INTENTAR ESTRUCTURAR NUESTRA POLITICA/ Francisco Belaunde Matossian

Es una buena noticia que un término indicativo de una línea de pensamiento, como es  “izquierda”, se haya hecho de un lugar en el escenario electoral. Es un contraste bienvenido con lo que ha sido la norma en los últimos tiempos: la proliferación de grupúsculos políticos que adoptan como denominaciones, meros slogans (estrambóticos muchos de ellos), que no dicen nada de lo que piensan sus fundadores, en el entendido, claro, de que éstos tengan una línea de pensamiento, más allá de la ambición, perfectamente legítima por cierto, de acceder a un cargo público. Es deprimente ver el tablero político poblado de agrupaciones con nombres tales como “Chim Pum Callao”, “Siempre Unidos”, entre otros. Es un síntoma de la frivolización de nuestra política, pero que, a su vez, la ahonda. Se podrá decir que, ante el declive de las ideologías, es un fenómeno inevitable. Sin embargo, como podemos constatarlo, las ideologías no han desaparecido del todo; en todo caso, no entre el personal político.

Así, un número apreciable de los fundadores de los llamados movimientos “independientes” del interior del país, tienen una clara ideología de izquierda radical. Asimismo, hay socialcristianos y liberales convencidos que están repartidos en diversas agrupaciones. Es decir, como en la época del fujimorismo gobernante, el rótulo de “independiente” es engañoso. Entre la población, en cambio, sí hay una desideologización pronunciada. Una clara señal de ello es el hecho, apuntado por diversos analistas, de que gran parte de las intenciones de voto a favor de Alex Kouri se hayan convertido finalmente en votos por Susana Villarán.

Habrá que ver hasta qué punto la reaparición de la palabra “izquierda” puede llevar a un cierto reposicionamiento del electorado en base, ya no a ideologías propiamente dichas, pero sí a sensibilidades que podrían considerarse más o menos de izquierda y derecha. El personal político podría ayudar a ello, agrupándose en función de sus inclinaciones y creando partidos cuyos nombres indiquen la corriente que los inspira. Así, sería interesante que se consolidara un Partido Liberal, como existe, lo que es un acierto, un Partido Socialista. Le corresponde a Susana Villarán, posicionarse claramente dentro del espectro de la izquierda pues su alianza con Patria Roja,  transmite un mensaje bastante confuso. Es necesario y hasta crucial que lo haga porque de esa manera, permitiría que muchos pierdan el miedo a todo aquello que aparece como de “izquierda” y que explica en parte, más allá de la campaña de los extremistas de siempre, la histeria de muchos en torno a su candidatura.

En otros términos, hay que sincerar nuestra política y hacerla más legible, para, por esa vía, estructurarla. En ese esfuerzo, los nombres que se escojan para las agrupaciones tienen un papel importante.  Es una manera de ejercer la docencia, una tarea que los políticos han olvidado pero que debería ser la primera en sus mentes.

VARGAS LLOSA, NOBEL/Carlos Basombrío Iglesias

Un día extraordinario para el Perú. Un demorado acto de justicia de la Academia Sueca.

Como muchos peruanos me precio de haber leído y disfrutado todas las novelas de Vargas Llosa (varias más de una vez). Como tantos, espero con enorme impaciencia que salga a la venta El sueño del celta. Pero no estoy ni remotamente capacitado pare escribir sobre su literatura.

Pero el Vargas Llosa que acaban de premiar es también un actor fundamental de la vida política peruana y latinoamericana. SIGUE

EL VALOR DE NUESTRO VOTO/ Gustavo Carrión Zavala

Hasta antes de lograr la modificación constitucional para lograr que militares y policías pudiesen expresarse como ciudadanos de este país a través del voto, solamente nos quedaba observar, con desazón comprimida, como se producían los enjuagues políticos, como siempre se ignoraba a esa importante parte de la ciudadanía representada por la comunidad profesional policial y como después de ofrecer siempre mejorar la condición laboral de los policías, siempre fue el último punto a tratar en la agenda política del mandatario electo.

Ejemplo de lo que se argumenta lo representa el inaplicado DS 213, firmado por Alan García en las postrimerías de su primer gobierno y desconocido en todos los idiomas durante su actual segundo gobierno. Igualmente las promesas de campaña, respecto del mejoramiento de la condición de los trabajadores policías, ha tenido como corolario la traición de plantear la supresión de la actualización de las pensiones de militares y policías. No vamos a valernos de razones que pudiesen considerarse “patrioteras”, como las de señalar que son los militares y policías los únicos que ponen el pecho frente a los embates de las organizaciones criminales (terroristas, narcotraficantes, bandas de asaltantes, etc.), sólo queremos recordarle que la contribución en horas adicionales a las obligatorias ocho, acumuladas durante 35 años y que jamás fueron reconocidas, son el aporte suficiente para actualizar las pensiones de los retirados durante los 25 años promedio de vida más allá de la fecha del pase al retiro. No reconocer este trabajo extra realizado, convertiría al estado en un empleador explotador y que estima que militares y policías son ciudadanos de segunda categoría. Si esto hubiese ocurrido en las épocas que no podían expresarse a través del voto, es posible que siguieran perpetrándose estos cambios en las reglas de juego, ahora tenemos la oportunidad de rechazar a los políticos mentirosos negándoles nuestro voto.

En la misma línea, y cada quién podrá tomar la posición que le satisfaga, hemos asistido a una elección municipal, que en el caso de la provincia de Lima, ha estado saturada de infamias, calumnias, intervenciones tendenciosas , reacción visceral de los sectores identificados como la derecha peruana, que no tuvieron ningún reparo en asociarse para llenar de lodo la campaña. Expresión de lo sostenido es la violación de la neutralidad a la que estaba obligado el presidente García, haciendo declaraciones orientadoras hasta el mismo día del acto electoral, declaraciones y acciones vedadas del alcalde de Lima haciendo colocar pancartas en contra de la candidata que no era de su simpatía, aparición de PPK anunciando el apocalipsis financiero si ganaba la elección la candidata identificada como de izquierda, todos los diarios con titulares infamantes y mentirosos en contra de la candidata de FS, participación demoledora de periodistas como Bayly por un lado y Mariátegui por el otro, recurriendo el uno a audios obtenidos a través de la comisión de un delito, y el otro sugiriendo mentirosamente la asociación de Susana Villarán con el genocida Abimael Guzmán.

Para poner la cereza en el pastel, en el debate entre las candidatas, Lourdes Flores no tuvo ningún empacho en mentir sobre hechos tan groseros como los de impresionar a la audiencia diciendo que habían quemado públicamente al alcalde de Ilave, hecho falso, pues fue cierto que fue muerto por los golpes de la población enardecida, cuando este personaje después de haber sido sacado de la ciudad por la policía por el encono que se había acumulado en contra de su gestión y llevado a Puno para evitar lo que finalmente sucedió, el alcalde retornó subrepticiamente, convocó reunión de concejo en su domicilio, siendo detectado por los opositores que provocaron lo que lamentablemente sucedió. Mintió Lourdes Flores, pues en ese entonces la señora Villarán no desempeñaba ningún cargo en el ministerio, y no dijo que la policía evitó una inminente matanza de pobladores, actuando con total prudencia logrando dominar la situación. Dijo también que Susana Villarán había asistido a Londres a una reunión de prédica a favor de Sendero Luminoso con la organización “Perú Consulting Group”, que está dedicada a la promoción de los derechos humanos y consolidación de las democracias, por lo que resulta perverso haber insinuado que su oponente es defensora de la agrupación genocida que tanto daño hizo al país.

En este panorama de agresiones, surge la figura de Jaime Salinas López Torres, cuyas apariciones nos hacían apreciar a un personaje sumamente soberbio, que aparentemente jugaba un partido personal y al cuál le calzaría perfectamente lo que expresara en una parodia hace algunos años el cómico Carlos Alvarez:”todas las horas del día las he repartido así, doce horas soñando conmigo y doce horas pensando en mí”, pues daba la impresión de ser dueño de una inmensa vanidad.

Esperemos que lo comicios que se avecinen no tengan las mismas características de los que acaban de culminar, y que el valor del voto de cada miembro de la Policía, pueda discriminar entre aquellos que ofrecen lo que después no cumplen y los que verdaderamente ofrezcan las condiciones laborales pertinentes a un trabajo tan delicado, como el que está vinculado a la defensa de la indemnidad de las personas, de sus bienes y del ejercicio de sus libertades y derechos.

El Fraude en marcha II / Fernando Villarán

El día de ayer, a dos días de las elecciones, el partido Fuerza Social (FS) emite un comunicado en el que informa a la opinión pública sobre los avances en el conteo de los votos en la ONPE y explica cómo Susana Villarán tiene más votos que Lourdes Flores, y que por lo tanto, va a ganar estas elecciones.

El razonamiento del comunicado es impecable: si en las actas no observadas (que son las que ya ha contabilizado la ONPE al 100%), FS ha ganado por 0.9% al PPC, en las actas observadas, que vienen principalmente de los distritos en los que FS tiene amplia mayoría, entonces no hay forma que el PPC remonte la ventaja de 0.9% ya obtenida en las actas no observadas.

Por eso, FS ya ganó. La voluntad popular le ha dado entre 1 y 2% de ventaja sobre el PPC, es decir, entre 60,000 y 120,000 votos adicionales. No hay duda sobre esto.

Sin embargo, quedan algunas preguntas pendientes:

1. ¿Por qué hay un número tan alto de actas observadas (8,106), cosa que nunca ha ocurrido antes? Nos enteramos que han sido observadas por problemas de ilegibilidad, error material, etc. Es decir, ¿de pronto los limeños y limeñas se volvieron más torpes que en otros años y se dispararon los errores? ¿No es que habíamos mejorado en educación pública?

2. ¿Acaso no expresa una voluntad de fraude que las actas observadas estén justamente en los distritos en que tuvo mayoría Fuerza Social?

3. ¿Quién ha observado las actas?  Parece que no han sido los personeros del PPC ni del alanismo*, sino la  propia ONPE.  Lo cual es más grave todavía. ¿Cómo se explica este hecho, es decir que el organismo neutral encargado de las elecciones, haya observado un número tan alto de actas?

(* Nota intermedia: después de saber que tanto Armando Villanueva como Carlos Roca han felicitado a Susana Villarán por su triunfo, es claro que un sector importante del APRA ha votado por ella, de manera que de ahora en adelante ya no voy a utilizar el concepto de aprismo, sino de alanismo)

4. ¿Los cuatro presidentes de las salas electorales, nombrados nada menos que por el alanista César Vega Vega, y  muy bien descritos en el Programa de Jaime Bayly de ayer, van a respetar la voluntad popular? ¿En una controversia entre los personeros del PPC y los de FS, van a mantener la neutralidad?

5. ¿Cómo se explica la alegría  de Lourdes Flores cuando todas las estadísticas electorales le son adversas? ¿No será porque alguien muy poderoso le ha asegurado que va a ganar estas elecciones en mesa? ¿No será porque ese alguien muy poderoso le ha dicho que van a repetir la misma metodología que aplicaron en el 2006 para ganarle a ella misma la elección en mesa?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Tres campañas en una – I

II. Tres campañas en una – II

III. Tres campañas en una – III

El Fraude en marcha / Fernando Villarán

(a dos días de las elecciones municipales del 3 de Octubre)

Los antecedentes

En las elecciones de 1990 en las que ganó la presidencia Alberto Fujimori, el primer gobierno de Alan García utilizó fondos públicos para atacar y demoler la candidatura de Mario Vargas Llosa, del movimiento Libertad, rompiendo uno de los principios universales de todo proceso electoral: la neutralidad del gobierno en funciones. Fue particularmente dramático y efectivo un spot televisivo donde se inculcaba el miedo en la población frente al “shock económico” que aplicaría Vargas Llosa, el que traería hambre y miseria, cuando en realidad se trataba de un necesario “ajuste” para corregir el caos económico que había dejado el primer gobierno aprista.

En las elecciones presidenciales del 2006, Lourdes Flores, de Unidad Nacional, salió segunda en todas las encuestas a boca de urna y en los conteos rápidos efectuados por las principales empresas encuestadoras, quedando en tercer lugar, por estrecho margen, Alan García del partido aprista. Sin embargo, en el conteo oficial en mesa, Alan García le ganó el segundo lugar a Flores por escasos 60,000 votos. El personero legal de Unidad Nacional fue el inmoral Xavier Barrón, dispuesto a cambar las cifras de las encuestas de Ipsos-Apoyo en este proceso electoral.

Hace algunos meses, en una reunión con empresarios, el presidente Alan García dijo que “él no podía determinar quién ganaba las elecciones en el Perú, pero que si podía impedir que ganara el candidato que no le gustara”. Muchos empresarios asistentes, entre los que se encontraban dueños de algunos medios de comunicación, aplaudieron la infeliz frase, demostrando que el bolsillo pesa más que la democracia.

En este proceso electoral Municipal

En días previos a las elecciones, y en el mismo día de las elecciones, el presidente García, que debía mantener la neutralidad, se pronunció contra las encuestas a boca de urna, diciendo que no había que tomarlas en cuenta. ¿Por qué pone en duda uno de los métodos estadísticos más empleados en casi todos los países del mundo? ¿Ya estaba pensando en el fraude?

En días previos a las elecciones, varios dirigentes del PPC y del APRA cuestionaron a las encuestadoras en general, llegando a decir que todas se “vendían por plata”, en un claro intento de desprestigiar su credibilidad.

A una semana de las elecciones, las tres encuestadoras más serias, Ipsos-Apoyo, la PUCP y CPI le daban una ventaja entre 10 a 6 puntos porcentuales a Susana Villarán frente a Lourdes Flores. Esas mismas encuestadoras emitieron resultados en los días previos a la elección demostrando que las distancias se habían acortado pero en ningún caso Flores había sobrepasado a Villarán.

El día de las elecciones, las encuestadoras Ipsos-Apoyo y CPI dieron resultados a boca de urna que favorecían a Susana Villarán, la primera con una ventaja de 2.3 puntos porcentuales y la segunda, con una ventaja de 3.3 puntos.

Ese mismo día de las elecciones, Ipsos-Apoyo realiza un conteo rápido de actas, el método más cercano a la realidad que se conoce, aplicado en todos los procesos electorales del mundo, y da como resultado un triunfo de Susana Villarán por un margen de 1 por ciento.

Los primeros reportes de la ONPE, dan como ganadora a Susana Villarán, manteniendo una ventaja que fluctúa entre 1.6 y 2.0 puntos porcentuales; aunque en uno de los últimos reportes, y con pocos votos adicionales a la anterior medición, esta diferencia, sospechosamente, baja a 0.8%.

Frente a los resultados de la ONPE, con más del 60% de votos escrutados, los especialistas Fernando Tuesta Soldevilla de la PUCP y Afredo Torres de Ipsos-Apoyo, declaran que es casi imposible que se revierta el orden de las dos candidatas.

Una de las evidencias del fraude, es que el partido y la candidata que van segundos, y que han aparecido en ese lugar en todas las encuestas y resultados oficiales, en vez de mostrar una lógica preocupación por los resultados que no la favorecen, han estado celebrando, cantando y bailando, ofreciendo un espectáculo grotesco y de manicomio, nunca visto en proceso electoral alguno.

Pero la evidencia más objetiva de la voluntad de fraude en este proceso ha sido la gran cantidad de actas impugnadas y observadas, por los personeros del PPC y del APRA, en los distritos en los que Fuerza Social (de Susana Villarán) tenía una amplia mayoría. En total se han impugnado y observado 8,077 actas, que representan aproximadamente el 25% del total de actas escrutadas; cifra que significa un record histórico, si tenemos en cuenta que el proceso electoral presidencial del 2006 sólo se observaron e impugnaron 2,500 actas en Lima, en un proceso más complejo. La cifra resulta altamente sospechosa, y muestra claramente una voluntad de fraude.

Resulta que estas elecciones se van a definir en mesa, en el conteo de estas actas impugnadas y observadas. Supuestamente estas actas deberían darle una mayoría más amplia a Villarán pues vienen de los distritos en donde ha ganado con amplia ventaja, pero como los cuestionamientos vienen de los personeros del PPC y del APRA y van contra los votos de Fuerza Social tratando de anular la mayor cantidad de votos de Susana Villarán.

Si bien muchos reconocen la neutralidad de la ONPE y en JNE, y la honorabilidad de muchos de sus directivos, también es cierto que el APRA se ha caracterizado por infiltrar organismos públicos como es el caso del poder judicial. Además, basta comprar unos cuantos digitadores para tergiversar completamente la voluntad popular; y ya hemos visto de donde viene la plata en estas elecciones.

Qué hacer

En primer lugar, Fuerza Social debe alertar a la ciudadanía de este intento de fraude (a través de la prensa nacional y extranjera) y convocar a la población para defender la voluntad popular. También debe elevar una protesta formal, denunciando todos estos hechos, y otros que seguramente se me escapan, al JNE, a Transparencia, y a los observadores internacionales que han venido a supervisar este proceso.

En segundo lugar, todas las fuerzas democráticas del país deben pronunciarse frente a estos hechos, pues no se puede ser cómplices de este fraude. Hay que destacar la valiente posición de los periodistas, César Hildebrandt en el Programa Panorama del Canal 5, el día de las elecciones, y de Jaime Bayly, conductor del Programa El Francotirador, el día 4 de Octubre. Curiosamente, y en un acto sin precedentes en la televisión peruana, la administración del canal emitió un cintillo debajo de la imagen del periodista diciendo que el Canal 2 estaba en contra de las opiniones del periodista Bayly.

Se sabe que la mayoría de medios están comprometidos con este gobierno y con ciertos intereses económicos mercantilistas, de manera que se debe utilizar la prensa internacional y sobre todo, la Internet, el nuevo medio de comunicación mundial. Al respecto resulta preocupante que un hilarante y crítico video sobre este proceso electoral titulado “Hitler, Lulu y Caviarán” que circuló de manera explosiva, fue retirado del Servidor Vimeo en las primeras horas de la tarde; demostrando que los tentáculos del fraude tienen mucha fuerza y llegan bastante lejos. ¿Quién tiene la capacidad de perpetrar este atentado contra la libertad de expresión?

Hay que defender la voluntad popular, no se puede bajar la guardia. Si triunfa el fraude, la democracia estará herida de muerte en el Perú.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El otro debate VES 

II. Lourdes: La mona Jojoy

III. ¿Susana Villarán de Humala?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Laura Arroyo y Fernando Rospigliosi

I. ¿Ya ganó Susana?

 

II. ¿Que nos espera en el 2011?

III. El papel aguanta todo

HUEVOS DE ESTURIÓN / El mito de las encuestas / Fernando Rospigliosi

A raíz de la insólita conversación entre Lourdes Flores y Xavier Barrón –grabada ilegalmente, en acto repudiable-, donde éste le sugiere a la candidata visitar a Alfredo Torres, de Ipsos-Apoyo para que “pueda mover un poco sus cifras”, se vuelve a discutir la influencia que tienen las encuestas en un proceso electoral.

Los políticos no sólo viven pendientes de las encuestas, sino les atribuyen un poder mágico, creen que son determinantes, que influyen fuertemente en el electorado. Eso es falso. Durante décadas, se han realizado estudios en muchos países y nunca se ha podido demostrar que las encuestas afecten decisivamente una elección.

        El denominado “efecto arrastre”, que la gente vota a ganador, es un mito que no tiene ningún sustento.

        En el Perú, un ejemplo típico es el de las elecciones de 1990. Durante meses Mario Vargas Llosa encabezó las encuestas y sólo en las últimas semanas apareció Alberto Fujimori que finalmente ganó la elección. Si hubiera funcionado el “efecto arrastre” MVLL habría ganado de manera abrumadora.

        Es más, hasta el final, cuando se preguntaba “¿quién cree que ganará?”, más de dos tercios decían que Vargas Llosa. Es decir, a pesar de creer que triunfaría MVLL, muchos votaban por Fujimori.

        El muy limitado “efecto de arrastre” que pueden tener las encuestas se anula. Es decir, hay unos pocos que en efecto votan al que va adelante y otros que, pensando que va a ganar de todas maneras, dejan de votar por ese candidato.

        Para lo que si sirven las encuestas es para recaudar fondos. Los candidatos que van adelante tienen mucho más donantes que los aparecen al fondo de la tabla.

        En cualquier caso, es absolutamente repudiable el intento –frustrado- de Barrón de influir en Ipsos-Apoyo para modificar el resultado y estafar al público.

        Otro aspecto significativo de la conversación Flores-Barrón, es la ingenuidad, candidez, simpleza o bobería de Lourdes  que cree que hay un complot de las encuestadoras para irla “subiendo a ella (Susana) de dos en dos y a mí me van bajando de dos en dos”.

        Que un cretino como Alditus Mengele diga esas estupideces, pase, no se puede esperar otra cosa. Pero que Lourdes crea eso, es demasiado.

        Todas las encuestadoras coinciden: Susana está subiendo, Lourdes bajando. ¿Acaso CPI que trabaja para Correo y RPP es parte del complot? ¿Ipsos-Apoyo, parte de un conglomerado internacional cuyo negocio es hacer encuestas, va a arriesgar su prestigio para favorecer a Susana? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Alfredo Torres es comunista, farquista, rojo o caviar? ¿Cómo Susana, super misia, lo ha comprado? ¿La encuestadora de la Universidad Católica también miente? ¿Imasen?

        Es impresionante como una persona inteligente como Lourdes puede perder el sentido de realidad y atribuir a un imaginario complot (¿de quién?) su caída, que se explica, como es obvio, por sus propios errores.

A PROPÓSITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1095 / Gustavo Carrión Zavala

Luego de resuelto el problema suscitado a partir del decreto legislativo 1097, que en realidad era una suerte de amnistía solapada, demos vuelta a la pagina  (aún cuando nos queda la sensación que se ha resuelto la parte legal pero no la intención del gobierno de García de ceder ante la presión del fujimorismo, prohijador de militares que no tienen otro argumento que exigir  impunidad como garantía para cumplir con su “trabajo”), echemos una mirada al Decreto Legislativo 1095 y tratemos de explicarnos la posición del saliente ministro del Interior, para haber consentido la policialización de las Fuerzas Armadas y la categorización de grupos hostiles.

En realidad el Decreto Legislativo 1095, reemplaza a la Ley 29166, que regulaba la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, cuando se declaraban regímenes de excepción y se autorizaba que asuman tal control, y también cuando la norma no autorizaba tal asunción y en cuyo caso, colaboraban con la Policía Nacional. La ley mencionada se refería recurrentemente a actos de hostilidad, lo que individualizaba la acción hostil.

El Dleg 1095, se refiere a grupos hostiles, premunidos de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes, lo que obviamente está referido a las manifestaciones y protestas, bastando que se declare el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas arremetan contra los manifestantes. Lo que no ha calculado el ex ministro Salazar, en su condición de policía en situación de retiro, que si se produjese una protesta del personal, tal como sucediese en 1975 y en 1987, por tanto no estamos hablando de hipótesis negada, bastaría que se declare el estado de emergencia para que se considere grupo hostil a los policías y las fuerzas armadas arremetan contra ellos. Esto tampoco es hipótesis negada, pues en 1975, y de eso se debe acordar Salazar pues ya era cadete de la entonces Guardia Republicana, las Fuerzas Armadas no tuvieron reparos en agredir con armas de fuego a los policías que protestaban por mejores condiciones laborales.

Es cierto que en 1975 estaba el país bajo la dictadura militar velasquista y fueron cubiertos con el manto de la impunidad que les daba el total control del país, empero, quedó manifiesto el desprecio que sentían y probablemente sientan todavía los miembros de las fuerzas armadas, respecto de los policías.  Lo sorprendente es que en plena vigencia del estado de derecho y habiendo luchado la sociedad tanto por proscribir las dictaduras, esa posible agresión militar contra cualquier protesta de policías quedaría totalmente legalizada, pues la norma no hace distingo de a quiénes se les  puede atribuir la calidad de grupo hostil. De la misma forma, y de eso ya se han ocupado especialistas en temas legales, cualquier protesta popular puede ser etiquetada como grupo hostil y recibir toda la potencia agresiva de las Fuerzas Armadas, incluyendo los efectos colaterales que señala la norma (forma eufemística para denominar a los excesos) y que todos ellos, de judicializarse, serán casos conocidos exclusiva y excluyentemente por la justicia penal militar.

Pero lo que significa una inexcusable renuncia por parte de Salazar, es el permitir que aún cuando no se declare el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el control de delitos como terrorismo, narcotráfico, y en actividades policiales de seguridad a servicios estratégicos. Ha consentido de esta manera, que legalmente las FFAA logren lo que de hecho han venido intentando: policializar su acción, en razón de no existir probabilidad de un conflicto externo. Lejos de oponerse y de llegado el caso, renunciar antes que avalar este despropósito, ha preferido abdicar, firmar y pensar en su futuro político inmediato sin importarle el estar entregando parte del trabajo policial a las fuerzas armadas.

Los especialistas explican los regímenes de excepción como una suerte de dictadura comisoria breve, con el fin de recuperar el orden alterado, y si es necesario para lograrlo, se autoriza la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno. Con el Decreto Legislativo 1095, lo que se está haciendo al autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de temas vinculados a la finalidad policial en épocas de normalidad, es extender solapadamente los regímenes de excepción sin que medie la declaratoria legal.

La historia y el personal policial juzgará finalmente la obsecuencia de Salazar.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Nicolás Lynch

I. Final de fotografía



II. 18 segundas vueltas en regiones



III. Gancho de Mario Vargas Llosa

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando RospigliosiI.

I. Tome café con Vladimiro



II. Adopte un general jubilado



III. Lima: Elija a su señora

MÚLTIPLES MEDIDAS, ¿DE SEGURIDAD? / Gustavo Carrión Zavala.

En los últimos días se han venido anunciando múltiples medidas con el propósito de enfrentar al crimen y devolver al ciudadano la confianza de transitar  por la ciudad sin apremios. Resulta legítimo someter estas medidas a un proceso de lógica desconfianza. En principio, porque surgen ante el crecimiento inmoderado de la actividad criminal, con aplicación de singular violencia en la perpetración de los delitos y pareciera una actitud desesperada de los responsables de la seguridad, por tranquilizar la crispación popular y decir lo que la población quiere escuchar, resumido en, mayor punición, supresión de beneficios penitenciarios, cárcel  interminable, mayor cantidad de policías en la calle (lo que no asegura mayor calidad en la actuación), ampliar la atribución de los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, convocatoria tardía del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y algunas acciones más que parecieran sumamente desperdigadas y sin que  surjan de una armonizada política pública de seguridad. Nos permitiremos comentar algunas de ellas, con el ánimo de prevenir el fracaso de las mismas y el nuevo y mayor desconsuelo en el que se sumergirá la población.

Nos referimos muy ligeramente a las normas propuestas para agravar la situación de los encarcelados y las supresiones de los beneficios penitenciarios para ciertos tipos de delitos. Muchas de las medidas anunciadas ya están contenidas en normas anteriores, y solamente se han reiterado. Por otro lado esta tendencia a mayores penas, menores beneficios en una dimensión eminentemente punitiva, no resulta ser en esta ocasión original, es el expediente al que se ha recurrido en los últimos tiempos cada vez que se producen picos en la actividad criminal, y el resultado resulta por ello también previsible, no disminuirá el delito, no es el camino correcto para luchar contra la delincuencia, y no disuade siquiera a los delincuentes. La razón es simple, se dictan medidas inconexas con la realidad, que  no van acompañadas de una reforma del sistema penitenciario, de tal suerte que las cárceles se han ido convirtiendo en centros en donde los internos  a lo único que no acceden es a pasearse libremente por las calles, todo lo demás lo encuentran en el interior de las prisiones, por estar tugurizadas, manejadas por personal penitenciario  (o policial según el caso) mal preparado, mal estimado, mal remunerado y sumamente corrompido. En lo que va de la actual administración del país, además de ampliar la capacidad de albergue de algunos penales, sólo se ha construido un establecimiento penal (piedras gordas 2), que hasta donde sabemos, todavía no entra en funcionamiento, y tendrá capacidad para 2500 internos, que obviamente no aliviará la tugurización de las cárceles limeñas, pues en el mismo período  la población penal ha crecido más que esta capacidad de albergue.

La norma que amplía la consideración de flagrancia hasta 24 horas de cometido el acto criminal con la condición de sindicación o identificación del delincuente, nos parece la más acertada de las medidas propuestas, pues la anterior situación posibilitaba la impunidad de los que no eran capturados en el mismo  momento de la comisión del delito. Algunos especialistas en derecho penal y procesal penal no están de acuerdo con esta norma, sin embargo a nuestro entender representa un aporte sensible para la eficacia de la acción policial en la persecución del delito. Queda en manos de policías y fiscales el hacer uso estrictamente legal de esta ampliación de flagrancia y no pervertirla hasta convertirla en un instrumento de abuso.

La reglamentación de la ley que regula la vigilancia privada, y el anuncio del titular del sector Interior (que resultó algo confuso) que se facultaría a los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, algo que se deducía de la propia licencia para portar armas concedida por DISCAMEC (que pertenece al sector Interior), nos sugiere que se les está diciendo que la utilicen con más frecuencia, lo que acarreará la ligereza en los disparadores de las armas de los delincuentes, que ante el sólo anuncio que los vigilantes particulares también dispararán, tratarán de adelantarse. Los vigilantes por su lado, con la poca preparación que tienen, lo poco que ganan en la mayoría de los casos, pensarán varias veces antes de enfrentarse con delincuentes dispuestos a todo, u optarán por “colaborar” con ellos. El ministro debe precisar el sentido de sus palabras, más allá de lo que diga finalmente el reglamento, pues ha quedado la impresión que se ha liberado el uso de armas de fuego por parte de los vigilantes privados.

Nos parece correcto que se ponga mayor cantidad de policías en la calle, ahora queda supervisar que no sea una presencia inocua, y que en realidad cumplan con proteger a la ciudadanía y prevenir el delito. En esta misma tendencia de recuperar efectivos para proteger a la población, debe evaluarse el prescindir de algunas actividades del servicio que resultan ser adjetivas y que bien podrían ser transferidas a las municipalidades, por resultar su verdadero ámbito.

Esperemos que  las medidas anunciadas, surtan el efecto que persiguen, que no es otro que el contener el delito y prevenir su comisión devolviéndole la confianza a la ciudadanía y que no sea solamente la respuesta mediática ante un clamor popular.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. Susy/Lulú: Toledo dobletea

II. Vota Fonavi

III. La seguridad: Ja-Ja

SUSANA VILLARÁN, LOS “CAVIARES” Y LA TOLERANCIA

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

No se es necesariamente de extrema derecha ni “fujimontesinista” porque se rechaza la alianza de Susana Villarán con Patria Roja. Ella es, sin duda, una mujer valiosa que, además, ha constituido un equipo de primer nivel, con profesionales destacados como Eduardo Zegarra y Gustavo Guerra-García, entre otros. Sin embargo, si su perfil encaja con el ideal que muchos tienen de una izquierda moderna en el Perú, no se puede decir lo mismo de Patria Roja, que, por el contrario, encarna lo más arcaico del izquierdismo. Hay entonces una contradicción en la propuesta de Villarán que podría desembocar, eventualmente, de alcanzar la alcaldía metropolitana, en tensiones internas que podrían complicar su gestión. Ello, además, de la preocupación que muchos no podemos dejar de sentir ante la eventualidad del ingreso en gran número a las dependencias municipales, de dirigentes y militantes de un partido como Patria Roja que no tiene precisamente credenciales democráticas muy sólidas.

Es decir, si bien es reprobable la crítica histérica a la candidata de Fuerza Social, simplemente, porque es de izquierda, también lo es que se asimile las reservas ante sus alianzas políticas a posiciones de extrema derecha y se busque así descalificarlas. No puede haber un doble estándar a la hora de exigir tolerancia y espíritu democrático.

Lamentablemente, algunos no parecen entenderlo así y no es la primera vez. Los debates en torno al informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y a la condena de Alberto Fujimori por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos han dado, y, dan pie, a la misma actitud. Así, en respuesta a los ataques histéricos contra las ONG y los llamados “caviares” provenientes de un lado, se ha endilgado indiscriminadamente el mote de “fujimontesinistas” y calificativos como “defensores de la barbarie” a todos aquellos que han expresado reservas o algunas dudas en cuanto a la sentencia judicial y al informe de la CVR. El periodista Jaime de Althaus, por ejemplo, fue blanco de ese tipo de excesos. Esa no es la mejor manera de propiciar un debate alturado; además, con ese tipo de respuesta se transmite mucha arrogancia, estableciéndose una suerte de superioridad moral de un sector respecto de los otros. De esa manera, se alimenta la hostilidad hacia los que son identificados como “caviares”, que, por lo demás, no es sólo propia de sectores extremistas de derecha, sino que también se da, de manera bastante sorprendente, en personas que, por sus opiniones en general, se ubican claramente en el centro del espectro político. Lo más grave es que no sólo se perjudica la causa de los derechos humanos, sino que también, al exacerbarse la polarización en torno al fantasma de “lo caviar”, se distorsiona la evaluación de la labor de determinadas personas cuando ocupan cargos en la administración pública, simplemente porque son vistas como “caviares”. Es lo que claramente ha sucedido, por ejemplo, con la acción del equipo encabezado por Fernando Rospigliosi y Gino Costa, que estuvo al frente del ministerio del interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. El escepticismo frente al trabajo desarrollado entonces, no ha sido únicamente de los sectores interesados en impedir cualquier posibilidad de cambio, sino también de otras personas que, sin mucho análisis, veían sólo a un grupo de “caviares” en acción. El resultado fue el insuficiente apoyo político a una propuesta de reforma que, sin embargo, parecía estar muy bien concebida y encaminada. La consecuencia última fue la marginación de profesionales competentes, con sentido común y con ideas, lo que es lamentable pues el Perú no está en condiciones de prescindir del aporte de funcionarios capaces.

Ya es tiempo de reducir la extrema polarización en nuestra política, para lo cual se requiere no sólo promover el espíritu democrático, sino también cuidar de no caer en la arrogancia.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I. El tachado




II. La Tinka



III. La puntera

LA SEGURIDAD CIUDADANA SE PUSO DE MODA, CUIDADO CON LO QUE HACEMOS/ Juan Briceño Pomar

No hay duda que el brutal ataque que dejó cuadripléjica a la niña Romina Cornejo ha sido el detonante de la explosión de indignación ciudadana que recorre el país en los últimos días y exige al Estado y a las autoridades que hagan algo para terminar con la “ola de delincuencia” que nos azota.

En efecto, el incremento de hechos delictivos de gran impacto mediático; la manifiesta incapacidad del Estado para hacerles frente; la presión que ejercen los medios de comunicación social y líderes de opinión para que se adopten medidas excepcionales; la aparición de encuestas que colocan a la inseguridad como el problema que más preocupa a los ciudadanos; el reconocimiento del Presidente de la República que se trata de un asunto pendiente de solución en su gestión; la proximidad de las elecciones regionales y municipales; y, el oportunismo de algunos políticos que pretenden obtener réditos de la grave situación que atraviesa el país se han juntado como si se tratara del adelanto de la alineación de los planetas prevista para el 2012 que el imaginario popular asocia con grandes catástrofes.

La consecuencia directa de la situación descrita es la proliferación de una serie de propuestas que, si bien es cierto enriquecen el debate, incluyen el riesgo de tomar decisiones marcadas más por la emotividad o por intereses políticos que por la racionalidad y la coherencia.

Al margen de nuestras preferencias o inclinaciones ideológicas, resulta pertinente que se pongan sobre el tapete y se discutan temas como la reinstauración de la pena de muerte; el endurecimiento de las penas; la creación de un nuevo ente rector de la seguridad ciudadana; la eliminación de beneficios penitenciarios; la conformación de un organismo encargado de diseñar la política criminal del país; el otorgamiento de mayores facultades a la policía o la autorización a los gobiernos locales para invertir en seguridad.

La campaña electoral y el estado de ánimo de los votantes han obligado a los partidos y agrupaciones políticas participantes a incluir en sus planes de gobierno alternativas de solución para los problemas de inseguridad de sus localidades y en ellas también se observan aspectos novedosos dignos de analizar para verificar sus costos, probables impactos y viabilidad.

El lado positivo es que los ciudadanos somos cada vez más sensibles frente a las dificultades y consecuencias que, para nuestra vida cotidiana, plantea un escenario en el que nuestra principal preocupación deba ser preservar nuestras vidas o bienes o los de nuestros seres queridos, destinando para ello tiempo y recursos que muy bien podrían servirnos para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

El riesgo radica en que la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles bastante elevados -96% según las últimas encuestas- lo que introduce un nuevo factor que condiciona nuestra racionalidad al momento de tomar decisiones: el temor a ser las próximas víctimas de la violencia. Este temor nos lleva a plantearnos la necesidad de renunciar a espacios de libertad en la esperanza de alcanzar mayores niveles de seguridad, exigir acciones drásticas –que en algunos casos llega a ser violatoria de derechos- o en su defecto aferrarnos a propuestas presuntamente “salvadoras” que van a proporcionarnos las condiciones de tranquilidad y paz social que anhelamos.

Frente a este panorama debemos reiterar que el problema de la inseguridad es integral, multicausal y multidisciplinario; que no existe una solución única ni de corto plazo para el mismo; que es básica la voluntad política y la participación ciudadana para tener éxito; y, que es necesario contar con instituciones fuertes y eficientes, con un diagnóstico adecuado y con una línea de base que nos permita establecer los mejores cursos de acción y evaluar con objetividad los resultados que vayamos alcanzando.

Un somero análisis de las alternativas que hasta ahora se conocen nos permite afirmar que son parciales y en algunos casos contradictorias, que la mayoría se orientan sólo a modificar la normatividad existente, que no tienen en cuenta las implicancias que conlleva su aplicación en otras áreas, que no son viables por falta de financiamiento, que no diferencian entre los servicios de orden y seguridad que requiere el estado y los que requieren los ciudadanos; y, que no consideran las causas estructurales que inciden en la inseguridad limitándose a proponer medidas para aspectos coyunturales en base al temperamento ciudadano y no a propuestas técnicas de especialistas en el tema.

Finalmente deseo llamar la atención sobre la pertinencia de tener presente la advertencia que realizó la socióloga peruana Lucía Dammert, con ocasión de la presentación de su libro “Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas”, en el sentido que, si queremos resolver los problemas de inseguridad, debemos superar los mitos de que:

 Una ley más dura es más eficiente.

 La seguridad privada puede resolver el problema de la inseguridad.

 Portando armas podremos protegernos mejor

 La democracia es débil para combatir la inseguridad y por lo tanto sistemas autoritarios o recortes de las libertades y derechos permiten alcanzan mejores resultados.

En conclusión podemos afirmar que está comprobado que insistir en alguno o todos los “mitos” antes señalados no lleva a resultados positivos y, por el contrario, donde se han puesto en práctica, se elevaron los índices de violencia y criminalidad. Es necesario diseñar y aplicar una política de estado integral, coherente y sostenida en el tiempo. No dejemos que el temor, el hígado o el corazón decidan por nosotros.

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando RospigliosiI.

La tachaza I




II. La tachaza II




III. La tachaza III

REACCIONES DESESPERADAS/ Gustavo Carrión Zavala

El innegable crecimiento del delito, la cada vez mayor sensación de inseguridad, la violencia creciente en la comisión de actos criminales, el uso incontrolado de armas de fuego, las víctimas de estos hechos que alcanzan su máxima expresión en el caso de la niña Romina, baleada inmisericordemente durante un asalto y todo el drama que significa la precaria situación de la seguridad ciudadana, ha provocado reacciones desesperadas, tanto en los encargados de brindar seguridad, como en la ciudadanía, sin desconocer el perverso aprovechamiento político de la crítica situación, que pretende conquistar adhesiones planteando temas constitucionalmente inviables.

Pretendemos resumir algunas de las reacciones:

El Presidente de la República, antes de su Mensaje del 28 de julio, declaró al comercio que los asuntos pendientes de su gestión estaban referidos a la seguridad ciudadana y la corrupción. En el mensaje de Fiestas Patrias, su preocupación se redujo a una breve mención del problema de la inseguridad, simplificándolo a la ausencia de coordinación entre los órganos estatales encargados de tal fin. Es probable que no haya advertido el presidente que desde enero del año 2003 está vigente la ley 27933 que regula el Sistema de Seguridad Ciudadana y responsabiliza al ministro del Interior la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana que debe armonizar y articular la actuación de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como a los sectores involucrados en el sistema. Si este consejo no funcionó durante los cuatro años de gestión de la presente administración, resulta obvio que los ministros del Interior que se han sucedido no han cumplido la ley y el presidente no ha aplicado las correcciones para que sus ministros la cumplan.

Se ha producido tal desconcierto, que un despistado jefe militar de la región sur del país, planteó sacar unidades militares para patrullar la ciudad de Arequipa, sabiendo que resulta inconstitucional la intervención del Ejército en funciones que no son de su competencia, con la salvedad de los regímenes de excepción y cuando expresamente se encargue a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Nos hizo saber también el jefe militar, que tenían armas no letales que disparaban proyectiles de goma, lo que nos sorprendió al constatar que el Ejército invierte en adquirir equipo que no corresponde a la naturaleza de su actuación, o acaso en un escenario de combate se pueden rechazar a tropas invasoras con proyectiles de goma. Cabe dos interpretaciones, o se está gastando inútilmente los escasos recursos o realmente se está produciendo una policialización de las Fuerzas Armadas ante la improbabilidad de un conflicto armado.

Esta explicación adquiere verosimilitud si le adicionamos lo declarado por el ex ministro de Defensa y ex Comandante General del Ejército, Roberto Chiabra, quien afirmó que la fuerza armada conoce la dimensión del narcotráfico y que tiene planes para combatirlo. Hasta donde sabemos y la constitución establece, la persecución y combate al delito es parte de la finalidad de la Policía Nacional y el tráfico ilícito de drogas es un delito criminalizado en el Código Penal, por tanto, no sólo está reconociendo el citado ex ministro, que el problema en el VRAE y El Huallaga es básicamente el tráfico de drogas, y el involucrarse en su persecución es otra muestra de la policialización de las fuerzas armadas. Habría adicionalmente que constatar si la policía tiene el equipo que posee la fuerza armada para asuntos netamente de orden público y evitar que jefes militares confundan a la población ofreciendo su participación en tareas que no le corresponden, pero que pueden ser aceptadas popularmente por el estado de crispación consecuente de la ingobernabilidad en asuntos de seguridad.

Programas radiales, por el mismo estado de crispación, vienen planteando la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, haciendo consultas telefónicas a la población, que obviamente se inclinan por el orden y no interesa a qué precio. El ejemplo de México resulta decidor cuando las Fuerzas Armadas se comprometen en la persecución de un delito, el baño de sangre es aterrador.

Como no podría esperarse otra actitud, los congresistas fujimoristas con fines más de sintonizar con la ya mencionada crispación popular por la inseguridad y en clara busca de votos, plantea un debate a todas luces inconstitucional como la aplicación de la pena de muerte, como si la punición y la muerte pudiesen resolver el crecimiento del delito. Sabiendo que ello no es viable, distraen la atención nacional con el perverso propósito de captar simpatías electorales y con la seguridad que no prosperará la propuesta pero tendrán a quién atribuir culpas por ello.

La Policía atraviesa uno de sus momentos más difíciles: mal formados, mal capacitados, mal atendidos, mal remunerados, son presas de una enorme desmotivación que crecerá cuándo sus expectativas por las nuevas remuneraciones se vean defraudadas, si nos atenemos a lo declarado por la ministra de Economía, que las estimaciones que se vienen haciendo constituyen “fantasías”. Ojalá nos equivoquemos, pero este problema de las remuneraciones será artificiosamente diferido para la siguiente administración. Ya sucedió con el anterior gobierno de García y el nunca aplicado DS 213.

Además de la desmotivación y desfidelización de los policías, la falta de inteligencia para planear las operaciones policiales, nos demuestra por un lado, la poca fiscalización sobre los fondos destinados a gastos de inteligencia y consecuentemente la poca efectividad de esta actividad y lo que resulta obvio, el apoderamiento de estos fondos por los encargados de administrarlos, empobreciendo la actuación policial.

Las constataciones que hace el personal policial sobre el apoderamiento de fondos públicos por parte de algunos jefes, promueve que la corrupción corra en cascada hacia abajo, sin que se pueda ejercer el control debido sobre la actuación policial. Si se adiciona la defensa que hizo el primer mandatario de un jefe policial que recibió irregularmente fondos públicos de una autoridad municipal, aún cuando se haya utilizado el dinero en propósitos correctos, significa el establecimiento de una corriente de burlar la norma que resultará incontrolable e insancionable.

Finalmente tenemos que decir que para afrontar la actual situación de creciente inseguridad deben iniciarse dos tipos de acciones: contener el actual crecimiento de la inseguridad con planes sustentados en inteligencia efectiva (es posible hacerlo y así lo demostró la DIRINCRI al capturar en tiempo breve a dos de los delincuentes que provocaron el drama de la niña romina), de tal suerte que no se estén dando palazos de ciegos. Como acción paralela, articular la participación de los municipios y organizaciones de bienestar social en la atención de grupos en riesgo y zonas vulnerables, con fines de prevenir y evitar la aparición de nuevos delincuentes.

En el mediano plazo, definir el tipo de policía que necesitamos e iniciar la transformación de la actual institución en una moderna, profesional, producto de nuevas bases doctrinarias, nuevas relaciones de conducción, revisión y modernización de rutinas, revaloración del hombre policía, remuneraciones y ambiente laboral digno y que sea parte de la urdimbre social.

¿MATAR AL PADRE? / Carlos Basombrío Iglesias

Es extremadamente fácil, aprovechando el dolor de las víctimas y la indignación que sentimos todos ante las bárbaras acciones criminales de los últimos días, mentir y hacer demagogia con la pena de muerte, diciendo que es una alternativa frente la inseguridad ciudadana.

El tema se ha discutido en el Perú y el mundo hasta el cansancio. Incluso el propio Alan García quiso usarla al comienzo de su gobierno para reforzar su popularidad y la propuesta fue desechada por este mismo Congreso.

No entro aquí a discutir la cantidad de argumentos que hay para oponerse a esa bárbara e ineficaz medida. Quiero solamente expresar la náusea que me produce que candidatos hambrientos de votos, la usen para ver si se ganan alguito con un tema tan serio. Como no podía ser de otra manera, los fujimoristas están a la cabeza en esto y ya Keiko ha propuesto que haya pena de muerte en el Perú. En mi opinión lo hace no por convicciones, ni por ideas (la verdad que no le conozco hasta ahora ninguna, en ningún campo), sino porque está segura de que algunos puntitos le puede dar en las encuestas.

Si la manipulación del miedo y la indignación de la gente en este tema, por parte de los políticos en general es abominable, no quedan palabras para describir lo que ocurre tratándose de Keiko Fujimori.

-Señora Fujimori: ¿está segura de lo que propone como solución?
-Ahh, se ratifica, pues entonces le pregunto: ¿debe haber pena de muerte específicamente para el homicidio calificado y el secuestro agravado?

Me imagino que, consecuente con su “defensa de la sociedad”, no le queda duda alguna que sí, tratándose ambos de delitos monstruosos.

Una preguntita más que me da vueltas por la cabeza:

-Señora Fujimori: ¿usted cree que se debe matar a todos los condenados por homicidio calificado y secuestro agravado o sólo a los que no son conocidos o parientes de uno?

Señora Fujimori: ¡cómo puede usted olvidar que si la pena de muerte hubiese estado vigente cuando juzgaron a su padre, no hubiese sido condenado a 25 años, por homicidio calificado y secuestro agravado, sino que hubiese enfrentado al pelotón de fusilamiento!

Señora Fujimori, no tenga duda alguna, en ese horrendo supuesto, muchos hubiésemos hecho hasta lo imposible por salvar la vida de su padre. ¿Usted también?

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi

I.¿Caerá la candidatura de Kouri?





II. Lourdes Flores en la punta

III. Conflicto gaseoso en el Cuzco

CONSTATACIONES, OPORTUNIDADES Y EXIGENCIAS EN SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

 Al revisar el último mensaje presidencial desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, los analistas coinciden en señalar que, a pesar que se ha reconocido que constituye un grave problema que afecta las posibilidades de desarrollo del país, no se han hecho propuestas para mejorarla. Estamos oficialmente advertidos que, del gobierno central, no debemos esperar mucho en este último año.

 

¿Cómo así llegamos a la situación de inseguridad en que estamos actualmente?; ¿tenemos oportunidades de superar el problema?; ¿qué podemos exigir los ciudadanos ante este panorama?

En primer lugar destacar ciertas constataciones:

1.    La seguridad en general y la seguridad ciudadana en particular no ha ocupado un lugar relevante en la agenda del gobierno.

2.    Los responsables designados por el ejecutivo para dirigir el sector y las instituciones que tienen que ver con la seguridad no han realizado un buen trabajo y los índices negativos se han disparado.

3.    El problema de la seguridad no ha sido correctamente diagnosticado y se ha tratado de enfrentar únicamente desde la perspectiva del estado, sin tener en cuenta las demandas ciudadanas, ni el hecho que su origen es multicausal y su solución multidisciplinaria.

4.    A pesar de existir normas que regulan el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana –ya hay dispositivos para la coordinación entre los municipios y la policía, lo que falta es que se cumplan- no se ha logrado implementar el sistema nacional de seguridad ciudadana.

5.    De acuerdo a lo visto, oído y leído en el último mes hay numerosos “expertos” en seguridad –sobre todo en seguridad ciudadana- y abundantes recetas que, según ellos, nos ayudarán a solucionar los graves problemas que tenemos.

Como en toda crisis, junto con los riesgos surgen oportunidades de ver la luz al final del túnel, destacando:

1.    Los procesos electorales del 2010 y 2011, han puesto de manifiesto la importancia que los ciudadanos dan al tema de la seguridad y obliga a los aspirantes –a los gobiernos locales o a la presidencia de la república- a incluir este tema en sus mensajes y planes de gobierno.

2.    Los candidatos a los gobiernos locales, sin excepción, han coincidido en la importancia de satisfacer las necesidades de seguridad de sus vecinos y ofrecen asumir el liderazgo en este tema.

3.    Aún cuando la campaña presidencial no se inicia, es claro que la crisis de seguridad que hoy nos agobia obligará a incluir propuestas sobre cómo hacer viable el sistema nacional de seguridad ciudadana y qué hacer con la Policía Nacional para que recupere su eficiencia y la confianza ciudadana.

4.    Ahora que nuestro país ha encontrado la senda del crecimiento económico  la población empieza a ver la seguridad no como un gasto sino como una inversión que le va a permitir alcanzar su pleno desarrollo y progreso.

5.    Existen esfuerzos –nacionales e internacionales- por identificar y sistematizar experiencias positivas en seguridad, lo que hace que no partamos desde cero al momento de diagnosticar el problema y diseñar propuestas.

El incremento de la percepción de inseguridad aunado al temor y hartazgo de los ciudadanos afecta la racionalidad de sus decisiones llevándolos, en ocasiones, a apoyar propuestas demagógicas o autoritarias que, en el largo plazo, lo que hacen es agravar el problema.  Se hace necesario que antes de otorgar nuestra confianza a una determinada alternativa política, verifiquemos que cumplen con ciertas exigencias mínimas:     

1.    Quienes aspiren al gobierno central deben señalar el nivel que darán al sistema nacional de seguridad ciudadana, los recursos que asignarán para afrontar el problema, la distinción que harán entre las demandas de seguridad del estado y de la ciudadanía, así como las acciones que desarrollarán para mejorar las instituciones que intervienen, como por ejemplo la policía, el INPE, la Unidad de Investigación Financiera, las Procuradurías, DEVIDA y otras.

2.    Los candidatos a gobiernos locales deben diagnosticar los problemas locales de seguridad y proponernos estrategias específicas para superarlos. Los ofrecimientos no deben referirse a decisiones que corresponden a otras instancias o instituciones del gobierno central o a temas a cargo de otros poderes del Estado.

3.    Cualquier propuesta debe abordar de manera integral la problemática de la inseguridad ciudadana -desde prevención del delito hasta la rehabilitación de los infractores, pasando por la capacidad de reacción, la investigación del hecho y la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas-. También debe incluir lo que se piensa hacer para apoyar a las instituciones involucradas, definir los roles que les competen y asignarles responsabilidades y recursos.

4.    No hay solución mágica ni un modelo único, cada país y cada localidad debe encontrar soluciones específicas a sus problemas. De nada sirve “copiar” o “importar” soluciones. Está comprobado que no da buenos resultados. Las propuestas deben abarcar el corto, medio y largo plazo y garantizar su continuidad y sostenibilidad.

5.    Finalmente reiterar que cualquier propuesta debe indicar ¿qué intervenciones se van a realizar?;  ¿quiénes son los responsables?; ¿en qué plazos?; ¿con qué recursos? y ¿cuáles son los resultados esperados?      

En tanto más cuidadosos seamos para analizar las propuestas y tomar nuestras decisiones, menos probabilidades tendremos de lamentarnos en el futuro.