¿DESCRIMINALIZAR LA PROTESTA? / Gustavo Carrión Zavala

Debemos iniciar estas líneas reconociendo el derecho a protestar contra aquello que represente o se asuma como un exceso o abuso del estado en perjuicio de ciudadanos o colectivos organizados. Si la protesta significa sólo ello, protestar, obviamente que no comporta ningún riesgo de ser considerado un acto criminal y en cuyo caso no habría nada que descriminalizar, pero si en el desarrollo de la misma, se afectan derechos de los demás ciudadanos, como interrumpir las vías de comunicación, agredir a la policía, atentar contra locales públicos, afectar la propiedad privada, apedrear vehículos de servicio público o de propiedad particular, afectar la indemnidad de las personas que no quisieran plegarse a la protesta, saquear comercios, y todas aquellas acciones que están tipificadas en la ley penal del país y de darse las circunstancias tratados recientemente a través de los procesos sumarios en flagrancia, de lo que se está hablando es de derogar todas las leyes que castigan estos delitos si fuesen cometidos durante una protesta. Estamos, por la propuesta de una candidata presidencial, de vuelta a la barbarie y a la impunidad de todos quiénes deciden realizar protestas violentas y atentatorias contra el orden público nacional.

Queden notificados los miembros de la Policía Nacional, que de prosperar la promesa electoral, los criminalizados serán los policías que “osasen” emplear los elementos compulsivos que la ley les faculta usar, cuando se tenga que coercer con el rigor estrictamente necesario para recuperar el orden público alterado o para evitar danos mayores en casos de protestas que adquieran características violentas, pero que por la derogación de las leyes que se ofrece derogar, dejarán como únicos infractores, precisamente a quiénes la constitución y las leyes le han encargado mantener el orden interno, el orden público y restablecerlos en caso sean alterados.
Insisto, para que no quede resquicio de duda, si la protesta es legítima y legal y se adelanta en términos de normalidad y de protesta pura, no se necesita derogar ninguna ley criminalizadora, pues estas están dirigidas a quienes cometen delitos sin discriminar la circunstancia en que estos sean perpetrados. Si se “descriminaliza la protesta”, los que con el pretexto de protestar a favor de una universidad en Huancavelica, agredieron criminalmente a policías dejándolos con graves riesgos para la vida de estos servidores, los que protestaron violentamente y con afección de los derechos de los demás en los casos de conga y tía maría, los que tomen vías públicas impidiendo el derecho constitucional al libre tránsito, los que ataquen locales públicos o privados durante protestas, los que pongan en riesgo la vida de otros ciudadanos, y en fin toda la violencia criminal que suele caracterizar las protestas en el país, gozaran de la impunidad que les daría la derogación de la ley penal que castiga estos actos y obviamente pondría en desventaja a los miembros de la policía nacional, que en cumplimiento de sus funciones tengan que hacer prevalecer las leyes de orden público y recuperar la tranquilidad alterada.
La oferta descriminalizadora de la protesta, provocará de efectuarse, que los policías se inhiban de intervenir por el temor de ser ellos los procesados y paso a paso se configurará un escenario parecido al de Venezuela, en el que las fuerzas del orden terminan estando del lado de la protesta a favor del régimen imperante y dejando en total desventaja a quién piense de manera diferente.

TRIBUTO A JULIO CESAR MEZZICH / GUSTAVO CARRION ZAVALA

En los últimos días ha venido circulando registros fílmicos de la candidata a la presidencia por el frente amplio Verónica Mendoza, durante un evento conmemorativo a los cincuenta anos de fundación de vanguardia revolucionaria, movimiento de izquierda marxista que luego formaría, con otras agrupaciones, el Partido Unificado Mariateguista. La presencia de la entonces precandidata a la nominación de la fórmula presidencial del frente amplio, no tendría nada de cuestionable, si atendemos a su declarada ideología y que asistía a un acto en el cuál estaban representados otrora movimientos de izquierda, posiblemente precursores de las actuales organizaciones de la llamada izquierda peruana. Es presumible que la candidata tampoco hubiese estado alertada que durante el desarrollo de esta reunión, el historiador Antonio Zapata, que también perteneció a las filas de vanguardia, se haya referido a antiguos militantes y entre ellos a Julio Cesar Mezzich. Para recordar brevemente, Julio Cesar Mezzich fue integrante de Vanguardia Revolucionaria y luego lideró movimientos campesinos del sudeste andino, que terminaron incorporándose a Sendero Luminoso. Julio César Mezzich, no sólo  se incorporó a Sendero Luminoso, logró hacerse de un espacio importante en esta organización criminal, convirtiéndose en el segundo al mando y responsable de la conducción militar, y como tal haber participado en asesinatos de campesinos y policías, tal como sucediera en Vilcashuamán, en donde al mando de este criminal, aproximadamente 300 terroristas atacarón la línea de la entonces Guardia Civil en Vilcashuamán, asesinando policías, entre ellos al jefe de línea Alférez Guardia Civil Molero Miranda.

Cuando Antonio Zapata hizo referencia a Mezzich, recibió aplausos de la concurrencia, lo que convertía el acto en tributo a un senderista asesino que debió provocar el rechazo e indignación de la señora Mendoza y abandonar inmediatamente la reunión. Pues ello no sucedió y cuando cedieron el uso de la palabra a la ahora candidata presidencial por el Frente Amplio, tuvo la oportunidad histórica de deslindar públicamente con los asesinos terroristas y su incomodidad por haberse desvirtuado el acto de conmemoración del cincuenta aniversario de Vanguardia Revolucionaria, convirtiéndose en un tributo al segundo hombre en importancia de Sendero Luminoso, organización terrorista criminal que tanto daño ocasionó al país.
Parece ser que a la senora Mendoza le resulta difícil deslindar con movimientos que pudiesen estar representando un peligroso referente, no deslindó claramente con la dictadura venezolana de Chávez y Maduro y no se atrevió a mostrar su indignación al no habérsele advertido que la celebración de Vanguardia Revolucionaria, comportaba la mención al asesino senderista Julio César Mezzich.

¿PEOR TRATO A LA POLICÍA? , IMPOSIBLE / Gustavo Carrión Zavala

Con asombro gigante, nos enteramos las primeras horas del nuevo año, las barbaridades que se cometían contra la institucionalidad en la Policía Nacional, al aprobarse tres ascensos al Grado de General, por, según los considerandos de las resoluciones, Acción Distinguida. Y en qué consistían estas supuestas excepcionales y meritorias acciones, las mismas que se cumplen diariamente y que no comportan ni la puesta en riesgo de sus vidas y mucho menos hechos trascendentes para la vida institucional. Una de las acciones distinguidísimas que, sustentan la promoción al grado de general, es la de haber logrado desalojar ambulantes de algunas cuadras de la Avenida Aviación. Nos hacemos cargo de la congoja de muchos policías, que por hechos de mayor riesgo han solicitado su promoción por acción distinguida y han recibido la negativa institucional para concedérselos. Pareciera que para el titular del Ejecutivo, la policía trabaja pesimamente, que cuando se logra una acción como desalojar ambulantes, es necesario premiar al Jefe tardío del operativo con su ascenso al máximo grado en la escala policial.

Pero este atentado contra la institucionalidad ha tenido tramas inverosímiles que pretenderemos resumir:

-          Las nuevas normas que regulan los ascensos por acción distinguida, describen muy bien las características extraordinarias de los hechos para otorgar este estímulo, una sola vez en toda la carrera y sólo hasta el grado de Comandante. Esto obviamente elimina como candidatos a este ascenso extraordinario a los aspirantes al grado de General. Estas normas y su reglamentación entraban en vigencia el primer día del 2016, ergo, los ascensos debían producirse hasta el último día del 2015, para poder sustentarse en un conjunto de normas dispersas que no contemplaban la restricción, de hasta el Grado de Comandante.

-          Como resulta lógico suponer, los ascensos tienen vigencia el primer día del 2016, por tanto el hecho mismo de la promoción entraba en lo considerado en la nueva normativa. Lo que queremos significar, es que conociéndose que el ascenso se produciría el 2016, no puede sustentarse en legislación o normas anteriores, pues no había urgencia de hacerlo, debieron respetar el espíritu de la nueva normativa  y si existía la voluntad de premiar con el ascenso a estos tres, entonces coroneles, debieron promoverlos en el proceso ordinario de selección y promoción. Entonces surge otro impedimento, ninguno de los tres calificaba para ascensos en procesos ordinarios, por no haber adelantado el obligatorio Curso para Coroneles y por tener alguno de ellos procesos investigatorios en curso.

-          Lo cierto es que no se ha producido en ninguno de los tres casos, hechos extraordinarios que ameriten esta promoción, que se han forzado apresuradamente las motivaciones y resoluciones, que esto no obedece a ningún criterio meritocrático y que es producto de un abuso de la condición de Jefe Supremo de la Policía que recae en el Presidente de la República, que va a provocar la desazón de la mayoría de policías que se esfuerzan por realizar bien su trabajo, y que finalmente estamos seguros el Presidente no se hubiese atrevido a semejante despropósito si se tratara de ascensos en las Fuerzas Armadas. En este caso ha contado con la total obsecuencia del Ministro Pérez Guadalupe y ha obligado al Director General  a, como se dice coloquialmente  “tragarse este sapo”.

-          El otro caso verdaderamente preocupante, es el de promocionar al Grado de Teniente General, al General Eleuterio Díaz, que en la revisión de sus méritos, el más saltante es el de ser familiar muy cercano del Suboficial en retiro Díaz Mego, pariente político cercano de la esposa del Presidente Humala. Si se animan a conocer de cerca las virtudes de este General, traten de entrevistarlo y se darán cuenta de las dificultades que tiene para poder expresarse con corrección o para articular ideas que puedan liderar la conducción de una institución  encargada de una función tan delicada, como es el mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos.

La policía no sólo necesita inversión en equipo, mejoras en las condiciones laborales, mejoras remunerativas y todo aquello que haga posible el cumplimiento de sus funciones, necesita respeto a su institucionalidad, fortalecer la meritocracia y no dejar una quinta columna de generales que obtienen su promoción por favorecimientos que nada tienen que ver con la calidad profesional.

¿CONTROL DE DAÑOS?/ Gustavo Carrión Zavala

Cuando en Octubre de este año se detuviera al Teniente EP Wilmer Eduardo Delgado Ruiz, al haber sido encontrado favoreciendo el Tráfico de Drogas en el VRAEM, cobrando por avioneta que llegaba a la zona donde se desempeñaba para recoger droga y transportarla hacia Bolivia y Brasil, a nadie se le ocurría que este Oficial de baja graduación trabajaba delictivamente por su cuenta.

En una organización tan vertical como el Ejército, resulta imposible suponer que un teniente se convierta en el eje principal de un acto de corrupción tan grande. Era obvio, que este oficial respondía a una bien estructurada red de favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas, en una zona que se ha convertido en la de mayor producción de drogas cocaínicas del país y que le ha generado al Perú el nada apreciable primer lugar en el mundo en comercialización de estas drogas.

Las comunicaciones que la DIRANDRO interceptara al Teniente, sugieren sin duda que habían más elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en el delito y que conforme avanzaran las indagaciones, serían comprendidos todos los responsables, tanto por acción como por actitudes permisivas. En esta oportunidad, no se dijo con presteza, como si sucedió con el caso López Meneses, que se trataba de un hecho de corrupción policial. En este caso se actuó con la “prudencia”, que permitiese controlar  danos en el Ejército Peruano, institución a la que pertenece en condición de Oficial en Retiro el actual presidente y se fueron anunciando medidas graduales, que aparentemente no se relacionarían con el hecho. Alguna de ellas:

-          Se anunció, que la conducción de las acciones en el VRAEM, iban a ser trasladadas paulatinamente a la Policía. Esto trae una lógica antigua, no podía continuar en manos de militares, no preparados para la persecución del crimen, la conducción de la acciones que incluían el mando sobre unidades policiales. Obviamente que si se quería favorecer el arribo y despegue de aeronaves con fines de transporte de droga, el comando militar tenía que mediatizar la acción de la policía. No son pocas las referencias, de órdenes de no patrullaje a aeronaves policiales  por parte del Comando VRAEM, cuando estos vuelos coincidirían con el arribo de vuelos clandestinos. Además, siempre se estimó que la experiencia del Alto Huallaga, en donde con base a un paciente  trabajo de pesquisa policial, se logró no sólo acabar con uno de los últimos reductos de sendero luminoso, se controló la producción y comercialización de drogas cocaínicas y que esta estrategia debía replicarse en el VRAEM. La renuencia para dejar el VRAEM por parte de las FFAA, tuvieron mil pretextos, que la zona es diferente, que los remanentes de sendero justifican la presencia y conducción de las operaciones por parte de los militares (a propósito, resulta inexplicable que después de casi veinte años de presencia militar en el VRAEM, las fuerzas armadas no hayan podido derrotar a un reducido número de seguidores de los Quispe Palomino, dedicados más a protección de narcotraficantes que a la acción política revolucionaria).

-          La mayor cantidad de la droga producida en el VRAEM, no sale por vuelos clandestinos por la poca capacidad de las aeronaves para transportar carga, sale por los Puertos Marítimos , especialmente por el Callao, lo que generó una lucha sin cuartel entre organizaciones criminales, para hacerse del control del puerto y poder sacar la mayor cantidad de droga hacia mercados más competitivos en términos de valor final de la cocaína. Después de asistir a graves  hechos de sicariato, crímenes y venganzas entre estas organizaciones, se decidió declarar en Emergencia la Región Callao, para dar un mayor margen de acción a la policía, más aún, si en una de las comunicaciones interceptadas al temible y prófugo delincuente de alias “caracol” uno de los que controla las actividades ilícitas en el puerto, sugiere que la droga era trasladada hacia la costa en aeronaves militares. Resulta entonces, que la corrupción militar en el VRAEM, se convierte en tributaria directa de la particular situación de violencia que se vive en el Callao por el control del tráfico de Drogas y sin decirlo, era necesario ir adoptando medidas que no afectaran frontalmente al Ejército.

-          El relevo del Comandante General del Ejército, a menos de tres meses de haber asumido el mando y a través de una explicación poco convincente (que cumplía tiempo de servicios), pues ello se sabía hace tres meses en cuyo caso no debió fragilizarse la organización con designaciones episódicas, nos está diciendo que se le responsabiliza por lo que viene sucediendo en el VRAEM, pero hay que disimularlo, para no afectar a la Institución.

estas, entre otras decisiones del Presidente Humala, nos hacen tener la convicción que se trata de controlar danos en las Fuerzas Armadas.

Un apreciación complementaria, si a este hecho de corrupción militar, se le adiciona lo ya dicho que las fuerzas armadas no están preparadas para actuar en temas de persecución del crimen y seguridad ciudadana, si estimamos que por mediciones hechas por Ciudad Nuestra y el Barómetro de las Américas, el 22% de la población penitenciaria del país ha pasado por la experiencia del Servicio Militar, si la corrupción militar se ha convertido en tributaria a la violencia que se vive en los puertos (Callao, Santa, Casma), seguirán algunos candidatos sosteniendo que la mejor respuesta a la inseguridad es sacar a las Fuerzas Armadas a las calles.

¿MILICIAS? / Gustavo Carrión Zavala

Con ocasión de las elecciones generales del próximo año, los partidos y agrupaciones políticas vienen presentando sus propuestas a fin de resolver los urgentes problemas que agobian al país. Qué duda cabe, la inseguridad es uno de los problemas sentidos por la población que demandan la primera preocupación, en razón al crecimiento exponencial de la violencia criminal, la aparición de crímenes de nueva generación y el aumento del crimen de bagatela que asusta a los ciudadanos y les impide llevar a cabo sus actividades con normalidad.

Una propuesta que llama seriamente la atención, es la esbozada por el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuna, al ofrecer conformar una fuerza compuesta por 50,000 (cincuenta mil) efectivos, captados entre licenciados de las fuerzas armadas, reservistas y rondas campesinas, rentados por el Estado para que se integren a la lucha contra la inseguridad.

En términos concretos, lo que propone es la creación de una milicia en el ámbito del Estado. Ya el hecho de ofrecer una milicia oficial, constituye una seria afección al estado de derecho y un riesgo para la incipiente democracia y se agrava cuando estaría compuesta por licenciados de las fuerzas armadas, reservistas y ronderos, ninguno de los cuáles tiene habilitación para actuar con propiedad en asuntos de protección de vidas, bienes y ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos.

Los licenciados son personal de tropa del Ejército que culminaron con el servicio militar obligatorio o voluntario, según la fecha en la que sirvió; los reservistas son los que no integraron el activo del Ejército, pero que fueron entrenados fines de semana  como soldados para integrarse a filas, cuando se produzcan enfrentamientos con ejércitos de otros países, es decir, ambos grupos habilitados básicamente para la guerra. En cuanto a ronderos, la mayoría de ellos pasó también por el servicio militar, y si bien es cierto jugaron un papel importante en la lucha contra Sendero Luminoso, su actuación después de la violencia subversiva, ha sido sumamente cuestionable, en razón a haber desarrollado una suerte de justicia popular que deviene obviamente en hechos criminales.

Otro aspecto alucinante de la propuesta, es lo que costaría el sostener una milicia de 50000 hombres, pagados con presupuesto público y a los que obviamente tiene que dotárseles de armas de fuego. ¿No sería mucho más sensato y legal, utilizar esos recursos en mejorar los ingresos de los policías para poder recuperar la exclusividad del servicio policial o invertir recursos en formar mejores policías?

Lo más grave de la propuesta, es la de crear una fuerza que pueda tornarse inmanejable y que llegado el momento, se enfrentarían a los propios policías. Podremos imaginarnos de qué lado se pondrían estas milicias si se produjeran conflictos como los de Conga y Tía María.

La propuesta no resulta tan original, pues la actual administración, antes de asumir el poder el 28 de julio del 2011, ofreció constituir la policía rural, sobre la base de rondas campesinas y organizaciones de autodefensa, felizmente llegados a gobernar se olvidaron de este disparate.

A todas luces, la oferta de una milicia no sólo es impracticable, ilegal y peligrosa, pero qué duda cabe que suena bonito, electorero y capta la atención de quienes apuestan por una suerte de justicia popular.

¿CHAPA TU CHORO? / Gustavo Carrión Zavala

Estamos asistiendo a un alarmante estado de crispación popular, frente a la inseguridad , la violencia empleada por los criminales y a la falta de respuesta eficaz de las agencias que tienen que ver con la persecución del crimen, que ha promovido peligrosas iniciativas de justicia popular, acercándonos a la barbarie en términos de institucionalidad y civilización.
Entendemos que la población esté crispada y cansada de ser un número en las estadísticas de victimización, cansada de tener que reducirse a espacios menores para no exponerse al peligro, cansada de resignar su vida ciudadana en una democracia que cada vez se aleja mas de ser tal, habida cuenta que no pueden ejercer sus derechos y libertades, cansada de los discursos que dan cuenta de una inexistente política de seguridad ciudadana, cansada del juego del “gran bonetón”, por el cuál las agencias que deben mantener la indemnidad de las personas, se acusan recíprocamente de las fallas del sistema.
No queremos significar que las fallas de las agencias de seguridad (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Inpe), sean causantes de la acción criminal, pero qué duda cabe, que la corrupción que impera en ellas está directamente vinculada al crecimiento del crimen por los espacios de impunidad que se generan. Todo lo dicho, no justifica en forma alguna, la adopción de medidas punitivas por la misma población, ello además de configurarnos como una sociedad primaria, retaliará la violencia en un espiral sinfín.
La experiencia nos dice claramente, que ni el aumento de sanción penal, ni la supresión de beneficios penitenciarios han logrado frenar la acción criminal. Tampoco el extremo ilegal, de ejecuciones extrajudiciales que se habrían adelantado en Trujillo y de las cuáles fuese acusado quién hoy ejerce la alcaldía provincial de esa ciudad, entonces oficial en el activo de la policía nacional.
En otro extremo, las anunciadas medidas disciplinarias para policías que incurran en actos de corrupción, ya se han efectuado con anterioridad sin que las mismas logren disuadir a los policías ganados por la sub cultura delictiva. En cuanto a ministerio público y poder judicial, los órganos de control no logran contener la actuación corrupta de muchos fiscales y jueces, lo que denotaría que resulta casi inoficioso pretender corregir por mano propia y los responsables de estas instituciones, siempre dirán que se trata de algunos miembros de la institución equivocados pero que no la comprometen, convirtiéndose en argumento tautológico y sin sustento en la realidad.
Con las anotaciones precedentes, lo que pretendemos es orientar la crispación popular, para que no incurran en sanciones directas a los delincuentes en una suerte de justicia popular, y que orienten la energía de la protesta a denunciar públicamente a policías, fiscales, jueces y agentes penitenciarios que incurran en actos de corrupción y generen espacios de impunidad con ellos, para que los órganos de control se vean obligados a limpiar las instituciones. Una suerte de veeduría ciudadana que simbólicamente signifique: “chapa tu policía, fiscal, juez o agente penitenciario corrupto”.

¿RESCATANDO A THOMAS HOBBES? / Gustavo Carrión Zavala

En los últimos días, asistimos a declaraciones de dirigentes políticos que aspiran a convertirse en presidentes del Perú, que intuyo, desean congraciarse con la crispación popular por la inseguridad que se vive, proponiendo que las Fuerzas Armadas se ocupen de las tareas de seguridad de los ciudadanos. Digo crispación popular, pues el ciudadano de a pie, en su desesperación,  opina y clama por la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución del crimen y en el patrullaje con fines de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Se puede entender que los ciudadanos en su desesperación ante la inoperancia de las agencias estatales que tienen que ver con la seguridad ciudadana (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e Inpe), opten por una solución maximalista y que sea la fuerza armada la que se encargue del patrullaje de las ciudades y que sea parte sustantiva en la oferta por servicios de seguridad.
Es explicable que los ciudadanos, no se detengan a pensar que los países que optaron por estas medidas de militarizar la respuesta a la inseguridad, han concluido en un baño de sangre, que era de estimarse,  si se entiende que los militares están formados para la guerra y no para aspectos que tengan que ver con la seguridad en las ciudades. Leía una propuesta desarrollada por un oficial del Ejército, que por estar en el activo no se identificaba, justificaba que fueron las fuerzas armadas mexicanas las que capturaron la última vez al narcotraficante conocido como el “Chapo Guzmán”, lo que no decía el militar es que frente a este singular positivo, se tendrían que contar por miles las víctimas que quedaron en medio de esta lucha contra el crimen con la participación de militares.
Si bien es cierto que nos explicamos las demandas de los ciudadanos por mayor seguridad y que en esa desesperación, sean capaces de pedir que militares y sus pertrechos sean utilizados como parte de la oferta de seguridad, no podemos tener la misma contemplación con los políticos, que suponemos en afán electorero, pretenden rápidamente colgarse de la crispación popular para ofrecer, de llegar al poder, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para luchar contra la inseguridad.
El ex presidente Toledo ha declarado esta intención hace breves días, un vocero del candidato PPK también afirmó en una entrevista que la policía militar ( un cuerpo diminuto dedicado al cuidado de los cuarteles y locales militares) podrían ser empleados en seguridad ciudadana, y ahora el anunciado candidato Cesar Acuna Peralta, también recurre a este populismo en los ofrecimientos, renunciando a proponer el fortalecimiento de las instituciones que han sido concebidas para , prevenir, indagar el crimen, acusar, sancionar penalmente y administrar la ejecución de las penas y es por ello que me sorprende que cuatro siglos después que Thomas Hobbes, filósofo y politólogo inglés, además de declarar que el “miedo y él nacieron gemelos”, por el temor a la temible armada invencible española, concretara este miedo proponiendo en su obra cumbre el “Leviatán”, que los ciudadanos tienen que renunciar a sus libertades para entregarle al estado la responsabilidad de protegerlos, pero que no podrían exigirle explicaciones a ese Estado, si en el propósito de protegerlos cometen excesos. En otras palabras poder absoluto del Estado para ofrecer seguridad, aun cuando los excesos llegasen a afectar a ciudadanos ajustados a derecho y sin vínculo con la violencia o el crimen.
Como resultaba obvio, la obra de Hobbes fue acusada de absolutismo político y rechazada frontalmente, incluyendo quema de sus libros. Sería sumamente imaginativo suponer que Hobbes, presintiera que cuatro siglos después, en un país llamado Perú, los aspirantes a dirigirlo, no han encontrado otra propuesta que sacar a las calles con fines de seguridad ciudadana a los miembros de organizaciones, concebidas y entrenadas para la guerra, sin importarles las consecuencias que se deducirán de tan absolutista medida, en la que quedarán sin duda lesionados y afectados que nada tienen que ver con el crimen y la inseguridad.

A PROPOSITO DE LA FORMACIÓN POLICIAL/ Gustavo Carrión Zavala

Estimé pertinente dejar pasar algunos días, a partir de la afirmación que no se necesita policías muy preparados para  “perseguir carteristas” o que para ser policías no se necesita saber” física cuántica”. Intuía en estas afirmaciones una suerte de desprecio por la función policial y por lo que ella comporta. Desprecio que por otro lado, no resulta ser novedoso en interpretación de un militar. Recurriendo a los sucesos que tuvo que sufrir la policía en regímenes militares o militarizados, encontramos la decisión del llamado “gobierno revolucionario de las fuerzas armadas”,  que lideró Juan Velasco Alvarado, de disminuir el período de formación policial en el nivel de oficiales, a tres anos, quitándole la equivalencia de estudios superiores universitarios. Ante la reacción de los policías, tuvieron que modificar las leyes orgánicas que como decretos legislativos, habían sancionado para regir a las entonces fuerzas policiales. En el mismo periodo, se produjo un fuerte levantamiento policial (5 de febrero de 1975), que además de reclamar mejoras salariales, fue motivado por el maltrato (agresión física) que recibiera un cabo de la entonces guardia civil, por parte de un general del ejército de apellido Ibáñez, quien fungía de jefe de la casa militar de palacio de gobierno. Posteriormente, y durante el militarizado gobierno de Fujimori, se cerraron las escuelas de formación de la  policía provocando las distorsiones en el número de policías que se arrastra hasta la actualidad. Son algunos de los hechos, que nos permiten sostener el desprecio que siempre han tenido las autoridades militares respecto a la policía y a la función que cumplen.

Quisiéramos expresar brevemente en que se sustenta la función policial. La finalidad de la policía, no sólo la peruana, de todas las policías en el mundo, no es otra que la de mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y en el ejercicio de libertades y derechos. En el caso peruano, la constitución tiene una inspiración “jus naturalista”, que reconoce a la persona humana derechos anteriores a la misma sociedad y al mismo estado, cuando en su artículo primero sostiene que  “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es el fin supremo de la sociedad y del estado”. La persona tiene derechos inherentes a su calidad de ser humano, y el estado se organiza para protegerla. Una de las organizaciones generadas para así hacerlo, es precisamente la policía nacional, inspirada en la necesidad de promover la convivencia pacífica, asegurar el cumplimiento de las leyes y que las personas encuentren el medio propicio para desarrollarse. Resulta entonces que, el agente o funcionario de policía, tiene que estar profundamente identificado con la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Si sostenemos que para perseguir carteristas no se necesita mayor formación, estamos sin decirlo, sosteniendo que hemos retirado a ese carterista la condición de persona humana, y sólo estamos pretendiendo que se actúe en atención a la violación de la ley que está cometiendo y por ello, quién debe perseguirlo no debe detenerse en consideraciones interpretativas de la constitución, solamente debe emplear la coerción empleando para ello los medios contundentes necesarios.  Ahora si podemos entender, la reacción poco sensata del policía que disparó en Cajamarca a un ciudadano que se resistía a un desalojo de la vivienda que ocupaba y que le ocasionara la muerte. Este policía, poco y mal preparado resulta absolutamente incompetente para defender a la persona humana y respetarle su dignidad.

Cuando se sostiene con ironía, que para ser policía no se necesita saber de física cuántica, tenemos que consentir que ello es verdad, no se necesita formar  a los policías en una rama alternativa a la física formal, que pretende explicar la totalidad de los eventos que puedan producirse a partir de la molécula, el átomo y cuyos estudios han permitido ser aplicados en técnicas médicas para mejorar la salud de las personas. Igualmente es cierto, que los físicos cuánticos no necesitan aprender técnicas policiales para defender a la persona humana en sus relaciones convivenciales. Pero es igualmente cierto, que los policías tienen que ser formados en el desarrollo de sensibilidades especiales, que le hagan comprender sin hesitación alguna, que lo de ellos es defender la vida de las personas, aún cuando algunas de ellas incurran en infracciones a la ley penal.

Nos hacemos cargo que la crispación popular, muchas veces exige mayor severidad frente a los delincuentes y que incluso esta crispación se revela en el hecho de haberse elegido en una ciudad del norte del país a un alcalde, que cuando estuvo en el activo de la policía, fue acusado de haber ejecutado extrajudicialmente a delincuentes, y que probablemente ello haya sido determinante, para que en su momento se le ascienda por acción distinguida. Si ese es el temperamento a seguir y las autoridades a cargo de la conducción de las políticas públicas de seguridad quieren satisfacer esta tendencia, tendríamos que sincerar la situación y abandonar el espíritu “jus naturalista”de la Constitución y declarar que solamente se respetara a la persona humana que no traiciona las leyes y que para todas las que si lo hagan, la coerción no tendrá miramientos ni limites y a los agentes y funcionarios de policía, no se les formará en el respeto de los valores que identifican a la función policial, que como ya se ha dicho, no son otros que la defensa de la vida de las personas, la protección de sus bienes y la garantía del ejercicio de sus libertades y derechos.

Se ha afirmado también, que seis semestres académicos para formar a un agente de policía, es un período exagerado y que en ningún otro país se insume tanto tiempo para formar policías. Estamos seguros que en otras realidades, las oposiciones que se fijan para acceder a los centros de formación policial, son escrupulosamente respetadas y que los bachilleratos o educación secundaria exigida, son de mayor calidad que la impartida en nuestro país, en donde se ha vuelto recurrente, no sólo bajar al mínimo la dificultad de las mediciones para el acceso a las escuelas de policía, sino que a pesar de esta disminución en la dificultad, siempre tiene que recurrirse a lo que ha venido a denominarse “ponderación de resultados”, que no es otro procedimiento, que el de aumentar las notas de los resultados finales, para lograr cubrir las vacantes declaradas.

Compadeciéndose con esta tendencia de aligerar la formación de policías, tratando de hacerlos lo mas coercitivos posible, se está desarrollando concursos para captar exclusivamente a licenciados de las fuerzas armadas. Está demás explicar, que los soldados están formados para eliminar al enemigo que pretenda afectar la soberanía nacional y que por ello su reacción tiene que ser totalmente agresiva, contrario al policía que debe ser formado en la ponderación y en el respeto a la vida. Resulta obvio, que a los licenciados que ingresen a la policía, su formación tendrá que ser mucho más extensa, pues primero hay que liberarlos de la agresividad que traen para en una segunda etapa, dotarlos de la sensibilidad a la que nos referíamos y que está vinculada a la defensa de la vida y a la búsqueda de la convivencia pacífica.

Terminamos estando de acuerdo con quién sostuvo que para ser policía no se necesita saber física cuántica, es verdad no necesitan saber física cuántica.

OTRA VEZ LA CULPABLE ES LA POLICÍA / Gustavo Carrión Zavala

En la últimas horas, asistimos a la constatación de, por decir lo menos, la exageración publicitaria del ministro del Interior, respecto de un promocionado decomiso de droga en un furgón pertenenciente a un candidato a la alcaldía provincial de Barranca. Sin escatimar esfuerzos, ni convocatorias a la prensa, en esa ocasión el ministro del Interior se trasladó a Barranca y ante la prensa, enlodó  al citado candidato, atribuyendo la incautación de más de 400 kilos de cocaína en el vehículo intervenido. Obviamente, que ante la presencia del ministro y la prensa, el jefe policial encargado se vio obligado a presentar la exponencialmente aumentada cantidad de droga, que se había incautado no precisamente en el vehículo perteneciente al candidato. De los detalles, Fernando Rospsigliosi, ha dado cuenta a la opinión pública de la magnitud de la exageración. En un inicio, el ministro del Interior, no tuvo mejor expediente que aparecer en medios, y haciendo uso del estilo de lenguaje cuasi coprolálico e ironía bufonesca que lo viene identificando, arremetió contra el mensajero pretendiendo descalificarlo.

Ante las evidencias de las actas fiscales y de la investigación policial, mostradas por Rospigliosi, ha recurrido a lo más simple y que le permita aparentemente lavarse el rostro: echarle la culpa a la policía. En una patética aparición  en un medio televisivo local, el general jefe de la Dirandro ha sido obligado a altoinculparse, y a culpar a los policías intervinientes por haber proporcionado información inexacta, y el asunto terminará con la sanción a los miembros de la institución que resulten responsables. El procedimiento de pretender salvarles la piel a los políticos, responsabilizando de sus fallas a la policía, parece ser en la actual administración una tendencia, no nos olvidemos que el caso López Meneses, pretendió explicarse como un caso de corrupción policial. Nos queda preguntarnos si en el caso de Barranca, la autoridad del sector Interior, debió antes de aparecer en medios como el propiciador de un gran decomiso de droga, asegurarse de las cantidades intervenidas y responsables del delito o se trató de  haber obligado a los policías a declarar lo que políticamente le convenía y que una vez descubierta la mentira, obviamente  tenía a quién responsabilizar.

Hemos sido siempre sumamente críticos al puntualizar que el grave problema de los operadores de seguridad y justicia y en este caso específico la Policía, es el proceso de descomposición reflejado por la corrupción, pero de este convencimiento a aceptar que la Policía siempre resultará responsable de los errores del sistema, y de sus representantes políticos,  existe verdaderamente una inmensa distancia.

Cuando se reclama a las autoridades subnacionales y locales, su inoperancia en temas de seguridad ciudadana, invariablemente recurrirán al argumento que son temas de la policía o que la policía no colabora debidamente

Bajo la lógica de atribuirle siempre la culpa a la policía, nos hace presumir que si no existiese policía, tendrían que crear una rápidamente para poder echarle la culpa de todo cuanto suceda

LA CIFRA DE REQUISITORIADOS CAPTURADOS TAMPOCO CUADRA/ Gustavo Carrión Zavala.

Revisando los reportes ofrecidos por el titular del Sector Interior y los anuncios de su accionar en el período que va del 23 de Junio al 23 de Julio del que rige, nos impresionaron las cifras de capturas a requisitoriados por diversos delitos, pues de tener explicación se trataría de un logro sin precedentes.

Nuestra experiencia en temas policiales, nos dice que la media mensual de captura de requisitoriados bordea en todo el país , las dos mil capturas y si el Ministro anuncia que en el período en cuestión logró CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS , estaríamos verdaderamente ante un logro colosal.

Empero, con fines de validar las informaciones recibidas, revisamos el número total de requisitorias grabadas en el 2014, de enero a julio (las requisitorias deben ser renovadas por los jueces cada seis meses, caso contrario automáticamente son suspendidas de la grabación), las requisitorias suspendidas y las capturas que se han efectuado realmente en el mes del anuncio, nos damos con algunas inconsistencias.

En todo el mes de Junio, incluyendo los 22 primeros días, se lograron capturar 1411 requisitoriados (1243 varones y 168 mujeres); y en el mes de Julio, la cifra de requisitoriados capturados fue de 1590 (1459 varones y 131 mujeres) contabilizados hasta el último día del mes, ergo se consideran en estos datos dos meses . Por una simple adición de capturados en dos meses, tenemos la cifra de 3001 que dividido entre dos meses, nos arrojaría un aproximados de 1500 mensuales, que representa el 25.35% del total anunciado

No creemos que ex profesamente se aumenten cifras, pues ello generaría en la ciudadanía falsas confianzas que podrían favorecer el accionar criminal, por tanto, nos toca asumir que ha habido un involuntario error en el anuncio o que pueda explicarse mejor el método de cálculo de capturas de requisitoriados.

En notas anteriores, habíamos tocado el tema de cantidad de policías en contraste con la calidad en la formación policial de los mismos, y probablemente con abuso del lenguaje, dijimos que las Escuelas de Formación habían devenido en “fábricas de policías”, pidiendo nuevamente licencia por abuso en la expresión, esperamos que en este frenesí fabril, no se esté recurriendo a la “maquinita” para fabricar requisitoriados inexistentes o se nos acuse nuevamente de descerebrados por cuestionar resultados que deben ser convenientemente acreditados y explicados. Finalmente, si sirve para entender mejor las cifras, podemos mencionar que el acumulado de lo que va del 2014 en cuanto a capturas de requisitoriados por diferentes delitos, arroja la cifra de 10,768 en siete meses, lo que implicaría que más de la mitad se capturaron en el período (un mes) informado por el ministro.

¿SÓLO CANTIDAD DE POLICIAS?/ Gustavo Carrión Zavala

Integro un grupo de ciudadanos preocupados por  la creciente marea criminal y la inseguridad ciudadana (Ver http://gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com/).

Nuestro grupo quiere promover un debate que dé luces para resolver el principal problema de la población. Por ello en nuestro primer pronuciamiento , se plantearon algunas cuestiones básicas a ser , por lo menos, abordadas por el presidente Humala en su mensaje al Congreso de la República y a todo el país, con ocasión del aniversario patrio. 

En los austeros seis minutos que dedicó a la seguridad ciudadana anunció, entre otros aspectos, que al culminar el ano, el efectivo de la Policía Nacional se incrementaría  en treinta mil policías nuevos, egresados de las veintisiete escuelas de suboficiales desplegadas a lo largo del territorio nacional. Al margen de lo confuso del anuncio, de si se trataba de treinta mil policías más o se refería a policías nuevos, o si la cantidad anunciada se compadece con la realidad, expreso preocupación porque pareciera que la referencia está hecha  en relación a metas cuantitativas de policías, relevando a posiciones subordinadas por no haber sido mencionado, la calidad de estos nuevos policías.

Diera la impresión que se tratara de una “fabrica” de suboficiales a ritmo acelerado en las escuelas con fines únicamente de satisfacer o cumplir una promesa inicial, de lo que no estamos seguros es si los treinta mil nuevos policías (de ser el número real), habrán logrado a través de su formación policial modificar la conducta de ingreso y alcanzado el perfil diseñado para ejercer función policial como suboficial de tercera.

Nuestras dudas y preocupaciones, se refieren básicamente a la incapacidad de la Policía para sostener uniformemente una formación de calidad en la diáspora de escuelas instaladas en las diferentes regiones del país y que la delicada formación que requiere el agente policial que se encargará de mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos, difícilmente se logrará a pasos forzados y con infraestructuras educativas sumamente débiles.

El pensum que corresponde a la formación de suboficiales, en la mayoría de escuelas, es desarrollado por los oficiales que laboran en la jurisdicción donde se ubica la escuela, ergo, en la mayoría de casos se trata de policías que no necesariamente están habilitados para el ejercicio docente y que compensan su falta de capacidad para formar nuevos policías, con la incidencia en formación militar, propia para el entrenamiento de soldados, pero no para policías que deben actuar en cumplimiento de una función de naturaleza civil y al servicio del ciudadano.

Son comunes las ausencias de los instructores designados en  las aulas, al tener que privilegiar el cumplimiento de la función policial a la cual están asignados, optando por delegar en policías bajo su mando para que los reemplacen, leyendo los reglamentos a los alumnos, sin mayor dimensión crítica de la enseñanza.

La trascendencia de esta formación improvisada, es que artificiosamente se hace creer a la ciudadanía que la mayor presencia de policías logrará reducir la incidencia criminal y devolverá niveles apropiados de seguridad. Ello obviamente no viene sucediendo, y si el presente año se completarán los anunciados treinta  mil, obviamente han venido egresando desde el 2011 y que estamos en el tramo final, por tanto deben haber en servicio más de la mitad de la cantidad  anunciada, sin que esta mayor presencia de policías haya logrado revertir la inseguridad que se ha convertido en el principal problema reconocido por la población.

La formación de nuevos policías debe acreditarse y comprobar si alcanzaron el perfil, antes de salir a ejercer una función tan delicada como la que le toca cumplir a la policía y los que ya están en el servicio, comprobar a través de las entidades educativas de la sociedad civil (universidades), si están realmente calificados para seguir cumpliendo la función o requieren de una complementación formativa.

Como un acercamiento a lo que se viene sosteniendo, y basados en estadísticas oficiales, en el caso de una escuela en el norte del país, de la cual han egresado desde el 2011 a la fecha más de trescientos nuevos policías, en el mismo período la violencia se ha duplicado año a año , especialmente en los asesinatos por sicariato, robo agravado y asaltos a personas. Consultados algunos de los nuevos policías sobre su formación, acusan serias deficiencias y confiesan que en todo su período de formación no han disparado más de cinco cartuchos en el mejor de los casos.

Es a estos suboficiales a los que se asignan y/o venden armas de fuego para cumplir su función, sin estar habilitados técnicamente en el manejo de armas ni en la determinación del momento y condiciones de su empleo, habiéndose producido graves incidentes por impericia en el uso de armas.

No se debe perder de perspectiva, que estas coyunturales medidas de incremento apresurado de número de policías, están provocando que estos mal formados policías, no sólo se conviertan en un riesgo de seguridad, ellos permanecerán en la institución treinta años, por tanto lo coyuntural se va convirtiendo en estructural.

La reorganización o refundación de la policía debe entrar a cuestionar el actual agotado modelo de policía militarizada, para dar paso a una institución que responda a las características ciudadanas de la función que le toca cumplir a la policía, entendiendo finalmente que es la policía una institución que promueve la convivencia pacífica y sin puntos comunes con la tarea que corresponde a las fuerzas armadas, que no es otra que la de mantener incólume el territorio nacional, frente a intereses y fuerzas externas.

A MÁS POLICIAS MÁS CRIMEN/ Gustavo Carrión Zavala.

Hace brevísimos días, en el diario el comercio, daban cuenta del crecimiento del crimen en la región tumbes. La nota hacía resaltar que los asesinatos por sicariato, extorsión o rencillas entre bandas criminales se duplicaban año a año. De 15 asesinatos el 2011, subieron a 30 el 2012 y a 60 el 2013, y en lo que va de corrido el presente año, ya se han producido 13 asesinatos, lo que parece ser una tendencia incontrolable.

Estos datos se compadecen perfectamente con las mediciones que tienen efectuadas las agencias de inteligencia del sector interior, las que señalan que Tumbes se ha convertido en una de las regiones en donde el crecimiento del crimen supera largamente la media nacional, especialmente en crimenes violentos y con empleo de armas de fuego.

Lo que resulta realmente preocupante es el hecho, que en este período (2011-2013), han egresado de la escuela des sub-oficiales de tumbes tres promociones, lo que significa algo de 300 policías mas, que corresponde a un incremento de aproximadamente el 75% de efectivos en relación con el número de policías antes del funcionamiento de la escuela.

La relación lógica, sería que a mayor cantidad de policías menor cantidad de hechos criminales. Si esto no sucede, y la realidad nos impone la perversa relación: a mayor  cantidad de policías mayor cantidad de hechos criminales, las autoridades del sector interior deben preguntarse seriamente que es lo que sucede con la policía. Probablemente la desesperación por cumplir metas, solamente cuantitativas, ha provocado la apertura de una diáspora de escuelas de sub-oficiales por todo el país, sin que las mismas estén en condiciones de formar policías profesionales y de calidad. Adicionalmente, en estas escuelas regionales logran ingresar alumnos vinculados a las organizaciones criminales que operan en la jurisdicción, de tal suerte que todos las operaciones policiales fracasan por la divulgación anticipada de las mismas.

Otro aspecto a considerar es la falta de madurez de los sub-oficiales egresados de las escuelas regionales, no es extraño verlos cumplir sus horas de servicio, premunidos de todos los artefactos modernos de comunicación (celulares con internet, audífonos musicales, tablets, etc), que ocasionan una gran distracción y la pérdida de eficiencia en el servicio. Se hace impostergable prohibir el uso de comunicación móvil durante las horas de servicio, debiendo incorporarse el incumplimiento de esta norma como falta grave. Obviamente que algunos servicios, como el de investigación criminal deben exceptuarse de esta prohibición. Paralelamente, la implementación de la red radial troncalizada se hace indispensable para eliminar el pretexto de no tener comunicación con las centrales de conducción de las operaciones.

En cuanto a las escuelas regionales, deben ser evaluadas a través de la evaluación de los sub-oficiales que han formado, a fin de comprobar si los mismos cubren el perfil diseñado para el nivel de sub-oficiales de tercera. De no ser así, y comprobarse que la media no cubre este perfil, deben recesarse estas escuelas, centralizar la formación en pocas sedes que puedan acceder a formación profesional de calidad y no seguir deteriorando el cumplimiento de una función sustantiva para la convivencia pacífica. No deben perder de perspectiva, que los sub-oficiales que vienen egresando de estas escuelas, permanecerán 30 años en el servicio policial, y la coyuntura por la cuál se abrieron estas escuelas se extenderá hasta convertirse en un mal estructural.

¿QUE HAY DETRÁS DE LA ACUSACION CONTRA LA POLICÍA? / Gustavo Carrión Zavala

Los acontecimientos que invaden la escena nacional y que están vinculados al caso de la protección ilegal a Oscar López Meneses, ha servido para avanzar en el propósito de someter a la policía al imperio de las fuerzas armadas. Sostengo lo expresado por las siguientes raras concurrencias:

-          Expresiones del presidente de la república, respondiendo a una entrevista de la periodista patricia del río, a través de las cuáles simplificaba el hecho de la protección ilegal a López Meneses como consecuencia de un hecho vinculado a la corrupción policial. No es que pretendamos ignorar el grave proceso de descomposición que afecta a la policía nacional, descomposición que obviamente ha sido alentada y promovida por las diferentes administraciones y que persiguen cooptar permanentemente a la institución policial y usarla con fines político partidarios, relativizando la función principal que le toca cumplir. No solo han alentado la descomposición interviniendo en todos los procesos internos de la organización (ascensos, incorporaciones, cambios de colocación, becas, agregadurías, etc.), no han adelantado acción alguna para corregir y detener este proceso de descomposición y no se aprecia voluntad política de hacerlo, pues el propio presidente de la republica, jefe supremo de la policía nacional, no ha tenido reparos en acusar a la institución de corrupción, afirmación que volvería a él mismo en su condición de su ya enunciada posición de jefe supremo de la institución.

-          Aprovechando la deplorable lucha mediática librada entre el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas y un ex director general de la policía nacional, surgen voces interesadas (una de ellas de un ex presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas), que plantean como solución para corregir a la policía su anexión al ministerio de defensa, argumentando que la institución policial esta altamente politizada. Me pregunto, a que sector deberían anexarse las fuerzas armadas, que son las que han irrrumpido recurrentemente en la escena política nacional y han interrumpido procesos democráticos?. La policía jamás participó de golpe de estado alguno y por el contrario, si de historia se trata, fue el entonces mayor rizo patrón lembcke, el que protagonizó la defensa del orden constitucional al abatir a un general levantisco del ejército, que pretendió cortar el período presidencial de oscar r benavides. Quiénes estarían en todo caso comprometidos con actos políticos, los militares o los policías?.

Las declaraciones a las que nos referimos, coinciden con  las de un anunciado candidato a la presidencia de la república, que anunció la fusión de los ministerios de interior y defensa para luchar contra la inseguridad, si fuese favorecido con el voto popular.

-          Voceros de la marina de guerra, han salido a defender al presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas, afirmando que se trata de un excelente oficial, incapaz de mentir. No ponemos en duda que se trate de un buen profesional, casi correcto, y digo casi por la deplorable pelea mediática a la cual ya nos hemos referido con un ex director general de la policía. Lo que no se puede aceptar es la afirmación de otro miembro de la marina, actual congresista, que en su intervención con ocasión de la presentación del gabinete villanueva ante la representación nacional, sostuvo que “los almirantes nunca mienten”, lo que dejaba en mal pie a todos los “no almirantes”. Estoy seguro que la historia reciente y no tan reciente nos dice de almirantes que no han sido realmente veraces (ibarcena, rozas, faura, por mencionar algunos), lo que contradice el determinismo del señor congresista y por oposición a lo por él afirmado, los marinos si podrían mentir hasta antes de lograr ser almirantes. Asumo que el congresista quiso referirse a los generales de la policía como los que si mienten, ofendiendo sin obtener respuesta a un colega de bancada que tiene la condición de teniente general en retiro de la policía nacional.

Estas afirmaciones y declaraciones han logrado que quede en el convencimiento de la ciudadanía, que existe un distanciamiento entre las fuerzas armadas y la policía nacional, que es necesario superar. No creo que exista tal distanciamiento, pues las funciones que cumplen las fuerzas armadas son totalmente distintas de las funciones ciudadanas que compete a la policía nacional, y que si actualmente las ffaa incursionan en la persecución del delito, no es que les corresponda hacerlo, es una intromisión que pretende darle ocupación a profesionales de la guerra, que no tienen un conflicto evidente pero que es necesario mantener los niveles de asignación presupuestal, y empiezan a ver a la función policial como la salida a su extendida moratoria. Tanto es cierto que no debe someterse a las unidades especializadas de la policía en la persecución del crimen al mando unificado militar, que los grandes éxitos en la lucha contra los remanentes de sendero y el narcotráfico, se han conseguido a través de una paciente pesquisa policial, como en el alto huallaga, en donde la policía actuó sin vinculación con el mando militar. No pretendemos atribuir condiciones peyorativas a las fuerzas armadas, que merecen todo nuestro respeto, pero son organizaciones constituídas para fines distintos a los de la policía nacional. Los unos son profesionales de la guerra, dedicados a asegurar la soberanía nacional  frente a aspiraciones de otros países, y los otros son profesionales de la paz, encargados de mantener la indemnidad de las personas, en su vida, bienes y ejercicio de sus libertades y derechos. Ergo, no tienen por que distanciarse si se respetan las identidades de cada cuál y se entiende que la policía es parte de la urdimbre social y cumple funciones de naturaleza civil.

-          Recientemente se ha llevado a cabo en medellín la ii reunion tripartita de presidentes de los comandos conjuntos de peru, colombia y ecuador, para tratar asuntos de la seguridad regional, lo que nos parece correcto, pero a la vez, incluyeron en la agenda asuntos vinculados a la persecución del narcotráfico, crimen organizado y minería ilegal. No resulta una inocente coincidencia que representantes de las fuerzas armadas de tres países vecinos, traten asuntos que deberían ser abordados por las policías de estos tres países. Pareciera que la ausencia de enemigos”, en un mundo en el cuál las conflagraciones bélicas son altamente improbables, esta provocando que las fuerzas armadas giren sus intereses hacia la función policial, y ello si va a ser una fuente de conflicto con las instituciones policiales, a las que será sumamente sencillo acusar de corrupción para lograr la aceptación de medidas extremas que la subordinen al mando militar.

-          Finalmente y volviendo al país, la reciente designación del saliente viceministro de orden interno del ministerio del interior, como viceministro de políticas de defensa del ministerio de defensa, nos hacen sospechar que esta designación no es para nada inocua y que estaría en la tendencia que sostenemos, de lograr la sujeción de la policía nacional al mando militar .

¿ FUSIONAR MINISTERIOS DE INTERIOR Y DEFENSA? / Gustavo Carrión Zavala

Guardo un escrupuloso respeto por las opiniones de Pedro Pablo Kuczynski en materia económica, política y protección de recursos hídricos. No puedo decir lo mismo de su reciente opinión, que de ser gobierno fusionaría los ministerios de Interior y Defensa, con fines de lucha contra la inseguridad. Y no puedo estar de acuerdo por las siguientes consideraciones:

Las fuerzas armadas tienen una finalidad constitucional, absolutamente vinculada a la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, que resulta ser común a las fuerzas armadas en el mundo. Por tanto sus miembros son formados como combatientes que deben oponerse a los hipotéticos enemigos del país y que deben ser dotados de la consecuente agresividad que les permita imponerse a quienes pretendan ofender la heredad nacional. Son en esencia profesionales de la guerra

Las policías en el mundo se organizan para mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos. Ergo los policías deben ser formados como promotores de la convivencia pacífica y ordenada desempeñándose en  las esferas preventiva, disuasiva, control y reactivas, que posibiliten una vida ciudadana ordenada al evitar las conductas anómicas, desalentar a quiénes pretendar violar las normas, perseguir a quiénes finalmente deciden ser violadores del orden legal y recuperar la normalidad cuando se presenten alteraciones en el orden público. Son en suma, profesionales de la paz.

Es probable que PPK, se haya sumado a esa idea equivocada que ubica a la policía como parte del aparato militar del país, idea que se mantiene vigente y que provoca que la formación de los actuales policías tenga una marcada impronta militar.

Estamos de acuerdo con los que sostienen que debe refundarse la policía nacional, pero esta refundación debe sostenerse en la afirmación de la verdadera identidad de la institución policial, que no debe ser otra que la organización que cumple una función ciudadana, al servicio de la ciudadanía y que ella misma es parte de la urdimbre social.

En los últimos tiempos, se ha incorporado en la teoría el concepto comunitario de la función policial. Y digo en la teoría, porque resulta sumamente difícil que el concepto, más allá del debate, forme parte de la actuación de policías formados militarmente e inmersos en ese maniqueísmo militar-civil que los aleja de la ciudadanía, que es la razón principal de su existencia.

El problema no es singularmente peruano. En Colombia se viene discutiendo la formación del ministerio de la seguridad ciudadana, que absorbería a la policía nacional, actualmente ubicada en el ministerio de Defensa. Las primeras voces discrepantes frente a esta posibilidad han surgido del colegio de oficiales generales y de la asociación de ex directores generales de la policía. Esto nos dice que el mayor arraigo de las formas militares en la policía se ubica en los altos mandos, ante la convicción que la verticalidad militar es la mejor forma de afirmar el mando, esta posición en sociedades democráticas es altamente debatible. Creemos que es el momento de incidir en la formación profesional policial de los agentes, relativizar la formación militar, que actualmente ocupa la mayor parte del período formativo y migrar hacia una organización identificada con la función ciudadana que cumple.

Debemos recordar, que los grandes logros contra el crimen organizado, especialmente terrorismo y narcotráfico, se dieron con trabajos de paciente pesquisa policial y que los últimos sucesos de afectación a poblaciones civiles por parte de las fuerzas armadas (Mazangaro), obedece básicamente a que los miembros de estas instituciones están formados para la guerra.

El tema da para un prolongado debate, pero en inicio, considero un despropósito mezclar profesionales de identidades distintas y que resulta contraproducente militarizar a la policía y a la vez policializar a las fuerzas armadas.

 

CONTINÚAN LAS IMPRECISIONES RESPECTO DE ANTAURO HUMALA/ Gustavo Carrión Zavala

Después de la presentación del ministro de justicia y del presidente del INPE ante la comisión de justicia del Congreso, de las declaraciones del padre del interno Antauro Humala y de sus defensores, considero pertinente alcanzar algunas reflexiones:

Las declaraciones que pretenden considerar la clasificación original de Antauro Humala al penal de régimen cerrado especial conocido como “Piedras Gordas”, como un hecho ilegal, atendiendo a su condición de delincuente primario, se han olvidado de algunas razones que tienen que ver con lo que señalan las normas clasificatorias de los internos a los diferentes regímenes y establecimientos correspondientes y que van mas allá de la simple calificación de su condición de primario. Algunas de estas normas señalan que serán clasificados al régimen de máxima seguridad (en cualquiera de sus etapas, a, b o c), si el interno es procesado por delitos cuyas penas superan los 15 años de reclusión; si en los actos criminales por los que se le procesa se han producido múltiples muertes; si el procesado es integrante de una organización criminal; si el procesado no acusa domicilio conocido o pertenece a una familia disfuncional, además de otras consideraciones.  Sólo con las referidas, Antauro Humala fue originalmente correctamente clasificado y recluido en el único penal de régimen cerrado especial en lima (sin contar el penal de la base naval). Es cierto también, que si el interno demuestra arrepentimiento por los actos que cometió, acepta el régimen penitenciario y acusa buena conducta, cada seis meses debe ser evaluado para comprobar si ha progresado en el tratamiento, y si así fuese, ir gradualmente cambiándolo a etapas y regímenes menos severos. Pero, si caso contrario, el interno no demuestra signos de arrepentimiento alguno, viola recurrentemente el régimen penitenciario, adquiere la condición de difícilmente readaptable,  conseguirá que cada seis meses la evaluación lo regresione en el tratamiento y agravarle gradualmente el régimen o la etapa. Por lo visto, Antauro Humala debió ser regresionado y clasificado en la etapa “a” del régimen de máxima seguridad, con las mayores restricciones que incluyen la visita por locutorio, atendiendo a lo dicho por el presidente del INPE, que el interno ha sido sancionado por violar el régimen y por las denuncias periodísticas de las acciones contrarias al régimen penitenciario cometidas por este interno, y que más allá de las investigaciones por actos de corrupción de los agentes penitenciarios, la sanción debe aplicarse  al interno por las trasgresiones al régimen. También es oportuno aclarar que el único penal con capacidad para administrar visitas por locutorio, es precisamente “piedras gordas”, por cuanto no se entiende que lejos de aplicarle mayores restricciones, se le traslade a un penal, originalmente usado como CENIN y para albergar a militares procesados o sentenciados por la justicia penal militar.

En lo declarado por el doctor Isaac Humala, pretendiendo liberar de la calidad de delincuente a su hijo Antauro, con el argumento que los policías asesinados fueron caídos en actos de armas en lo que llama, una suerte de guerra civil, quisiera alcanzarle algunas precisiones. El ataque de la banda criminal que lideró Antauro Humala, atacó la comisaría de Andahuaylas y las comisarías en forma alguna pueden calificarse como instalaciones militares. Son dependencias al servicio de la ciudadanía y abiertas a la concurrencia del público en búsqueda de las condiciones que aseguren la convivencia pacífica y ordenada. La policía es una institución que cumple una función de naturaleza civil, y una de sus responsabilidades es recuperar el orden cuando este sea alterado, y es en esas circunstancias, cuando la policía intentaba cumplir su labor de recuperar el orden, que fueron cobardemente emboscados y asesinados. No se ha puesto a pensar, cuáles fueron las razones de atacar una comisaría y no un cuartel militar. Se trataba de un acto cobarde de aprovechamiento de la condición de instalación abierta al público de la comisaría. Si convalidáramos el argumento del señor Humala, los que atacaron no hace mucho la comisaría de Santa Rosa en Jaén y que asesinaron policías y ciudadanos que se encontraban en dicha instalación, pudiesen también considerar que los policías cayeron en hecho de armas. Los policías , señor Humala, no participan en hechos de armas o de guerra como Ud. quiere hacer creer, excepción hecha de los regímenes de excepción o de guerras declaradas contra otros países, los policías fueron asesinados por la banda criminal que lideró su hijo, en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la ciudadanía, en un régimen democrático ,ergo, el calificativo aplicable a quiénes cometen delitos es precisamente, delincuentes, y así lo ha confirmado el Poder Judicial con la sentencia.

El ministro de Justicia y el presidente del INPE, manifiestan sentirse sorprendidos e indignados, por las denuncias periodísticas respecto a las facilidades y privilegios con los que habría venido contando el interno Humala. Esta sorpresa resulta patética, si tenemos en cuenta que el presidente del INPE ha visitado el penal de “Piedras Gordas” y no se percató de estas facilidades ni fue noticiado de las mismas. Este funcionario ha venido reportando con valentìa que los trabajadores penitenciarios están afectados de un serio proceso de corrupción, empero, no desplegó las acciones de inteligencia para poder detectar los actos de corrupción que favorecieron a Antauro Humala, pero si lo hizo para enterarse que este corría riesgos contra su integridad, riesgos que  supuestamente se extendían a sus familiares. El interno en carta enviada a un medio de comunicación ha relativizado los informes de inteligencia y justifica su traslado en su condición de delincuente primario, que como aquì se explica, no es la única consideración para clasificarlo. Todo ello hace pensar que los reportes de inteligencia, pueden haber sido totalmente dedicados.

En el caso del presidente Ollanta Humala, de no haber conocido sobre el traslado del interno Antauro Humala, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, ha debido indignarse al saber  que, quién lideró las acciones que culminaron con el asesinato de cuatro policías era trasladado a un penal que no reúne las condiciones para albergar a un interno de difícil readaptación, con características de un evidente favorecimiento y obviamente con la indignación, no sólo de los deudos de los policías asesinados, sino de todos los policías que considerar que sus vidas están totalmente relativizadas, y que su jefe supremo, no dice nada respecto a las ventajas que se estaría acordando al que lideró la banda que cometió los asesinatos.

LA VIDA DE POLICÍAS NO IMPORTA/ Gustavo Carrión Zavala

El recurrente y vacío discurso de las actuales autoridades del Ejecutivo, respecto del aparente respeto por la vida de los policías y la mejora de sus condiciones laborales, ha quedado totalmente mostrado como estrategia de convencimiento pero que no lleva el propòsito de concretarlo, a la luz del favorecimiento que recibe quién lideró a una banda criminal que en Andahuaylas emboscó y asesinó a cuatro policías. Me estoy refiriendo a la incomprensible medida de favorecer el régimen carcelario de Antauro Humala, trasladándolo a un penal construido o habilitado especialmente para èl, dentro de las instalaciones militares de Chorrillos.

El presidente del INPE ha incurrido en sucesivas explicaciones contradictorias, que paso a intentar detallar:

-          Ha dicho que por razones de seguridad de los familiares de Antauro Humala se le traslada al penal “Virgen de las Mercedes” construido por el Ejército en sus instalaciones de Chorrillos. Antauro Humala tiene varios años purgando carcelería en el penal de “Piedras Gordas” y jamás se ha reportado incidencias con respecto a  èl y con respecto también a sus familiares y amigos que lo visitan, a pesar que en dicho establecimiento purgan carcelería visibles líderes de Sendero Luminoso, sin obviar a los delincuentes comunes más peligrosos. En cualquier circunstancia parecida, la presumible inseguridad se hubiese resuelto variando los dìas de visita para Antauro Humala, o de ser el caso trasladarlo al penal Miguel Castro Castro, atendiendo a que el delito por el cuál ha sido sentenciado es un delito común y procesado por tribunales comunes, por tanto no se trata de sentencia aplicada por la justicia privativa militar y por existir en el citado establecimiento un pabellón apartado de los demás, que alberga a internos por los cuales también se temìa por su seguridad, (implicados en el régimen fujimontesinista). Adicionalmente resulta lógico suponer que si pretendieran atentar contra los familiares del interno, en el trayecto de ida o vuelta al penal, esta posibilidad subsiste en cualesquier establecimiento al que se le clasifique o durante el desarrollo de otras actividades de estas personas, ergo, la seguridad tendría que afinarse respecto de estas personas en la calle y no con el traslado del interno a un penal, aparentemente  habilitado para favorecerlo.

-          Ha sostenido el presidente del INPE, que se  ha firmado un convenio con el Ejército para que esta institución ceda las instalaciones de este penal, denominado “virgen de las mercedes”, a condición que albergue a miembros del Ejèrcito que purgan carcelería en otros penales. Esto ya se había hecho con la construcción del penal que funciona en el antiguo cuartel “Tarapacá” de la avenida Huaylas en Chorrillos, al que se ha denominado “Virgen de Fàtima”. El convenio firmado establecía que el Ejèrcito construía y cedía el penal al INPE, a condición que en un pabellón se trasladara a miembros de esta institución que purgaban carcelerìa en otros penales. Asì se hizo, por mutuas conveniencias, toda vez que el inpe no podìa construìr otro penal para mujeres, y el que se conoce como “Aanta Mònica”, ubicado también en chorrillos, habìa superado largamente su capacidad de albergue y estaba peligrosamente hacinado. Es por este convenio, que resulta, por lo menos dudoso, que se habilite un penal  destinado a albergar a militares procesados o sentenciados por delitos de función y bajo jurisdicción de la justicia penal militar dentro de una complejo militar, y  con el mismo propòsito del convenio anterior. Es probable que ahora se pretenda buscar nuevas justificaciones, entre ellas el trasladar a los militares del penal “Virgen de Fatima”, procesados por delitos comunes a este nuevo penal que ha servido previamente como lo que se denominaba CENIN. Con este antecedente, las instituciones militares y la policía , quedan en perfecta posición de construìr cárceles dentro de sus instalaciones y luego pedir que los militares o policías que se encuentren purgando carcelería por delitos comunes, puedan ser conducidos a estas càrceles, previo convenio firmado con el INPE. ¿ será este el nuevo modelo de concesiòn carcelaria?.

-          El ministro de Justicia ha sostenido que por reportes del personal del inpe y notas de inteligencia, se ha conocido que pretenderían atentar contra Antauro Humala o sus familiares. Habría que evaluar la credibilidad de la fuente y del órgano que proporciona esta información y en un proceso de evaluación se obtenga inteligencia certera sobre estos aparentes propósitos. Parece sin embargo que se ha recurrido a un procedimiento harto utilizado cuando se trata de justificar alguna medida, cuál es, provocar una nota de inteligencia que sustente una medida controversial, como la del traslado de Antauro Humala. Decidido el traslado, se debe buscar la justificación del mismo y decir que si sucede algo y existìa una nota de inteligencia, la responsabilidad serìa de ellos. Asumamos por un momento que en realidad estuviera en riesgo la seguridad del interno o de algunos de sus familiares, el traslado se tendrìa que haber producido al penal “Miguel Castro Castro”, que como ya se dijo, cuenta con ambientes separados del resto de la población. Empero, el establecimiento que ofrece las mejores posibilidades de seguridad y de ambientes separados de la demás población penal, es precisamente “piedras gordas i”.

El ministro de Justicia, parece haber olvidado que el trasladado es quién lideró el “andahuaylazo”, acto criminal que culminó con el asesinato de cuatro policías, este hecho parece no preocuparle mucho pues no es precisamente un funcionario que le tenga mucho afecto a los policías, probablemente por un antiguo resentimiento. Lo cierto es que las explicaciones, tanto del ministro como del presidente del inpe, resultan inverosímiles y es de esperar que muestren las actas de los respectivos consejos técnicos penitenciarios y el sustento de la medida adoptada.

Dejo constancia de mi aprecio y respeto por el actual presidente del INPE, el cual creo que , como popularmente se dice, “ha tenido que comerse semejante sapo”, para dar cumplimiento a una decisión del mas alto nivel, y dejo constancia también, que en mi condición de oficial de policía en retiro, siento la más profunda indignación por el favorecimiento a quién lideró la banda criminal que emboscó y asesinó a cuatro policías.