Samuel Abad, Carlos Basombrío, Francisco Belaunde Matossian, Jorge Bruce, Gustavo Carrión, Carlos Iván Degregori (+), Ramiro Escobar, Liuba Kogan, Nelson Manrique, Augusto Ortiz de Zevallos, Luis Pásara, Fernando Rospigliosi, Andrés Solari, Alfredo Stecher, León Trahtemberg, Javier Torres, Sandro Venturo, Celeste Viale, Fernando Villarán.
Un acierto del Ministerio de Defensa bajo conducción de Rafael Rey es realzar los homenajes a los héroes y las conmemoraciones de las FFAA vinculadas al conflicto armado interno que vivió el país en las últimas décadas.
El aspecto cuestionable es el sentido que les da a estos tardíos reconocimientos y celebraciones, que no parecen enmarcados dentro de un proceso de reencuentro de las FFAA con el futuro y con un país democrático, sino inscritos dentro del regreso al pasado y del impulso al neomilitarismo que abandera el ministro. Esta impresión se ve reforzada por la propuesta hecha por el vicepresidente Giampietri (23.10.09) de construir un monumento a las víctimas del terrorismo precisamente junto al memorial El ojo que llora. Una muy explícita “batalla por la memoria”.
Reparaciones.
Pero incluso poniendo entre signos de interrogación la posible existencia de aspectos cuestionables en estos reconocimientos, lo que resulta increíble es que el Estado y las propias Fuerzas Armadas no los hayan hecho antes. Resulta inexcusable la deuda acumulada del Estado con sus propios servidores caídos en combate o discapacitados durante la violencia de las décadas de 1980-90.
En la ya mencionada entrevista en Prensa Libre (12.10.09), Rey se lamentaba de que el 8 de octubre[1] los medios no se hubieran centrado en la ceremonia de homenaje organizada por la Marina para sus efectivos caídos en la época del combate a SL, sino en las declaraciones del ministro sobre una posible renuncia al cargo si se despenalizaban ciertas causales de aborto. SIGUE...
Descarada y machaconamente, Rafael Rey, Ministro de Defensa, declara que todas las muertes provocadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP en su combate contra el terrorismo son “para defendernos a ti y a mí” y que, por tanto, ningún crimen cometido por las fuerzas del orden es un “crimen de lesa humanidad”, pues la definición legal de tales crímenes incluiría solo a aquellos que se cometen por motivos étnicos, religiosos, políticos o ideológicos.
Por contraste, el motivo de los agentes del Estado, incluso en los peores crímenes, habría sido defender a todos los peruanos; por tanto, defendernos también “a ti y a mí”. Dejo a los especialistas la definición correcta de “crimen de lesa humanidad”, pues la del ingeniero Rey es pueril y repulsivamente tinterilla. Comento más bien el motivo que, según el ministro, eximiría a los agentes del Estado de acusaciones por crímenes de lesa humanidad.VER MÁS...
El choque entre el Congreso y el Poder Judicial por el caso Petroaudios (en su variante Business Track) es muy fuerte y no parece tener salida inmediata.
Como se sabe la jueza del caso se niega a entregar el material que obra en su poder con los audios de los chuponeados, argumentando la reserva del proceso. Dado que el Congreso es una coladera y su prestigio está por los suelos, la argumentación parece tener cierta fuerza. Sin embargo sería ésta la primera vez que a una Comisión Investigadora se le niega el acceso a este tipo de información. Notoriamente el Congreso otuvo y difundió públicamente el contenido de cientos de vladivideos, algo que contribuyó de manera significativa a la salud pública del país.
La cerrazón del Poder Judicial con el argumento del respeto a su autonomía y a sus funciones jurisdiccionales es a estas alturas muy sospechosa y preocupante.
Todo parece indicar que las computadoras de Business Track han sido una caja de Pandora y que Don Bieto y compañía se movían por los vericuetos del poder con más fluidez de las que se pensaba. Hay una denuncia concreta de que varios magistrados supremos tienen conversaciones comprometedoras con “Don Bieto”. Lo acontecido esta semana lo confirmaría. El lunes el diario Correo saca una carátula diciendo “Vocal admite diálogo” (con Don Bieto). Al día siguiente otra primera plana daba cuenta que el vocal Roger Sarmiento había renunciado. Todo parece indicar que éste supo que lo que se había filtrado incluía un párrafo tan comprometedor como el que cita Correo: “Tu casito está positivo. ¿Cómo es?”. (Los pertroaudios han hecho también aportes deliciosos al lenguaje cotidiano de los peruanos).
Hay muchos intereses políticos y empresariales para tapar el contenido de los audios que tiene la jueza. Por eso, en este caso -y pese a la poca confianza que inspiran las investigaciones del Congreso- deben entregar la información y despejar las dudas que se han creado. De ser ciertas las denuncias sería muy grave que el Poder Judicial esté haciendo espíritu de cuerpo con algunos de sus miembros potencialmente afectados por los audios.
Quiero referirme a dos hechos recientes, que denotarían una peligrosa tendencia en las acciones de la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad.
En declaraciones telefónicas a RPP el día de ayer, 20 de octubre, el Director Regional de la Libertad de la Policía Nacional, respondiendo a críticas de ciudadanos, quiénes a través del mismo hilo telefónico en el programa matutino conducido por Raúl Vargas, denunciaban el crecimiento incontrolable de la delincuencia en el distrito trujillano de El Porvenir, el oficial general reportó entusiastamente los logros de su gestión en la lucha contra la criminalidad. Entre otras acciones, dio cuenta con similar entusiasmo, que en su gestión habían fallecido 56 delincuentes en enfrentamientos con la policía, hecho que no mereció comentario alguno por los periodistas de la mesa de conducción, que sin embargo podría estar anunciando una peligrosa tendencia de eliminación de delincuentes como método para luchar contra la inseguridad. Tendencia que por otro lado, ya ha merecido la preocupación del Ministerio Público en esa norteña localidad.
Si a las declaraciones del Director Territorial de la Policía en La Libertad, le añadimos la muerte de un adolescente asaltante a manos de un sub-oficial de policía en La Victoria-Lima, el que no encontró otra salida que disparar a matar para evitar la fuga del adolescente con el producto de su delictiva acción, tenemos que preocuparnos por las coincidencias en la relativización de la vida, tanto de un Oficial de la más alta jerarquía policial, como la de un sub-oficial por lo que sugeriría una perversa tendencia en la lucha contra la inseguridad. Es cierto que la ciudadanía clama por un ambiente seguro para poder realizar sus actividades, pero no justifica que la respuesta a este clamor se encuentre en el uso inmoderado de armas letales para eliminar a delincuentes e infractores. Es posible que se explique esta ligereza en el uso letal de las armas, en el ambiente de impunidad e inmunidad que se viene generando por las declaraciones y actitudes de prominentes miembros del ejecutivo, quienes promueven leyes para liberar de responsabilidad en el uso de las armas de fuego a militares y policías; recurrentes negativas a identificar a los responsables de matanzas como la de Putis; la promoción de normas que alteren el modelo procesal penal exigiendo el requisito de informe previo a la acusación del ministerio público y otras iniciativas que están induciendo el cierre de la fiscalización a las acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Esta tendencia al uso letal de las armas de fuego para eliminar delincuentes, lo único que provocará será la retaliación de la violencia. Ante esta amenaza de muerte, la delincuencia reaccionará con incontrolable violencia y los policías aligerarán los disparadores de sus armas en una cadena interminable de muertes de lado y lado, que para nada se condice con el mundo civilizado y el imperio de la ley.
Los hechos descritos nos hacen reafirmarnos en el convencimiento, que no puede ejercer función policial, quién no es capaz de hacer abstracciones sobre los valores contenidos en la finalidad de la Policía Nacional, que no son otros que vida, libertad , ejercicio de derechos; y volver a insistir en nuestra preocupación que esta incapacidad de abstraer, se refleje tanto en un oficial de alta graduación como en un sub-oficial, lo que ameritaría un urgente trabajo al interior de la institución policial, para corregir esta peligrosa tendencia.
Este artículo fue publicado hace algunos años en la revista Somos de El Comercio, cuando escribía una columna regular en dicho semanario. Lamentablemente, no ha perdido un ápice de su actualidad. Peor aún, en ciertos aspectos hemos retrocedido, como en lo que respecta al acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar. Ni que decir respecto de la despenalización del aborto, que ni para casos de violaciones o graves malformaciones del feto se quiere aprobar, como se vio esta semana. Por eso me animo a publicarlo de nuevo, tal cual, como complemento al artículo que publiqué este domingo 18 de octubre en el diario La República http://www.larepublica.pe/el-factor-humano/18/10/2009/la-hipocresia-mata . A ver si continúa un debate indispensable que atañe a la salud pública y la libertad individual.
El 5 de abril de 1971, la revista francesa Le Nouvel Observateur publicó un manifiesto firmado por 343 mujeres, en defensa de sus derechos y “por la libertad de disponer de su cuerpo”. El texto decía lo siguiente:
“Un millón de mujeres se hacen abortar cada año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a que están condenadas, cuando en realidad esta operación, efectuada bajo control médico, es de las más sencillas. Se calla sobre esas millones de mujeres. Declaro ser una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre.”
Entre las 343 mujeres que declaraban haber abortado (acto penado por la ley de entonces) se encontraban algunas desconocidas del gran público, pero otras eran muy célebres, tales como las actrices Catherine Deneuve o Jeanne Moreau, directoras de teatro como Arianne Mnouchkine, escritoras de la talla de Francoise Sagan o Simone de Beauvoir, cuyo libro El Segundo Sexo había sido publicado veinte años antes. El manifiesto tuvo un impacto inmediato y contundente. Resultó decisivo, a la postre, para que se dicte, en 1975, la llamada ley Veil, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Además, la ley francesa sirvió para que el resto de países de la Comunidad Europea fueran progresivamente dando dispositivos legales similares, con excepción de la conservadora Irlanda. Ese manifiesto se inscribía en una gran tradición intelectual francesa que se remonta al asunto Dreyfus. Lo nuevo en ese texto era que se trataba exclusivamente de mujeres, que se manifestaban acerca de un asunto que concernía en primer lugar y sobre todo a las mujeres. A veces se le conoce, con característica ambivalencia, como el manifiesto de las 343 perras (salopes), pero vaya que esas perras fueron valientes y su coraje cambió el curso de la historia.
Conviene recordarlas ahora que en el Perú asistimos a una arremetida del orden moral más hipócrita y conservador, en el que participan ministros, congresistas y autoridades de la iglesia. Si tan solo fuera cuestión de hipocresía y moralismo autoritario, no pasaría de ser un asunto desagradable y en última instancia risible. El problema es que cuando esas actitudes de intolerancia se convierten en leyes, matan. Matan principalmente a mujeres pobres, muchas de ellas adolescentes, que recurren a los execrables abortos clandestinos porque el Estado les ha cerrado las puertas. La inmensa mayoría de las sociedades civilizadas siguen una progresión que va de la ausencia de anticoncepción al aborto clandestino, luego a la anticoncepción y al aborto despenalizado y medicalizado. La lógica consecuencia de ese cambio es que el número de abortos disminuye considerablemente y, por supuesto, también disminuye la mortandad materno-infantil, una de las principales causas de muerte en buena parte de nuestro subdesarrollado continente (América Latina es la región del mundo con más embarazos no deseados en adolescentes, según la OMS).
Diera la impresión que esos señores quisieran castigar a las mujeres por haberse atrevido –imaginan ellos- a gozar de su cuerpo sin fines reproductivos. Parece que quisieran confinarlas a las tres K de los nazis: Kirche, Kinder, Küche (iglesia, niños, cocina). Se diría que la libre expresión del deseo femenino los amenaza y desenmascara. Lo cierto es que cuando atentan contra la libertad de las mujeres, atentan contra las de todos. Por eso este combate es en primer lugar de ellas, pero lo es también de nosotros, los que queremos una sociedad en donde nadie pueda imponerle su moral a los demás bajo ningún pretexto y en donde la Iglesia y el Estado estén claramente separados. Y de mi cuerpo me ocupo yo.
El argumento del aborto como un crimen es insostenible, por lo menos en cuanto certeza. Lo que sabemos con seguridad es a partir de qué momento un feto es viable para sobrevivir fuera del vientre de la madre. Lo demás, el instante del nacimiento de la vida, son especulaciones teológicas o incluso biológicas, pero sobre las cuales no hay acuerdo alguno. Ubi dubidum, ibi libertas: donde hay duda hay libertad, reza un hermoso principio jurídico.
Conozco, por mi trabajo, las consecuencias psíquicas del aborto en las mujeres. Pueden ser traumáticas, incluso devastadoras. Nadie puede sentir entusiasmo por una operación como ésa. Pero nadie puede decidir lo que es mejor para otra persona, para su cuerpo, para su vida, sobre todo cuando en la práctica eso condena a miles de mujeres a consecuencias mucho más terribles todavía, que van desde la esterilidad hasta la misma muerte. La única salida son políticas públicas integrales y multisectoriales de anticoncepción. Y la despenalización del aborto para que se haga bajo control médico. ¿No habrán 343 mujeres valientes en el Perú dispuestas a comprarse el pleito?
Se ha debatido bastante sobre el gobierno de George Bush y su política económica; se le ha criticado su adhesión incondicional al neoliberalismo, la desregulación, la rebaja de impuestos a los ricos, favorecer a las corporaciones, reducir el Estado, empeorar la distribución del ingreso, debilitar las políticas de protección social, entre otras cosas. También se le ha señalado como una de las causas de la crisis financiera norteamericana que devino en la peor recesión mundial desde la segunda guerra mundial, lo que por cierto, no es poca cosa para cualquier gobernante. Casi toda esta literatura se refería a las políticas macro de su gobierno, que en algunos casos significaban también ausencia de políticas.
Sin embargo se ha hablado poco de los cambios estructurales que Bush realizó en la economía de la primera potencia mundial. Por cambio estructural me refiero a las modificaciones en el peso relativo de los sectores en la economía. Típicamente un país subdesarrollado tiene una estructura económica en la que predominan los sectores primarios, como la minería, pesca, agricultura y presenta un sector industrial muy pequeño. La industrialización, primer y principal cambio estructural, significaba el incremento de la participación de este sector en el PBI nacional. Desde este punto de vista, entonces, ¿qué cambios introdujo e impulsó el gobierno de Bush?
El primer y más importante cambio estructural fue el crecimiento acelerado del sector financiero (incluyendo al mercado de valores), el que llegó a adquirir un inmenso peso en la economía norteamericana. De representar el 3% del PBI pasó a ser el 8%, en un período de 20 años, aunque la mayor aceleración de esta transformación se dio en los últimos cinco años (2003-2008). Estos son cálculos de Paul Krugman, premio nobel de la economía, que por supuesto no se limitaba a difundir estas cifras, sino que también emitía un juicio muy severo sobre lo que este incremento significaba: “estamos hablando de 400 mil millones de dólares anuales de desperdicio, fraude y abuso”. Este liderazgo del sector financiero y de las bolsas de valores, le dio un tono especulativo a toda la economía norteamericana de la era Bush.
El segundo sector que más creció con Bush fue Defensa; lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta la guerra contra Irak iniciada en el año 2003. El sector defensa pasó de representar el 3% del PBI en la época de Bill Clinton, al 6.2% en la época de Bush. Lee Teslik, el periodista del New York Times que realizó estos cálculos, vincula esta escalada militar a la “guerra contra el terror” que desató Bush luego de los atentados del 11 de setiembre del 2001, pero también los relaciona a los intereses privados de la industria de armamentos y proveedores de los militares, muy cercanos al gobierno de Bush. De hecho, en los primeros tres años de la guerra de Irak, la empresa Halliburton, de propiedad del ex vicepresidente Cheney, había obtenido contratos por 16 billones de dólares, sin licitación.
El tercer sector que creció al mayor ritmo fue salud, que representa el 16% del PBI; de lejos la economía con el mayor gasto en salud de todo el mundo. El siguiente país en gasto de salud es Francia con el 11% del PBI. Durante el gobierno de Bush, la contribución del sector Salud pasó del 13% en el 2000, al 16% en el 2008, un incremento de 3 puntos porcentuales. Una diferencia notable entre USA y el resto de países desarrollados es que la mayor parte de este gasto en salud es privado, mientras que el resto de países es público. Las primas de seguros en el sector pasaron del 1.5% del PBI en 1970, al 5.5% en el 2007. El gasto del gobierno en salud siguió creciendo sin parar, lo mismo que el gasto de las familias, sin obtener un mejor servicio a cambio. Mientras que en Estados Unidos se gasta 7,200 dólares anuales per cápita en salud, en la vecina Canadá se gasta 3,900 dólares; y el servicio es mucho mejor en este segundo país. Los intereses privados dominantes en la industria de la salud, representados por los laboratorios gigantes y las compañías de seguros son los que explican las dificultades que está enfrentando el presidente Obama para impulsar la reforma del sector.
En resumen: el sector financiero creció 4 puntos porcentuales, el sector defensa creció 3.2 puntos porcentuales, y el sector salud creció 3 puntos porcentuales. Si a alguien le parecen poco estas cifras, basta tener en cuenta que todo sector agrícola de Estados Unidos representa el 1.2% del PBI; sector que, como sabemos, no sólo alimenta al pueblo norteamericano sino que se da al lujo de regalar sus excedentes a los países pobres del mundo. Es como si tres sectores agrícolas se hubieran trasladado, en pocos años, enteros, al sector financiero. Es un cambio estructural radical, significativo, en un gobierno que decía que no se metía en la economía, que dejaba todo al “libre juego de la oferta y la demanda”. Es falsa, entonces, esta pretendida neutralidad del Estado neoliberal. Por otro lado, esto quiere decir que se puede impulsar desde el Estado cambios estructurales de la economía y la sociedad.
Lo que pasa es que estos cambios deberían tener una dirección diferente. En el caso de Bush, las políticas (o ausencia de ellas) llevaron a incrementar la especulación, engordaron a los contratistas de defensa, y beneficiaron a las grandes corporaciones de la salud. Ciertamente, el pueblo no se benefició en nada con este cambio estructural. Pero las cosas pueden hacerse de manera diferente, como lo hacen la China y la India, incentivando el crecimiento de la industria, de las PYMEs, de las actividades de alta tecnología, de la investigación y desarrollo en las universidades y empresas, de las exportaciones, de la infraestructura digital, de las actividades intensivas en conocimiento. Al final, quién lo diría, el legado de Bush puede hasta resultar positivo para el resto de países del mundo, pues demuestra que el cambio estructural es posible.
El sargento del Ejército Euler Sánchez Ipushima, muerto el lunes 12 en una de las inútiles bases en Viscatán, falleció a consecuencia de una mina emplazada por los propios militares en el perímetro de la instalación.
Doble error de los incompetentes militares que están a cargo de las operaciones.
El primero, seguir utilizando minas antipersonales a pesar que el Perú ha suscrito el Tratado de Ottawa –vigente desde 1999- que prohíbe su uso. El artículo 1 de la Convención de Ottawa señala claramente que los Estados miembros se comprometen a no emplear nunca, bajo ninguna circunstancia, minas antipersonales.
Desde principios de la década, el gobierno peruano realizó, con cooperación internacional, el desminado de las fronteras con Chile y Ecuador. Y también de las torres de alta tensión, minadas durante la época del terrorismo.
Ahora el ministro de defensa Rafael Rey, ha reconocido sin empacho que fueron los propios militares los que minaron la base del Ejército en Viscatán, violando flagrantemente un tratado internacional suscrito por el Estado peruano. (“Mina que mató a militar pertenecía al Ejército. La versión del ministro Rafael Rey”, El Comercio, 14.10.09).
El segundo error es poner la mina y no acordarse donde está. Eso es el colmo de la incompetencia. Cuando se usan esas minas, se tiene un plano de la ubicación, para evitar que las tropas propias se vean afectadas.
En este caso, no solo han violado la ley, sino le han hecho un favor a los terroristas de Sendero Luminoso. Resulta que las armas del Ejército no abaten terroristas sino soldados.
¿Alguno de los responsables pagará por su error? Probablemente no.
De una forma u otra, las bases ubicadas en Viscatán hace más de un año, constituyen una sangría imparable de víctimas y recursos para las Fuerzas Armadas. Son blancos fijos para los terroristas y abastecerlas es una pesadilla. No sirven para nada, porque los terroristas se siguen moviendo a su antojo por toda la región.
Pero los ineptos militares que comandan las Fuerzas Armadas se niegan a reconocer su error y cambiar de estrategia. Por supuesto, en el gobierno no tienen ningún plan antisubversivo ni les importa el problema, salvo cuando ocupa las primeras planas. Dejan todo en manos de los militares.
Considero que el manejo de la política exterior peruana es uno de los logros más destacados en este gobierno. (¡Qué abrumadora diferencia con la seguridad, en la que se va de tumbo en tumbo!)
En un contexto regional muy difícil (con vecinos tan agresivos por razones ideológicas como Evo Morales y Hugo Chávez), se ha logrado un cierto balance, manteniendo buenas relaciones con Brasil, Colombia y Ecuador.
El tema más sensible -y a mi juicio mejor manejado- es el de la relación con Chile.
Llevar nuestro diferendo marítimo a La Haya y demandarles separar asuntos para mantener una relación constructiva en otros ámbitos, mientras esto se resuelve pacíficamente, ha sido una decisión sabia. Le da un contenido jurídico impecable a nuestro planteamiento, al someternos a un tribunal internacional. Obliga a Chile a discutir, en ese escenario, un asunto del que soberbiamente se negaba a hablar por declararlo inexistente y zanjado. Le da un plazo fijo de solución al último problema fronterizo pendiente.
Chile ha sido colocado a la defensiva y obligado a responder ante un Tribunal en el que, aunque lo niegue de la boca para fuera, sabe que le puede ir mal. (Basta que en La Haya la línea de frontera se nueva algo en dirección favorable al Perú, para que con justicia reclamemos victoria).
También, de carambola, al haber construido un consenso interno total sobre la demanda de La Haya, esto tiene su impacto local, quitándole argumentos a la agresividad belicista de nuestros “halcones” y piso a los que medran políticamente exacerbando el “nacionalismo”.
A esta estrategia político diplomática se suma otra más reciente: la de denunciar el armamentismo en la región y proponer un pacto de no agresión. El hecho que Chile haya rechazado ambas iniciativas no ayuda a su imagen y prestigio internacional, ya que no es precisamente bien visto, ni materia de la que sentirse orgulloso, el oponerse a iniciativas que eviten que los conflictos escalen o avalar que se gaste en exceso en armas.
De hecho Chile gasta en armas montos inmensos, inmorales e inalcanzables para el Perú. Tratar de competir con ellos es absurdo económicamente hablando y sólo intentarlo podría en serio riesgo las posibilidades de enfrentar los enormes problemas de pobreza y exclusión social que nos laceran. Hizo muy bien Allan Wagner en focalizar nuestras inversiones en Defensa para los cinco años en un Núcleo Básico Eficaz, pensado para disuadir a los vecinos de un eventual ataque directo a nuestro país. Gastar racionalmente en Defensa debiera permitir, además, focalizar nuestra inversión en seguridad en aquello que es nuestra amenaza central: el narcotráfico, aliado con el senderismo en el VRAE y el Huallaga.
Pero hay una inmensa presión militar (a través de varios tabloides de extrema derecha) por crear un clima en el que los ciudadanos nos sintamos desprotegidos ante un “inminente” ataque chileno. Reclaman que se tiene olvidadas a las Fuerzas Armadas, pese a que el presupuesto de Defensa es el segundo más grande del país - es casi lo mismo que lo que se gasta en Educación- y ha subido constantemente, pasando de 3,691 millones de soles en el 2000 (con Fujimori) a 4,842 este año.
Pero se reclama más. Es que las compras de armas son un gran negocio para los vendedores y, por razones harto conocidas, también para los operadores de las compras. Así, hay muy sólidos motivos que llevan a determinados medios a presionar por las compras, llenándonos de titulares alarmistas. Les importa un comino si esto se hace a costa de otras necesidades acuciantes del país.
Diversas versiones periodísticas indicarían que el gobierno no quisiera caer en ese juego y que apuesta por priorizar otros gastos (y específicamente en seguridad, invertir en el problema VRAE). Ello habría llevado a los enfrentamientos entre Rey y Giampietri (tan afines en otros ámbitos de su pensamiento). Ojalá que esta no confirmada posición del gobierno en relación con el gasto militar sea cierta, que se pongan firmes y que no cedan. Lo del VRAE no es broma y cada compra militar más allá de lo ya planificado para darles el gusto a los que reclaman “restablecer el balance con Chile” -algo imposible por supuesto- nos distrae de la posibilidad enfrentar los problemas del país.
Por ahora la política exterior está demostrando ser nuestra mejor política de defensa.
Caster Semenya, la ganadora sudafricana de la competencia de 800m planos en Berlín ha puesto en agenda sin querer queriendo un asunto tremendamente silenciado: el de la diferencia (sexual) y el deporte.
Sucede que el sistema deportivo parece condensar en sus procedimientos clasificatorios, una visión binaria y lineal –bastante conservadora- de la realidad. Y su eficacia es enorme. El sistema deportivo naturaliza las diferencias a tal punto que nos parece evidente que los hombres no compitan contra mujeres y que sólo puedan competir entre sí hombres o mujeres que responden a la norma corporal binaria. Claro que hay todo un tema biológico con el asunto de las hormonas, el porcentaje de grasa corporal y demás etcéteras que de algún modo –pero no exclusivamente- están relacionados con la performance física. Es cierto, es un tema debatible, pero ciertamente, naturalizado. Ya lo decía Bourdieu, los genitales no brindan soporte a la clasificación binaria del mundo, sino todo lo contrario: la cultura binaria naturaliza la diferencia tomando como dato las diferencias –aparentemente binarias- de los genitales externos. Por eso, la cultura moderna se olvidó de la realidad: existen personas intersexuales, quienes hoy incluso, luchan por el derecho a portar la ambigüedad sexual con el fin de evitar un sinnúmero de operaciones quirúrgicas que terminan instalando franjas de insensibilidad corporal y problemas funcionales en los órganos urinarios.
En este contexto es interesante observar que Sudáfrica no solo ha luchado por mantener la presea de oro, sino que además ha brindado soporte y afecto público a su medallista. De algún modo -más allá del orgullo nacional que implica ganar una carrera de esa envergadura-, es de anotar que la opinión pública sudafricana no permitió que se convierta a Caster Semenya en un monstruo. Más allá de si los entrenadores o funcionarios sudafricanos sabían que la atleta tenía niveles de testosterona significativamente altos o que era intersexual, se abren preguntas medulares que tienen que ver con la privacidad de esa información y con el derecho a la diferencia, que los sistemas sociales a duras penas reconocen.
Uno de cada dos mil habitantes del mundo es intersexual. Esto es, presenta alguna combinación no usual entre su sexo genético y sus genitales internos o externos. Antes que un “error de la naturaleza” hoy muchos activistas prefieren llamarla “una forma distinta” de organización del sistema biológico. Para ellos, el sistema binario hombre- mujer, excluye y convierte en monstruosidad una condición que podríamos tildar de normal, si la miramos desde una lógica difusa (de la complejidad).
Este debate planteado por Semenya evidencia que el sistema deportivo representa un entramado complejo de clasificaciones que termina excluyendo la complejidad. ¿Es injusto que compita una mujer como Semenya con otras mujeres que encarnan la norma heterosexual? ¿Debe correr contra varones? Finalmente, arrojo una pregunta como quien lanza una jabalina: ¿debe mantenerse la separación entre hombres y mujeres en el deporte y excluir a quienes no encajan en el sistema?
Varios congresistas pretenden salir por la puerta falsa, a hurtadillas, del Parlamento, para postular a presidencias regionales y alcaldías.
Ellos tratan de utilizar a Javier Valle Riestra que, prácticamente desde que fue electo, expresó su deseo de renunciar al Congreso. Su último intento ha sido presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se le permita dejar el cargo.
Por supuesto, nadie cree que Valle Riestra quiere postular el 2010 a ningún otro puesto electivo. Esta libre de toda sospecha. Pero tras esa renuncia inocente, vienen los otorongos ávidos de poder y dinero.
Muchos de ellos saben que no serán reelectos en las elecciones generales de 2011. A otros les parecen más apetitosos los puestos de alcaldes o presidentes regionales.
Se dice que los apristas, encabezados por el Premier y congresista Javier Velásquez Quesquén ya tienen “conversado” al TC, por lo menos a la mayoría, para que de el visto bueno a la demanda de Valle Riestra.
Detrás de él irán en tropel los otorongos que quieren capturar algún otro cargo.
La ley que promovió el mismo Velásquez para permitir la renuncia de los congresistas quedó empantanada, por eso ahora han imaginado este subterfugio para burlar la Constitución y las leyes.
El motivo por el que el cargo de congresista es irrenunciable es sencillo: desde el inicio de la república, dictadores y gobiernos autoritarios con fachada democrática presionaban y amenazaban a congresistas opositores para que renuncien. De esta manera se libraban de ellos sin necesidad de cerrar el Parlamento.
Es decir, la irrenunciabilidad al cargo era una garantía contra la prepotencia de los mandones. Ahora, para satisfacer los mezquinos intereses de un grupo de otorongos, se pretende eliminar esa garantía.
Con la sentencia de esta semana se acaban los juicios a Fujimori y con ellos una etapa de nuestra historia.
Es verdad que faltan los recursos de nulidad ante la Suprema, pero ellos tienen otra racionalidad. Por la naturaleza de lo que en esa segunda instancia se discute (forma y no fondo), ninguna de las partes espera que de ellos surjan cambios radicales para la actual situación jurídica de Fujimori.
Es importante recordar que esos no son todos los delitos por los que es procesado (que son muchísimos más), sino sólo aquellos que se decidieron presentar a Chile en ese momento por estar listos o porque concordaban con la legislación chilena. De hecho, hay muchas otras graves acusaciones penales en su contra, de las que se ha escapado gracias a su paso por Chile. Es más, hay casos preparados por nuestro Poder Judicial y entregados al gobierno peruano para que los envíe a consideración de la Corte Suprema de Chile. (Por ejemplo, otros crímenes de derechos humanos, muy parecidos a aquellos por los que ya fue extraditado y condenado, con lo que las posibilidades de ser aceptados serían extremadamente altas). Lo que pasa es que este gobierno, tan encariñado con el fujimorismo, no ha enviado los cuadernillos y no hay presión ciudadana para que lo haga.
Aún así lo ocurrido con Fujimori es histórico y en el sentido esencial irreversible.
Fujimori ha sido juzgado en el Perú con todas las garantías en sólo dos años y condenado por homicidio, secuestro agravado, allanamiento ilegal, compra de congresistas, chuponeo telefónico, compra ilegal y clandestina de un canal de televisión (y por allí omito algo). En varios casos él mismo se declaró culpable y en otras el peso de las evidencias fue abrumador.
Nuestra institucionalidad ha salido fortalecida. La verdad es que no es nada fácil que un país juzgue en democracia a un ex presidente, y menos aún a uno que tiene la simpatía del gobierno en funciones y una bancada parlamentaria importante, estridente y agresiva. El Ministerio Público y el Poder Judicial se han fortalecido y, seamos justos, pese a las ganas que podían tener y a todas las triquiñuelas que pueden haber puesto en el camino para no complicar más a Fujimori (como las mencionadas más arriba) es verdad también que el Poder Ejecutivo y el Congreso no han interferido en el proceso.
Con estas condenas se cierra en el Perú un ciclo histórico que se abrió con la fuga al Japón del dictador en el año 2000. La verdad que nadie, ni el más optimista, podría haber pensado que quien negó su nacionalidad y se reclamó súbdito del Japón, pudiese algún día terminar en la cárcel de la DIROES que hoy lo alberga. Sólo un error monumental de cálculo político lo explica, pero lo extraordinario es que con ello todos los principales responsables (con algunas pocas excepciones) de las barbaridades de la dictadura de los noventa están presos y condenados. (Más valioso todavía el hecho, dado que también -y como bien merecen- los culpables de terrorismo de los ochenta y noventa, tanto del MRTA como Sendero están a su vez condenados; ahora sí con juicios de a verdad y a penas severísimas).
Obviamente la historia no ha acabado y viene la batalla política por evitar que, vía el indulto, se haga burla de la justicia. No les va a ser fácil conseguirlo (los indultos que buscan no los permite ni la ley internacional ni la peruana) y aún si los impusiesen (creando un clima de tensión y polarización nacional profundamente peligroso), nada borrará la acción de la justicia.
Los juicios a Fujimori son así -y mas allá de lo que pase en el futuro- un importante paso adelante en la consolidación de nuestra democracia, algo que prestigia al país a los ojos de las otras naciones del mundo y que, además, da un mensaje muy claro a quienes en el Perú y en América Latina piensan que el crimen de Estado sí paga.
