PARAÍSOS FISCALES/ Alfredo Stecher

Me he adherido a una campaña de la plataforma mundial de acción ciudadana Avaaz contra la evasión de impuestos de parte de grandes empresas multinacionales a través de paraísos fiscales, evasión que estiman en un billón de dólares anuales - más que el gasto mundial anual en armamento, mayor que el presupuesto anual de 176 países. Señalan que este dinero, repartido igualitariamente (lo que no es la idea), equivale a mil dólares por familia en el mundo. Como ejemplo ponen a Google, que sobre 78 mil millones de ganancias al año prácticamente no paga impuestos.

A esta evasión se suman por supuesto los miles de millones de dólares eludidos en cada país por empresas de todo tamaño, también en los nuestros, a través de trucos contables o vacíos en la legislación, todos perfectamente legales o en el margen de la legalidad, y los muchos millones evadidos por fraude o por la informalidad de empresas en capacidad económica de tributar, así como por el blanqueo de capitales fruto de actividades delictivas.

Tampoco en este tema todo es blanco o negro, delincuencial o impoluto; hay como siempre una amplia gama de grises: No es lo mismo transferir dinero por canales moralmente ilícitos aunque legales, que sacarlo a hurtadillas en maletas o bolsos para no dejar huella; no es lo mismo hacerlo en un país con estabilidad económica y garantías democráticas y judiciales que en uno con políticas caóticas o cautivas de fuerzas muy corruptas o gansteriles. No es lo mismo expatriar ilegalmente superganancias que poner a salvo ilegalmente de la inestabilidad una pequeña herencia o ahorros personales. La campaña va dirigida contra las malas artes tributarias de muchos gigantes.

En Chile la creciente eficiencia y al parecer probidad de las autoridades tributarias, apoyadas por un sistema judicial bastante autónomo y recto, ha llevado a casi eliminar el fraude tributario de gran escala, a destapar algunos fraudes y a aumentar la presión política y mediática para mejorar la legislación tributaria. Además crecen las demandas políticas desde la oposición, de una reforma tributaria al parecer realmente necesaria para una mayor equidad y para aumentar aún más los ingresos estatales para financiar reformas, en especial de la educación.

Anoto que el ministro estrella del gobierno de Piñera, el independiente Laurence Golborne – el del rescate de los mineros -, tuvo que renunciar a su fugaz precandidatura presidencial por la UDI (de la alianza gubernamental), no solo por un fallo adverso del Tribunal Constitucional sobre prácticas de renovación unilateral de contratos de tarjetas de Cencosud (la propietaria de tiendas Wong), cuando él era gerente general, en su momento avaladas por la Superintendencia de Bancos, pero consideradas ex post abusivas y anticonstitucionales, sino también por tener dinero en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes. Al insistir Golborne en que ambas cosas eran legales, lo que es cierto (el Tribunal no impuso sanción sino solo ordenó devolución de los millones de dólares recibidos), y no reconocer que eran inaceptables, y al afirmar candorosamente que en Cencosud solo seguía las instrucciones de la empresa, se cerró por un tiempo tanto las puertas de la política como las del mundo de la gran empresa. Atinadamente descartó el premio consuelo de la UDI de ser candidato a senador y del Gobierno de ser nombrado embajador. La fecha de la decisión del Tribunal, días antes del límite para la inscripción de candidatos a primarias, probablemente ha sido inducida por la UDI, enterada informalmente de cuál sería el resultado y ya antes desencantada del discreto desempeño del Golborne candidato.

La crisis económica ha contribuido a movilizar iniciativas gubernamentales en gran parte del mundo, en particular la Unión Europea, el G20 y la OCDE, con al parecer los gobiernos de EEUU y Canadá los más reticentes a actuar. La presión hacia esas iniciativas proviene no solo de las mayores necesidades presupuestales de los gobiernos y de los políticos y medios de comunicación más serios, sino seguramente también de las grandes empresas y fortunas que sí tributan todo o gran parte de lo que corresponde y sufren una competencia desleal.

El Foro de Administraciones Tributarias (45 países) de la OCDE (que agrupa a 27 países más desarrollados), enumera 38 paraísos fiscales, algunos de ellos pequeños países europeos como Andorra, Liechtenstein, Malta, Mónaco, San Marino, Chipre (ahora suena a broma), el Vaticano (todavía no suena a broma), además de tres pequeñas islas de Gran Bretaña, o islas del Caribe o del Océano Pacífico, independientes o dependientes principalmente de Gran Bretaña, más unos pocos de Asia y África, y, según el gobierno francés, también países como Suiza, Austria, Luxemburgo, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Menudo problema.

Lo de Suiza en realidad no es tan extraño, no solo por su larga tradición de bancos conocidos, también en películas, por su política de no preguntar y su celoso secreto, sino más recientemente por la revelación, por uno de los empleados del HSBC en Suiza, de una lista de 130000 clientes, lo que ha posibilitado a España detectar a grandes evasores de impuestos, a tal punto que, estando él refugiado en España, ha denegado la extradición pedida por la justicia suiza con el argumento de violación del secreto bancario.

Supongo que la capacidad de hackeo de parte de individuos – hasta desde una pequeña furgoneta, para evitar detección – y de parte de gobiernos, como lo acaba de evidenciar el ex agente prófugo de la CIA, aumentan el riesgo de los evasores (y de los bancos) de ser detectados en sus paraísos así como de desprestigio de las autoridades financieras por no actuar más enérgicamente contra ellos.

Me pregunto qué pasaría en la economía mundial si efectivamente se lograra evitar, al menos en una parte significativa, la inmensa evasión tributaria a través de estos paraísos fiscales. Supongo que eso lo están calculando en los países proponentes y en los que rechazan afectarlos. Imagino que los paraísos fiscales perderían parte de sus ingresos por menor pago de licencias y por el impacto en el empleo y el turismo de negocios turbios o semiturbios, y que aumentarían los ingresos gubernamentales de los países originarios de los impuestos evadidos – y con ello su economía, y muchas grandes empresas tendrían que achicar un poco sus presupuestos de inversión. Disminuiría probablemente el monto distribuido por acciones, aunque seguramente no las casi siempre generosísimas retribuciones a los CEOs por su abnegada labor, y quizá, por ejemplo, demoraría un poco más la aparición de nuevos modelos y tipos de dispositivos electrónicos en el mercado. Y, lo que sí es muy significativo, disminuirían las inversiones en derivados financieros misteriosos y tóxicos tan importantes en el desencadenamiento de la gran crisis económica actual.

¡Oportunidades que genera o refuerza la crisis!