OFERTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA/ Gustavo Carrión Zavala

No queda duda alguna que ante la importancia que para la población tienen los aspectos de seguridad ciudadana, en las ofertas de los candidatos a la Presidencia de la República se planteen algunas respuestas que postulan resolver la inseguridad, entendiendo que significa el principal riesgo para la convivencia pacífica y obviamente riesgo para la democracia, si ante la desesperación la población pudiese apoyar iniciativas autoritarias .

En términos generales, los candidatos no están enfrentando estructuralmente el asunto y proponen, en la mayoría de los casos, medidas cosméticas, ofertas básicamente punitivas pero que sintonizan con la situación emocional de la ciudadanía, aún cuando entiendan que las mismas no han resuelto y no resolverán el problema.

Revisemos brevemente las ofertas principales en temas de seguridad:

Perú Posible: propone trabajar la inseguridad con liderazgo, capacidad de acción y recursos, optimizar y unificar el servicio de emergencia del 105, crear la Central de Inteligencia Contra el Crimen Organizado CICO, rediseñar los procesos de los servicios policiales en comisarías, con mejoramiento en recursos humanos y equipamiento.

No dice nada nuevo y cae en el simplismo de enfocar las acciones correctivas a nivel del trabajo de la policía. Es cierto que la policía constituye un elemento fundamental en todo diseño de seguridad, empero, es una organización especializada en brindar servicios de seguridad, que deben estar previamente inscritos en políticas públicas de seguridad. En tanto no se produzca una verdadera reforma de la Seguridad Pública, de nada servirá adelantar acciones específicas que tienen mayor relación con los procedimientos que con el propósito principal de asegurar el ambiente para el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía. Se refiere a crear una Central de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuando primero es menester unificar la conducción de una Política Criminal, en forma tal que se dé organicidad al esfuerzo y no se siga, como hasta ahora, invirtiendo dispersamente en seguridad sin obtener resultados en cuanto a la disminución de la criminalidad. Sus propuestas están totalmente centradas en aspectos de control del delito y no en políticas de prevención.

Solidaridad Nacional propone reestructurar en forma integral el ministerio del Interior y revisar las leyes para introducir la acumulación de penas con cárcel efectiva y resocialización de los internos, crear además un Sistema Integral de Seguridad que contemple temas de procedimientos para evitar la comisión de ilícitos, prevenir riesgos y comprometer a los serenazgos para que trabajen con la policía.

Las ofertas del Candidato Castañeda, avanzan algo cuando propone reestructurar el Ministerio del Interior, sin embargo no avanza a plantear la reforma integral de la Seguridad Pública, en cuyo proceso, que duda cabe, tendrá que reestructurarse el Ministerio del Interior para que responda con mayor flexibilidad a las exigencias de la sociedad moderna respecto a los riesgos de seguridad. Cae la propuesta, en ese fetichismo que ha resultado ser la oferta de mayor punición como medio de controlar la inseguridad, cuando propone acumular penas y mayor cárcel efectiva; esta ha sido la respuesta recurrente de las últimas administraciones del país para tratar de contener la ola delictiva, y demás está decirlo que no ha tenido efecto alguno en la disminución de actos criminales cometidos, pero que siempre resulta populista plantearlo al sintonizar con la reacción emocional y crispada de la población, que exige mayor cárcel, mayores penas y mayor punición. Propone la creación de un Sistema Integral de Seguridad, que en la práctica existe a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que no ha sido lo convenientemente implementado y que probablemente deba ser nutrido con la unificación de la conducción de la Política Criminal del Estado, que ordene y racionalice la actuación de los diferentes elementos que actúan en la concreción de las políticas públicas. En esta propuesta , aparece palidamente una dimensión preventiva de la acción, al referirse a acciones destinadas a impedir la comisión de delitos.

Fuerza 2011.- Propone mano dura contra la delincuencia, la seguridad ciudadana será el eje principal de su gestión, promoverá las brigadas vecinales con el apoyo de las fuerzas armadas, establecerá el trabajo forzado para los reincidentes, en general impulsara penas más severas para los delincuentes.

La propuesta de Keiko Fujimori, si resulta verdaderamente aterradora, además de ser eminentemente punitiva, el fetiche de “mano dura” recogido por ella, nos tiene necesariamente que llevar a decodificar esta mano dura como la vuelta de organizaciones clandestinas al estilo “grupo colina”, más aún si propone militarizar la seguridad de la ciudadanía haciendo participar a las Fuerzas Armadas. Claro está, que ya cuenta con el instrumento legal, producido durante la gestión de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa, el Decreto Legislativo 1095, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, ya no sólo durante los regímenes de excepción, también en las épocas de normalidad, lo que evidentemente ubica la propuesta en el plano exclusivamente punitivo. A esta propuesta debe adicionarse la participación en la lista congresal, del personaje a quién muchas voces atribuyen la inspiración del supuesto Escuadrón de la Muerte en Trujillo, hecho que viene siendo investigado en esferas judiciales, pero que en todo caso, constituirían prácticas perversas, delictivas y antidemocráticas. De todas las propuestas, además de no enfrentar estructuralmente el problema de la seguridad, constituye una oferta populista, antitécnica e inviable, aumentada con la intención de recurrir a la inclusión imposible de la pena de muerte en la legislación penal nacional.

Alianza para el Gran Cambio- Plantea un nuevo sistema de trabajo con la policía, con mejores remuneraciones para evitar el cachueleo, mejor coordinación con los sistemas del serenazgo y cambios profundos en el sistema judicial

La propuesta de PPK, además de sumamente pobre, se ha ubicado sólo en la modificación de rutinas y modalidades del servicio policial, coordinación con los servicios municipales de Serenazgo y sugiere un tema que jamás ha arribado a buen puerto, la Reforma del Poder Judicial, pues en ello ha sucedido lo que pasa con los intentos de reforma de los diferentes órganos del estado, siempre se operan endogámicamente, siempre se autoreforman, con el inminente sesgo que implica el tratar de autodefinirse. Quizás sea el momento de ensayar un proceso de ciudadanización en la designación de los jueces y que no opere la elección del titular de este poder tan sólo con la voluntad de una cofradía reducida de jueces supremos. El candidato se refirió en una de sus declaraciones a la corrupción policial, verdadero y sustantivo problema de la institución, pero advertido probablemente por sus asesores que esas referencias resultan impopulares para el importante electorado policial ,no ha vuelto a referirse al tema.

Gana Perú.- El candidato Humala ofrece lucha contra la delincuencia definida por Distritos.

La oferta es inicialmente pobre, referida a un aspecto totalmente procedimental, sin ahondar en propuestas integrales para resolver el tema de la seguridad pública, lo que denotaría la poca importancia que le da al tema o en el aspecto positivo, asumir que por ser un asunto sustantivo, se está tomando el tiempo necesario para afrontarlo coherentemente.

Tenemos que concluir que ninguno de los candidatos nos proponen medidas de solución integrales respecto del tema de seguridad, y que vienen recurriendo a anuncios que sintonizan con la emoción popular. El abordaje estructural de la Seguridad Pública, no permite hacer ofertas de solución inmediatas y por tanto no resulta para los candidatos importante en este corto proceso electoral, sin embargo, es necesario plantear el debate nacional para arribar a decisiones que inicien el proceso definitivo de Reforma de la Seguridad Pública, el diseño de políticas que superen lo exclusivamente punitivo y que se integren con políticas de sectores que tengan que ver con la atención de la educación, salud y trabajo, unificar la conducción de la Política Criminal y plantear como consecuencia de ello la reforma del aparato policial, que modifique sus basamentos doctrinales, sus procedimientos, organización, formación y hasta sus rutinas.














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PARTIÓ UN MAESTRO / Luis Pásara

En una época caracterizada por la generalizada ausencia de figuras dignas de respeto, Luis Jaime Cisneros fue algo así como un refugio grato para nuestra confianza en los mayores. A millares de quienes fuimos alumnos suyos nos marcó, como me recuerda una amiga, desde la primera clase. Porque LJC fue mucho más que un excelente profesor de lengua que supo enseñarnos el respeto y el cariño por el uso debido del idioma como instrumento de comunicación.

Para muchos, él personificó nuestro encuentro de la universidad. Hallamos en LJC a un maestro siempre digno, que tenía una palabra oportuna para cada circunstancia. Que era capaz de enseñar en muchos y diversos momentos. Por eso, su presencia perdurará más allá del campus de la Universidad Católica, en donde, sin duda –tal como nos prometió en su último discurso público, al serle conferida la condición de profesor emérito el año pasado– seguirá vigilando discretamente lo que allí ocurra.

Personalmente, debo agregar que alguna de sus observaciones marcó mi vida profundamente. Por eso es que la partida de Luis Jaime incrementa la lista de “mis muertos”, aquéllos pocos que quisiera reencontrar algún día para reiniciar la importante conversación interrumpida.

HUEVOS DE ESTURIÓN / Escuadrones fujimoristas / Fernando Rospigliosi

El general (r) Octavio Salazar, acusado de haber ideado el escuadrón de la muerte policial en Trujillo, encabeza la lista fujimorista en la Libertad. En la misma lista, con el número 4, va el abogado de los asesinados por el escuadrón de la muerte, William Galindo Peralta.

El periodista Ricardo Uceda publicó un documentado reportaje en le revista Poder, “El misterio del escuadrón de la muerte”, donde denunciaba que decenas de presuntos delincuentes habían sido asesinados por ese grupo.

Según Uceda, el escuadrón se gestó cuando Salazar era jefe policial en Trujillo el 2006, aunque empezó a operar luego que el salió, a cargo de un cercano colaborador suyo, el coronel Elidio Espinoza.

Después, durante su gestión como Director de la Policía y como ministro del Interior, Salazar no investigó ni sancionó a los miembros del escuadrón de la muerte policial, denunciados por la fiscalía de Trujillo. Al contrario, los encubrió. Y luego, Mercedes Cabanillas los premió y promovió.

El abogado William Galindo Peralta presentó una demanda de hábeas corpus “a favor de la sociedad trujillana y de los familiares directos e indirectos” de 34 personas victimadas. Se convirtió en un crítico del escuadrón de la muerte y acusador de la Policía.

Pero Galindo no es un defensor de los derechos humanos. Es más bien abogado de delincuentes y personas vinculadas al narcotráfico en Trujillo y Piura. Es una persona muy temida en Trujillo porque, según se dice, es capaz de tomar violentas represalias a través de sus clientes.

Ahora Galindo comparte fórmula parlamentaria con Salazar. En la lista de Keiko Fujimori naturalmente. ¿Quién si no podría acoger a esa pareja?

HUEVOS DE ESTURIÓN / Sin liderazgo / Fernando Rospigliosi

La revelación que Rosa Núñez de Acuña había comprado su candidatura a la vice presidencia, ha desnudado los serios problemas de liderazgo de Luis Castañeda

        Nadie se explicaba por qué Luis Castañeda había incluido en su plancha presidencial a Rosa Núñez, una persona que no es conocida, que no se expresa bien y que no es una profesional destacada. En una palabra, que carece de atractivos electorales y políticos.

        La respuesta al enigma la dio Perú.21 en su portada del día martes: “Pagó por ir en plancha”. Es decir, la señora Núñez compró su lugar en la fórmula presidencial.

        Perú.21 reveló que los audios fueron grabados “en reuniones con un grupo de personas de su entorno”, en el mes de diciembre, uno en Lima y dos en Trujillo.

        Allí Rosa Núñez explica a sus allegados que ella pagó setecientos mil soles para tener un lugar en la plancha. Además, se comprometió a poner 37 camionetas para la campaña. (“Pagó por ir en la plancha del Mudo”, Perú.21, 4.1.11).

       

Enredados

        Luis Castañeda se quedó mudo nuevamente. Envió a su lugarteniente Marco Parra y a un conjunto de impresentables, reclutados en las cloacas de la política criolla, a dar la cara por él.

        Todos, incluyendo a Rosa Núñez, se enredaron en un mar de contradicciones, negando y admitiendo que los audios eran auténticos, negando y admitiendo que Núñez desembolsó plata para la campaña, acusando a sus rivales por sus propias metidas de pata e injuriando a la prensa. Pero su esperpéntica defensa no resiste el menor análisis.

        Porque, en primer lugar, los audios fueron grabados por gente de confianza de Núñez, que estuvieron no en una sino en por lo menos tres reuniones con ella. Por alguna razón los filtraron a la prensa.

        En segundo lugar, el intento de desviar la atención denunciando a una mafia que intercepta los teléfonos es ridícula, porque no fueron chuponeadas sus líneas sino grabadas sus reuniones por su propia gente.

        En tercer lugar, el argumento que los candidatos tienen la obligación de aportar para la campaña no es el tema. El problema es que Castañeda venda los puestos en la plancha o en la lista a cambio de una suma de dinero, como bien precisó Augusto Álvarez en La República. (“La dote de Rosita”, 6.1.11).

        Por último, porque se ha violado la ley electoral superando los aportes que se pueden hacer a una campaña.

Mudo y asustadizo

        El grotesco incidente puso en evidencia lo que se sospechaba, la falta de liderazgo de Castañeda. Al principio se escondió, no dio la cara. Luego, cuando apareció, se dedicó a insultar a sus rivales y ratificó a Núñez en la plancha. Un desastre.

        No era la única respuesta que podía dar.

        Por ejemplo, Alan García tiene muchísimos defectos, pero es un líder político. Cuando se difundieron los primeros “petroaudios” el 5 de octubre del 2008 en “Cuarto Poder”, apareció a las pocas horas en la TV y despotricó de los implicados.

        Y cuando aparecieron nuevos audios, despidió al premier Jorge del Castillo y al gabinete ministerial.

        Cuando se reveló que tenía un hijo fuera del matrimonio, se presentó en la TV desde Palacio, con su esposa, admitió el hecho y lo explicó.

        En ambas ocasiones no dijo toda la verdad. Pero dio la cara e hizo frente al aprieto. Y, finalmente, no salió tan mal parado de problemas que eran de su absoluta responsabilidad. Ese es un líder.

        Castañeda pudo haber dado la cara el mismo día de la revelación de Perú.21 y desembarcado sin más trámite a Núñez, diciendo que no conocía el asunto y agradeciendo a la prensa por haberlo descubierto. No lo hizo. Es temeroso, asustadizo, de reflejos lentos.

Preocupado por Comunicore

        En su descargo, puede decirse que la mayor parte de las energías y tiempo de Castañeda están dedicados ahora al caso de Comunicore, el robo de 21 millones de soles de las arcas municipales durante su gestión.

        Con la ayuda del Apra y aliándose con congresistas corruptos, ha logrado obstruir la investigación en el Congreso. Pero tiene que lidiar con una devastadora acusación de la fiscal Fany Quispe Farfán.

        Al final de las 212 páginas de su fundamentada denuncia, la magistrada acusa a Castañeda y otros de delitos contra la administración pública, colusión desleal y malversación de fondos en agravio de la Municipalidad de Lima.

        El caso está en manos de la juez provisional Nelly Aranda, que está sometida a múltiples presiones. Ella podría abrir proceso a Castañeda y otros, como pide la fiscal y aplicarle el nuevo Código Procesal Penal que entra en vigencia la próxima semana, con lo cual el proceso se agilizaría. O puede aplicar el Código actual alargando el asunto hasta las calendas griegas. O limpiar a Castañeda. O lavarse las manos con cualquier subterfugio.

        Habrá que observar.

PAÍS DE OPORTUNIDADES PERDIDAS/Luis Pásara

La historia del Perú está llena de posibilidades importantes que se abrieron y luego se cerraron sin dejar mayor provecho. Trátese del descubrimiento de recursos naturales –el guano, el caucho, el petróleo, los minerales o la anchoveta– o de oportunidades de refundar el ordenamiento básico del país –como con Belaunde en 1963, Velasco en 1968, Vargas Llosa en 1990 o Paniagua en 2001–, lo que los peruanos han demostrado que saben hacer mejor es desaprovechar las oportunidades que surgen y tienen ante sí.


Hay países que tienen mucho menos oportunidades en su historia. Algunos, como Guatemala con los acuerdos de paz, tampoco las aprovechan. Otros, como Noruega con el recurso petrolero, parecen saber aprovecharlas. En el Perú, en cambio, las oportunidades han sido relativamente numerosas y han sido sistemáticamente desaprovechadas.

El despilfarro de Fuerza Social es la más reciente de esas historias de pérdida que el país sabe repetir. Habiéndose abierto a este embrión de izquierda una ocasión inmejorable en la campaña municipal de Lima en 2010, el liderazgo de Susana Villarán supo capitalizar en una apuesta esperanzada el sentimiento anti-partidos que prevalece en el país. El electorado limeño creyó ver en ella a alguien distinto, en quien se podía confiar y, pese a la feroz campaña de mentiras y calumnias, derrotó a la candidata de los partidos tradicionales, respaldada en el apoyo del gobierno y los medios de comunicación.

No obstante, en el liderazgo de FS se entreveraban dos visiones del futuro político. Una parecía dibujar los rasgos de una nueva izquierda, democrática y, para ello, libre de categorías y fijaciones del pasado. La otra, por el contrario, propugnaba “reconstruir Izquierda Unida” invocando como tótem a Alfonso Barrantes, como si esa no hubiese sido una historia de fracaso y frustraciones –otra oportunidad perdida–, cuyo mal raigal se halló precisamente en los rasgos esenciales de la vieja izquierda.

La circunstancia de la competencia electoral de 2011 ha forzado una definición pronta y ha ganado la visión conocida en las últimas décadas, plasmada esta vez en una alianza con grupos y sectores que no aportan nada para la creación de una fuerza política de veras nueva y distinta. Detrás de esa decisión probablemente hay un cálculo político, ciertamente equivocado, que llevará a FS, perdido el rumbo, a afianzarse como otro de los grupúsculos de los que está lleno la penosa historia de la izquierda en el Perú.

El empequeñecimiento de FS que resultará de las elecciones presidenciales de 2011 le restará fuerza y perfil para desarrollar exitosamente la grave tarea de gobernar Lima, que tiene en sus manos. Sus dirigentes han regalado a su feroz oposición de derecha un flanco más para ser atacados y denostados. Que no se quejen de lo que les venga por ese lado: esta vez se lo han ganado.

Quien ha perdido, una vez más, es el país. Que hoy en día sigue sin contar con partidos políticos dignos de ser llamados tales. Ni en esa derecha reaccionaria y agresivamente intolerante, atrincherada en los medios de comunicación desde donde siembra confusión y miedo; ni en esa izquierda tradicional, donde las ambiciones personales y grupales, teñidas de autoritarismos tributarios de Lenin, prevalecen sobre cualquier visión de largo plazo. Pese a sus discursos, en las dirigencias políticas muy pocos son los que piensan en el interés general y miran al largo plazo.

El panorama de las mejores oportunidades perdidas deja en 2011 al electorado frente a la misma opción –resignada, modesta y carente de ilusión– de los últimos veinte años: cómo elegir al mal menor sin equivocarse.

HUEVOS DE ESTURIÓN / Descalabro social / Fernando Rospigliosi

Pocas veces se ha visto una subida y una caída tan rápida como la del Fuerza Social. Ascendieron vertiginosamente gracias a la simpatía y el carisma de Susana Villarán, que en una campaña fulgurante, sin recursos ni apoyos, ganó la alcaldía de Lima. Y se hundieron tan velozmente como habían trepado.

La alianza que acaban de inscribir no podía haber sido peor. Tierra y Libertad del padre Marco Arana, no aporta nada, salvo una imagen sectaria y radical. No tiene simpatías electorales en el país, como han mostrado las encuestas en las que se le incluía. Peor aún, no tiene respaldo alguno en su nativa Cajamarca, donde ha realizado una activa vida política durante la última década.

En las elecciones regionales y municipales de octubre los candidatos de Arana obtuvieron porcentajes ínfimos.

Lo de Patria Roja (MNI) es también absolutamente incomprensible. En las municipales, Susana trató de tomar distancia de ellos y sostuvo que era una simple “confluencia”, no una alianza. Y se esforzó en delimitar los campos.

Luego del triunfo, también se alejaron de Patria Roja, pública y notoriamente. Y de pronto establecen una alianza electoral con ellos. ¿Quién los entiende?

Dicho sea de paso, no creo que Patria Roja sea un partido revolucionario ni terrorista. Desde hace tres décadas participan en la elecciones y no han intentando hacer la lucha armada ni nada parecido. Simplemente quieren un lugar dentro del sistema, tener alcaldes, diputados, presidentes regionales. Pero siguen sosteniendo ideas socialistas y retrógradas.

Lo peor de todo ha sido, sin duda, su alianza con el Partido Fonavista de Raúl Canelo. Ese es un grupo constituido por gente de dudosa reputación, que hizo negocio con el cuento de conseguir la devolución de los aportes al Fonavi de ingenuos ciudadanos. Luego siguieron haciendo negocio con ese “partido”, un vientre de alquiler para postular a quien pague peaje por integrar una lista.

El escándalo mayúsculo es que Raúl Canelo del Partido Fonavista es nada menos que abogado de “Miguel Garro, ex gerente de Relima, propietario de la empresa Comunicore y uno de los ‘cerebros’ de la millonaria operación que implicó el cuestionado pago de S/.35.9 millones de la Municipalidad de Lima”, como ha recordado Perú.21 (“Abogado de Comunicore en comité de FS”, 11.12.10).

¿Cómo sostener la imagen de una administración honesta aliados de Canelo? ¿Cómo pensar en una investigación imparcial del caso Comunicore con el abogado de la empresa abordo?

Los de FS han destruido en un instante años de esforzado trabajo de Susana Villarán y un equipo que prometía algo diferente, una izquierda moderna, democrática y honesta.

Ellos rechazaron una alianza con Alejandro Toledo porque, dijeron, querían conservar el “perfil propio”. Con Toledo hubieran conservado su inscripción, logrado una significativa bancada parlamentaria, un apoyo político para su gestión en el municipio limeño y no hubieran tenido que ocuparse de la campaña electoral (salvo los candidatos al Congreso), dedicándose con todas sus fuerzas a la enorme tarea que significa gestionar la Municipalidad.

Ahora su “perfil” está enlodado en un amasijo que huele mal, tendrán que conseguir –si es que lo logran- un candidato de fuera de su partido, probablemente no lograrán superar la valla del 5% y perderán la inscripción, no tendrán bancada parlamentaria, han perdido ya a varios de sus principales miembros o aliados regionales, perderán a algunos de sus escasos militantes que se alejarán descontentos y tendrán que dedicar tiempo a la campaña descuidando el trabajo en el Municipio.

Fuerza Social se convirtió en un Descalabro Social.

¿Qué dirá Susana cuándo regrese del exterior? ¿Y qué hará?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Wikilocos



II. PPK recargado





III. Artemio, jefe de campaña

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Toledo sube

II. Nano cae

III. PPC anda volando bajo

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. PolitiCADE

II. Alianzas Acuña S.A.

III. ¿En qué está Armando?

HUEVOS DE ESTURIÓN / Corrupción en el Ejército / Fernando Rospigliosi

Un reportaje en La República muestra que un comandante del Ejército, acusado de traficar armas y municiones robadas para venderlas luego a las FARC de Colombia, es protegido por los altos mandos de su institución. (Doris Aguirre, “Comandante EP implicado en red que traficaba armamento para las FARC”, 14.11.10, http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101114/14/pagina/15).

        

Desde hace años se sabe que municiones y armas que se roban en las Fuerzas Armadas y la Policía se venden, a través de Ecuador, al grupo terrorista de Colombia, FARC. Esto ha suscitado en varias ocasiones muy discretas protestas del gobierno colombiano.

        

En diciembre del año pasado, una operación policial en Lima, Chiclayo, Tarapoto y Tumbes, llevó a la detención del ecuatoriano Freddy Torres y varios miembros de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y del Ejército que vendían material robado a Torres que a su vez lo negociaba con las FARC. Los del Ejército trabajaban en la base de Bellavista, Tarapoto, jefaturada por el comandante Isaud Zamora.
       

Zamora usaba una camioneta 4x4 para transportar el material robado al Ejército, según la investigación policial. La camioneta se guardaba en el cuartel Bellavista. Zamora compró el SOAT para el vehículo, que tenía placas y tarjeta de propiedad falsas. Probablemente fue robado en Ecuador e introducido de contrabando en el Perú.

        

Según un sub oficial que participaba en el tráfico de armas, quién entregó la camioneta es Gilmer Arrascue, otro traficante que se encuentra prófugo.

        

Lo interesante del caso es que los altos mandos del Ejército protegen a Zamora, que desde hace casi un año es citado por la fiscalía pero simplemente no asiste a los requerimientos. Es más, Zamora trabaja ahora en el Cuartel General del Ejército.

        

El general EP Gualberto Zevallos Rodríguez, jefe en Tarapoto, dice que no sabía nada y que las armas y municiones robadas no salían de sus cuarteles.

        

En síntesis, como siempre, algunos sub oficiales presos y los oficiales evidentemente implicados, libres y protegidos por los altos mandos. 

SIN ESPERANZA DE CAMBIO/ Gustavo Carrión Zavala

Hace dos noches escuchábamos en un programa televisivo de señal cerrada, la participación de un especialista en temas de narcotráfico, quién reseñaba con precisión las cosas terribles que se vienen dando en la persecución de este delito por parte de las entidades encargadas de ello.

Dijo, entre otras cosas, que a escasos metros de la base antidrogas de la policía en Palmapampa, un grifo se encargaba de la venta de kerosene a todos los productores de cocaína del VRAE, a un precio de cincuenta soles el galón (precio exagerado en razón a la prohibición de su comercialización en zonas dedicadas al cultivo de coca y a la producción de cocaína).

Obviamente, si el especialista constató este hecho, es de suponer que la Policía sabe de este ilegal comercio lo que haría suponer que se estarían “comprando indulgencias”, por decirlo de algún modo. Refirió también, que a vista y concesión de la comisaría de San Francisco, puerta de ingreso al VRAE, ingresan los insumos para producir cocaína. Otro grave aspecto recordado, está referido a la renuencia en controlar la importación y comercialización de los insumos que se desvían posteriormente hacia las zonas productoras de coca y de cocaína, lo que haría pensar que los “lobbys” están perfectamente funcionando para evitar el control y reducción de importaciones de todos los insumos químicos utilizados en la producción de drogas ilegales.

No se trata entonces de software (que existe) para el control debido, ni la demora en adquisición de las tan demandadas garitas móviles; de lo que se trata es de la absoluta falta de voluntad política para combatir este delito, que llevará finalmente al país a convertirse en una réplica mexicana con todas las condiciones de un “narcoestado”.

Si en los casi cuatro años y medio de la actual administración, no se ha tenido una acción coherente en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, no podemos esperar que en los escasos meses que le restan, puedan o quieran hacer algo. a juzgar por las constataciones del especialista, la participación de las Fuerzas Armadas en estas zonas “cocaleras”, no han tenido efecto alguno en la disminución de la ilícita actividad y por el contrario, vienen provocando lo que ya sucedió en la infausta gestión fujimorista, que la participación de estos institutos, lo único que provocó fue que el narcotráfico los pervierta y que las bases se constituyan en lugares de “recaudación ilegal”.

La lamentable perfomance del año 2009, que llevó a incautar tan sólo 490 toneladas de insumos químicos, de un total aproximado de 35000 toneladas, nos presentan objetivamente la poca o ninguna voluntad para perseguir este delito, y la nula voluntad en corregir la evidente corrupción de los órganos encargados de su persecución.

En la conferencia anual de ejecutivos, a llevarse a cabo en los próximos días con la participación de los visibles candidatos a la Presidencia de la República en el proceso del año próximo, debería obtenerse como razón primordial de la nueva administración, la lucha frontal contra este delito que amenaza la estabilidad del Estado y que obviamente pasa por reconocer la enfermedad en las instituciones comprometidas en su persecución, teniendo en cuenta que hasta el momento todo el esfuerzo ha sido orientado a firmar “pactos éticos”, que no han tenido efecto alguno, pues en las últimas elecciones regionales y municipales, en varias jurisdicciones “cocaleras”, se han hecho con las alcaldías, personas claramente vinculadas a la producción ilegal de coca y a la producción ilegal de cocaína.

Tenemos que decir finalmente con desesperanza, que el actual régimen, en lo que le queda, no promoverá base alguna de lucha real contra el tráfico ilícito de drogas.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El bajón de Humala




II. El bajón de Meche





III. Poder Judicial organizado

HUEVOS DE ESTURIÓN / Cacasenos y bribones / Fernando Rospigliosi

En 1990, Alan García estaba empeñado en impedir el triunfo de Mario Vargas Llosa. No quería un cambio radical de su política económica populista que había arruinado al país, pero sobre todo le temía a las investigaciones que había prometido el escritor sobre la galopante corrupción que se había instalado con García, y que había enriquecido ilícitamente a los gobernantes de aquel entonces.

Una de las estrategias de García fue la de atacar a MVLl, que cayó en la trampa y se enzarzó en una agria polémica con el entonces presidente y sus secuaces. La respuesta de MVLl a García fue histórica: dijo que su gobierno estaba integrado por cacasenos y bribones. Tenía razón, pero perdió la elección. Ganó García y su entonces protegido, Alberto Fujimori.

Lo increíble es que ahora García pueda repetir impunemente su estrategia. Alejandro Toledo habló de abrir las cuentas de los actuales gobernantes y García aprovecho al instante la oportunidad. Primero envió al Canciller Joselo García Belaunde a atacar a Toledo. Los dirigentes de Perú Posible picaron el anzuelo y salieron a responder a Joselo. Probablemente hayan perdido todos. La diferencia es que Joselo no es candidato a nada.

Ahora entró a tallar el propio García. "Loquito de la calle" le dijo a Toledo. Los peruposibilistas están echando chispas. ¿Qué responderán? ¿Qué dirá Toledo? No importa. Ya perdieron esta batalla. Están atrapados en una discusión inconducente con García y sus adictos, mientras el mudo Luis Castañeda, el candidato de García, sigue subiendo sin decir una palabra. Y la hija del dictador, la segunda opción de García, se mantiene expectante en el segundo lugar.

García debe estar desternillándose de risa. Seguramente ni él mismo creía que la misma estratagema le iba a funcionar dos veces. Como decía Carlitos Marx, la historia se repite, una vez como tragedia, otra como farsa.

UNA VICTORIA HISTORICA Y SIN ATENUANTES / Fernando Villaran

Han ganado la municipalidad y el gobierno regional de Lima Metropolitana, Susana Villarán, Fuerza Social y la coalición de partidos que la apoyaron. Han conquistado el segundo núcleo de poder político de la sociedad peruana.

Es una victoria entregada en bandeja de plata por el pueblo de Lima, que ha ejercido su derecho democrático a decidir quién lo gobierna, y que ha elegido a una alcaldesa que va a gobernar para todos, para los hijos y los nietos de todos, con verdad y con honestidad.

Ha ganado la izquierda democrática, la izquierda moderna, la izquierda liberal, como lo ha repetido hasta el cansancio la candidata a lo largo de esta intensa campaña. Es democrática porque no excluye a nadie, porque defiende el interés público, el interés general, en especial de los más necesitados, y no los intereses particulares y de grupo.  Es moderna porque cree en el mercado y en un Estado eficiente, en la relación virtuosa entre el mercado y el Estado, cree en la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendedorismo, como fuentes del crecimiento y de creación de riqueza, cree en la inversión privada, nacional y extranjera, cree en la regulación y el planeamiento estratégico, cree en la gestión eficaz y eficiente en los sectores público y privado, propone la sostenibilidad ambiental, que no es otra cosa que pensar y gobernar para nuestros hijos y nuestros nietos.  Es liberal porque considera la libertad como un fin de la sociedad, pone por delante la libertad individual, respeta los derechos humanos, que incluyen el derecho a la vida, a una educación y salud de calidad, a la propiedad privada y la propiedad intelectual. Y se reafirma en la izquierda porque practica y difunde la solidaridad, el pensar y actuar considerando al otro, por la justicia social, por la mejor distribución del ingreso, porque está convencida de que no basta la estabilidad económica, que se requiere de una estabilidad social, que sólo se logra con la inclusión de todos. 

Es una victoria de las mujeres, que como Michelle Bachelet, Dilma Rouseff, Cristina Fernández y muchas otras, están cambiando del mundo desde el poder. Confirma lo que dijo Gabriel García Márquez en el año 1999, para la revista Time: “La única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI, es que las mujeres asuman la dirección del mundo. Creo que la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de diez mil años. Los hombres hemos menospreciado y ridiculizado la institución femenina, y por otro lado, a lo largo de la historia hemos santificado nuestras ideologías, casi todas absurdas o abominables.  La estructura del poder masculino ha demostrado que no puede impedir la destrucción del medio ambiente, porque es incapaz de sobreponerse a sus propios intereses. Para las mujeres, en cambio, la preservación del medio ambiente es una vocación de vida o muerte”.

Hay dos argumentos con los que la derecha y su prensa quiere escamotear este triunfo: que ha sido muy ajustado y que ha ganado principalmente por su carisma. Como si un campeón mundial de fútbol que gana por penales es menos campeón que uno que gana por goleada. Como si las elecciones fueran un concurso de simpatía, y no hubieran estado en juego ideas, valores, equipos y propuestas. No hay que hacerles caso. 

A celebrar se ha dicho.

PEDAGOGíA POLITïCA/FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

El hecho es tan poco común, que merece ser celebrado: un profesional destacado ha decidido incursionar en la política. Lo inusual es que, en vez de crear una agrupación propia o de unirse a uno de los tantos nuevos “partidos” o movimientos llamados “independientes” surgidos en los últimos años, esa persona ha optado por unirse a uno de los tan zarandeados partidos “tradicionales”, el Partido Popular Cristiano. Mejor aún, no lo hace como invitado de esa agrupación para  postular a un cargo, sino inscribiéndose como militante.

Estamos hablando del conocido economista Daniel Córdova quien, además de lo ya indicado, ha señalado en una columna publicada en Perú 21 y en otros espacios, las razones de su decisión: no quiere entrar de cualquier manera a la política, sino con el objetivo de contribuir a reforzar los partidos democráticos.

En otras palabras, Córdova se la juega, en los hechos y no sólo verbalmente, por la institucionalización de nuestra política. Más allá de si se comparte o no, su línea ideológica, se está ante un gesto extremadamente valioso, pues tiene todo el valor,  y mucho más, de un curso sobre democracia. El buen ejemplo es el mejor acto pedagógico. Nuestra política necesita a gritos muchísimos buenos ejemplos. Por eso es que no se puede, sino felicitar, y, más aún, agradecer a Daniel Córdova por su decisión.  Ojalá muchos otros que también opten por incursionar en la política, en cualquier lado del espectro, lo hagan de la misma manera. Que ello ocurriera  constituiría sin duda un mensaje muy fuerte y muy sano para la población. 

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi

I. Defensa del plantón

II. La hora de las alianzas

III. La otra Meche

PASADA LA HORA DE LAS PROMESAS LLEGA LA HORA DE LA ACCIÓN/ Juan Briceño Pomar

A diferencia de años anteriores, las recientes elecciones nos han mostrado ciudadanos más interesados en participar activamente en el proceso. Si de alguna forma pudiéramos resumir sus características, estas serían: más informados, menos ideologizados, con mayor capacidad para analizar las propuestas de los candidatos y muy sensibilizados con respecto a seguridad, trasporte y corrupción.

Durante la campaña hemos escuchado promesas, propuestas y afirmaciones de lo más variadas y, en algunos casos, materialmente imposibles de cumplir que van desde la creación de policías propias o cuerpos especiales a cargo de los municipios, hasta la afirmación que este es un problema del gobierno central y no es de incumbencia de los gobiernos locales. Ni lo uno ni lo otro. No se trata de una cuestión de exclusiva responsabilidad del gobierno central ni tampoco de los gobiernos regionales o municipales. 

Pasada la efervescencia de la lucha por el voto llega el momento en que los nuevos gestores locales se topan con la cruda realidad de elevados niveles de inseguridad en sus circunscripciones y la demanda de los ciudadanos por que se atiendan sus expectativas de vivir seguros. Pasó ya la etapa en que podían ofrecer todo aquello que imaginaban sin tener en cuenta si era o no viable. Ha llegado el momento en que deben tomar decisiones sobre ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?

En este marco parece bastante atinada –aunque insuficiente- la iniciativa del flamante Ministro del Interior Fernando Barrios, de convocar a los Alcaldes Distritales de Lima que resultaron electos, para que junto con los Comisarios de sus respectivas jurisdicciones y el comando policial, compartieran un análisis de la situación y formularan propuestas de solución. El sólo hecho de realizar la reunión constituye un avance en el largo camino que deben seguir los municipios y la policía para aprender a trabajar en equipo, delimitar claramente sus atribuciones y funciones, diseñar planes conjuntos, compartir y/o adquirir equipamiento y brindar servicios eficientes de seguridad a la comunidad.

Decimos que la medida es insuficiente puesto que no se presentaron propuestas ni planes concretos de aplicación inmediata, y tampoco se determinó el tipo de relación que en el futuro tendrán ambas instituciones. Por desgracia al revisar los indicadores que medirán el desempeño de aquellos municipios que suscriban el “acuerdo por la seguridad” encontramos –al igual que en propuestas anteriores- un conjunto de buenas intenciones que al no estar cuantificadas no podrán medirse. De todos modos confiemos que el positivo acercamiento logrado no sea flor de un día, sino la base de un nuevo tipo de relación que beneficie a los ciudadanos y que el ejemplo se extienda a nivel nacional.

De otro lado la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de la Segunda Supervisión Nacional de Comisarías 2010, que constituye un seguimiento de los resultados del Informe Defensorial Nº 142 (2008). El citado documento nos muestra una triste realidad. Las Comisarías –primeros puntos de encuentro del ciudadano con la policía- están en un estado calamitoso, no cuentan con los recursos humanos ni logísticos básicos, no brindan buenos servicios ni una adecuada atención a los ciudadanos.

Ad portas de celebrar los 200 años de independencia, nuestro país está obligado a tomar grandes decisiones sobre temas clave que, en el largo plazo, determinarán nuestras posibilidades reales de pasar a formar parte o no del selecto grupo de países desarrollados. Los inversionistas serán cada vez más exigentes sobre las condiciones mínimas de seguridad jurídica, pública y ciudadana que requieren antes de tomar sus decisiones empresariales. Si no somos conscientes de ello perderemos una gran oportunidad.

Es necesario que exista voluntad política para apoyar los cambios requeridos; que la preocupación que los gobernantes señalan tener por la inseguridad se plasme en la asignación de recursos suficientes; seleccionar un equipo profesional a quienes se encargue la responsabilidad de conducir el proceso –cuando en una empresa la situación se vuelve insostenible y caen la producción y las ventas, los dueños no encargan al equipo directivo que la llevó a esa situación el reflotarla, sino que de inmediato llaman a nuevos equipos gerenciales-; y, finalmente hay que escuchar y atender los deseos y expectativas de los ciudadanos ya que de nada vale lo que los funcionarios crean que hacen bien si la población no lo percibe como tal.

Encontrándonos en la recta final de este gobierno es poco lo que podemos exigir y esperar que se haga en cuanto a cambios estructurales y medidas estratégicas, sin embargo tenemos tres posibilidades reales y tangibles sobre las cuales actuar.

De un lado el Informe Defensorial que nos señala situaciones concretas sobre las que actuar, eso puede constituir una meta con indicadores tangibles que podemos solucionar en los ocho meses que quedan. También podemos establecer una línea de base y establecer objetivos medibles, para ello es necesario que se institucionalice la ejecución de la Encuesta Anual de Victimización encargada al INEI. Finalmente, pero no menos importante, se pueden establecer los parámetros objetivos –consensuados y de obligatorio cumplimiento para los municipios y la Policía Nacional- a fin de operativizar el trabajo que realizarán ambas instituciones en los ámbitos locales para brindar servicios de seguridad ciudadana, para ello será necesario modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Estas tres acciones, aparentemente sencillas pero de importancia estratégica, sentarán las bases para que el próximo gobierno nacional y los gobiernos locales mejoren y hagan eficientes los servicios de seguridad que brindan a los ciudadanos.         

La izquierda y la economía/ Francisco Belaunde Matossian

                                                                    

La mirada de la izquierda radical sobre la economía está  muy marcada por la política. Los actores económicos no son vistos solamente como tales, sino también, y, tal vez, de manera más importante, como actores políticos. Forman parte de los denominados “poderes fácticos” a los que, por cierto, se les atribuye una actividad conspirativa permanente desde las sombras. Se parte de la base de que los grandes actores económicos privados, constituyen, intrínsecamente, por su peso y gran capacidad de influencia, un riesgo para la autoridad del Estado. Dicho de otro modo, son adversarios políticos, por lo menos potenciales, cuando no enemigos, del Estado.

Sin duda, las empresas, como otros actores sociales, buscan pesar en las decisiones del Estado. Podría pensarse en que la respuesta a esa realidad, es una lucha efectiva contra la corrupción y el tráfico de influencias, es decir, en  el reforzamiento de la capacidad del Estado de resistir a los intentos ilegales de influir en él. Sin embargo, la propuesta de la izquierda radical es menos institucional y mucho más política. Es lo que ya se da en Venezuela, Bolivia y Ecuador que constituyen los referentes  en la materia.

Para empezar, hay una toda una retórica que se instala, generándose un clima de lucha de liberación. Se lanza una verdadera cruzada verbal contra los grupos económicos locales y las grandes empresas transnacionales, además, claro, de los organismos financieros internacionales y del imperialismo norteamericano. Forma parte de esa retórica el llamado a la “recuperación de los recursos naturales para la Nación”. El ejercicio no es simple, porque, al mismo tiempo, se está consciente de que se requiere de la inversión privada. Se da entonces un contrapunto bastante confuso entre los gritos de guerra y las palabras conciliadoras con los inversionistas, aunque, como es natural, más suena lo primero que lo segundo.

La cosa, obviamente, no se queda en lo verbal. Se dan medidas concretas y las primeras tienen que ver, precisamente, con la explotación de los recursos naturales. Hay el afán de que el Estado se guarde para sí la mayor parte de los ingresos por la explotación de esos recursos. Para ello, se plantean cambios en la relación entre el Estado y las empresas privadas, y que consisten, según los casos, en convertir al primero en socio mayoritario de las segundas, en un aumento drástico de las regalías e impuestos, o incluso, en hacer de las empresas privadas, ya no concesionaria,  sino meras prestadoras de servicios que el Estado remunera. Es lo que se ha dado en Bolivia y, ahora también, en Ecuador.

Lo anterior, además del fin recaudatorio, tiene también un claro objetivo político. Con los esquemas mencionados, las empresas privadas pierden peso económico, y, por lo tanto, también, capacidad de influencia. A la vez, el Estado se convierte en un actor económico importante, lo que, añadido a una reglamentación mucho más estrecha de la economía, le permite adquirir un mayor protagonismo a los ojos de la población. Ello es congruente, por lo demás, con la visión del Estado-activista político y movilizador de las masas.

En ese esquema, no se da a la estabilidad jurídica y al clima para los negocios la misma importancia que la que tienen en la propuesta liberal. Se entiende, por supuesto, que las empresas  requieren de estabilidad, y se puede procurar proporcionárselas hasta cierto punto, pero el Estado siempre debe tener la posibilidad de, si le parece, cambiar las reglas de juego e imponer esa determinación. Más aún, la razón de ser del proyecto de la izquierda radical, es, precisamente, el cambio de las reglas de juego. Es decir, se asume que, por lo menos en un inicio, se les va mover el piso a los inversionistas.  Claro, se quiere creer o hacer creer que ello no tendría consecuencias muy graves en lo que se refiere al flujo de inversiones. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. Así, se ha puesto como ejemplo el caso de Bolivia, haciendo valer que, no se produjo un retiro masivo de la mayoría de las empresas concesionarias en el sector de los hidrocarburos, tras el cambio de los contratos con el Estado. Ello puede ser cierto, y, de hecho, el Estado boliviano goza actualmente de ingresos muy elevados, pero, lo que sí pasó,  es que, a partir de ese momento,  las inversiones para nuevas exploraciones se redujeron drásticamente. Es decir, el futuro de Bolivia en cuanto a nuevas reservas de hidrocarburos, ha quedado comprometido, al punto de que el gobierno, en una suerte de retroceso parcial, ha tenido que anunciar nuevos incentivos para las empresas.

A ese respecto, cabe añadir que las autoridades de ese país encargaron el año pasado a una consultora, que calculara las reservas de gas actualmente existentes. La divulgación del informe ha sido postergada en reiteradas oportunidades, lo que se explicaría, según versiones periodísticas, por el hecho de que los datos arrojados por el estudio serían catastróficos y pintarían un panorama muy preocupante. Sin duda, se ha señalado también que la explicación de las cifras tendría que ver, en parte, con el método de cálculo empleado. Sin embargo, no queda duda, de que la falta de nuevas exploraciones es un problema muy grave. A ello se añade el bajo nivel de las inversiones privadas en la economía en general, hecho reconocido por el propio gobierno. En otras palabras, el cambio de las reglas de juego, sí produce, como siempre ha sido evidente, un efecto traumático en el nivel de actividad de los actores privados; más aún si ello está combinado con una retórica hostil, o, por lo menos, esquizofrénica, con respecto al mundo empresarial.

En relación, con ello, no dejan de ser decepcionantes unas frases del sociólogo Francisco Durand, vertidas durante una entrevista publicada por el diario La República el pasado lunes 18, en respuesta a la pregunta sobre si la aplicación de un impuesto a las sobre ganancias en el sector minero asustaría o no a la inversión. Durand replicó que “ …. (el impuesto) no tiene por qué asustar a la inversión… El empresario que es inteligente entiende que su nivel de ganancia es bueno y continuara invirtiendo”.

Una política no se puede decidir en función de lo que se piensa que debería hacer un “empresario inteligente”, sino de lo que la experiencia dice que pasa en esos casos. Ello, más allá de otros argumentos que podrían darse a favor o en contra de ese impuesto específico. Ese no es el punto acá. Lo preocupante es que se adopte un buen deseo o una especulación como línea de defensa de una medida determinada.

Parece bastante claro que muchos de los que rodean a Susana Villarán, no comparten la visión de la izquierda radical. Para Nicolás Lynch, ellos corresponderían a lo que él ha denominado “la izquierda domesticada” por la derecha. Sin embargo, también puede decirse que corresponden a la izquierda cercana a Lula o a Mujica, el presidente uruguayo. ¿Es Lula un “izquierdista domesticado”?

Habrá que ver cómo se resuelve el debate actual en ese lado del espectro político. Tras el éxito obtenido en Lima por la lideresa de Fuerza Social, nadie puede quedar indiferente al resultado; menos aún, si, más allá del tema económico, está en juego el grado de compromiso con la democracia.