HUEVOS DE ESTURIÓN / Morales Bermúdez / Fernando Rospigliosi

                 La orden de captura internacional dictada por un juez argentino contra el general (r) Francisco Morales Bermúdez no tiene sentido y debería ser rechazada, no solo por el gobierno sino por la sociedad.

                Es verdad que FMB presidió una dictadura militar y que deportó en 1978 a 13 ciudadanos peruanos a la Argentina, pero es falso que eso fuera parte del plan Cóndor, una operación de secuestro, tortura y asesinatos coordinada por las brutales dictaduras del Cono Sur del continente.

                La dictadura peruana izquierdista no se llevaba bien con sus colegas de Sudamérica y para 1978 el Plan Cóndor estaba casi extinguido sin su principal animador, el chileno Manuel Contreras, en el poder. Incluso durante la primera mitad de esa década y algo más, el Perú se convirtió en país de refugio para izquierdistas del continente que escapaban de la persecución de sus gobiernos, al tiempo que la dictadura peruana deportaba a opositores de derecha e izquierda.

                FMB fue ministro de Economía en el primer gobierno de Fernando Belaúnde -un caso insólito de un militar en actividad ocupando ese puesto en un gobierno civil- y después ocupó puestos importantes en el gobierno militar del general Juan Velasco. Como Comandante General del Ejército, ministro de Guerra y Primer Ministro, FMB encabezó un golpe en agosto de 1975 contra Velasco, que enfermo y asediado, se mostraba incapaz de controlar la situación en medio de una crisis económica.

                En 1977, después de fuertes movilizaciones sociales y un paro nacional, los militares decidieron abandonar el poder, con una "transición ordenada". Para eso convocaron elecciones para una Asamblea Constituyente en 1978.

                No obstante, la convulsión social no amainó, incentivada sobre todo por la crisis económica. En esas circunstancias, la dictadura de FMB deportó a loos 13 ciudadanos a la Argentina. Fue, por supuesto, un acto arbitrario y repudiable. Pero finalmente, todos regresaron rápidamente al Perú, sanos y salvos. Varios de ellos, además, electos como diputados a la Asamblea. Por primera vez en la historia del Perú, grupos de extrema izquierda pudieron participar en una elección democrática y ocupar curules.

                A diferencia de los que se capturaban en el plan Cóndor, que eran torturados, desaparecidos y asesinados, los peruanos deportados corrieron una suerte distinta.

                FMB cumplió con la transición a la democracia y en en julio de 1980 le entregó el poder a un candidato que los militares no querían, Fernando Belaúnde, precisamente el gobernante que habían derrocado en 1968. Ellos realizaron elecciones democráticas.

                Luego de un frustrado intento de participar en la política, el general Morales Bermúdez ha mantenido siempre una posición moderada y democrática. En julio de 2000 estuvo en el estrado de la Marcha de los 4 Suyos con Fernando Belaúnde y Alejandro Toledo.

                A los 90 años, Francisco Morales Bermúdez sigue siendo un referente de rectitud y honradez, cosa que pocos ex gobernantes pueden exhibir.

                Es una injusticia que se pretenda extraditar y juzgar a FMB. Hay que rechazar firmemente esa pretensión.

A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA AL GENERAL JORDÁN/ Gustavo Carrión Zavala

No es propósito de estas líneas el discutir las razones de la sentencia de dieciocho meses de prisión suspendida al general PNP ® Alberto Jordan Brignole, por no haber recuperado el puente tomado por los pobladores moqueguanos en aquel episodio que el imaginario popular identifica como el “moqueguazo”.

Lo que en realidad pretendemos es discutir la pertinencia de la justicia penal militar aplicada a policías. Pretendemos discutir si los policías deben estar sujetos al alcance de este fuero privativo, y lo hacemos a la luz de las siguientes reflexiones:

La justicia penal militar y los fueros que la aplican, son consecuencia de la “ley marcial”, aplicada en períodos de guerra a los soldados que cometían graves infracciones, como el desertar, medrar con las vituallas, demostrar poco valor para el combate, y en fin, todas las conductas contrarias al necesario espíritu de cuerpo en batalla.

La eficacia de esta “ley marcial”, impuso que se fuese extendiendo a las épocas de paz, como efecto “ejemplarizador” para los militares que ofendían las normas y procedimientos que regían y rigen las Fuerzas Armadas.

Entendiendo que los cuerpos de policía, en muchos países, como en el Perú, devinieron de las Fuerzas Armadas (batallones de gendarmes), resultó casi natural que se les entendiera como parte de las Fuerzas Armadas, más aún, si en las épocas republicanas en que surgen, los regímenes políticos predominantes eran los que emanaban de las cúpulas militares, o de políticos civiles que se apoyaban en el poder militar.

Un ejemplo claro de lo que sostenemos, es la actuación en el país de la misión de la Guardia Civil española a partir de 1922, cuerpo caracterizado por ser de estructura militar con funciones de policía. El intercambio fecundo con la guardia civil española comprende la época de la dictadura en España de Miguel Primo de Rivera (1923), la infausta guerra civil española y la posterior extendida noche de la dictadura franquista, que duró hasta la muerte del dictador en 1975. Durante todo este período la guardia civil española fue una institución cara a la dictadura, de formas puramente militares y de actuación que la historia se ha encargado de juzgar con severidad.

La Guardia Civil española, referente de la peruana, mantuvo hasta hace poco cerrada defensa de la estructura militar, a pesar que cumplía y cumple funciones de policía, que como entendemos son funciones de naturaleza civil. Sus miembros eran hasta hace muy poco, sometidos a la disciplina militar y al fuero privativo. Digo hasta hace muy poco, pues al influjo de las demandas, especialmente del personal de agentes, de ser sometidos a los mismos códigos disciplinarios del cuerpo nacional de policía, no sólo lo han conseguido, han logrado una sola conducción para estos dos cuerpos, en el entendido que ambos cumplen funciones de naturaleza civil al servicio de la ciudadanía, en un régimen reconocidamente democrático, y que su actuación se diferencia de las que tienen asignadas las fuerzas militares.

En nuestro medio, a pesar de la sucesión democrática en el poder, seguimos entendiendo a la policía como parte de las fuerzas armadas, provocando con ello su distanciamiento de la ciudadanía y los graves problemas que de ello se derivan. La policía es parte de la urdimbre social.

En el caso de la incorporación de la policía a los alcances de la justicia penal militar (art 173 de la CPP), se ha hecho en la misma lógica de seguir entendiendo a la policía como una fuerza militar, sin entender que las funciones que cumple nada tienen que ver con la naturaleza de las funciones de las fuerzas armadas.

En la ley penal militar, se criminalizan actos que en forma alguna debieran reputarse como actos criminales, y se hace con ese prurito ejemplarizador surgido de la antes citada “ley marcial”.

Con fines de acomodar el alcance del Código De Justicia Militar a la función policial, se han incorporado algunos capítulos específicos dedicados a los policías, que bien pueden ser homogenizados con los alcances del Código Penal.

Tenemos la impresión, que la férrea posición de las Fuerzas Armadas por mantener incorporados a los policías en los alcances de la justicia penal militar, tendría que ver con la existencia misma de este fuero privativo, pues la mayoría de los procesos que adelanta, son a miembros de la Policía Nacional, y no porque estos sean de mayor perversidad que los militares, se explica porque están incorporados en un fuero que no les corresponde y sujetos de aplicación de un código que resultaría propio de los militares.

En el caso del general Jordán, la supuesta desobediencia al no liberar el puente tomado por los moqueguanos, ha sido juzgada por jueces militares, que tienen interiorizados otros parámetros para entender la desobediencia o cualesquier otra actitud militar, que difiere del razonamiento de un policía frente a un evento que pudiese acarrear graves costos sociales y constituye otro de los grandes problemas de esta justicia privativa, al haberse unificado y desaparecido los juzgados de policía, los casos que comprenden a miembros de la policía nacional, en gran parte son juzgados por jueces militares.

Tendría que revisarse igualmente la independencia de esta justicia, cuyos jueces supremos son miembros de los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas, con dependencia obvia de los mandos militares y por línea ascendente del ejecutivo. Prueba de ello, es la asunción tardía y acomodada de competencia de la justicia militar, en el caso del actual director general de la policía, que cuándo iba a hacerse conocido el resultado de la junta de generales que lo investigó, y que en cumplimiento de los alcances de la ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional, opinaban por su separación del cargo, con un documento supuestamente producido ocho días atrás, asume de oficio la justicia penal militar el caso e invocan la garantía constitucional que sanciona la inhibición de la autoridad administrativa cuando el órgano jurisdiccional asume competencia, en claro indicio de ser una justicia digitada, convenida y acomodada.

Si algunos aspectos del Código De Justicia Militar se adaptaron a las funciones de la policía, lo mismo puede hacerse con el Código Penal, incorporándole los aspectos, que por otro lado ya están legislados, referidos al uso de armas de los policías en el cumplimiento de sus funciones.

Queremos finalmente concluir, que la Policía es una institución de naturaleza civil, que cumple funciones al servicio de la sociedad, los ciudadanos y el Estado, no tiene ninguna vinculación con la “ley marcial”, las conductas que criminaliza el Código de Justicia Militar no pueden todas reputarse como actos criminales y que resulta un verdadero contrasentido aplicar a un funcionario o agente de policía, los alcances de una ley tipicamente militar, por tanto debe evaluarse la enmienda constitucional que excluya a los policías de los alcances del código de justicia militar y del fuero que administra esta justicia privativa.

“USTED DIJO PERPETUA” / Luis Pásara

Pese a su carácter aparentemente consagratorio, como sabemos, el Óscar no siempre acompaña a buenas películas. De allí que el premio otorgado este año, como mejor película en lengua no inglesa, a “El secreto de sus ojos” a muchos nos satisfaga y alegre. Para quienes tenemos interés en el tema de la justicia, la ocasión es singularmente significativa por tratarse de una película que es una lección sobre la administración de justicia en América Latina.

Por lo menos tres cuestiones resaltan en la película argentina. La primera está destinada principalmente a no iniciados y consiste en la descripción precisa de la rutina de los tribunales. Esa rutina a la que están confiados la vida, la libertad y los bienes de las personas aparece cuidadosamente ilustrada, tanto cuando se recurre a detalles divertidos –como los modos ingeniosamente desaprensivos de responder el teléfono en el juzgado–, como cuando se plantea un asunto tan serio como la práctica de encontrar un par de culpables sin preocupación alguna porque lo sean de veras.

El segundo asunto es, obviamente, la relación con el poder. Puesto el caso de la historia en la circunstancia de los años setenta en la Argentina, es portador de algún riesgo de despistarnos. Porque, según entiendo, el tema planteado no se limita a la suerte que la justicia corre en épocas de dictaduras y gobiernos militares. Va más allá: el poder permea la justicia y la tuerce hasta donde requiera hacerlo. Como, por desgracia, hemos aprendido a través de la experiencia, también democracias y gobiernos civiles intentan manejar –¡y manejan!– a la justicia según las necesidades del poder. De modo que, no nos confundamos, es la siempre presente relación con el poder lo que está en cuestión y eso es, precisamente, lo que da a la novela de origen de Eduardo Sacheri y a la película premiada de Juan José Campanella su horizonte universal, a partir de una historia localizada en un país y tiempo determinados.

El tercer tema es acaso el más inquietante, debido a su actualidad. Si un espectador escoge refugio en el encuadramiento de la historia en la Argentina de las juntas militares, la justicia por mano propia lo confronta con una alternativa del presente. Alternativa que se ha extendido en las últimas dos décadas –acaso alentada por los medios de comunicación–, indudablemente nutrida por la manifiesta y creciente insatisfacción social con la justicia. Sin embargo, la delicadeza de la historia hecha ficción nos aparta de la brutal violencia del linchamiento. Por el contrario, el ciudadano asume el papel de policía, juez y carcelero, sujetándose a la lógica de una ley que no se cumple. “Ud. dijo ‘perpetua’”, recuerdo de la previsión con base en la norma –que ineficiencias e interferencias impidieron realizar– es una suerte de invocación a la legitimidad jurídica.

Muchas preguntas pueden hacerse a partir de esta magnífica película. Guiado por los cada vez mayores escándalos por los que atraviesa hoy la justicia peruana y el desenfadado desnudamiento del poder que aparece detrás de la justicia española que quiere acabar con Baltasar Garzón, me quedo con la interrogante más turbadora: ¿es posible reformar a esta justicia?

VISITA A JUECES / Luis Pásara

En 1976 tuve ocasión de participar en una experiencia formativa de jueces peruanos que me proporcionó mi primera aproximación a lo que es un juez. Aunque he encontrado a jueces y fiscales nuevamente en muchas ocasiones, la invitación para exponer en el III Congreso Nacional de Magistrados (Piura, 18 a 20 de noviembre de 2009), cursada por la Corte Suprema, me entusiasmó sobre todo por la posibilidad de escuchar a los jueces peruanos después de tantos años.

Mi breve paso por el congreso me dio tiempo apenas para ofrecer una conferencia (ver en recuadro la síntesis de mi presentación), escuchar y responder las preguntas, asistir luego a dos grupos de trabajo, mantener muchas conversaciones de pasillo y de mesa, y asistir a la ceremonia de clausura. De todo esto sólo salen impresiones, que corren el riesgo de ser superficiales o apresuradas, pero algunas de ellas parecen revestir cierta importancia.

Quizá la impresión de mayor relieve corresponde a la constatación de que el proceso de diversificación del personaje juez se ha profundizado. Era un proceso que apenas asomaba hace 30 años y que sufrió una violenta contención cuando, en la década de los años ochenta, la reinstauración de un gobierno elegido dio paso a una purga de jueces que echó mano a criterios manifiestamente ideológicos, según los cuales pensar distinto no resultaba tolerable en el aparato judicial.

Los jueces de hoy parecen ser más claramente diversos. Esto es, no hay un perfil de juez peruano que podría ser fácilmente retratado mediante unos cuantos rasgos. Mientras unos se hallan claramente preocupados por cuestiones que nos preocupan también a quienes, desde fuera del aparato judicial, abordamos el tema, otros mantienen raíces muy añejas en la visión de su función y sus tareas.

Tómese, por ejemplo, el tema de la opinión social acerca de la justicia. “Que digan lo que quieran”, bramó un supremo en el plenario. Otro miembro de la Corte acudió a respaldarlo con el viejo argumento de “con toda sentencia hay un perjudicado que resulta insatisfecho con la justicia”, lo que ciertamente no explica por qué en el Perú el nivel de aprobación de la justicia es cinco o seis veces inferior al de los países escandinavos, donde también en cada juicio alguien resulta perjudicado.

Parece claro que sigue habiendo jueces que prefieren pensar que existe una vasta conspiración contra ellos y, seguramente, así se van a dormir tranquilos. Aunque, como dice el famoso cuento breve de Monterroso, al despertar el elefante siga ahí. Ver más...

¡DETIENEN A CARLOS RIVERA!

Entre sus casos más notorios fue el abogado de la parte civil en el juicio a Fujimori y defiende a las víctimas del caso El Frontón. (Alan García y Luis Giampietri le tienen especial simpatía).

Ya en el pasado la Comisón Interamericana de Derechos Humanos había exigido al Estado peruano protección para él, por las amenzas recibidas y el intento de asesinato de uno de sus patrocinados.

Fue detenido en el aeropuerto llegando de los Estados Unidos. Un juez suplente ha dictado una orden de captura por un proceso de "falisficación de documentos" que Rivera no conoce. Nunca ha sido siquiera citado en el proceso.

¿Qué leguleyada habrán inventado?

Obvio, tiene que salir mañana mismo, el escándalo si no sería mayúsculo, pero el mensaje está dado.

Este tipo de mañas se parecen cada vez más a las del fujimorismo.

¿Hasta dónde quieren llegar?

Nuestra solidaridad al valiente abogado defensor de derechos humanos y los abusos del poder.

EL REGRESO DEL “MAGO” HURTADO/Carlos Basombrío Iglesias

La Corte Federal de Miami aprobó finalmente la extradición de Telmo Hurtado al Perú quien hace 24 años atrás, cuando fue teniente del Ejército fue el principal  responsable de la masacre de Accomarca, donde murieron 69 campesinos entre adultos y niños. Es un hecho muy importante y positivo que da cuenta que, pese a todo, algo se avanza.

Es que pocas personas, como Telmo Hurtado, sintetizan las barbaridades que se cometieron en el Perú al enfrentar el salvajismo senderista.

Refresquemos un poquito la historia (vale la pena en este país de memoria tan frágil):

 

En la mañana del 14 de agosto de 1985, las patrullas del subteniente EP Telmo Hurtado Hurtado y la del teniente EP Juan Rivera Rondón –aproximadamente 25 efectivos– bajaron a Llocllapampa, ubicado a tres kilómetros de Accomarca y bajo el pretexto de una asamblea reunieron a los comuneros en la plaza.

 

Los militares acusaban a los pobladores de terroristas, ya que tenían referencias de que funcionaban dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista. Separaron a los hombres, de las mujeres y  los niños y los agruparon en tres viviendas. Testigos señalan que las mujeres fueron llevadas previamente a una acequia en donde las habrían violado. Luego incendiaron  las viviendas y finalmente les lanzaron granadas.

 

A las cuatro de la tarde, los efectivos se retiraron. Los pobladores que habían logrado escapar regresaron al lugar y constataron la horrible muerte de 39 adultos y 23 niños. Además en las semanas siguientes y cuando se empezó a investigar fueron asesinados varios testigos del crimen para tratar de  evitar la acción de la justicia.

Alan García acababa de asumir el poder y en la ocasión actuó con firmeza destituyendo a los varios altos jefes militares; asimismo, el 11 de setiembre de 1985, el Senado nombró una comisión presidida por Javier Valle Riestra que investigó esa matanza y la de Pucayacu.

Como parte de sus indagaciones la comisión senatorial entrevistó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel “Los Cabitos” (Ayacucho). Hurtado no mostró arrepentimiento alguno por lo ocurrido e incluso llegó a justificar el asesinato de niños:

“Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, en estos momentos que estamos viviendo… Los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, cuatro años, así sucesivamente llevando cosas, cargando los llevan por distintos sitios… poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándoles a su causa”.

“Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá, No tienen experiencia ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tienen que vivir. Cosa que de repente a nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno, estabilidad para ustedes y para que ustedes, en estos momentos, los parlamentarios estén en el Senado. Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes”.

Aquí no termina la historia. Catorce años después en 1999 -y casi por casualidad- la revista idéele- descubrió que Hurtado ¡seguía en el Ejército! y había continuado ascendiendo, llegando hasta el grado de Mayor. Estaba en San Ignacio (Jaén) y las campanadas de alerta que ayudaron a identificarlo fueron denuncias de torturas y otros abusos contra los campesinos en la base El Milagro (¡gallina que come huevo!).

El escándalo fue mayúsculo y el propio Fujimori tuvo que reconocer los hechos y ofrecer, ahora sí, darlo de baja. Es probable que él personalmente no supiera de la situación de Hurtado, pero el clima de impunidad en el que se vivía bajo su gobierno (amnistía incluida) hizo posible la complicidad institucional con un criminal tan abominable.

Después de eso Hurtado volvió a desaparecer de la luz pública. Lo siguiente que supimos de él es que había huido a los Estados Unidos (algo para lo que, por más mago que fuese, necesitaba muchas complicidades), dónde finalmente hace un par de años fue detenido y ahora es extraditado.  

Pareciera que a Hurtado se le acabaron los trucos de magia y que pagará sus crímenes. Igual habrá que estar atentos. Gente que piensa como él tiene hoy, de nuevo, mucho poder.

HUEVOS DE ESTURIÓN / No es CTS / Fernando Rospigliosi

El nuevo juicio a Alberto Fujimori, que debería empezar hoy lunes 11, se ha postergado por la recusación que hizo el abogado César Nakasaki a la sala que preside César San Martín. La recusación es un recurso que los abogados no suelen utilizar porque implica declararle la guerra a los jueces que van a juzgar a su cliente. 

En este caso, Nakasaki sabe que está perdido y ha decidido usar la carta del desprestigio contra el tribunal que sancionó a Fujimori por violaciones a los derechos humanos. La campaña que iniciaron los fujimoristas poco antes que se dictara la sentencia condenatoria, será ahora más intensa y más sucia.

El asunto es que por el caso de los 15 millones de dólares robados al tesoro público y entregados ilegalmente a Vladimiro Montesinos en setiembre de 2000, ya fueron sentenciados los ex ministros Carlos Boloña, Federico Salas, Carlos Bergamino y el ex viceministro Alfredo Jaililie.

Una precisión que vale la pena hacer es que, desde que se conoció el hecho, se le denominó irónicamente “la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) de Montesinos”. Sin embargo, eso confunde a mucha gente que cree que a Montesinos realmente había que pagarle una CTS.

Obviamente no había ninguna CTS de por medio. Simplemente se trató de un chantaje de Montesinos que exigió esa cantidad para irse en silencio, sin delatar a su socio. Y un soborno que Fujimori pagó con el dinero de todos los peruanos.

Por eso es mejor no hablar de CTS y no inducir a la confusión.

El punto es que, por orden de Fujimori se inventó el “Plan Soberanía”, supuestamente para controlar la frontera con Colombia amenazada por las FARC, y se le transfirió 52 millones de soles (15 millones de dólares) adicionales al Ministerio de Defensa, que se usaron para comprar el silencio de Montesinos.

Eso ocurrió el 22 de setiembre. El dinero lo sacaron irregularmente del banco, lo cambiaron a dólares y se lo entregaron a Montesinos –que se disponía a fugar- en la cochera del SIN. (Ver Carlos Rivera y Antonio Salazar, “Recusación y corrupción, IDL, Nº 596)

Este hecho muestra como se manejaban los dineros del Estado en la podrida dictadura que presidió Fujimori.

Cuando en octubre de 2000 el gobierno suizo anunció que se había encontrado una cuenta de Montesinos con millones de dólares, Fujimori se asustó y decidió devolver el dinero. El 2 de noviembre fueron convocados a Palacio de Gobierno Boloña, Jaililie y Bergamino y allí Fujimori entregó cuatro maletas con 15 millones de dólares, que no eran los mismos que Montesinos había recibido y que ya se había llevado.

Fujimori nunca ha explicado de donde obtuvo esos 15 millones de dólares.

No cabe duda alguna que Fujimori cometió un delito al apropiarse de 15 millones de dólares del erario para sobornar a su socio. Y que manejaba muchísimo dinero en efectivo cuya procedencia nunca ha explicado. El nuevo juicio será el escenario en el que tendrá que decirlo.

AL PARECER NO LOGRARON SUS OBJETIVOS/ Carlos Basombrío Iglesias

Todo parece indicar que la gigantesca campaña mediática del fujimorismo y su entorno para descreditar la sentencia a Fujimori no logró sus objetivos

Ya en la encuesta nacional de IPSOS Apoyo, las respuestas a la pregunta sobre si se estaba de acuerdo con los 25 años en prisión fueron muy diferentes al gato por liebre que quiso hacernos tragar uno de los tabloides fujimoristas dos días después de la sentencia. Resulta que lo que encontró IPSOS Apoyo fue que el 70% lo considera culpable y 27% inocente. En ese 70% están incluido los que piensan que la sentencia debió ser menor (25%), pero también – y son incluso más que los anteriores-  los que piensan que 25 años ¡fue poco! (26%).

Ahora la encuesta de la Universidad de Lima confirma el mayoritario apoyo a la condena a Fujimori.

¿Cuál debería ser la sentencia en segunda instancia? Sólo 11,6% pide que lo absuelvan. En cambio 52,9% pide confirmar la sentencia y un 27,3% adicional quisiera una rebajita pero que siga condenado. 7,3% pide declarar nulo lo hecho y empezar de nuevo a juzgarlo. En suma, el 70% de IPSOS Apoyo a favor de la condena sube ahora en Lima al 80%.

Hay más. En un país donde el Poder Judicial tiene la peor de las imágenes, un notable 47,2% dice que primó un criterio de justicia al dictar sentencia; asimismo, al vilipendiado juez San Martín lo apoya el 57,4%.

Es obvio que Keiko busca medrar con la sentencia a su padre y la mayoría de la gente se da cuenta. 53,5% dice que la sentencia la beneficia y un 38,2% que no. Es indudable que jugando al papel de la hija buena que lucha por su papi – y con la inmensa ayuda de los grandes medios de comunicación-  ha obtenido réditos políticos importantes.  Pero esta nueva encuesta empieza a relativizar también eso un poquito. La Universidad de Lima pregunta qué político le inspiran más confianza y es verdad que Keiko sale bien, pero 14,7% tampoco s como para saltar de alegría. Después de todo el “mudo” Castañeda está muy por encima con 21,7% y Toledo (9,7%) y Lourdes (9,6%) no andan muy lejos y sin hacer campaña.

Los fujimoristas aben que el juicio que viene por el robo de US 15 millones dólares al Estado para pagarle una “CTS” a Montesinos será demoledor para Fujimori. Para empezar porque las pruebas son abrumadoras y, además, porque dictador que roba es para mucha gente peor que dictador que mata (paradojas de la naturaleza humana).

Los fujimoristas ya no van a jugar limpio en los juicios que se vienen y van a tratar de patear el tablero. El pedido de recusación de los jueces tiene un doble propósito deslegitimarlos y dilatar los procesos. Es que después del los 15 millones vienen otros juicios, también demoledores políticamente hablando, ya que versan sobre otros  casos de saqueo del Estado.

¿Lograrán sus objetivos? El tiempo dirá. Por ahora sólo constatar que en la batalla política por la interpretación  de la sentencia han sido sonoramente derrotados. 

LIBRE ALBREDRÍO / En efecto, no está sólo… / Ramiro Escobar La Cruz

Tras la condena de 25 años que le dio el Poder Judicial el pasado martes 7 de abril, Alberto Fujimori Fujimori, es cierto, está acompañado, tal como han proclamado sus devotos y familiares. Pero no sólo por esa fe ciega y sorda que parece caracterizar a las huestes fujimoristas. Cuando figure en los libros de historia, como él mismo reclamó, deberá aparecer no sólo como ex presidente sino, además, como miembro notable, durante algunos años, del club de la impunidad, una selecta minoría que, afortunadamente, la Historia está a punto de disolver, disolver…

No son coincidencias. El mismo día en que Alberto Fujimori recibía su abultada pero justa sentencia, en Argentina otro tribunal exculpaba al ex mandatario Fernando de la Rúa, que estaba procesado por la muerte de 5 manifestantes en las protestas de diciembre del 2001. Dos días después, el 9 de abril, un tribunal de apelaciones de EEUU, autorizaba la extradición a Francia del ex ‘hombre fuerte de Panamá’, Manuel Antonio Noriega.

En esa misma jornada, desde Bagdad se informaba de manifestaciones en recuerdo del ex dictador Saddam Hussein, derrocado hace 6 años. Una mirada ligera –acaso bañada de luz naranja- podría sugerir que los autócratas o presidentes fallidos (como De la Rúa) las tienen de cal y arena. Pero lo que está ocurriendo es que, más allá de breves respiros, los impunes están perdiendo, en todo el globo, ese aire de perpetuidad que los adornaba.

Ya no pasan piolas, ya no pueden ocultarse bajo el sambenito de que ‘salvaron a la Patria’, ‘gobernaron desde el infierno’ (cuyas brasas ellos mismos alimentaron) o ‘cumplieron con su deber’. Está extinguiéndose, en alguna medida al menos, el mito del hombre providencial que ‘roba pero hace’ y que, en el caso peruano, podría traducirse bajo la tácita pero innombrable sentencia de que ‘mató a algunos, pero salvó al país”.

En Uruguay, desde noviembre del 2006 se encuentra preso (desde enero del 2007 cumple la condena en su casa) Juan María Bordaberry, uno de los grandes símiles políticos de Fujimori. Como nuestro crédito peruano del golpismo cívico-militar, este político del Partido Colorado condujo un auto-golpe de Estado el 27 de junio de 1973, con la diferencia que, 3 años después, sus propios socios lo expectoraron del poder.

¿De qué se le acusa a este pariente político del fujimorismo? Pues de casi lo mismo: del secuestro y la desaparición de varios opositores a su régimen, una mala costumbre clásica de quien, ya atornillado por la fuerza, asume que la historia lo absolverá o que los ciudadanos le perdonarán sus fechorías en el altar de la ‘seguridad nacional’. Muchos años después, sin embargo, la justicia comienza a volver para combatir la desmemoria.

De primera impresión, este ciclo parece abierto en octubre de 1998, cuando el generalísimo Augusto Pinochet fue arrestado en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón. Pero en los últimos días otro mensaje cifrado de la Historia pareció dar una señal, al informarse, el 31 de marzo, de la muerte de Raúl Alfonsín, el corajudo ex presidente argentino que ordenó procesar a la impresentable Junta Militar argentina.

Fue gracias a él que, por primera vez en América Latina, dictadores criminales de la peor laya como Rafael Videla, Roberto Viola y Emilio Massera fueron sentados en el banquillo acusatorio. Por supuesto, Alfonsín luego tuvo que recular en parte, debido a continuas rebeliones militares, sólo que, sin su gesto y decisión, quizás hoy todavía estaríamos viendo pasar delante de nosotros el aroma malsano de la injusticia.

Antes, incluso, autócratas militares como el colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975) y el venezolano Marcos Pérez Jímenez (1914-2001) también fueron procesados, pero no tanto por sus violaciones a los derechos humanos como por actos de peculado y corrupción. Ambos gobernaron en la década de 1950, un tiempo en el que unas cuantas detenciones, asesinatos y deportaciones todavía podían ser parte del menú político.

En cierto modo, Pérez Jímenez guarda un parentesco más cercano, en cuanto animal político, con Fujimori. Gobernó de 1952 a 1958 y en su prontuario se incluyen unas elecciones fraudulentas, una represión militante contra la oposición a través de la Dirección de Seguridad Nacional y el aplastamiento de la libertad de expresión. La contraparte, por supuesto, era la faraónica y política del Nuevo Ideal Nacional.

En virtud de ella, Caracas y otras ciudades venezolanas, se modernizaron, a un grado que asombró al mundo, pero el costo fueron la sumisión, el silencio, la conversión de la ciudadanía en un masa informe y opaca, incapaz de decirle no al benefactor. Era una política muy parecida a la del dominicano Rafael Leonidas Trujillo, a cuyas faldas por cierto, el general en desgracia huyó cuando en 1958 se le abrió un juicio político.

¿Es exagerado hacer esta odiosa comparación histórica? A diferencia de Pérez Jímenez, Fujimori se dio un auto-golpe, no tenía grado militar alguno y era, digamos, más tecnológico y sutil en su forma de reprimir a la oposición. Pero lo que sí lo hermana con este miembro del clan es que, hasta ahora, hay quienes sostienen el viejo estribillo de que ese señor hizo más por dicho país en años de dictadura que en decenios democráticos.

En otras palabras: que, en Latinoamérica, el precio del progreso pasa por la abdicación de la libertad, un contrabando que, en los últimos días, Keiko y sus seguidores nos han pretendido restregar por la cara, como si fuera un signo de modernidad política. Cuando en realidad es un viejo truco, de baja estofa moral y escaso peso intelectual, que al final apunta a querer convertirnos en zombíes sin memoria, en pordioseros de la democracia.

EL DULCE SABOR DE LA JUSTICIA / Carlos Basombrío Iglesias

La verdad que nunca pensé que fuese posible ver a Fujimori condenado a 25 años de prisión por los crímenes que cometió en su gobierno.

Recuerdo, como si fuera ayer, cuando hace 16 años atrás me llamó Ricardo Uceda, director de la Revista SÍ. Era, si no me equivoco, un nada propicio sábado por la tarde. Quería hablar urgente con nosotros. Yo era a la sazón miembro del Consejo Directivo de la CNDDHH. ¿Tiene que ser ahora mismo? Si, insistió Ricardo. Caballero no más. Hablé con Rosa María Mujica, la Secretaria Ejecutiva, la jefa, y ella convocó de urgencia a los miembros del Consejo y allí estuvieron de inmediato Pancho Soberón, Pablo Rojas, Ernesto Alayza, Ernesto de la Jara y otros más.

Uceda estaba con Edmundo Cruz y nos contaron lo que hoy es parte ya de la historia del Perú: sabían dónde estaban enterrados los cuerpos de los estudiantes de la Cantuta y había que desenterrarlos antes que los volviesen a desaparecer. Para eso se requería actuar rápido y que los organismos de derechos humanos participen del caso. Así fue, por supuesto, y así empezó toda esta larga historia.

No voy a entrar en detalles de cómo a lo largo de los noventa todo el poder se confabuló para encubrir y garantizar que no haya sanción para los asesinos. Sería largo enumerar la cantidad de cosas que hicieron y, además, hay decenas de gentes que en estos días lo están recordando mejor que yo.

Pero esa sensación de impotencia, de que nada se podría hacer, acabó abruptamente en el 2000 con el video de Kuori, el colapso del régimen y la huida de Fujimori. Por lo menos los autores materiales directos podrían ser sancionados, pero todos pensábamos que Fujimori, en Japón, sería inalcanzable para la justicia; que allí terminarían sus días en un cómodo exilio.

Pero no. En el que quizás pueda bautizarse como el capítulo más extrañó de la historia política del Perú o como el error más torpe que un político haya cometido, Fujimori se fue a Chile y no fue recibido como héroe, ni las masas en el Perú se levantaron pidiendo que regrese, sino que se activaron todos los mecanismos judiciales que hoy acaban con su condena.

¿Favorece esto políticamente a los fujimoristas? Quizás sí, quizás no -y escribo sobre eso en otro blog- por si a alguien interesa mi opinión.

Pero hoy no importa la política, hoy la justica ha triunfado.

AGRADECIMIENTO AL MAESTRO, A CARLOS IVÁN / Ronald Gamarra (invitado)

Qué mejor que esta fecha histórica, martes 7 de abril del 2009, el día que el dictador Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, para rendir homenaje a Carlos Iván Degregori, hoy pasando por momentos difíciles.

Qué mejor que hacerlo en palabras de Ronald Gamarra,  Secretario Ejecutivo de la CNDDHH y abogado de las víctimas, quien ha tenido un papel tan valioso en este histórico juicio.

Dice Ronald Gamarra con ocasión de la presentación del informe  anual de la CNDDHH

 "La elaboración del Informe Anual, como todo lo que hace la Coordinadora, como todo lo significativo que se produce en el movimiento de derechos humanos, es resultado de una obra colectiva. Son muchas las personas e instituciones involucradas en una labor de este tipo. La Coordinadora agradece a todas ellas por su invalorable colaboración. Pero esta vez queremos simbolizar en una persona toda esta impagable deuda de gratitud. Esa persona es un amigo conocido y profundamente querido por todos nosotros, y se llama Carlos Iván Degregori.

Durante muchos años, prácticamente desde el nacimiento de nuestro movimiento de derechos humanos, Carlos Iván Degregori ha caminado junto a nosotros, ha vivido entre nosotros, compartiendo nuestras aspiraciones y nuestras frustraciones, nuestros esfuerzos y nuestra lucha. Pero Carlos Iván, no sólo ha sido un compañero ejemplar y fraterno, ha sido además y sin afectar jamás la menor pose, un maestro. Ha sido y es nuestro maestro. Quiero decirlo con toda claridad: si hay alguien que en nuestro movimiento ha merecido y merece el título de maestro, por encima de generaciones y especializaciones académicas, ese es Carlos Iván.

Hoy, Carlos Iván afronta una prueba muy dura, que nos duele a todos en lo más profundo, realmente nos hiere en carne viva. Estamos contigo, querido hermano, en esta lucha que libras con sereno coraje, dándonos, sin proponértelo, una nueva lección de entereza. Estamos seguros de que superarás este momento difícil para seguir el camino aún largo que debemos cumplir. Hacemos fuerzas para que pronto te vuelvas a encontrar entre nosotros, porque te queremos, te admiramos y te necesitamos tanto". 

EL PRESIDENTE Y LAS ELECCIONES: ¿UNA CONFESIÓN SINCERA?/ Samuel B. Abad Yupanqui

“Serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis (…) las autoridades políticas (…) que realicen algún acto que favorezca o perjudique a determinado partido o candidato”. 

Así lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones (artículo 385.a), pues se trata de una grave conducta que afecta el principio de neutralidad y erosiona un régimen democrático donde las autoridades deben mantenerse imparciales y garantizar unas elecciones libres y competitivas, sin exclusión ni privilegio alguno. Por ello, cuando escuchamos las declaraciones presidenciales nos preguntábamos si ese dispositivo, llegado el caso, se aplicaría a nuestro mandatario que hace unos días no tuvo reparo en afirmar que ha demostrado que “puede evitar que sea Presidente quien él no quiera”. Toda una confesión sincera. Veamos.

La neutralidad de los funcionarios y servidores públicos durante los procesos electorales es un principio que debe guiar la actuación de la administración pública, especialmente de las autoridades políticas, y constituye la contrapartida del derecho de participación política en condiciones de igualdad. Se afecta la neutralidad cuando una autoridad o funcionario público realiza actos que favorecen o perjudican a un candidato o a una determinada agrupación política. Esto sucede, por ejemplo, cuando se usa recursos o bienes públicos, se realiza proselitismo político, se llevan a cabo acciones de hostigamiento o, en general, cuando se aprovecha del cargo o la función pública. La experiencia peruana ha sido muy rica  y “creativa” al respecto; por ello, lo afirmado por el Presidente no es nada extraño. Así, ha sucedido en muchos casos en el país con nuestras autoridades. Sin embargo, la pregunta que se plantea es qué se puede hacer para evitarlo y qué medidas efectivas existen en la actualidad.

Por un lado, hay que tomar en cuenta que la violación de la neutralidad durante un proceso electoral acarrea responsabilidades civiles, administrativas y penales. Sin embargo ellas en la práctica no suelen aplicarse, los procesos son exageradamente lentos o, sencillamente, nunca se denuncia.

De otro lado, si el Presidente de la República es quien pretende perjudicar a un candidato, lo puede hacer sin mayores problemas. El se encuentra “blindado”. Y es que el artículo 117 de la Constitución señala que sólo puede ser acusado durante su mandato por delitos puntuales: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, o impedir su reunión o funcionamiento, o de los organismos electorales. En esta relación no se encuentra la violación del principio de neutralidad y, por tanto, si la comete no podrá ser denunciado durante su periodo de gobierno. Es decir, el Presidente puede poner en práctica lo que dice y lograr su objetivo sin ningún impedimento ni sanción inmediata.

Por ello, es que se ha propuesto establecer sanciones efectivas que eviten que esto suceda. Así por ejemplo, sería importante facultar al Jurado Nacional de Elecciones a aplicar sanciones efectivas que pueden ir desde una multa hasta la exclusión de la contienda electoral de la agrupación a la que pertenece el Presidente. Sin embargo, para ello, se necesitaría de una reforma legal que hasta el momento no se produce. 

En definitiva, es importante evaluar lo ocurrido en lo últimos años y las recientes declaraciones presidenciales para establecer los mecanismos necesarios que eviten que la historia se repita. ¿Se animará el Congreso a hacerlo o seguiremos teniendo que escuchar este tipo de declaraciones y ver como ellas se materializan? 

JUICIOS ¿PARALELOS? / Samuel B. Abad Yupanqui

Uno de los argumentos utilizados en las últimas semanas para tratar de erosionar la legitimidad de la Sala Penal que viene juzgando al ex-Presidente Alberto Fujimori, es que la presión de los medios de comunicación afectaría la imparcialidad de dicho tribunal pues la prensa ya lo ha condenado. Nada más inexacto.

Suele hablarse de un “juicio paralelo” o “juicio de papel” cuando los medios de comunicación se erigen como “jueces” y anticipan la culpabilidad o inocencia del acusado o desacreditan el proceso a fin de influir en la decisión del tribunal trastocando su imparcialidad; de esta manera, toda persona puede conocer anticipadamente que se dictará sentencia en los términos difundidos (LATORRE Virgilio, “Función jurisdiccional y juicios paralelos”, Madrid: Civitas, 2002, p.105).

 Como puede apreciarse, el “juicio paralelo” se presenta cuando la influencia de los medios de comunicación resulta determinante o decisiva para presionar o influir en la resolución del juez perturbando su función jurisdiccional. Su presencia suele ser más delicada en aquellos países donde existe el Jurado, es decir, un grupo de personas elegidas aleatoriamente que se pronunciarán por la inocencia o culpabilidad del acusado. Por ello, se trata de evitar su “contaminación” pues ello atentaría contra su imparcialidad.

 En la experiencia comparada se han presentado casos famosos. Así por ejemplo, en los Estados Unidos en el proceso seguido al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson por el presunto asesinato de su ex esposa y de un amigo de ella, el Jurado emitió un veredicto de “no culpabilidad”, pese a existir indicios razonables de su responsabilidad. En España sucedió lo contrario, Dolores Vásquez, la presunta acusada, fue indebidamente detenida y condenada por el asesinato de una joven en Málaga. Ahí también intervino un jurado. Meses después Dolores fue absuelta y ahora reclama una indemnización al Estado. Una situación similar no ocurriría en el Perú pues no contamos con un régimen de jurados.

Para referirnos a un “juicio paralelo” hay que evaluar si el proceso penal tiene carácter público o es reservado. Si el proceso es público los medios de comunicación tendrán todo el derecho de informar sobre su desarrollo contribuyendo a la formación de una opinión pública libre. Esto es precisamente lo que ocurre con el juicio al ex-Presidente de la República, pues dicho proceso tal como lo dispone la Constitución debe ser público por referirse a un alto funcionario e involucrar derechos humanos (artículo 139.4). Es decir, insistir en cuestionar la intervención de la prensa desconoce el carácter público de este tipo de procesos.

 La propia conformación y actuación de la Sala Penal apreciada a lo largo de las diversas audiencias públicas permite adelantar que su decisión se justificará en razones jurídicas y no en la alegada presión mediática. Nadie, salvo quienes tienen intereses particulares, podrían pensar que los integrantes de la Sala Penal, que cuentan con una larga trayectoria judicial podrían ver perturbada su función jurisdiccional por la opinión de algunos medios de comunicación.   

 ¿Los juicios paralelos pueden afectar derechos? Sin duda, como el honor, la imagen, la presunción de inocencia y, en general, el derecho a un juicio justo. Sin embargo, en el proceso al ex Presidente Fujimori no existe una condena mediática que decidirá el sentido de la decisión de la Sala. La sentencia que en su momento se dicte y que necesariamente será pública permitirá apreciar y evaluar las razones utilizadas para resolver un caso de especial trascendencia en un régimen democrático.

 En definitiva, existen fundadas razones para tener confianza en la independencia del tribunal. Es obvio que la estrategia de defensa del acusado pretende deslegitimarlo, pese a que desde el principio reconoció la calidad de los vocales que lo integran. Por ello, pretender “convertir” este proceso judicial en un “juicio paralelo” resulta simplemente inexacto.