CONTINÚAN LAS IMPRECISIONES RESPECTO DE ANTAURO HUMALA/ Gustavo Carrión Zavala

Después de la presentación del ministro de justicia y del presidente del INPE ante la comisión de justicia del Congreso, de las declaraciones del padre del interno Antauro Humala y de sus defensores, considero pertinente alcanzar algunas reflexiones:

Las declaraciones que pretenden considerar la clasificación original de Antauro Humala al penal de régimen cerrado especial conocido como “Piedras Gordas”, como un hecho ilegal, atendiendo a su condición de delincuente primario, se han olvidado de algunas razones que tienen que ver con lo que señalan las normas clasificatorias de los internos a los diferentes regímenes y establecimientos correspondientes y que van mas allá de la simple calificación de su condición de primario. Algunas de estas normas señalan que serán clasificados al régimen de máxima seguridad (en cualquiera de sus etapas, a, b o c), si el interno es procesado por delitos cuyas penas superan los 15 años de reclusión; si en los actos criminales por los que se le procesa se han producido múltiples muertes; si el procesado es integrante de una organización criminal; si el procesado no acusa domicilio conocido o pertenece a una familia disfuncional, además de otras consideraciones.  Sólo con las referidas, Antauro Humala fue originalmente correctamente clasificado y recluido en el único penal de régimen cerrado especial en lima (sin contar el penal de la base naval). Es cierto también, que si el interno demuestra arrepentimiento por los actos que cometió, acepta el régimen penitenciario y acusa buena conducta, cada seis meses debe ser evaluado para comprobar si ha progresado en el tratamiento, y si así fuese, ir gradualmente cambiándolo a etapas y regímenes menos severos. Pero, si caso contrario, el interno no demuestra signos de arrepentimiento alguno, viola recurrentemente el régimen penitenciario, adquiere la condición de difícilmente readaptable,  conseguirá que cada seis meses la evaluación lo regresione en el tratamiento y agravarle gradualmente el régimen o la etapa. Por lo visto, Antauro Humala debió ser regresionado y clasificado en la etapa “a” del régimen de máxima seguridad, con las mayores restricciones que incluyen la visita por locutorio, atendiendo a lo dicho por el presidente del INPE, que el interno ha sido sancionado por violar el régimen y por las denuncias periodísticas de las acciones contrarias al régimen penitenciario cometidas por este interno, y que más allá de las investigaciones por actos de corrupción de los agentes penitenciarios, la sanción debe aplicarse  al interno por las trasgresiones al régimen. También es oportuno aclarar que el único penal con capacidad para administrar visitas por locutorio, es precisamente “piedras gordas”, por cuanto no se entiende que lejos de aplicarle mayores restricciones, se le traslade a un penal, originalmente usado como CENIN y para albergar a militares procesados o sentenciados por la justicia penal militar.

En lo declarado por el doctor Isaac Humala, pretendiendo liberar de la calidad de delincuente a su hijo Antauro, con el argumento que los policías asesinados fueron caídos en actos de armas en lo que llama, una suerte de guerra civil, quisiera alcanzarle algunas precisiones. El ataque de la banda criminal que lideró Antauro Humala, atacó la comisaría de Andahuaylas y las comisarías en forma alguna pueden calificarse como instalaciones militares. Son dependencias al servicio de la ciudadanía y abiertas a la concurrencia del público en búsqueda de las condiciones que aseguren la convivencia pacífica y ordenada. La policía es una institución que cumple una función de naturaleza civil, y una de sus responsabilidades es recuperar el orden cuando este sea alterado, y es en esas circunstancias, cuando la policía intentaba cumplir su labor de recuperar el orden, que fueron cobardemente emboscados y asesinados. No se ha puesto a pensar, cuáles fueron las razones de atacar una comisaría y no un cuartel militar. Se trataba de un acto cobarde de aprovechamiento de la condición de instalación abierta al público de la comisaría. Si convalidáramos el argumento del señor Humala, los que atacaron no hace mucho la comisaría de Santa Rosa en Jaén y que asesinaron policías y ciudadanos que se encontraban en dicha instalación, pudiesen también considerar que los policías cayeron en hecho de armas. Los policías , señor Humala, no participan en hechos de armas o de guerra como Ud. quiere hacer creer, excepción hecha de los regímenes de excepción o de guerras declaradas contra otros países, los policías fueron asesinados por la banda criminal que lideró su hijo, en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la ciudadanía, en un régimen democrático ,ergo, el calificativo aplicable a quiénes cometen delitos es precisamente, delincuentes, y así lo ha confirmado el Poder Judicial con la sentencia.

El ministro de Justicia y el presidente del INPE, manifiestan sentirse sorprendidos e indignados, por las denuncias periodísticas respecto a las facilidades y privilegios con los que habría venido contando el interno Humala. Esta sorpresa resulta patética, si tenemos en cuenta que el presidente del INPE ha visitado el penal de “Piedras Gordas” y no se percató de estas facilidades ni fue noticiado de las mismas. Este funcionario ha venido reportando con valentìa que los trabajadores penitenciarios están afectados de un serio proceso de corrupción, empero, no desplegó las acciones de inteligencia para poder detectar los actos de corrupción que favorecieron a Antauro Humala, pero si lo hizo para enterarse que este corría riesgos contra su integridad, riesgos que  supuestamente se extendían a sus familiares. El interno en carta enviada a un medio de comunicación ha relativizado los informes de inteligencia y justifica su traslado en su condición de delincuente primario, que como aquì se explica, no es la única consideración para clasificarlo. Todo ello hace pensar que los reportes de inteligencia, pueden haber sido totalmente dedicados.

En el caso del presidente Ollanta Humala, de no haber conocido sobre el traslado del interno Antauro Humala, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, ha debido indignarse al saber  que, quién lideró las acciones que culminaron con el asesinato de cuatro policías era trasladado a un penal que no reúne las condiciones para albergar a un interno de difícil readaptación, con características de un evidente favorecimiento y obviamente con la indignación, no sólo de los deudos de los policías asesinados, sino de todos los policías que considerar que sus vidas están totalmente relativizadas, y que su jefe supremo, no dice nada respecto a las ventajas que se estaría acordando al que lideró la banda que cometió los asesinatos.

REFLEXIONES SOBRE EL “SERVICIO POLICIAL VOLUNTARIO”/ Enrique Yépez Dávalos, General PNP-R

Algunos dicen, quizá no les falte razón, que ingresando jóvenes-casi adolescentes- a la Policía Nacional y salgan al servicio con escasa preparación de tres meses no vamos a reducir el delito, por el contrario se puede relativizar la seguridad al interior de las comisarías; el carácter reservado de los documentos administrativos correrían peligro si son conducidos o manipulados por éstos; podrían ser víctimas de hechos delictivos en sus tareas complementarias de control del tránsito o de orientación al turista; pueden ser fácilmente “encuadrados” con fines políticos porque también estarían a cargo de los gobernadores, y así por el estilo se plantean estos y otros argumentos que con fundamento nos hacen reflexionar sobre la conveniencia o no de la creación del “Servicio Policial Voluntario”.

Sopesando los inconvenientes que pudieran surgir con los aspectos positivos que tendría la implementación de esta nueva modalidad; y, considerando algunas modificaciones al texto original, me inclinaría por su pertinencia, por las consideraciones siguientes:

Primero.- La finalidad esencial de las policías en el mundo es el trabajo preventivo y de acercamiento a los ciudadanos. Es una labor proactiva que siempre fue tradición en nuestras ex instituciones, particularmente en las comisarías, donde jóvenes de toda condición sobre todo de sectores populares, participaban sin ninguna reticencia en los diferentes programas preventivos y educativos. El policía era visto por el joven como ejemplo a seguir y la comisaria como su segunda casa. Hoy, pese a los esfuerzos de algunos comisarios, esta relación ciudadano-policía ha decaído.

Segundo.- No podemos ni debemos mantener una institución cerrada al cambio y a la participación comunitaria. Por el contrario, cuanto más abiertas estén las comisarias a los jóvenes y adolescentes, mas serán los réditos que los resquemores. Los jóvenes necesitan tener referentes positivos para mejorar su calidad de vida y estos modelos pueden provenir de la misma policía. ¿Qué mejor que nuestros concejos y ejemplos para que estos jóvenes se forjen un destino diferente?  ¿No sería conveniente que la Policía Nacional, a través de sus Comisarías, se convierta en el trampolín de sus aspiraciones abriéndole sus puertas y su confianza?

Tercero.- Por supuesto que el ingreso como policías voluntarios tiene que estar rodeado de un sistema que aliente la presencia de jóvenes con valores procedentes de familias cohesionadas y evite personas con antecedentes policiales y otro tipo de conductas de riesgo, las que deben ser claramente señaladas en los reglamentos respectivos. Sus funciones deben ser complementarias y de ninguna manera suplir las actividades del policía. Tareas como recepción al público que acude a las comisarias, orientación al turista, charlas en colegios sobre tránsito, consumo de drogas, trasmitidas con el lenguaje propio de los adolescentes, apoyo a los promotores de las oficinas de participación ciudadana, entre otras, resultaría necesario y positivo para cambiar actitudes y conductas.

Cuarto.- Con este nuevo sistema se presentarán seguramente algunos inconvenientes y hechos negativos cometidos por los voluntarios que deben ser inmediatamente corregidos, pero estoy seguro que la mayor parte de estos jóvenes se comportarán a la altura de sus responsabilidades.

No estoy de acuerdo con que el servicio policial voluntario sea también para los gobernadores, porque se puede prestar a una serie de especulaciones políticas que es necesario evitar, sobre todo en el sector rural, donde gobernadores y licenciados junto con rondas campesinas pueden formar grupos con actividades y atribuciones amplias difíciles de predecir.

Quinto.- También existen algunas  ambigüedades e imprecisiones que es necesario corregir. Si hubiese la oportunidad de mejorar la norma, propondría, como meses antes lo hice en diferentes foros, de crear el programa de “Auxiliares de Policía” en lugar del “Servicio Policial Voluntario”, para que se constituya en la base de la pirámide organizacional de la Policía Nacional. Esto daría lugar a que los auxiliares adquieran pleno derecho a las diferentes obligaciones, derechos y beneficios que el Estado otorga al personal policial.

Los Auxiliares de Policía, en su fase preliminar, sería sólo para los que han postulado a las escuelas de policía a nivel nacional y no  alcanzaron vacantes. Estos jóvenes ya tienen una orientación vocacional definida de ser policías y, por tanto, su fase de entrenamiento sería más fácil.

Sexto.- La Policía Nacional del Perú es una institución eminentemente democrática, y esta sería una de las mejores formas de demostrar su permeabilidad frente al cambio en beneficio de muchos jóvenes que desean mejorar su situación actual. Este programa se viene llevando a cabo en Colombia con jóvenes a los que se les denomina “bachilleres” con buenos resultados.

Sétimo.- Finalmente es necesario decir con claridad que el “Servicio Policial Voluntario” con las modificaciones  a que hubiere lugar, no suple la  demanda por mejores servicios de seguridad ni el déficit de policías que necesita el país,-No menos de 40,000 efectivos en relación al incremento demográfico-. Difícil de conseguirlo en cinco años considerando las bajas administrativas que sufre anualmente el Instituto por diferentes motivos. En todo caso, es mucho mejor exigir al personal actual mayor compromiso y una de las formas de lograrlo es otorgándole mejores remuneraciones, las mismas que son muy bajas en comparación con sus similares de Latinoamérica.

OLLANTA HUMALA CON JUAN LUIS CEBRIAN/ Alfredo Stecher

Me ha impresionado muy positivamente la entrevista brindada en vísperas de la reunión anual en Davos por nuestro presidente, Ollanta Humala, a Juan Luis Cebrián, presidente del grupo PRISA, editor del principal y excelente diario español, El País. Parafrasearé ideas importantes, con algunos comentarios míos. Sé que una entrevista es un discurso, que puede estar muy alejado de la realidad. Pero debo decir que no esperaba un discurso tan bien hilvanado y que espero que siga tratando de ser coherente con él.

A Cebrián le llama la atención la timidez y sobriedad de su entrevistado, su disposición a escuchar - poco frecuente en mandatarios -, notarlo correoso y amable. Percibe una cierta inseguridad cuando pasa de las generalidades a los casos concretos, pero le parece que suena sincero y convencido, decidido a poner en práctica lo que dice, y que proyecta una imagen de decencia muy necesaria en los tiempos que corren (agrego que al parecer ha aprendido bien el cambio de su libreto después de la primera vuelta electoral, que creo debemos principalmente a que el Brasil de Lula y ahora de Roussef le ha abierto una nueva perspectiva, positiva y más atractiva que la chavista, seguramente facilitada por los estudios de ciencias políticas en la Universidad Católica de Lima y en París).

Destaco como positiva su aseveración de que es un hombre de palabra, y que al final de su período nos habrá conducido hacia donde ha prometido hacerlo, lo que se expresa en la valoración constatable de un manejo serio y estable de la política macroeconómica, perfectamente compatible con nuestra lucha por la inclusión social y en favor de la igualdad, que detalla con ejemplos, y en su afirmación de que en el Perú hay seguridad jurídica para las inversiones, que respetamos lo que firmamos. Valoro que manifieste tratar de ser objetivo y de ser justo. Hasta ahora parece que intenta ser coherente en lo que dice y con lo que dice.

Debo decir que no se me quita la aprehensión por el peso de la mentalidad militar y la poca experiencia cívica y de política de Humala y de su entorno más cercano, pero que aprecio que Humala subraye lo que efectivamente puede verse como positivo de nuestro Ejército, extrapolable al ámbito civil: recalca que le ayudó a conocer mejor el Perú, a valorar su diversidad, el tema del orden, a trabajar en el seno de una institución, interactuar con otros niveles socioeconómicos de la población – otra forma de escuchar al pueblo (obviamente hay muchísimo de objetable e incluso condenable en el orden que impone el Ejército y es imposible considerar ejemplar su institucionalidad; pero si Humala rescata los aspectos positivos, en buena hora).

Es una autodefinición aceptable la de nacionalista que ha recogido las banderas de la justicia social. Agrega que en los estados emergentes el nacionalismo trata de integrar la realidad del Estado y también las relaciones con los demás países de la zona, buscando fortalecer lo que nos une, algo que siento positivo y ojalá prevalezca. Destaca que en los Estados Unidos hay cincuenta millones de hispanohablantes, por lo que ese país también pertenece a Latinoamérica. Y que UNASUR ha sido más eficaz que la OEA al resolver los conflictos entre Colombia y Ecuador y crear un cuerpo de observadores electorales latinoamericanos para garantizar la limpieza de los comicios.

Es compartible, aunque discutible, el considerarse de abajo y no de izquierda porque esa división sería algo del pasado, después de la caída del muro de Berlín. Es también loable el considerarse presidente de todos los peruanos y hasta el momento actuar así y ser percibido así por una mayoría. En otro momento afirma que no se identifica con la derecha. Por cierto la calificación y con frecuencia autocalificación en el espectro de izquierda a derecha sigue teniendo utilidad práctica.

Respecto de su ideología recuerda que se ha comprometido a respetar el Estado de Derecho. Y señala que el levantamiento de Locumba, que encabezó, fue por lealtad a su Ejército, la Constitución y las Leyes, en rechazo a los vladigenerales. Plantea que su prioridad es pacificar el país antes de pedir cuentas a gobiernos anteriores, y que la derrota total de los movimientos como Sendero es solo cuestión de tiempo. A contracorriente de la reciente declaración de diversos mandatarios latinoamericanos, que creo debería ser respaldada, manifiesta simplemente su oposición a la legalización de la droga y – correctamente - que la represión del narcotráfico es una tarea de la Policía y no de las Fuerzas Armadas (que sin embargo siguen mezclándose en esa tarea, impidiendo el necesario fortalecimiento con renovación radical de la Policía, lo que solo había avanzado bajo los ministros Rospigliosi y Costa en el gobierno de Toledo, para luego retroceder lastimosamente).

Insiste repetidas veces en la institucionalización del país, en la necesidad de reforzar y respetar el Estado de Derecho, concretándolo en llevar el Estado al interior del país – un Estado que garantice la multiculturalidad, pero que funcione como una unidad, fortaleciendo también el mercado interno y diversificando la economía. Claro que hay mucho más que cambiar en el Estado que solo llevarlo a donde no llega, que no es su mayor problema, porque llega, pero mal, al menos a través del sacrificado magisterio rural.

Respecto del conflicto con la gran minería reconoce la pérdida de confianza de la población en las empresas mineras y en el Estado, y plantea la necesidad de restablecer la confianza por medio del diálogo, aunque aplicando la ley sin titubeos (lo que es adecuado, pero suena a priorizar la represión). Dice que las dudas que expresan las comunidades son legítimas, en particular por el problema del agua. Atribuye el problema del estrés hídrico que padecen los pueblos altoandinos a que no se ha construido la infraestructura que permita su represamiento (algo que claramente es solo una parte de la cuestión). Indica erróneamente que la minería comenzó con la llegada de los españoles, cuando nuestro país ha tenido una notable minería desde tiempos prehispánicos, tanto para la producción de herramientas – importantes para poder ampliar la frontera agrícola y hacer más productiva la agricultura - como de objetos ornamentales y de culto y algunas armas. Subraya que la minería y la agricultura pueden convivir (agrego, y deben, a partir del respeto recíproco).

En cuanto a la política, dice que el problema fundamental en el Perú y otros países de América Latina es la falta de institucionalidad que afecta principalmente a la existencia y funcionamiento de los partidos. A diferencia del presidente Correa, del Ecuador, considera que el político es un hombre público y que todos tienen el derecho de opinar sobre él y emitir un juicio particular (a pocos días del Día Mundial de la Mujer agrego – y sobre ella). Y aprecio que manifieste tratar de evitar el distanciamiento de la gente, la parafernalia de honores y seguridad, y la soledad del Poder, haciendo deporte, corriendo por las calles vecinas a Palacio y manejar su auto, con pleno acatamiento de las normas y señales de tránsito. Si esto es así, mis respetos. Incluso el solo señalarlo como deseable me parece bien.

Debo recordar que antes de las elecciones, y siendo absolutamente contrario al fujimorismo, planteé votar por Keiko Fujimori, por considerar que nuestra sociedad ha aprendido a combatir ese mal ya conocido, pero que el Humala original, con su programa previo a la primera vuelta, constituía una amenaza seria y nueva, por ello más peligrosa. Tenía también la leve esperanza de que la educación universitaria norteamericana, tan detestada por algunos candidatos republicanos, hubiese tenido en ella una influencia morigeradora del autoritarismo heredado de su padre.

Considero ahora, con satisfacción por el país, que obviamente me había equivocado, y agradezco a quienes, como nuestro gran intelectual, Mario Vargas Llosa, y el gran adalid de nuestra revolución gastronómica, Gastón Acurio, tuvieron la visión y la valentía de apoyar a un candidato Humala que expresaba un compromiso con ideas positivas radicalmente diferentes a las que había esgrimido anteriormente. Humala aún puede descarrilarse en su liderazgo, pero, sin desconocer enormes problemas y también algunos grandes desaciertos en su gestión, el proceso tenido hasta ahora ha producido dinámicas más bien positivas que ya no pueden borrarse. Mirando desde lejos, siento que con la entrevista nuestro presidente ha fijado un hito internacional que espero no desdiga en la práctica.

LA VIDA DE POLICÍAS NO IMPORTA/ Gustavo Carrión Zavala

El recurrente y vacío discurso de las actuales autoridades del Ejecutivo, respecto del aparente respeto por la vida de los policías y la mejora de sus condiciones laborales, ha quedado totalmente mostrado como estrategia de convencimiento pero que no lleva el propòsito de concretarlo, a la luz del favorecimiento que recibe quién lideró a una banda criminal que en Andahuaylas emboscó y asesinó a cuatro policías. Me estoy refiriendo a la incomprensible medida de favorecer el régimen carcelario de Antauro Humala, trasladándolo a un penal construido o habilitado especialmente para èl, dentro de las instalaciones militares de Chorrillos.

El presidente del INPE ha incurrido en sucesivas explicaciones contradictorias, que paso a intentar detallar:

-          Ha dicho que por razones de seguridad de los familiares de Antauro Humala se le traslada al penal “Virgen de las Mercedes” construido por el Ejército en sus instalaciones de Chorrillos. Antauro Humala tiene varios años purgando carcelería en el penal de “Piedras Gordas” y jamás se ha reportado incidencias con respecto a  èl y con respecto también a sus familiares y amigos que lo visitan, a pesar que en dicho establecimiento purgan carcelería visibles líderes de Sendero Luminoso, sin obviar a los delincuentes comunes más peligrosos. En cualquier circunstancia parecida, la presumible inseguridad se hubiese resuelto variando los dìas de visita para Antauro Humala, o de ser el caso trasladarlo al penal Miguel Castro Castro, atendiendo a que el delito por el cuál ha sido sentenciado es un delito común y procesado por tribunales comunes, por tanto no se trata de sentencia aplicada por la justicia privativa militar y por existir en el citado establecimiento un pabellón apartado de los demás, que alberga a internos por los cuales también se temìa por su seguridad, (implicados en el régimen fujimontesinista). Adicionalmente resulta lógico suponer que si pretendieran atentar contra los familiares del interno, en el trayecto de ida o vuelta al penal, esta posibilidad subsiste en cualesquier establecimiento al que se le clasifique o durante el desarrollo de otras actividades de estas personas, ergo, la seguridad tendría que afinarse respecto de estas personas en la calle y no con el traslado del interno a un penal, aparentemente  habilitado para favorecerlo.

-          Ha sostenido el presidente del INPE, que se  ha firmado un convenio con el Ejército para que esta institución ceda las instalaciones de este penal, denominado “virgen de las mercedes”, a condición que albergue a miembros del Ejèrcito que purgan carcelería en otros penales. Esto ya se había hecho con la construcción del penal que funciona en el antiguo cuartel “Tarapacá” de la avenida Huaylas en Chorrillos, al que se ha denominado “Virgen de Fàtima”. El convenio firmado establecía que el Ejèrcito construía y cedía el penal al INPE, a condición que en un pabellón se trasladara a miembros de esta institución que purgaban carcelerìa en otros penales. Asì se hizo, por mutuas conveniencias, toda vez que el inpe no podìa construìr otro penal para mujeres, y el que se conoce como “Aanta Mònica”, ubicado también en chorrillos, habìa superado largamente su capacidad de albergue y estaba peligrosamente hacinado. Es por este convenio, que resulta, por lo menos dudoso, que se habilite un penal  destinado a albergar a militares procesados o sentenciados por delitos de función y bajo jurisdicción de la justicia penal militar dentro de una complejo militar, y  con el mismo propòsito del convenio anterior. Es probable que ahora se pretenda buscar nuevas justificaciones, entre ellas el trasladar a los militares del penal “Virgen de Fatima”, procesados por delitos comunes a este nuevo penal que ha servido previamente como lo que se denominaba CENIN. Con este antecedente, las instituciones militares y la policía , quedan en perfecta posición de construìr cárceles dentro de sus instalaciones y luego pedir que los militares o policías que se encuentren purgando carcelería por delitos comunes, puedan ser conducidos a estas càrceles, previo convenio firmado con el INPE. ¿ será este el nuevo modelo de concesiòn carcelaria?.

-          El ministro de Justicia ha sostenido que por reportes del personal del inpe y notas de inteligencia, se ha conocido que pretenderían atentar contra Antauro Humala o sus familiares. Habría que evaluar la credibilidad de la fuente y del órgano que proporciona esta información y en un proceso de evaluación se obtenga inteligencia certera sobre estos aparentes propósitos. Parece sin embargo que se ha recurrido a un procedimiento harto utilizado cuando se trata de justificar alguna medida, cuál es, provocar una nota de inteligencia que sustente una medida controversial, como la del traslado de Antauro Humala. Decidido el traslado, se debe buscar la justificación del mismo y decir que si sucede algo y existìa una nota de inteligencia, la responsabilidad serìa de ellos. Asumamos por un momento que en realidad estuviera en riesgo la seguridad del interno o de algunos de sus familiares, el traslado se tendrìa que haber producido al penal “Miguel Castro Castro”, que como ya se dijo, cuenta con ambientes separados del resto de la población. Empero, el establecimiento que ofrece las mejores posibilidades de seguridad y de ambientes separados de la demás población penal, es precisamente “piedras gordas i”.

El ministro de Justicia, parece haber olvidado que el trasladado es quién lideró el “andahuaylazo”, acto criminal que culminó con el asesinato de cuatro policías, este hecho parece no preocuparle mucho pues no es precisamente un funcionario que le tenga mucho afecto a los policías, probablemente por un antiguo resentimiento. Lo cierto es que las explicaciones, tanto del ministro como del presidente del inpe, resultan inverosímiles y es de esperar que muestren las actas de los respectivos consejos técnicos penitenciarios y el sustento de la medida adoptada.

Dejo constancia de mi aprecio y respeto por el actual presidente del INPE, el cual creo que , como popularmente se dice, “ha tenido que comerse semejante sapo”, para dar cumplimiento a una decisión del mas alto nivel, y dejo constancia también, que en mi condición de oficial de policía en retiro, siento la más profunda indignación por el favorecimiento a quién lideró la banda criminal que emboscó y asesinó a cuatro policías.

¿EL CONGRESO APAÑADOR DEL ABUSO?/FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

En el Perú existen distribuidores automáticos de licencias para violar las normas: son los jueces que dictan medidas cautelares a favor de quienes abren comercios y fábricas en contra de las disposiciones de las municipalidades, de Defensa Civil, de las autoridades sanitarias y de muchas otras, pescan industrialmente en nuestro mar sin autorización del Ministerio de la Producción, prestan servicio de transporte sin las condiciones mínimas de seguridad, entre otras tropelías.

El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, ha denunciado que presentó un proyecto de ley para frenar ese inaceptable atentado contra el principio de autoridad, pero que el Congreso lo ha archivado.

Se está ante un valioso esfuerzo del Poder Judicial para poner fin a uno de los mayores abusos que se cometen en su seno. El Congreso debe asumir su responsabilidad, apoyándolo y así hacer prevalecer el interés general por sobre los negocios particulares. De otro modo, se hace cómplice del abuso, y, más allá, contribuye  a fomentar el caos y la anarquía en el Perú.

Todos los ciudadanos debemos exigir al actual Congreso que se muestre a la altura de su papel.  

ESTRATEGIA DESNUDA/ Gustavo Carrión Zavala

En los últimos días, y con fundadas razones, hemos asistido y participado del entusiasmo que nos suscitó la captura del delincuente Florindo Flores Hala, conocido en el mundo del crimen como “Artemio”.

Qué duda cabe que se trata de un inmenso positivo atribuible exclusivamente a la policía, a pesar, que como no podía ser de otra forma, se subieron al crédito del éxito las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, cuando queda totalmente esclarecido, que su actuación en el VRAE no ha sido todo lo auspiciosa que quisiéramos y se niegan a aceptar que lo suyo no es la persecución del delito.

Debemos igualmente resaltar la ponderación de los altos mandos policiales, al no evidenciar detalles de la captura ni la larga ruta que se siguió para capturar al esquivo líder de una de las facciones de Sendero Luminoso, que había derivado en un vulgar narcotraficante y sicario de las firmas dedicadas a esta ilícita actividad. Y entendemos la prudencia policial, pues todavía quedan algunas facciones que desarticular y capturar a su líderes, como son las que operan en el VRAE y que obviamente no resulta para nada inteligente, que en un exceso de entusiasmo y triunfalismos ligeros, componer epinicios, que alerten a los todavía activos delincuentes de lo que hace la policía para ponerlos a recaudo de la justicia.

Lamentablemente, la prudencia y recato de los altos mandos policiales, se han visto traicionados, por quiénes con afanes de pretender demostrar que ellos tuvieron mucho que ver con el largo trabajo de inteligencia, han aparecido en cuantos programas de televisión y radio han podido, y describir con lujo de detalles lo que hicieron los policías en temas de inteligencia, desde la utilización de equipos sofisticados de interceptación telefónica, penetración en los círculos cercanos a Artemio, captación de lo que llaman “topos”, que fueron los que estando en el entorno inmediato del delincuente, colaboraron con las fuerzas del orden, para capturar sistemáticamente a los mandos cercanos a “Artemio”, culminando con la captura de este delincuente, originalmente parte del comité central de Sendero Luminoso, derivado en vulgar narcotraficante. Lo que han hecho con esta irresponsabilidad, es noticiar a  “José”, “Raúl”, “Alipio” y colaboradores cercanos, que desconfíen de los que tienen alrededor, que cuiden sus comunicaciones, que eviten ser infiltrados, que eliminen  a cuanto sospechoso de ser “topos” se trate, y en síntesis, han procurado que la estrategia policial que llevó a la captura de “Artemio”, quede tan desnuda, que será prácticamente imposible poder utilizarla en lo que queda por perseguir a los grupos  que todavía actúan en el VRAE.

Preguntarnos por qué lo hicieron, pues tendríamos que buscar respuestas en los niveles de vanidad, falso orgullo, personalismo, blindaje frente a investigaciones en las que podrìan verse implicados, y por qué no, fríos cálculos de actuación política futura.

Les hubiese quedado mejor, esperar al final de esta persecución del delito de narcotràfico y terrorismo en el VRAE, y , haciendo gala de su locuacidad, escribir un libro del balance de esta extendida actuación policial, y ponerse , si asì lo consideran oportuno, como grandes artìfices del triunfo. A lo que no tenían derecho es a evidenciar el trabajo policial y con ello alertar a los delincuentes del VRAE, de lo que tienen que cuidarse y como neutralizar la acción policial.

Le toca a la policía ahora, diseñar una nueva estrategia y guardarla de tal manera, que no surjan nuevos intérpretes que por afanes totalmente personales, traicionen a la institución y saquen a la luz , lo que profesionalmente se debe reservar. No sería exagerado recomendar, a quiénes han desnudado la estrategia de la policía, se hagan amigos de Baltasar Gracián y asimilen una alta dosis de prudencia (oráculo manual y arte de prudencia).

Colaboración desde España/ ESTADO DE BIENESTAR Y ESTADO DE NECESIDAD / Guillermo MEDINA

El Partido Popular da constantes muestras de dominar la estrategia de comunicación y llevar la iniciativa. En la oposición al Gobierno anterior sus líderes convencieron a una mayoría de electores de que el problema era Rodríguez Zapatero y de que si Rajoy llegaba al poder  se restablecería la confianza y comenzaría el fin de la crisis. Era “el cambio” como taumatúrgico bálsamo de Fierabrás. Fue una siembra de expectativas sin apenas concreción o incluso prometiendo lo que no se podía cumplir.

Una vez en el Gobierno, el PP utilizó el desfase del déficit presupuestario en 2011 (el 8% en vez del 6% previsto), de sobra percibido anteriormente como inevitable, y debido principalmente a la mala gestión de las CCAA, junto con la entrada en recesión, para justificar la subida del IRPF. Hubo contrariedad de los ciudadanos pero sobre todo resignación ante lo que parecía inevitable. A partir de entonces, el Gobierno del PP no ha ocultado la gravedad de la situación sino al contrario. Los mensajes han sido que “los datos son espeluznantes” (ministra Báñez), que las cifras de paro “no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán” (Rajoy en el Congreso el 8 de febrero) y que la salida de la crisis será muy dura y llevará tiempo.

El razonamiento del Gobierno parece claro: cuanto peor sea la percepción de los ciudadanos sobre la situación y las perspectivas, más dispuestos y resignados estarán para asumir sin rebeldía las reformas, en primer lugar la anunciada como “dura y profunda” reforma laboral. Si además el susto se nos mete en el cuerpo al principio del mandato, las culpas se remitirán instintivamente al debe del Gobierno anterior.

Hasta ahora, esa estrategia se está mostrando eficaz para impedir lo que en otro caso podría significar una caída dramática del apoyo popular al Gobierno. Así lo indican las encuestas, incluida la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja una exigua pérdida de apoyo popular.

El lado malo, para todos, de esa estrategia política  es que se vuelve contra las posibilidades de recuperación. En efecto, esa sociedad resignada, conformista y, sobre todo, amedrentada (cada vez más se escribe sobre el miedo como factor de manipulación social), estará preparada para aceptar las reformas que el Gobierno quiera. Puede que incluso haga inviable una huelga general en estos momentos. Pero desde luego el pesimismo no ayuda al clima propicio para que los empresarios empiecen a contratar y los ciudadanos se animen a gastar.

El Gobierno puede caer en la tentación de sustituir el concepto “estado de bienestar” por el de “estado de necesidad”. Este último sería la reducción de aquél a las críticas posibilidades de la actual situación y a la visión de un Estado jibarizado por imperativo de la crisis. Una necesidad (necesariedad) que todo lo explica y justifica, desde la sustitución de Gobiernos legitimados electoralmente por equipos técnicos, a la subordinación del estado de bienestar a funcionalidades políticas oportunistas. La crisis impone como verdad establecida el estrecho paradigma de la rentabilidad de los servicios y políticas sociales, lo que abre doctrinalmente la puerta a las reducciones y privatizaciones de los mismos. Así, la  crisis como oportunidad (de mejorar y avanzar todos juntos) es sustituida por la crisis como pretexto (el avance de unos y el estancamiento o retroceso de otros en una sociedad cada vez más dual).

Naturalmente, el PP ha sostenido, en la oposición primero y ahora en el Gobierno, su fidelidad inquebrantable a los distintos componentes reales del estado de bienestar. Faltaría más, tratándose del “partido de los trabajadores” (María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP). Pero esperen y verán. Hay síntomas de que lo que comienza como una “reestructuración del estado de bienestar para hacerlo viable” puede terminar siendo, por causa de un visión reduccionista y tecnocrática de la crisis, una profunda redimensión del mismo a la baja.

La instalación entre nosotros de la idea según la cual la necesidad ha llegado para permanecer –el estado de necesidad- se ve reforzada, y utilizada, cuando los Estados y los Gobiernos ni siquiera pretenden ocultar su impotencia ante la crisis, y renuncian a la política en beneficio de la nebulosa de inversores que llamamos mercados. Lejos de rebelarse contra la hegemonía de éstos, encuentran en su poderío el manto que cubre sus propias culpas, errores e inepcias. Y por si algunos protestan ante tal deriva degradante de la propia democracia, ahí está otra de las herramientas anestésicas: la culpa de nuestros males es nuestra por haber querido vivir por encima de nuestras posibilidades. Así, genérica y colectivamente, participamos en unas responsabilidades colectivas que diluyen las graves culpas de las minorías verdaderamente culpables.

¿Cuáles van a ser las consecuencias sociales y políticas de todo esto a medio plazo? ¿Ese estado de necesidad va a dar lugar a un estado de resignación? He escuchado opiniones en el sentido de que el Gobierno tiene vía libre para realizar su proyecto, incluso la parte no manifestada, sin que haya de temer una reacción social significativa. Puede que sea así en esta etapa. Pero el Gobierno haría mal en confundir resignación con inhibición, y menos aún con conformidad y respaldo. La resignación nunca es un estado psicológico  permanente sino que suele incubar la rebeldía. Confío en que, confundido por lo limitado de la protesta social activa, el Gobierno no desactive, en aras de sus objetivos fiscales, los mecanismos de cohesión y solidaridad social que permiten la paz social en tiempos de crisis. No hay que olvidar que el estado de bienestar, aunque atemperado por las circunstancias adversas, no es sólo una necesidad social -ni siquiera un concepto “de izquierda”-, sino también, desde el fin de la segunda guerra mundial, un elemento necesario para el funcionamiento equilibrado del sistema y para el progreso económico de las sociedades democráticas europeas.

LA CARTA DEL AHOGADO /Augusto Ortiz de Zevallos

El diario Correo celebra en carátula del sábado que quien escribe sería un “ahogado político” y conjetura que debido a ese “olón” de fin de año, que también celebraron, y a los “errores cometidos por el arquitecto” se me habría cesado de presidir la Costa Verde, y afirma que todos estos hechos “terminaron por dejarlo fuera de la comuna capitalina”. Estoy, pues, en la calle, celebración a la que se suma algún regidor para quien yo oigo jazz pero no formo parte de la “gente capacitada”. Que, según él y otros, (que hay que suponer que sí son gente capacitada), Susana Villarán no tiene.  Supongo que haya algunas despistadas celebraciones más.  A las que, según con quién, agradeceré que me inviten.Porque yo celebro que este político esté ahogado, y por tanto, muerto, porque además nunca estuvo vivo. 

No he sido político nunca, ni quiero serlo, salvo que recuperemos etimologías. No fui, con Susana Villarán,  candidato a nada, sino un urbanista y arquitecto invitado que aportó contenidos importantes al plan de gobierno, y que, como tal, explicó y expuso en la campaña ante “la gente capacitada”, ésa  que perdió los debates, esos proyectos que ya se empezaron a materializar : la Costa Verde, el Rio Verde, principalmente.

La única vez que fui regidor fui un independiente invitado por Alberto Andrade, y no por ser político, sino porque Alberto creía que el Gran Parque de Lima, que propuse y diseñé, era la mejor obra de su gestión. Y creía también, para organizar su tercera gestión, que no tuvo, en un documento sobre proyectos estratégicos que preparé, proponiendo cómo recuperar el río y el litoral,  articular la Lima central con la Lima periférica, así como potenciar los parques zonales, entre otros temas.  

Tampoco por político me encargó el primer alcalde después de la recuperación de la democracia, Eduardo Orrego el proyecto para la Quinta Heeren, como  me invitaron todos sus sucesores: Barrantes, a la recuperación de los colores del centro; Del Castillo, a liderar el Plan del Centro de Lima, Belmont, a formar el IMP; Andrade, a diseñar ese parque y luego a escoger los proyectos estratégicos. Y para mi sorpresa, después de haber sido su opositor y crítico, Luis Castañeda, a cambiar el proyecto del Costa Verde, de un proyecto principalmente inmobilario, que algunos extrañan, a ser uno con clara prioridad en el espacio público, que es el que se hará. Así me temo que este muerto vive. 

Y sobre la causa de mi celebrada muerte por ahogo, aunque  siempre incomoda hablar de uno mismo supongo que si soy motivo de carátula en un diario, algún interés tiene esta carta en que el 18 de Enero le pedí a la Alcaldesa asumir ella la presidencia de la Costa Verde,   ésa de la cual Correo celebra que he sido choteado. 

LIMA, 18 DE ENERO, 2012

SRA SUSANA VILLARÁN
ALCALDESA DE LIMA METROPOLITANA.

DE MI MAYOR CONSIDERACION.

ESCRIBO A USTED LA PRESENTE ANTE EL NUEVO ESCENARIO PARA ESTE AÑO 2012, SEGUNDO DE SU MANDATO.

SE QUE SE REDEFINE TAREAS Y FORMAS DE GESTION EN SU EQUIPO, Y QUE HAY UNA NUEVA GERENCIA MUNICIPAL QUE DEBE ORQUESTARLO, Y EN ESE CONTEXTO CREO OPORTUNO PEDIRLE QUE CONSIDERE, SI ES EL CASO Y ELLO AYUDA A SUS OBJETIVOS, QUE EL CARGO DE PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD AUTONOMA DE LA COSTA VERDE, QUE A INVITACION SUYA  EJERZO DESDE HACE POCOS MESES, PUEDA SER REASIGNADO, Y SEA AHORA ASUMIDO, YA SEA DIRECTAMENTE POR USTED , QUE ES LA TITULAR  DE ACUERDO A LA LEY Y SU REGLAMENTO, O POR OTRA PERSONA QUE MEREZCA ESA CONFIANZA SUYA, QUE LE AGRADEZCO, EN ESTE Y OTROS TEMAS.

SABEMOS ADEMAS QUE EN LA COSTA VERDE LAS OBRAS YA EMPEZARON Y SEGUIRAN Y QUE LA TAREA CENTRAL ES MATERIALIZARLAS. COMO SABEMOS Y HEMOS CONVERSADO, EL EJE PRINCIPAL DE MI APORTE A SU GESTION ES LA ASESORIA PROFESIONAL A USTED Y SU EQUIPO EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPROMETIDOS EN LA CAMPAÑA Y QUE RECIBIERON EL RESPALDO DEL ELECTORADO. Y ESA TAREA CENTRAL ES TRADUCIR, EN EL ESPACIO DE LA CIUDAD, Y EL TERRITORIO DE LA METROPOLI,  LA TRANSFORMACION DE LIMA HACIA SER UNA CIUDAD PARA TODOS DEBEMOS ORGANIZAR  LA RECUPERACION DE SU RIO,  DE SU LITORAL Y DE SU CENTRO, ASI COMO CONSTRUIR  UN PLAN ESTRATEGICO DE ESCALA REGIONAL QUE ORGANICE Y REEQUILIBRE EL PAISAJE Y EL ESPACIO URBANOS, PARA MEJORES CALIDADES DE VIDA Y OPORTUNIDADES. EN ESE DISEÑO DE RESPONSABILIDADES, SEÑORA ALCALDESA, LE PIDO QUE SE SIENTA EN PLENA LIBERTAD DE REDEFINIR DONDE SOY MAS UTIL. A SU GESTION Y A LA CIUDAD DE LIMA.CON MI MAYOR APRECIO POR USTED Y SU EQUIPO, ATTE

Augusto Ortiz de Zevallos, arquitecto y urbanista.

HUEVOS DE ESTURIÓN / Con el agua al cuello / Fernando Rospigliosi

Los participantes de la “marcha por el agua” tuvieron una grata sorpresa el lunes 6: el cielo se abrió y descargó una torrencial lluvia, que los hubiera empapado si en realidad hubieran venido caminado, como algunos ingenuos creen. No, los marchantes vienen en ómnibus y automóviles, y se bajan para desfilar en los pueblos que atraviesan.

        No es que el ex clérigo Marco  Arana se haya convertido en sacerdote de un oculto rito que ha logrado, mediante secretos conjuros, que los cielos se abran. Se trata simplemente que estamos en época de lluvias donde el exceso de agua se convierte en un problema muy serio: desbordes de ríos, acequias y lagos, huaycos y muchos desastres.

        Y luego, cuando termina la temporada de lluvias, volvemos a la escasez y, en muchos lugares, a la sequía. De eso se aprovechan los izquierdistas y antimineros disfrazados de ambientalistas para atribuir falsamente a la minería la falta de agua.

        En realidad, lo que se necesita es inversión en infraestructura para poder acumular el agua en época de lluvias y utilizarla cuando escasea, así como para canalizarla. Para eso se requiere mucho dinero y la principal fuente de impuestos del Estado peruano es la minería.

        Si no hay minería, habrá mucho menos dinero de impuestos y será imposible construir las obras que se requieren para represar y canalizar el agua que el Perú necesita.

        En el caso de Cajamarca, por ejemplo, el gobierno ha prometido construir la represa de Chonta, que cuesta más de 300 millones de soles. Eso lo hará con los impuestos recaudados, la mayoría de los cuales proviene de la minería.

        Los proyectos mineros también contribuyen directamente a proporcionar más agua para la gente. Conga, por ejemplo, construirá cuatro lagunas que filtrarán agua a la napa freática y acumularán agua para ser usada en los meses en que escasea, reservorios además que contendrán más del triple del agua de las lagunas que serán afectadas por la construcción de la mina. Por donde se le mire, es ganancia, beneficio para la población pobre de la zona.

        Las lagunas actuales, como se sabe, no filtran a la napa freática porque están sobre suelo impermeable y no pueden ser usadas en la época de escasez porque no hay manera de extraer el agua. Tampoco son turísticas, situadas en parajes a más de 4000 metros, sin carreteras ni nada alrededor.

        ¿Por qué se oponen los antimineros entonces a un proyecto que desde todo punto de vista beneficia a la población y proporciona mucho más agua de la que hay ahora? Sencillamente porque el agua para ellos es un pretexto. Se disfrazan de ambientalistas para atacar a las empresas privadas. Son izquierdistas ideologizados que quieren expulsar a la “minería colonial depredadora”, como dice el ex guerrillero trotskista Hugo Blanco, convertido en ambientalista y promotor de la “marcha por el agua”.

        Los izquierdistas antimineros de la “marcha por el agua” no dicen nada, por ejemplo, de la situación de Ica, donde la agricultura moderna está agotando las fuentes de agua. Como no pueden culpar a la minería, obvian el problema.

        Tampoco una palabra por la grave situación de una de las maravillas del mundo, el lago Titicaca, contaminado por la minería ilegal, los desagües de las poblaciones circundantes y la agricultura.

        Es muy obvio que a los izquierdistas antimineros de la “marcha por el agua” solo les interesa atacar a la minería moderna, la que paga impuestos, da empleos formales y bien remunerados, que proporciona mucho más agua de la que usa y que ha sido el principal  motor del crecimiento económico de la última década.

        

HUEVOS DE ESTURIÓN / Morales Bermúdez / Fernando Rospigliosi

                 La orden de captura internacional dictada por un juez argentino contra el general (r) Francisco Morales Bermúdez no tiene sentido y debería ser rechazada, no solo por el gobierno sino por la sociedad.

                Es verdad que FMB presidió una dictadura militar y que deportó en 1978 a 13 ciudadanos peruanos a la Argentina, pero es falso que eso fuera parte del plan Cóndor, una operación de secuestro, tortura y asesinatos coordinada por las brutales dictaduras del Cono Sur del continente.

                La dictadura peruana izquierdista no se llevaba bien con sus colegas de Sudamérica y para 1978 el Plan Cóndor estaba casi extinguido sin su principal animador, el chileno Manuel Contreras, en el poder. Incluso durante la primera mitad de esa década y algo más, el Perú se convirtió en país de refugio para izquierdistas del continente que escapaban de la persecución de sus gobiernos, al tiempo que la dictadura peruana deportaba a opositores de derecha e izquierda.

                FMB fue ministro de Economía en el primer gobierno de Fernando Belaúnde -un caso insólito de un militar en actividad ocupando ese puesto en un gobierno civil- y después ocupó puestos importantes en el gobierno militar del general Juan Velasco. Como Comandante General del Ejército, ministro de Guerra y Primer Ministro, FMB encabezó un golpe en agosto de 1975 contra Velasco, que enfermo y asediado, se mostraba incapaz de controlar la situación en medio de una crisis económica.

                En 1977, después de fuertes movilizaciones sociales y un paro nacional, los militares decidieron abandonar el poder, con una "transición ordenada". Para eso convocaron elecciones para una Asamblea Constituyente en 1978.

                No obstante, la convulsión social no amainó, incentivada sobre todo por la crisis económica. En esas circunstancias, la dictadura de FMB deportó a loos 13 ciudadanos a la Argentina. Fue, por supuesto, un acto arbitrario y repudiable. Pero finalmente, todos regresaron rápidamente al Perú, sanos y salvos. Varios de ellos, además, electos como diputados a la Asamblea. Por primera vez en la historia del Perú, grupos de extrema izquierda pudieron participar en una elección democrática y ocupar curules.

                A diferencia de los que se capturaban en el plan Cóndor, que eran torturados, desaparecidos y asesinados, los peruanos deportados corrieron una suerte distinta.

                FMB cumplió con la transición a la democracia y en en julio de 1980 le entregó el poder a un candidato que los militares no querían, Fernando Belaúnde, precisamente el gobernante que habían derrocado en 1968. Ellos realizaron elecciones democráticas.

                Luego de un frustrado intento de participar en la política, el general Morales Bermúdez ha mantenido siempre una posición moderada y democrática. En julio de 2000 estuvo en el estrado de la Marcha de los 4 Suyos con Fernando Belaúnde y Alejandro Toledo.

                A los 90 años, Francisco Morales Bermúdez sigue siendo un referente de rectitud y honradez, cosa que pocos ex gobernantes pueden exhibir.

                Es una injusticia que se pretenda extraditar y juzgar a FMB. Hay que rechazar firmemente esa pretensión.

¿CUERPO MILITAR CON FUNCIONES DE POLICÍA?/ Gustavo Carrión Zavala

Cuando se designó al  comandante en retiro del Ejército peruano Óscar Valdés Dancuart como ministro del Interior, en este mismo espacio manifesté  mis preocupaciones que se tendiera a militarizar la policía y obviamente el cumplimiento de las funciones que competen a esta institución. No faltaron aquellos que  acusaron esta preocupación, de estar cargada de subjetividad y el hecho de la condición de militar retirado de Valdés no significaba necesariamente el sesgo militar en el manejo de la función policial. El tiempo  fue confirmando el acento militar en la gestión de la policía, a pesar que cínicamente se negaba esta tendencia. Se postula crear el servicio policial voluntario, la policía rural sobre la base de rondas campesinas y organizaciones de autodefensa. Se asigna la conducción de la estrategia antidrogas en el VRAE  al comando militar y los especialistas en la persecución de este delito, los policías, quedan subordinados a esta autoridad, que obviamente no están preparados para cumplir una función que no es la suya. En los últimos días el presidente Humala ha declarado que los militares retirados que se dediquen a la seguridad ciudadana no tendrán que suspender el pago de sus pensiones, lo que denota el poquísimo interés de la administración actual en asuntos de seguridad de los ciudadanos, cuando sostiene que militares y policías son intercambiables en temas de seguridad ciudadana, cuando en realidad se trata de profesionales de distinta actuación y por tanto de formación diferenciada. Los militares son formados para la defensa exterior y necesariamente son combatientes que defienden la heredad nacional cuando esta se vea amenazada por fuerzas externas. Los policías están encargados de mantener la indemnidad de las personas en sus vidas, bienes y ejercicio de libertades y derechos. Resulta entonces que por definición, unos son profesionales de la guerra y los otros (policías) son profesionales de la convivencia pacífica y ordenada.

Insistimos en el tema, ante la confirmación de la tendencia militar en la organización y denominaciones policiales. En los cuadros que asignan a los actuales generales a sus respectivos cargos, el director general es denominado “comandante general”, tal como se denominan a las cabezas de los institutos armados. Mientras las fuerzas armadas comandan tropas encargadas de la defensa externa, y por tanto resulta casi natural que el jefe de más alto nivel se denomine comandante general, la policía es una organización integrada por agentes y funcionarios de policía y su máxima autoridad dirige profesionalmente a estos agentes y funcionarios para que cumplan con la protección a las personas. No es pues la policía un cuerpo de tropas que deben obedecer a una conducción centralizada. El funcionario de policía debe ser habilitado para que use con toda prudencia su capacidad discrecional, de tal suerte que su actuación evite daños mayores a personas y bienes. Por todas estas consideraciones creemos que la denominación de comandante general resulta impropia cuando se trata de la policía nacional.

Pero no sólo es la denominación de la máxima autoridad policial, se ha retornado a la organización territorial policial concordante con la organización militar. Es posible que las hipótesis que manejen las fuerzas armadas, hayan orientado que estas se organicen en las regiones que ahora manejan, con el seguro propósito que si se trata de una agresión en el norte, todas las unidades que correspondan a esta región concurrirán a la defensa exterior. Esta no es la realidad de la policía  ,  los servicios de policía tienden a ser cada vez más locales, pues atienden modalidades delictivas e idiosincrasias singulares de cada población, de tal suerte que los asuntos de policía que conoce la policía en tumbes, son distintos de los asuntos de policía que conoce la policía en Ancash o en amazonas, por cuanto resulta inapropiado centralizar la conducción de la acción de la policía desde Piura, para departamentos tan distintos como Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, Ancash, La Libertad. Y así sucede en la organización de las demás regiones policiales, lo que  evidentemente generará dificultades en el cumplimiento de las responsabilidades policiales.

Otro asunto que resulta innecesario pero que acusa la tendencia, es la modificación del uniforme de oficiales generales, adicionándole el uso de un “bastón de mando”, que para el Ejército simboliza el mando de tropas, pero como se ha dicho anteriormente, la policía es un cuerpo de agentes y funcionarios de policía, que en forma alguna adquieren la categoría de tropa. Si se trata de un asunto alegórico, resultaría igualmente cuestionable, que los generales cedan a la tentación de la imitación.

Cuando se dijo que se trataba de una reingeniería, esperábamos que esta estuviera basada en la identificación de la naturaleza de la institución policial, que no sólo en nuestra realidad, sino en los países democráticos, se trata de una institución de naturaleza civil, que cumple funciones al servicio de la ciudadanía y que en su conjunto, el cuerpo policial es parte de la urdimbre social.

No debemos olvidarnos, que la policía sufrió las más graves afecciones cuando se trató de regímenes militares o regímenes civiles apoyados en el poder militar, como sucedió en la dictadura de Velasco, que pretendieron disminuir la calidad de la formación de los oficiales y suboficiales de policía. Más cercano aún es el estado de descomposición en el que quedó la policía después del fujimontesinismo, período en el cuál todos los ministros del Interior provenían de las fuerzas armadas. Ojalá que los actuales conductores de la institución no se dejen seducir por situaciones cosméticas y procuren mejorar los niveles de formación, capacitación y mejorar las condiciones laborales de los policías y así evitar que la policía  termine convirtiéndose en un cuerpo militar con funciones de policía.

HUEVOS DE ESTURIÓN / “Perro flaco” / Fernando Rospigliosi

La Policía atrapó a Celso Castillo Ángeles, “Perro flaco”, uno de los delincuentes que atacó una comisaría en Jaén el 9 de enero. Los “Sanguinarios de Bagua” asesinaron a sangre fría a 3 policías, un adolescente y una mujer embarazada.

Según la Policía, “Perro flaco” es un licenciado del Ejército convertido en delincuente, al igual que varios de sus cómplices.

¿Se acuerdan cuando se produjo el ataque y algunos medios y expertos dijeron que se trataba de una incursión del MRTA y del resurgimiento del terrorismo?

        En esa ocasión recordé en el twitter como durante más de una década surgen una y otra vez esas ideas equivocadas sobre supuestos rebrotes y conspiraciones terroristas.

        Es la de nunca acabar, porque, por un lado, hay gente interesada por motivos políticos en hacer creer que hay nuevos grupos terroristas; y, por otro lado, hay personas con esquemas mentales rígidos que no entienden que las cosas han cambiado.

        Un elemento interesante a destacar es el origen de estos sanguinarios delincuentes: el Ejército. (En otros casos son policías o ex terroristas).

Es importante recordarlo cuando el presidente Ollanta Humala, que no tiene la más mínima idea de cómo enfrentar la creciente ola delictiva, pretende incorporar a la seguridad ciudadana a militares en retiro, pagándoles un sueldo adicional además de su pensión.

Ese es un riesgo muy serio porque algunos de esos militares, además de no estar capacitados para la tarea, son potenciales o reales delincuentes. O integrantes de las huestes etnocaceristas que lidera su hermano Antauro. Similares a los que asaltaron la comisaría de Andahuaylas en 1 de enero de 2005 y asesinaron a 4 policías.

        Ya hicieron una barbaridad al presentar un proyecto para el "servicio policial voluntario" que está a punto de ser aprobado en el Congreso. Ya realizaron otra burrada al llenar el Ministerio del Interior con militares con los resultados que estamos viendo. Sería una nueva metida de pata, que empeoraría la situación.

Referencias:

http://www.larepublica.pe/21-01-2012/cae-hampon-que-tomo-por-asalto-la-comisaria-de-santa-rosa

http://diariocorreo.pe/nota/64353/atrapan-a-integrante-de-los-sanguinarios-de-bagua/

http://elcomercio.pe/peru/1363860/noticia-cajamarca-capturaron-sospechoso-asalto-comisaria-puerto-ciruelo