Seguridad
Ciudadana
No parece haber sido adecuado el cambio del
ministro del Interior, Walter Albán, por lo menos honesto y con planes
concretos positivos. Su reemplazo por el general retirado Urresti, del Ejército,
increíblemente -en realidad muy creíblemente-, se debería a haber resultado
incómodo a la minería ilegal –nefasta, grande y poderosa, en la selva de Madre
de Dios-, que ha amenazado con dar a conocer su financiamiento a partidos,
también del Gobierno. Su acción como Alto Comisionado en Asuntos de
Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación
Ambiental, importantísimo por su título, la había reducido a hostigar a la
minería ilegal de esa región y a dinamitar parte de su maquinaria, algo
positivo, pero con bombos y platillos que -como señaló Fernando Rospigliosi-, ocultaban
la negligencia de todas sus demás responsabilidades.
Esto hace temer que la fanfarria inicial,
desautorizadora de todos los ministros que lo antecedieron, pueda obviar lo más
importante, la lucha contra la corrupción en la policía y el fin del sistema
24x24 –previsto para julio-, para lograr la dedicación exclusiva de los
policías. El sistema 24 horas de servicio por 24 de franco, muy mal pagadas,
reduce la disponibilidad real de efectivos y, junto con sus bajos sueldos, los
induce a ocupar su descanso en empleos como seguridad para empresas y personas.
Carlos Basombrío percibe una mezcla de ingenuidad y soberbia –si se supone la
mejor voluntad.
Teniendo un juicio pendiente por el
asesinato de un periodista en Ayacucho, aunque vale la presunción de inocencia
como individuo, no es una situación adecuada para un alto funcionario público,
más aún en esa cartera. Pero no sé si es atinado defenestrarlo ahora, cuando al
menos ha hecho reconocimiento oficial de la criminalidad común, ha asumido
liderazgo y evidenciado sentido común, como señaló Gino Costa ante su
investidura, y el proceso judicial puede esperar hasta que salga del cargo
–seguramente al cumplir los seis meses de duración promedio, si no ha pisado
demasiados callos antes. Sus explicaciones son plausibles, claro que no sabemos
si ciertas.
La lectura del pronunciamiento del Grupo
Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, integrado por Basombrío,
Rospigliosi, Costa y otros destacados expertos en el tema, me lleva a
rectificar la opinión precedente, en el sentido de considerar insostenible su
permanencia en el cargo.
Nota:
A pedido de varios suscriptores, para facilitar su lectura en dispositivos
móviles, estoy limitando la extensión de mis artículos –lo que aumenta su
número.
Estimado amigo Alfredo Stecher, La Política Criminal es una política de estado. Si bien en el siglo XIX sus ejes prioritarios descansaban en los sectores de justicia y policía, a fines del siglo XX el advenimiento de la seguridad ciudadana le añadió la necesidad de un carácter comunitario, multidisciplinario e intersectorial, ni que se diga a inicios de este siglo sobre las experiencias de Policía, aspectos en los que se basa la Ley de Seguridad Ciudadana y que muchos especialistas desconocen. La conclusión es que en los ultimos tres años la Política Criminal no ha sido efectiva para limitar el numero creciente de delitos/delincuencia. La Política Criminal es populista, y debería ser una Política Criminal Científica. El efecto de la actuación policial actual si bien puede contribuir a reducir la percepción de inseguridad en Lima, carece de un diagnostico y no permite ver que esta simplemente se ha trasladado.
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