptará el
fallo, cualquiera que sea, por tradición y porque no hacerlo significaría poner
en riesgo demasiados intereses económicos y afectar de manera negativa sus
relaciones internacionales.
A raíz de este episodio personal he pensado
que quizá es así como se generan algunos rumores bienintencionados, aunque no
por ello inocuos, de parte de personas que captan superficial y erróneamente
algo de la realidad que les preocupa, sin verificar su exactitud y generalmente
sin voluntad o capacidad de rectificación.
Volviendo a la competitividad, Chile ya nos
aventaja bastante en ello, al ojímetro y en los rankings internacionales – que
hay que tomar con pinzas, pero que algo indican, y mucho, cuando las distancias
son grandes. Aún así, Chile ha retrocedido once puestos en el ranking del World
Economic Forum – elaborado con colaboración de la universidad Adolfo Ibáñez -
desde 2004, del lugar 22 al 33, periodo en el que el Perú ha avanzado. Sin
embargo un retroceso en el ranking no significa en este caso necesariamente haber
retrocedido en competitividad – aunque sí en algunos aspectos, sino que otros
países han avanzado más rápido. Es impactante y dramático que el peor lugar en
un campo específico lo tiene en la educación primaria, el puesto 119, y el 117
en calidad de la enseñanza en matemáticas y ciencias; también la educación
secundaria está en el tercio inferior. Chile nos lleva una enorme ventaja en
cuanto a facilidad para hacer negocios, una condicionante de la competitividad,
donde, en el ranking Doing Business del Banco Mundial, además ha mejorado
catorce puestos desde 2010.
El Gobierno de Sebastián Piñera, a través de
su primer ministro de Economía, (más o menos equivalente al nuestro de
Producción), Juan Antonio Lafontaine, había lanzado una agenda de 50 medidas de
impulso a la competitividad, a ser implementada coordinadamente por quince
ministerios y con el Congreso. Esta iniciativa ha perdido impulso con el
reemplazo del ministro, quizá por demasiado ambiciosa y por resistencias, pero
ha sido implementada una serie de medidas y agregadas otras, y el tema está
instalado en la discusión política, también a partir de la problemática de la
educación, considerada con razón como un condicionante y determinante
importante de la competitividad, y de lo ambiental, especialmente con relación
a lo energético, que, bien llevado, la favorece, y, mal llevado, la entorpece.
El presidente del Banco Central, Rodrigo
Vergara, había señalado hace tiempo en un estudio que la productividad – base
de la competitividad - en Chile es extremadamente variable y altamente
procíclica, que los cuellos de botella de la productividad están relacionados
con desigualdades educacionales y de ingresos, bajo emprendimiento e
innovación, débil diversificación productiva, falta de competencia en algunos
mercados e importantes desafíos sectoriales, como el energético.
Aún así hay indicadores de importantes avances
en la competitividad, basados en marco legal e institucional, dinamismo
empresarial y ventajas comparativas. A título de ejemplo, Chile es líder
mundial (2011) en exportación de diez productos, en siete de ellos desde 2001,
con participaciones en el total mundial de entre 19% (ciruelas frescas) y 71%
(truchas congeladas, excluidos filetes), y 36% en cátodos de cobre refinado.
Además, en orden decreciente de valor total, en minerales y concentrados de
cobre, uvas frescas, yodo, salmones congelados, excluidos filetes, arándanos
frescos, carbonato de litio y manzanas deshidratadas. En el caso de China,
principal socio comercial de Chile, es líder en 15 productos.
Entre las reformas pendientes en la agenda,
con criterios como reducir costos, tiempos de tramitación y dar mayor certeza
jurídica, están la constitución simplificada de sociedades, que permitiría
crearlas por Internet, en un día y en forma gratuita, de reducción de plazos
para permisos de edificación, de reforma del sistema notarial, con mayor
competencia y mejoras tecnológicas para reducir costos y plazos y con creación
de un registro consolidado por propiedad y no por transacción (reforma
entrampada en el Parlamento por la resistencia del gremio notarial), la mejora
del sistema concursal para facilitar la reorganización de empresas en
problemas, pero viables, con mecanismos más eficaces, justos y transparentes
para liquidar las insolventes, y la firma electrónica avanzada. También incluye
la racionalización de permisos requeridos para proyectos de energía y minería
(actualmente 60 y 200 respectivamente), la adaptabilidad laboral para el sector
agrícola, la apertura del cabotaje a empresas extranjeras para reducir costos
en el transporte marítimo y aéreo, visas de trabajo de entradas y salidas
múltiples para facilitar la contratación de mano de obra extranjera. Y concede
especial importancia a mejoras para las pymes, por medio de un pago puntual de
bienes y servicios de parte del Estado, un fondo Corfo para la reconversión
productiva, más capacitación a través del Sence y estímulos más accesibles para
la reinversión.
De los 2550 trámites para empresas o personas
con el Estado, 1950 cuentan con información en el portal de servicios del
Estado, www.chileatiende.cl. Pero todavía
un 75% de los trámites es presencial. El programa “Chile sin papeleo” busca que
en 2013 se alcance un 60% de trámites digitalizados, seleccionados con
criterios de demanda, impacto y resultados de encuesta ciudadana,
principalmente los que afecten a más personas, áreas sensibles o ejes
estratégicos del Gobierno, ahorro para el Estado o las personas, faciliten
acciones de la sociedad civil o impulsen el emprendimiento.
Todo indica que las mejoras en la
competitividad empresarial se beneficiarían enormemente con un aumento de la
competitividad del sistema político para su diseño efectivo y para aprobarlas,
tanto en el Estado como en el Congreso.
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