LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El otro debate VES 

II. Lourdes: La mona Jojoy

III. ¿Susana Villarán de Humala?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Laura Arroyo y Fernando Rospigliosi

I. ¿Ya ganó Susana?

 

II. ¿Que nos espera en el 2011?

III. El papel aguanta todo

HUEVOS DE ESTURIÓN / El mito de las encuestas / Fernando Rospigliosi

A raíz de la insólita conversación entre Lourdes Flores y Xavier Barrón –grabada ilegalmente, en acto repudiable-, donde éste le sugiere a la candidata visitar a Alfredo Torres, de Ipsos-Apoyo para que “pueda mover un poco sus cifras”, se vuelve a discutir la influencia que tienen las encuestas en un proceso electoral.

Los políticos no sólo viven pendientes de las encuestas, sino les atribuyen un poder mágico, creen que son determinantes, que influyen fuertemente en el electorado. Eso es falso. Durante décadas, se han realizado estudios en muchos países y nunca se ha podido demostrar que las encuestas afecten decisivamente una elección.

        El denominado “efecto arrastre”, que la gente vota a ganador, es un mito que no tiene ningún sustento.

        En el Perú, un ejemplo típico es el de las elecciones de 1990. Durante meses Mario Vargas Llosa encabezó las encuestas y sólo en las últimas semanas apareció Alberto Fujimori que finalmente ganó la elección. Si hubiera funcionado el “efecto arrastre” MVLL habría ganado de manera abrumadora.

        Es más, hasta el final, cuando se preguntaba “¿quién cree que ganará?”, más de dos tercios decían que Vargas Llosa. Es decir, a pesar de creer que triunfaría MVLL, muchos votaban por Fujimori.

        El muy limitado “efecto de arrastre” que pueden tener las encuestas se anula. Es decir, hay unos pocos que en efecto votan al que va adelante y otros que, pensando que va a ganar de todas maneras, dejan de votar por ese candidato.

        Para lo que si sirven las encuestas es para recaudar fondos. Los candidatos que van adelante tienen mucho más donantes que los aparecen al fondo de la tabla.

        En cualquier caso, es absolutamente repudiable el intento –frustrado- de Barrón de influir en Ipsos-Apoyo para modificar el resultado y estafar al público.

        Otro aspecto significativo de la conversación Flores-Barrón, es la ingenuidad, candidez, simpleza o bobería de Lourdes  que cree que hay un complot de las encuestadoras para irla “subiendo a ella (Susana) de dos en dos y a mí me van bajando de dos en dos”.

        Que un cretino como Alditus Mengele diga esas estupideces, pase, no se puede esperar otra cosa. Pero que Lourdes crea eso, es demasiado.

        Todas las encuestadoras coinciden: Susana está subiendo, Lourdes bajando. ¿Acaso CPI que trabaja para Correo y RPP es parte del complot? ¿Ipsos-Apoyo, parte de un conglomerado internacional cuyo negocio es hacer encuestas, va a arriesgar su prestigio para favorecer a Susana? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Alfredo Torres es comunista, farquista, rojo o caviar? ¿Cómo Susana, super misia, lo ha comprado? ¿La encuestadora de la Universidad Católica también miente? ¿Imasen?

        Es impresionante como una persona inteligente como Lourdes puede perder el sentido de realidad y atribuir a un imaginario complot (¿de quién?) su caída, que se explica, como es obvio, por sus propios errores.

A PROPÓSITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1095 / Gustavo Carrión Zavala

Luego de resuelto el problema suscitado a partir del decreto legislativo 1097, que en realidad era una suerte de amnistía solapada, demos vuelta a la pagina  (aún cuando nos queda la sensación que se ha resuelto la parte legal pero no la intención del gobierno de García de ceder ante la presión del fujimorismo, prohijador de militares que no tienen otro argumento que exigir  impunidad como garantía para cumplir con su “trabajo”), echemos una mirada al Decreto Legislativo 1095 y tratemos de explicarnos la posición del saliente ministro del Interior, para haber consentido la policialización de las Fuerzas Armadas y la categorización de grupos hostiles.

En realidad el Decreto Legislativo 1095, reemplaza a la Ley 29166, que regulaba la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, cuando se declaraban regímenes de excepción y se autorizaba que asuman tal control, y también cuando la norma no autorizaba tal asunción y en cuyo caso, colaboraban con la Policía Nacional. La ley mencionada se refería recurrentemente a actos de hostilidad, lo que individualizaba la acción hostil.

El Dleg 1095, se refiere a grupos hostiles, premunidos de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes, lo que obviamente está referido a las manifestaciones y protestas, bastando que se declare el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas arremetan contra los manifestantes. Lo que no ha calculado el ex ministro Salazar, en su condición de policía en situación de retiro, que si se produjese una protesta del personal, tal como sucediese en 1975 y en 1987, por tanto no estamos hablando de hipótesis negada, bastaría que se declare el estado de emergencia para que se considere grupo hostil a los policías y las fuerzas armadas arremetan contra ellos. Esto tampoco es hipótesis negada, pues en 1975, y de eso se debe acordar Salazar pues ya era cadete de la entonces Guardia Republicana, las Fuerzas Armadas no tuvieron reparos en agredir con armas de fuego a los policías que protestaban por mejores condiciones laborales.

Es cierto que en 1975 estaba el país bajo la dictadura militar velasquista y fueron cubiertos con el manto de la impunidad que les daba el total control del país, empero, quedó manifiesto el desprecio que sentían y probablemente sientan todavía los miembros de las fuerzas armadas, respecto de los policías.  Lo sorprendente es que en plena vigencia del estado de derecho y habiendo luchado la sociedad tanto por proscribir las dictaduras, esa posible agresión militar contra cualquier protesta de policías quedaría totalmente legalizada, pues la norma no hace distingo de a quiénes se les  puede atribuir la calidad de grupo hostil. De la misma forma, y de eso ya se han ocupado especialistas en temas legales, cualquier protesta popular puede ser etiquetada como grupo hostil y recibir toda la potencia agresiva de las Fuerzas Armadas, incluyendo los efectos colaterales que señala la norma (forma eufemística para denominar a los excesos) y que todos ellos, de judicializarse, serán casos conocidos exclusiva y excluyentemente por la justicia penal militar.

Pero lo que significa una inexcusable renuncia por parte de Salazar, es el permitir que aún cuando no se declare el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el control de delitos como terrorismo, narcotráfico, y en actividades policiales de seguridad a servicios estratégicos. Ha consentido de esta manera, que legalmente las FFAA logren lo que de hecho han venido intentando: policializar su acción, en razón de no existir probabilidad de un conflicto externo. Lejos de oponerse y de llegado el caso, renunciar antes que avalar este despropósito, ha preferido abdicar, firmar y pensar en su futuro político inmediato sin importarle el estar entregando parte del trabajo policial a las fuerzas armadas.

Los especialistas explican los regímenes de excepción como una suerte de dictadura comisoria breve, con el fin de recuperar el orden alterado, y si es necesario para lograrlo, se autoriza la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno. Con el Decreto Legislativo 1095, lo que se está haciendo al autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de temas vinculados a la finalidad policial en épocas de normalidad, es extender solapadamente los regímenes de excepción sin que medie la declaratoria legal.

La historia y el personal policial juzgará finalmente la obsecuencia de Salazar.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Nicolás Lynch

I. Final de fotografía



II. 18 segundas vueltas en regiones



III. Gancho de Mario Vargas Llosa

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando RospigliosiI.

I. Tome café con Vladimiro



II. Adopte un general jubilado



III. Lima: Elija a su señora

MÚLTIPLES MEDIDAS, ¿DE SEGURIDAD? / Gustavo Carrión Zavala.

En los últimos días se han venido anunciando múltiples medidas con el propósito de enfrentar al crimen y devolver al ciudadano la confianza de transitar  por la ciudad sin apremios. Resulta legítimo someter estas medidas a un proceso de lógica desconfianza. En principio, porque surgen ante el crecimiento inmoderado de la actividad criminal, con aplicación de singular violencia en la perpetración de los delitos y pareciera una actitud desesperada de los responsables de la seguridad, por tranquilizar la crispación popular y decir lo que la población quiere escuchar, resumido en, mayor punición, supresión de beneficios penitenciarios, cárcel  interminable, mayor cantidad de policías en la calle (lo que no asegura mayor calidad en la actuación), ampliar la atribución de los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, convocatoria tardía del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y algunas acciones más que parecieran sumamente desperdigadas y sin que  surjan de una armonizada política pública de seguridad. Nos permitiremos comentar algunas de ellas, con el ánimo de prevenir el fracaso de las mismas y el nuevo y mayor desconsuelo en el que se sumergirá la población.

Nos referimos muy ligeramente a las normas propuestas para agravar la situación de los encarcelados y las supresiones de los beneficios penitenciarios para ciertos tipos de delitos. Muchas de las medidas anunciadas ya están contenidas en normas anteriores, y solamente se han reiterado. Por otro lado esta tendencia a mayores penas, menores beneficios en una dimensión eminentemente punitiva, no resulta ser en esta ocasión original, es el expediente al que se ha recurrido en los últimos tiempos cada vez que se producen picos en la actividad criminal, y el resultado resulta por ello también previsible, no disminuirá el delito, no es el camino correcto para luchar contra la delincuencia, y no disuade siquiera a los delincuentes. La razón es simple, se dictan medidas inconexas con la realidad, que  no van acompañadas de una reforma del sistema penitenciario, de tal suerte que las cárceles se han ido convirtiendo en centros en donde los internos  a lo único que no acceden es a pasearse libremente por las calles, todo lo demás lo encuentran en el interior de las prisiones, por estar tugurizadas, manejadas por personal penitenciario  (o policial según el caso) mal preparado, mal estimado, mal remunerado y sumamente corrompido. En lo que va de la actual administración del país, además de ampliar la capacidad de albergue de algunos penales, sólo se ha construido un establecimiento penal (piedras gordas 2), que hasta donde sabemos, todavía no entra en funcionamiento, y tendrá capacidad para 2500 internos, que obviamente no aliviará la tugurización de las cárceles limeñas, pues en el mismo período  la población penal ha crecido más que esta capacidad de albergue.

La norma que amplía la consideración de flagrancia hasta 24 horas de cometido el acto criminal con la condición de sindicación o identificación del delincuente, nos parece la más acertada de las medidas propuestas, pues la anterior situación posibilitaba la impunidad de los que no eran capturados en el mismo  momento de la comisión del delito. Algunos especialistas en derecho penal y procesal penal no están de acuerdo con esta norma, sin embargo a nuestro entender representa un aporte sensible para la eficacia de la acción policial en la persecución del delito. Queda en manos de policías y fiscales el hacer uso estrictamente legal de esta ampliación de flagrancia y no pervertirla hasta convertirla en un instrumento de abuso.

La reglamentación de la ley que regula la vigilancia privada, y el anuncio del titular del sector Interior (que resultó algo confuso) que se facultaría a los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, algo que se deducía de la propia licencia para portar armas concedida por DISCAMEC (que pertenece al sector Interior), nos sugiere que se les está diciendo que la utilicen con más frecuencia, lo que acarreará la ligereza en los disparadores de las armas de los delincuentes, que ante el sólo anuncio que los vigilantes particulares también dispararán, tratarán de adelantarse. Los vigilantes por su lado, con la poca preparación que tienen, lo poco que ganan en la mayoría de los casos, pensarán varias veces antes de enfrentarse con delincuentes dispuestos a todo, u optarán por “colaborar” con ellos. El ministro debe precisar el sentido de sus palabras, más allá de lo que diga finalmente el reglamento, pues ha quedado la impresión que se ha liberado el uso de armas de fuego por parte de los vigilantes privados.

Nos parece correcto que se ponga mayor cantidad de policías en la calle, ahora queda supervisar que no sea una presencia inocua, y que en realidad cumplan con proteger a la ciudadanía y prevenir el delito. En esta misma tendencia de recuperar efectivos para proteger a la población, debe evaluarse el prescindir de algunas actividades del servicio que resultan ser adjetivas y que bien podrían ser transferidas a las municipalidades, por resultar su verdadero ámbito.

Esperemos que  las medidas anunciadas, surtan el efecto que persiguen, que no es otro que el contener el delito y prevenir su comisión devolviéndole la confianza a la ciudadanía y que no sea solamente la respuesta mediática ante un clamor popular.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Susy/Lulú: Toledo dobletea

II. Vota Fonavi

III. La seguridad: Ja-Ja

SUSANA VILLARÁN, LOS “CAVIARES” Y LA TOLERANCIA

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

No se es necesariamente de extrema derecha ni “fujimontesinista” porque se rechaza la alianza de Susana Villarán con Patria Roja. Ella es, sin duda, una mujer valiosa que, además, ha constituido un equipo de primer nivel, con profesionales destacados como Eduardo Zegarra y Gustavo Guerra-García, entre otros. Sin embargo, si su perfil encaja con el ideal que muchos tienen de una izquierda moderna en el Perú, no se puede decir lo mismo de Patria Roja, que, por el contrario, encarna lo más arcaico del izquierdismo. Hay entonces una contradicción en la propuesta de Villarán que podría desembocar, eventualmente, de alcanzar la alcaldía metropolitana, en tensiones internas que podrían complicar su gestión. Ello, además, de la preocupación que muchos no podemos dejar de sentir ante la eventualidad del ingreso en gran número a las dependencias municipales, de dirigentes y militantes de un partido como Patria Roja que no tiene precisamente credenciales democráticas muy sólidas.

Es decir, si bien es reprobable la crítica histérica a la candidata de Fuerza Social, simplemente, porque es de izquierda, también lo es que se asimile las reservas ante sus alianzas políticas a posiciones de extrema derecha y se busque así descalificarlas. No puede haber un doble estándar a la hora de exigir tolerancia y espíritu democrático.

Lamentablemente, algunos no parecen entenderlo así y no es la primera vez. Los debates en torno al informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y a la condena de Alberto Fujimori por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos han dado, y, dan pie, a la misma actitud. Así, en respuesta a los ataques histéricos contra las ONG y los llamados “caviares” provenientes de un lado, se ha endilgado indiscriminadamente el mote de “fujimontesinistas” y calificativos como “defensores de la barbarie” a todos aquellos que han expresado reservas o algunas dudas en cuanto a la sentencia judicial y al informe de la CVR. El periodista Jaime de Althaus, por ejemplo, fue blanco de ese tipo de excesos. Esa no es la mejor manera de propiciar un debate alturado; además, con ese tipo de respuesta se transmite mucha arrogancia, estableciéndose una suerte de superioridad moral de un sector respecto de los otros. De esa manera, se alimenta la hostilidad hacia los que son identificados como “caviares”, que, por lo demás, no es sólo propia de sectores extremistas de derecha, sino que también se da, de manera bastante sorprendente, en personas que, por sus opiniones en general, se ubican claramente en el centro del espectro político. Lo más grave es que no sólo se perjudica la causa de los derechos humanos, sino que también, al exacerbarse la polarización en torno al fantasma de “lo caviar”, se distorsiona la evaluación de la labor de determinadas personas cuando ocupan cargos en la administración pública, simplemente porque son vistas como “caviares”. Es lo que claramente ha sucedido, por ejemplo, con la acción del equipo encabezado por Fernando Rospigliosi y Gino Costa, que estuvo al frente del ministerio del interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. El escepticismo frente al trabajo desarrollado entonces, no ha sido únicamente de los sectores interesados en impedir cualquier posibilidad de cambio, sino también de otras personas que, sin mucho análisis, veían sólo a un grupo de “caviares” en acción. El resultado fue el insuficiente apoyo político a una propuesta de reforma que, sin embargo, parecía estar muy bien concebida y encaminada. La consecuencia última fue la marginación de profesionales competentes, con sentido común y con ideas, lo que es lamentable pues el Perú no está en condiciones de prescindir del aporte de funcionarios capaces.

Ya es tiempo de reducir la extrema polarización en nuestra política, para lo cual se requiere no sólo promover el espíritu democrático, sino también cuidar de no caer en la arrogancia.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El tachado




II. La Tinka



III. La puntera

LA SEGURIDAD CIUDADANA SE PUSO DE MODA, CUIDADO CON LO QUE HACEMOS/ Juan Briceño Pomar

No hay duda que el brutal ataque que dejó cuadripléjica a la niña Romina Cornejo ha sido el detonante de la explosión de indignación ciudadana que recorre el país en los últimos días y exige al Estado y a las autoridades que hagan algo para terminar con la “ola de delincuencia” que nos azota.

En efecto, el incremento de hechos delictivos de gran impacto mediático; la manifiesta incapacidad del Estado para hacerles frente; la presión que ejercen los medios de comunicación social y líderes de opinión para que se adopten medidas excepcionales; la aparición de encuestas que colocan a la inseguridad como el problema que más preocupa a los ciudadanos; el reconocimiento del Presidente de la República que se trata de un asunto pendiente de solución en su gestión; la proximidad de las elecciones regionales y municipales; y, el oportunismo de algunos políticos que pretenden obtener réditos de la grave situación que atraviesa el país se han juntado como si se tratara del adelanto de la alineación de los planetas prevista para el 2012 que el imaginario popular asocia con grandes catástrofes.

La consecuencia directa de la situación descrita es la proliferación de una serie de propuestas que, si bien es cierto enriquecen el debate, incluyen el riesgo de tomar decisiones marcadas más por la emotividad o por intereses políticos que por la racionalidad y la coherencia.

Al margen de nuestras preferencias o inclinaciones ideológicas, resulta pertinente que se pongan sobre el tapete y se discutan temas como la reinstauración de la pena de muerte; el endurecimiento de las penas; la creación de un nuevo ente rector de la seguridad ciudadana; la eliminación de beneficios penitenciarios; la conformación de un organismo encargado de diseñar la política criminal del país; el otorgamiento de mayores facultades a la policía o la autorización a los gobiernos locales para invertir en seguridad.

La campaña electoral y el estado de ánimo de los votantes han obligado a los partidos y agrupaciones políticas participantes a incluir en sus planes de gobierno alternativas de solución para los problemas de inseguridad de sus localidades y en ellas también se observan aspectos novedosos dignos de analizar para verificar sus costos, probables impactos y viabilidad.

El lado positivo es que los ciudadanos somos cada vez más sensibles frente a las dificultades y consecuencias que, para nuestra vida cotidiana, plantea un escenario en el que nuestra principal preocupación deba ser preservar nuestras vidas o bienes o los de nuestros seres queridos, destinando para ello tiempo y recursos que muy bien podrían servirnos para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

El riesgo radica en que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles bastante elevados -96% según las últimas encuestas- lo que introduce un nuevo factor que condiciona nuestra racionalidad al momento de tomar decisiones: el temor a ser las próximas víctimas de la violencia. Este temor nos lleva a plantearnos la necesidad de renunciar a espacios de libertad en la esperanza de alcanzar mayores niveles de seguridad, exigir acciones drásticas –que en algunos casos llega a ser violatoria de derechos- o en su defecto aferrarnos a propuestas presuntamente “salvadoras” que van a proporcionarnos las condiciones de tranquilidad y paz social que anhelamos.

Frente a este panorama debemos reiterar que el problema de la inseguridad es integral, multicausal y multidisciplinario; que no existe una solución única ni de corto plazo para el mismo; que es básica la voluntad política y la participación ciudadana para tener éxito; y, que es necesario contar con instituciones fuertes y eficientes, con un diagnóstico adecuado y con una línea de base que nos permita establecer los mejores cursos de acción y evaluar con objetividad los resultados que vayamos alcanzando.

Un somero análisis de las alternativas que hasta ahora se conocen nos permite afirmar que son parciales y en algunos casos contradictorias, que la mayoría se orientan sólo a modificar la normatividad existente, que no tienen en cuenta las implicancias que conlleva su aplicación en otras áreas, que no son viables por falta de financiamiento, que no diferencian entre los servicios de orden y seguridad que requiere el estado y los que requieren los ciudadanos; y, que no consideran las causas estructurales que inciden en la inseguridad limitándose a proponer medidas para aspectos coyunturales en base al temperamento ciudadano y no a propuestas técnicas de especialistas en el tema.

Finalmente deseo llamar la atención sobre la pertinencia de tener presente la advertencia que realizó la socióloga peruana Lucía Dammert, con ocasión de la presentación de su libro “Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas”, en el sentido que, si queremos resolver los problemas de inseguridad, debemos superar los mitos de que:

 Una ley más dura es más eficiente.

 La seguridad privada puede resolver el problema de la inseguridad.

 Portando armas podremos protegernos mejor

 La democracia es débil para combatir la inseguridad y por lo tanto sistemas autoritarios o recortes de las libertades y derechos permiten alcanzan mejores resultados.

En conclusión podemos afirmar que está comprobado que insistir en alguno o todos los “mitos” antes señalados no lleva a resultados positivos y, por el contrario, donde se han puesto en práctica, se elevaron los índices de violencia y criminalidad. Es necesario diseñar y aplicar una política de estado integral, coherente y sostenida en el tiempo. No dejemos que el temor, el hígado o el corazón decidan por nosotros.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando RospigliosiI.

La tachaza I




II. La tachaza II




III. La tachaza III

REACCIONES DESESPERADAS/ Gustavo Carrión Zavala

El innegable crecimiento del delito, la cada vez mayor sensación de inseguridad, la violencia creciente en la comisión de actos criminales, el uso incontrolado de armas de fuego, las víctimas de estos hechos que alcanzan su máxima expresión en el caso de la niña Romina, baleada inmisericordemente durante un asalto y todo el drama que significa la precaria situación de la seguridad ciudadana, ha provocado reacciones desesperadas, tanto en los encargados de brindar seguridad, como en la ciudadanía, sin desconocer el perverso aprovechamiento político de la crítica situación, que pretende conquistar adhesiones planteando temas constitucionalmente inviables.

Pretendemos resumir algunas de las reacciones:

El Presidente de la República, antes de su Mensaje del 28 de julio, declaró al comercio que los asuntos pendientes de su gestión estaban referidos a la seguridad ciudadana y la corrupción. En el mensaje de Fiestas Patrias, su preocupación se redujo a una breve mención del problema de la inseguridad, simplificándolo a la ausencia de coordinación entre los órganos estatales encargados de tal fin. Es probable que no haya advertido el presidente que desde enero del año 2003 está vigente la ley 27933 que regula el Sistema de Seguridad Ciudadana y responsabiliza al ministro del Interior la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana que debe armonizar y articular la actuación de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como a los sectores involucrados en el sistema. Si este consejo no funcionó durante los cuatro años de gestión de la presente administración, resulta obvio que los ministros del Interior que se han sucedido no han cumplido la ley y el presidente no ha aplicado las correcciones para que sus ministros la cumplan.

Se ha producido tal desconcierto, que un despistado jefe militar de la región sur del país, planteó sacar unidades militares para patrullar la ciudad de Arequipa, sabiendo que resulta inconstitucional la intervención del Ejército en funciones que no son de su competencia, con la salvedad de los regímenes de excepción y cuando expresamente se encargue a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Nos hizo saber también el jefe militar, que tenían armas no letales que disparaban proyectiles de goma, lo que nos sorprendió al constatar que el Ejército invierte en adquirir equipo que no corresponde a la naturaleza de su actuación, o acaso en un escenario de combate se pueden rechazar a tropas invasoras con proyectiles de goma. Cabe dos interpretaciones, o se está gastando inútilmente los escasos recursos o realmente se está produciendo una policialización de las Fuerzas Armadas ante la improbabilidad de un conflicto armado.

Esta explicación adquiere verosimilitud si le adicionamos lo declarado por el ex ministro de Defensa y ex Comandante General del Ejército, Roberto Chiabra, quien afirmó que la fuerza armada conoce la dimensión del narcotráfico y que tiene planes para combatirlo. Hasta donde sabemos y la constitución establece, la persecución y combate al delito es parte de la finalidad de la Policía Nacional y el tráfico ilícito de drogas es un delito criminalizado en el Código Penal, por tanto, no sólo está reconociendo el citado ex ministro, que el problema en el VRAE y El Huallaga es básicamente el tráfico de drogas, y el involucrarse en su persecución es otra muestra de la policialización de las fuerzas armadas. Habría adicionalmente que constatar si la policía tiene el equipo que posee la fuerza armada para asuntos netamente de orden público y evitar que jefes militares confundan a la población ofreciendo su participación en tareas que no le corresponden, pero que pueden ser aceptadas popularmente por el estado de crispación consecuente de la ingobernabilidad en asuntos de seguridad.

Programas radiales, por el mismo estado de crispación, vienen planteando la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, haciendo consultas telefónicas a la población, que obviamente se inclinan por el orden y no interesa a qué precio. El ejemplo de México resulta decidor cuando las Fuerzas Armadas se comprometen en la persecución de un delito, el baño de sangre es aterrador.

Como no podría esperarse otra actitud, los congresistas fujimoristas con fines más de sintonizar con la ya mencionada crispación popular por la inseguridad y en clara busca de votos, plantea un debate a todas luces inconstitucional como la aplicación de la pena de muerte, como si la punición y la muerte pudiesen resolver el crecimiento del delito. Sabiendo que ello no es viable, distraen la atención nacional con el perverso propósito de captar simpatías electorales y con la seguridad que no prosperará la propuesta pero tendrán a quién atribuir culpas por ello.

La Policía atraviesa uno de sus momentos más difíciles: mal formados, mal capacitados, mal atendidos, mal remunerados, son presas de una enorme desmotivación que crecerá cuándo sus expectativas por las nuevas remuneraciones se vean defraudadas, si nos atenemos a lo declarado por la ministra de Economía, que las estimaciones que se vienen haciendo constituyen “fantasías”. Ojalá nos equivoquemos, pero este problema de las remuneraciones será artificiosamente diferido para la siguiente administración. Ya sucedió con el anterior gobierno de García y el nunca aplicado DS 213.

Además de la desmotivación y desfidelización de los policías, la falta de inteligencia para planear las operaciones policiales, nos demuestra por un lado, la poca fiscalización sobre los fondos destinados a gastos de inteligencia y consecuentemente la poca efectividad de esta actividad y lo que resulta obvio, el apoderamiento de estos fondos por los encargados de administrarlos, empobreciendo la actuación policial.

Las constataciones que hace el personal policial sobre el apoderamiento de fondos públicos por parte de algunos jefes, promueve que la corrupción corra en cascada hacia abajo, sin que se pueda ejercer el control debido sobre la actuación policial. Si se adiciona la defensa que hizo el primer mandatario de un jefe policial que recibió irregularmente fondos públicos de una autoridad municipal, aún cuando se haya utilizado el dinero en propósitos correctos, significa el establecimiento de una corriente de burlar la norma que resultará incontrolable e insancionable.

Finalmente tenemos que decir que para afrontar la actual situación de creciente inseguridad deben iniciarse dos tipos de acciones: contener el actual crecimiento de la inseguridad con planes sustentados en inteligencia efectiva (es posible hacerlo y así lo demostró la DIRINCRI al capturar en tiempo breve a dos de los delincuentes que provocaron el drama de la niña romina), de tal suerte que no se estén dando palazos de ciegos. Como acción paralela, articular la participación de los municipios y organizaciones de bienestar social en la atención de grupos en riesgo y zonas vulnerables, con fines de prevenir y evitar la aparición de nuevos delincuentes.

En el mediano plazo, definir el tipo de policía que necesitamos e iniciar la transformación de la actual institución en una moderna, profesional, producto de nuevas bases doctrinarias, nuevas relaciones de conducción, revisión y modernización de rutinas, revaloración del hombre policía, remuneraciones y ambiente laboral digno y que sea parte de la urdimbre social.

¿MATAR AL PADRE? / Carlos Basombrío Iglesias

Es extremadamente fácil, aprovechando el dolor de las víctimas y la indignación que sentimos todos ante las bárbaras acciones criminales de los últimos días, mentir y hacer demagogia con la pena de muerte, diciendo que es una alternativa frente la inseguridad ciudadana.

El tema se ha discutido en el Perú y el mundo hasta el cansancio. Incluso el propio Alan García quiso usarla al comienzo de su gobierno para reforzar su popularidad y la propuesta fue desechada por este mismo Congreso.

No entro aquí a discutir la cantidad de argumentos que hay para oponerse a esa bárbara e ineficaz medida. Quiero solamente expresar la náusea que me produce que candidatos hambrientos de votos, la usen para ver si se ganan alguito con un tema tan serio. Como no podía ser de otra manera, los fujimoristas están a la cabeza en esto y ya Keiko ha propuesto que haya pena de muerte en el Perú. En mi opinión lo hace no por convicciones, ni por ideas (la verdad que no le conozco hasta ahora ninguna, en ningún campo), sino porque está segura de que algunos puntitos le puede dar en las encuestas.

Si la manipulación del miedo y la indignación de la gente en este tema, por parte de los políticos en general es abominable, no quedan palabras para describir lo que ocurre tratándose de Keiko Fujimori.

-Señora Fujimori: ¿está segura de lo que propone como solución?
-Ahh, se ratifica, pues entonces le pregunto: ¿debe haber pena de muerte específicamente para el homicidio calificado y el secuestro agravado?

Me imagino que, consecuente con su “defensa de la sociedad”, no le queda duda alguna que sí, tratándose ambos de delitos monstruosos.

Una preguntita más que me da vueltas por la cabeza:

-Señora Fujimori: ¿usted cree que se debe matar a todos los condenados por homicidio calificado y secuestro agravado o sólo a los que no son conocidos o parientes de uno?

Señora Fujimori: ¡cómo puede usted olvidar que si la pena de muerte hubiese estado vigente cuando juzgaron a su padre, no hubiese sido condenado a 25 años, por homicidio calificado y secuestro agravado, sino que hubiese enfrentado al pelotón de fusilamiento!

Señora Fujimori, no tenga duda alguna, en ese horrendo supuesto, muchos hubiésemos hecho hasta lo imposible por salvar la vida de su padre. ¿Usted también?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I.¿Caerá la candidatura de Kouri?





II. Lourdes Flores en la punta

III. Conflicto gaseoso en el Cuzco

CONSTATACIONES, OPORTUNIDADES Y EXIGENCIAS EN SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

 Al revisar el último mensaje presidencial desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, los analistas coinciden en señalar que, a pesar que se ha reconocido que constituye un grave problema que afecta las posibilidades de desarrollo del país, no se han hecho propuestas para mejorarla. Estamos oficialmente advertidos que, del gobierno central, no debemos esperar mucho en este último año.

 

¿Cómo así llegamos a la situación de inseguridad en que estamos actualmente?; ¿tenemos oportunidades de superar el problema?; ¿qué podemos exigir los ciudadanos ante este panorama?

En primer lugar destacar ciertas constataciones:

1.    La seguridad en general y la seguridad ciudadana en particular no ha ocupado un lugar relevante en la agenda del gobierno.

2.    Los responsables designados por el ejecutivo para dirigir el sector y las instituciones que tienen que ver con la seguridad no han realizado un buen trabajo y los índices negativos se han disparado.

3.    El problema de la seguridad no ha sido correctamente diagnosticado y se ha tratado de enfrentar únicamente desde la perspectiva del estado, sin tener en cuenta las demandas ciudadanas, ni el hecho que su origen es multicausal y su solución multidisciplinaria.

4.    A pesar de existir normas que regulan el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana –ya hay dispositivos para la coordinación entre los municipios y la policía, lo que falta es que se cumplan- no se ha logrado implementar el sistema nacional de seguridad ciudadana.

5.    De acuerdo a lo visto, oído y leído en el último mes hay numerosos “expertos” en seguridad –sobre todo en seguridad ciudadana- y abundantes recetas que, según ellos, nos ayudarán a solucionar los graves problemas que tenemos.

Como en toda crisis, junto con los riesgos surgen oportunidades de ver la luz al final del túnel, destacando:

1.    Los procesos electorales del 2010 y 2011, han puesto de manifiesto la importancia que los ciudadanos dan al tema de la seguridad y obliga a los aspirantes –a los gobiernos locales o a la presidencia de la república- a incluir este tema en sus mensajes y planes de gobierno.

2.    Los candidatos a los gobiernos locales, sin excepción, han coincidido en la importancia de satisfacer las necesidades de seguridad de sus vecinos y ofrecen asumir el liderazgo en este tema.

3.    Aún cuando la campaña presidencial no se inicia, es claro que la crisis de seguridad que hoy nos agobia obligará a incluir propuestas sobre cómo hacer viable el sistema nacional de seguridad ciudadana y qué hacer con la Policía Nacional para que recupere su eficiencia y la confianza ciudadana.

4.    Ahora que nuestro país ha encontrado la senda del crecimiento económico  la población empieza a ver la seguridad no como un gasto sino como una inversión que le va a permitir alcanzar su pleno desarrollo y progreso.

5.    Existen esfuerzos –nacionales e internacionales- por identificar y sistematizar experiencias positivas en seguridad, lo que hace que no partamos desde cero al momento de diagnosticar el problema y diseñar propuestas.

El incremento de la percepción de inseguridad aunado al temor y hartazgo de los ciudadanos afecta la racionalidad de sus decisiones llevándolos, en ocasiones, a apoyar propuestas demagógicas o autoritarias que, en el largo plazo, lo que hacen es agravar el problema.  Se hace necesario que antes de otorgar nuestra confianza a una determinada alternativa política, verifiquemos que cumplen con ciertas exigencias mínimas:     

1.    Quienes aspiren al gobierno central deben señalar el nivel que darán al sistema nacional de seguridad ciudadana, los recursos que asignarán para afrontar el problema, la distinción que harán entre las demandas de seguridad del estado y de la ciudadanía, así como las acciones que desarrollarán para mejorar las instituciones que intervienen, como por ejemplo la policía, el INPE, la Unidad de Investigación Financiera, las Procuradurías, DEVIDA y otras.

2.    Los candidatos a gobiernos locales deben diagnosticar los problemas locales de seguridad y proponernos estrategias específicas para superarlos. Los ofrecimientos no deben referirse a decisiones que corresponden a otras instancias o instituciones del gobierno central o a temas a cargo de otros poderes del Estado.

3.    Cualquier propuesta debe abordar de manera integral la problemática de la inseguridad ciudadana -desde prevención del delito hasta la rehabilitación de los infractores, pasando por la capacidad de reacción, la investigación del hecho y la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas-. También debe incluir lo que se piensa hacer para apoyar a las instituciones involucradas, definir los roles que les competen y asignarles responsabilidades y recursos.

4.    No hay solución mágica ni un modelo único, cada país y cada localidad debe encontrar soluciones específicas a sus problemas. De nada sirve “copiar” o “importar” soluciones. Está comprobado que no da buenos resultados. Las propuestas deben abarcar el corto, medio y largo plazo y garantizar su continuidad y sostenibilidad.

5.    Finalmente reiterar que cualquier propuesta debe indicar ¿qué intervenciones se van a realizar?;  ¿quiénes son los responsables?; ¿en qué plazos?; ¿con qué recursos? y ¿cuáles son los resultados esperados?      

En tanto más cuidadosos seamos para analizar las propuestas y tomar nuestras decisiones, menos probabilidades tendremos de lamentarnos en el futuro. 

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Usted puede ser ministro

II. Marca el balón de gas

III. Turismo de desventura

CON AVAL PRESIDENCIAL/ Carlos Basombrío Iglesias

La corrupción es de lejos la primera causa de desaprobación de la gestión gubernamental. Es una de las razones centrales del profundo descrédito de la política. Le quita una tajada importante a lo que debiera ir como obra pública y es un problema para el desarrollo de actividades económicas en competencia leal y transparente.

El lunes 2 de agosto El Comercio con gran despliegue da cuenta de la forma en que se manejaron los dineros públicos entre la Municipalidad del Callao y el entonces jefe de la Región Policial de la provincia constitucional. Digamos lo menos: bien poco ortodoxa, bien difícil de fiscalizar y con harto riesgo de que algo más haya ocurrido.

La historia desagradable tiene su lado muy positivo porque el siguiente oficial a cargo se negó a seguir esa práctica y exigió al municipio que se actué transparentemente. Sobre ello he dado mi opinión en Peru.21.

Mucho más impactante que esta historia, después de todo bastante frecuente, son las increíbles declaraciones presidenciales.

Para empezar, ni una palabra a favor del oficial que deshizo el entuerto y buscó hacer las cosas bien. En cambio, una cerrada e inmediata defensa del general bajo escrutinio:

La verdad que me he quedado atónito con sus declaraciones.VER MAS...

TRES REFLEXIONES DE CARLOS IVÁN DEGREGORI POR FIESTAS PATRIAS

Carlos Iván Degregori, nuestro entrañable y sesudo intelectual, escribe tres artículos en donde analiza  tres aspectos importantes de nuestra actual coyuntura.
 Ideele lo publica como un adelanto de la edición especial que saldrá la próxima semana, en donde diversos intelectuales analizan el proceso de nuestro país en estos últimos 20 años LEER REFLEXIONES

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi

I. Sólida Roca, ¿o no?

II. Hugo Boss




III. Perú Sangrestán

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Nicolás Lynch, Fernando Rospigliosi

I. García en su ultimo año



II. Las encuestas políticas


III. Terrucos al por mayor

MAYOR CONFUSIÓN/ Gustavo Carrión Zavala

El día 19 de julio tuvimos la oportunidad de presenciar a través de la televisión, la entrevista que concediera a canal 6 (RPP) el ministro del Interior, y de las respuestas que diera a los periodistas entrevistadores, nos quedó la sensación de la inmensa contribución del ministro Salazar a aumentar la confusión en temas de seguridad, con explicaciones que además de ininteligibles, pretendían esconder las verdaderas razones de la pobre actuación policial en los diversos temas tratados.

Dijo Salazar, que la Policía es sólo un “eslabón más en la cadena de voluntades comprometidas en la seguridad ciudadana”. Según lo dicho, en temas de seguridad la Policía tiene el mismo tamaño de responsabilidad que otros sectores involucrados, como educación, salud, familia, operadores de justicia y otros más. Si esto fuese así, habría que preguntarle al ministro ¿cuál sería la razón de la sociedad y del estado en incorporar en la estructura estatal una institución-cuerpo como la Policía, si resulta ser en temas de seguridad solamente par de  las demás instituciones mencionadas? ¿No es acaso cierto, que no solamente en el Perú, sino  en toda sociedad, se constituye un cuerpo encargado de mantener la indemnidad de las personas, en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos? ¿No es acaso cierto que todo diseño de seguridad ciudadana se hace teniendo como elemento sustantivo a la Policía, pues ese es su fin? ¿No es cierto que la Policía es la organización que debe satisfacer las demandas de seguridad de la ciudadanía y que las demás instituciones eslabonadas, lo son en base al eje fundamental que es la institución cuerpo concebida para ese fin?. Lo que sucede, y no se quiere reconocer, que la actual Policía, en inocultable proceso de descomposición,  no da la talla para su verdadera responsabilidad, y ello por desmotivación de sus integrantes, por pésimas condiciones laborales, endeble formación, pésimas remuneraciones, pésimo equipamiento y para  sumar, inexistente liderazgo.

Ante la pregunta por el hecho de la muerte de un ciudadano en un patrullero de las “Aguilas Negras”, reconoció que se trató de un exceso policial, empero no explicó que esos excesos tienen su origen en la falta de profesionalismo, deficiente formación y falta de capacitación continua. Como entender que varios policías no sean capaces de emplear técnicas para reducir a una sola persona por más que hubiese sido supuestamente presa de alguna alteración, y aquí encontramos otra falla que venimos señalando, la oferta de poner en patrullaje en las calles 15,000 policías más, se ha convertido en obsesión por cumplir esta cuantitativa meta, sin importar la formación que se imparte en la diáspora de escuelas de formación de sub-oficiales que se han instalado en todo el país y que con una sencilla medición de las capacidades y destrezas de los policías egresados de estas escuelas, nos darían reporte exacto del nivel de improvisación en su formación. Aumenta la gravedad, que estos policías pesimamente formados, tienen una vida útil en la institución de 30 años, por lo que debemos quedar advertidos de la duración de la coyuntura y de la fragilidad de la institución base para cualquier diseño de seguridad ciudadana.

Preguntado sobre el nada encomiable primer puesto del Perú como productor-exportador de cocaína, explicó que en su reciente viaje a EE.UU., había obtenido rectificaciones, que no era del todo cierto el primer lugar, que estamos cerca pero que las cifras que se dieron no fueron exactas. Lo que no explicó fue el porqué, solamente en el año 2009 se habían incautado 10 toneladas de droga, frente a las 300 potencialmente producidas, ni porque de 35000 toneladas de insumos llevados a las zonas del Huallaga y el VRAE, solamente la Policía incauto 490, lo que evidentemente es una pésima performance que configura el fracaso absoluto en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, a pesar de las también absurdas explicaciones que diera a otro programa de televisión el actual Director General de la Policía,(que a su vez dirigió anteriormente la unidad especializada en la persecución de este delito), quién sostuvo que Colombia incautaba 200 toneladas por el apoyo de los EE.UU. y que este apoyo en el caso del Perú no era del mismo tamaño. Cabe aclarar que Ecuador, que no es un país productor y no tiene convenio alguno que lo apoye en la lucha contra el TID, incautó en el mismo 2009, nueve toneladas de droga, obviamente que se trata de la droga que no pudo incautar la policía peruana, con la adición que la policía del Ecuador es de menor dimensión que la de nuestro país.

El ministro también ha escrito, que la ausencia de resultados puede explicarse a la falta de recursos, sin embargo el director de la Policía declaró que el no necesita mayores recursos, que no se queja por la aparente falta de éstos y que su principal factor para el éxito es su potencial humano. No se ponen de acuerdo en las apreciaciones, pero debemos advertir al director general, que por los niveles de desafección y desaliento del personal policial, este se convierte en su principal problema y no en su principal valor.

Nos parece que ambas autoridades están escondiendo la razón de fondo de la poca efectividad policial, y que está asociada a la creciente e incontenible corrupción. No nos olvidemos finalmente, que la delincuencia crece por múltiples factores, pero que resulta verdad categórica, que siempre crece de la mano del crecimiento de la corrupción policial.

LECCIONES DEL FÚTBOL APLICADAS A LA SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

Acaba de finalizar el campeonato mundial de fútbol Sudáfrica 2010 y España, merecidamente por cierto, se ha alzado con el título dejando en la cuneta a selecciones que aparentemente eran las favoritas.

A decir de los analistas deportivos el triunfo español tuvo como rasgos distintivos:

- Persistencia: no se rindieron ante la adversidad y luego del primer partido en el que sufrieron una derrota ante Suiza supieron superar la dificultad;

- Liderazgo: un gran aglutinador y coordinador -su entrenador- que ha sabido descubrir y complementar las fortalezas y debilidades de sus jugadores, poniendo una importante cuota de realismo, prudencia y saber estar;

- Trabajo en equipo: todos los jugadores son “estrellas” en sus equipos, pero apenas se integraron a la selección de su país se pusieron el traje de faena, dejaron de lado sus expectativas personales y trabajaron juntos para alcanzar un objetivo común; y

- Juego limpio: a pesar de recibir muchas infracciones, sobre todo en el último partido, no cayeron en el juego de sus rivales y mantuvieron su línea.

Estamos ad portas de un proceso electoral en el que elegiremos a nuestras autoridades regionales y municipales para los próximos 4 años y es bueno recordar lo que nos señalan recientes estudios de opinión pública (IPSOS APOYO año 10 Nº 125, 21 junio 2010): para los limeños los tres principales problemas de la ciudad son la delincuencia (73%), el ordenamiento del transporte o tráfico (51%) y la venta de drogas/drogadictos (41%). El 95% considera que la seguridad ciudadana esta igual o ha empeorado con respecto al 2009. Si bien es cierto estas últimas cifras responden a la percepción de los ciudadanos y no a la situación real de inseguridad, también es cierto que esta percepción negativa influye directamente sobre las posibilidades de desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos.

La más reciente encuesta divulgada por el IOP-PUCP (14 de julio 2010) muestra que los limeños pensamos que los principales objetivos que debería tener el futuro alcalde(esa) de Lima son mejorar la seguridad ciudadana (64%), combatir la corrupción (41%) y mejorar el sistema de transporte (36%).

Al cerrarse los plazos de inscripción de listas para postular a la Municipalidad Provincial de Lima encontramos que doce (12) candidatos han presentado la documentación correspondiente para competir por dirigir los destinos de nuestra capital.

Dos constataciones: una mala y la otra buena. La mala es la proliferación de candidatos y partidos políticos que pone de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema democrático y, por lo tanto, nos indica que queda mucho por hacer en este campo. La buena es que todos los candidatos han tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos y han colocado los temas de seguridad y transporte como prioritarios en sus propuestas electorales.

Pasados los primeros momentos en que la mayor parte de los candidatos, sin conocer en profundidad los temas y sólo con el afán de impresionar a los votantes, formulaban declaraciones en las que incluían propuestas de “soluciones mágicas” para los problemas de la ciudad, se va imponiendo el sentido común y empiezan a aparecer propuestas aparentemente sensatas y viables que denotan preocupación por los tópicos y asesoramiento especializado.

En una ciudad en la que, de acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional, el año 2009 se cometieron diariamente 193 delitos (2 homicidios, 14 lesiones, 1 secuestro, 7 delitos contra la libertad sexual, 69 hurtos y 66 robos), parece que por fin quienes pretenden gobernarnos han tomado conciencia que si no se adoptan decisiones y se ejecutan acciones inmediatas podemos llegar a los niveles de violencia de otras capitales de la región, con las negativas consecuencias que ello conlleva.

Y ante este panorama ¿dónde entran a tallar las lecciones que nos han dejado los campeones del mundo?, ¿servirán para aplicarlas en materia de seguridad?

No olvidemos que los votantes tenemos el protagonismo en las elecciones y por lo tanto debemos evaluar cuidadosamente las propuestas de los candidatos antes de otorgarles nuestra confianza.

Como mínimo debemos exigirles:

- Que nos transmitan la confianza que la situación se puede revertir siempre y cuando trabajemos sostenidamente en medidas de corto, medio y largo plazo ¿persistencia?

- Que quienes se postulen para Alcaldes se comprometan a liderar y coordinar los esfuerzos de todos los actores que deben intervenir en la solución del problema ¿liderazgo?

- Que sus propuestas afronten el reto de la seguridad con una visión integral; estableciendo un objetivo común; determinando claramente las atribuciones, responsabilidades y roles de las entidades que deben intervenir; propiciando la activa participación de la ciudadanía; y, rindiendo cuentas públicas del empleo de los recursos, así como de los resultados que se vayan alcanzando ¿trabajo en equipo?

- Que no nos propongan soluciones facilistas, inmediatistas, que no están entre sus atribuciones aplicar o que sean violatorias de los derechos humanos. Está comprobado que la “mano dura” no es la medida más adecuada para los problemas de inseguridad. ¿juego limpio?

Un primer análisis de las propuestas de los candidatos desde una óptica que le ha dado buenos resultados a los campeones mundiales de fútbol puede servirnos para orientar nuestra decisión al momento de votar.