El juez Jorge Barreto ha realizado un gran faenón en beneficio de los corruptos. Casi ocho meses después de destapados los petroaudios, ni siquiera ha abierto oficialmente la computadora de Rómulo León Alegría.
No se trata de falta de recursos o simple negligencia. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, aclaró ayer jueves que recién el 11 de mayo, veintinueve semanas después de la incautación de la computadora de León, Barreto había enviado una relación de posibles técnicos que podrían realizar las pericias.
La computadora ha viajado de un lugar a otro y a estas alturas nadie sabe que quedará en ella. A juzgar por el nivel de control y manipulación que tiene el gobierno de las instancias judiciales que ven el caso, no sería extraño que ya hubiera desaparecido parte de la información.
Desde el primer día Barreto tuvo un comportamiento sospechoso. Mientras el fiscal actuó con diligencia e incautó la computadora que ya había sido movida de la oficina de León Alegría, Barreto arrastró los pies para dictar la orden de arresto a los implicados.
En los meses siguientes ha hecho todo lo que estaba a su alcance para obstaculizar el proceso.
Juega en pared con la juez María Martínez, que tiene en sus manos el caso de los chuponeadores. Allí tampoco pasa nada. Martínez arrebató al fiscal el inmenso material incautado a Ponce Feijoo y sus secuaces, para sentarse encima de él y empollarlo.
En paralelo al Poder Judicial, el Congreso, también manipulado completamente por el gobierno, ha jugado su papel en el encubrimiento, con la ayuda de una oposición inepta en algunos casos y corrupta en otros.
La comisión Abugattás, que investigó los petroaudios, fue saboteada y terminó en un fracaso estruendoso. La comisión Luizar, que investiga el chuponeo, ha representado una farsa grotesca. Su única misión ha sido investigar a los denunciantes y no a los delincuentes.
Por último, fabricaron una comisión para, supuestamente, investigar a Petro Tech. Otra farsa, cuyo único objetivo ha sido distraer la atención, una verdadera cortina de humo como en los mejores tiempos de Vladimiro Montesinos.
La idea que tratan de vender es que el verdadero problema está en Petro Tech y no en los negocios turbios de los altos funcionarios del gobierno, con los que se reunían León Alegría y Fortunaro Canaán. Una maniobra solo respaldada por los ayayeros más descarados del gobierno.
Otra de los dividendos de esa comisión, es poner en la picota y perseguir a funcionarios de anteriores gobiernos, como Jaime Quijandría, Carlos Herrera Descalzi. Y Mario Pasco, ministro en este gobierno pero totalmente ajeno a la deshonesta cúpula aprista.
Y también al funcionario de la empresa Alberto Varillas, por ser el esposo de la periodista Rosa María Palacios, que se ha mantenido firme, con una posición independiente del gobierno, pese a todas las presiones que ejercen contra ella.
A Petro Tech, ahora en manos de colombianos y coreanos, el “gobierno de los ricos” -como lo calificó Lourdes Flores-, probablemente no la toquen ni con el pétalo de una rosa, a pesar que varios competidores salivan por hacerse de sus lotes.
En suma, el gobierno ha demostrado una extraordinaria habilidad para encubrir la corrupción, proteger a los sinvergüenzas y atacar a los que los que denuncian la podredumbre. Para eso ha contado con la ayuda de Yehude Simon, que se ha prestado dócilmente a la función de pararrayos que le asignaron, y de una oposición de pacotilla, dedicada a apagar el fuego de sus rabos de paja cada vez que alguien se los enciende.
Así las cosas, solo cabe esperar nuevas investigaciones y revelaciones de parte de los medios independientes.
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2 comentarios:
Estamos ante una campaña de entorpecimiento judicial con diversos frentes. La más censurable es la gestada en el mismo corazón del PJ.
Las repetidas declaraciones de sus principales autoridades no encarnan nada sin una lucha anticorruptiva sostenida con resultados concretos.
La reciente determinación del actual presidente Villa Stein para enfrentar la corrupción del PJ debe buscar un efecto fundamental que contrarreste la profunda insatisfacción ciudadana con la institución y, en particular, con determinados jueces y vocales.
Tal es el caso del presidente de la Corte Superior de Justicia, César Vega Vega, denunciado tantas veces de severos abusos funcionales, incluso de adueñarse del material incautado en BTR irregularmente con la meta oculta de eliminar una grabación que lo involucra directamente a él mismo por prometer apoyar al ex-aprista Rómulo León en sus litigios. Aparte, hay la fuerte sospecha que comanda una red de tráfico de influencias judicial poderosísima. Presuntos hechos muy serios como para no prestarles la debida atención.
Hoy, 25 de mayo, Villa Stein ha aportado un factor detonante con el caso Panamericana. Como él mismo afirma, este es un juicio emblemático de la lentitud injustificada del sistema. El longevo vocal sabe la verdad de los retrasos y paso a paso está desenmascarando el manoseo permanente de viejas excusas como lo son la excesiva carga procesal o falta de presupuesto.
Pero su reacción, cuan sin duda importante, no cambia en nada que el juicio haya demorado tantos años y los culpables del retraso sigan libres y hasta todavía ejerciendo judicaturas.
Los dos expedientes relacionados a los Petroaudios reresentan la oportunidad para Villa Stein de demostrar que a sus palabras no se las llevará el viento, que la suya no es una jugarreta de pantalla más de las que ya estamos acostumbrados, y marcar la diferencia en la tarea que la Constitucion le ha conferido y la endémica situación exige.
Escuchar a Javier Villa Stein dar declaraciones a los medios solo exacerba más lo elemental: ¿Por qué avala a jueces favorables a la corrupción como Jorge Barreto, María Martínez y Carmen Torres Valdivia? ¿No se los debería en vez denunciar, enjuiciar, expulsar y hasta encarcelar a todos estos magistrados prevaricadores y evidentemente cutreros?
Vamos a ver.
Tenemos una verdadera crisis en la administración judicial. Para comenzar, en Lima los procesos se rigen por el Código de Procediminetos Penales de 1940 (CPP con 69 años de vigencia) 22 artículos de del CPP de 1991 y algunos artículos del CPP de 2004. O sea, desde el arranque, solo este punto es realmente un hecho engorroso sin precedentes, un atraso en el marco jurídico que representa una puerta abierta al desorden.
Autoridades como Javier Villa Stein están absolutamente concientes de esta circunstancia. Tienen tantos años en el ámbito judicial que han tenido plena experiencia para enterarse de que esta normatividad arcáica afecta los plazos de instrucción, prorrogas, complejidad material, concursos de los hechos y pruebas, pluralidad de los procesados, necesidad de pericias de tipo especializado y demás factores.
Pero el punto relevante es que, dentro de este margo jurídico, si en la primera instancia se sucitan irregularidades, es la Corte Superior la llamada a decidir si aceptarlas o no.
Mas, lo cierto es que la Corte Superior no opera este escenario con probidad, imparcialidad, ni base tecnológica alguna.
Por ello es que resulta tan trágico que su presidente declare en público que está preocupado de que un juicio del grupo Colina haya demorado 4 años sin sentencia, con el plus de la connotación política que intencionalmente derrama. 'Eso es mucho tiempo', dijo.
César Vega Vega, con el cinismo que lo caracteriza, quiere marquetear su aparente preocupación acerca de la lentitud que caracteriza al PJ. Sinembargo, en el fondo, su reacción no tiene ningún peso.
Al contrario, desde el punto que él (por lo pronto durante todos sus años como titular de la Corte de Justicia en calidad de presidente interino y después como presidente titular) no ha hecho nada para solucionar el problema y sí ha combatido (en silencio pero con gran eficacia) toda propuesta de cambio como la de CERIAJUS, dilucida falsedad.
Aún más preocupantemente, en la práctica funcional, su enfoque ha sido aprovecharse de las circunstancias.
Aparte del reciente caso de los Petroaudios, manipulado por él y por sus agentes, hay muchos otros indicios. Por dar un solo ejemplo personal, el jucio de su sobrina, Karina Rocío Úngaro Morales, una estafadora migratoria profesional con una organización familiar impresionante, se excedió sobre ese plazo de 4 años del cual él supuestamente se sorprende tanto. No solo eso, en ese expediente se cometieron todas las irregularidades procesales imaginables, incluso condenarla a solo 4 años de pena suspendida cuando debió haber recibido 10 años de cárcel efectiva. El amplio expediente estuvo bajo el sigiloso resguardo de jueces del calibre de Carlos Martín Blas Ávila (implicado en el caso de los Sánchez Paredes y ahora adminstrador del estudio de abogados que opera en la azotea de la casa de Vega Vega), se acumuló a destiempo, se amplió, se perdió, reapareció, nunca se investigó NADA y se terminó por involucrar a personajes ajenos al caso e inocentes de toda culpa para justificar lo injustificable. Luego subió a la Corte Superior en apelación y ahí, como era predecible, murió.
En el fondo, pues, las reglas del juego no cuentan, si lo más elemental de la administración judicial no se cumple.
La honestidad de un funcionario es esencial. Sin ese elemento crucial, el conocimiento y experiencia solo servirán para sacarle la vuelta al sistema con fines turbios.
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