¿Qué tiene de especial el valle de Huasco en
la región de Atacama, aparte de aceitunas, del desierto florido (como nuestras
lomas) y de una pequeña ciudad llamada Freirina (porque la hija de un
presidente de Chile de inicios del siglo XIX, Freire, iba allí a reponer su
salud)? ¿Y aparte de tener una especial relación con nosotros, por ser su
nombre probablemente un homenaje al inca Huáscar y tener Freirina un templo
consagrado a Santa Rosa de Lima?
Pues tiene el triste privilegio de contar con
tres problemas ambientales de grandes inversiones en Chile:
1. La mina de oro Pascua Lama, de la
canadiense Barrick Gold, en las cumbres de la cordillera, la primera mina
binacional del mundo, entre Argentina y Chile.
2. La planta de crianza y procesamiento de
cerdos de Agrosuper, a 8 km de Freirina, ciudad de 6000 habitantes, a orillas
del río Huasco, a poca distancia de Huasco. Agrosuper es la mayor empresa del
ramo en Chile y la planta, según auditores externos, la más grande del mundo.
3. El proyecto de termoeléctrica a carbón de
Punta Alcalde, de Endesa, para 740 MW, 25 km al sur de la ciudad-puerto de
Huasco, de 6000 habitantes.
Huasco ya cuenta con dos plantas
contaminantes, más cercanas, una de pellets de hierro, de Compañía de Aceros
del Pacífico (que emite un polvillo negro) y la termoeléctrica a carbón de
Guacolda, de AES Gener (la segunda más grande de Chile), a pocos kilómetros al
sur.
1. Pascua Lama, el tercer
proyecto minero mayor de Chile, fue iniciado en 1997 a pesar de fuertes
movilizaciones de comunidades indígenas cercanas, de usuarios del río Huasco y de
ambientalistas a escala mundial, por el riesgo de destrucción de glaciares y de
contaminación del agua. En la parte en Chile desde abril de 2012 fue detenida
la construcción del rajo por decisión de Sernageomin, debido a exceso de
material fino en suspensión, que cubrió varias hectáreas de glaciares. En abril
de este año una Corte de Apelaciones ordenó la paralización de todo movimiento
de tierras, en respuesta a denuncias de comunidades. En mayo se ordenó la
suspensión de toda labor al reconocer la empresa la veracidad de 22 de 23
acusaciones de daño ambiental, cuya reparación y mitigación obliga a una
postergación adicional de más de un año.
La Superintendencia de Medio Ambiente había
impuesto antes una multa por 16 millones de dólares – ya pagada - por causar un
daño irreparable a media hectárea de vegas y bofedales con un alud de barro.
Siendo un proyecto clave para la inversión
minera, se trata de una gestión privada particularmente negativa en lo
ambiental, que obligó a la intervención del Estado, algo tardía, pero
impresionantemente firme. Además ha sido enorme la elevación de costos de
inversión desde iniciales 3500 hasta 8500 millones de dólares, con 80% ya desembolsado.
La empresa ha cambiado la plana mayor
ejecutiva y ha anunciado una inversión de US$ 29 millones en un canal
perimetral para mejorar integralmente el Sistema de aguas de no contacto (sin
material minero), una unidad de oxidación, una planta de ósmosis inversa (para
limpiar y reutilizar el agua y tener mayor disponibilidad en años secos) y un Sistema
de evaporación forzada. Uno se pregunta porqué no hizo eso antes.
El presidente del Consejo Minero, líder de las
grandes mineras, declaró que la actuación de la empresa no corresponde al
estándar del sector en Chile y reconoció que la paralización por la autoridad
ambiental es correcta. Señaló que la empresa está trabajando por solucionar los
problemas y reconstruir las confianzas.
2. En Freirina se realizó una inversión de US$ 500 millones, tras un proceso para
permisos ambientales considerado exigente, con compromisos relativos al uso del
agua, al número máximo de animales así como al tratamiento de residuos
biológicos y de olores, que permitieron su aprobación en 2005 y el inicio de su
construcción en 2006, reanudada en 2010, con entrada en operaciones en 2011.
En 2005 Agrosuper señaló en una adenda que el
proyecto no considera medidas para mitigar el impacto de olores, dado que esas
fuentes serían manejadas conforme a estándares técnicos adecuados que los evitarían.
Algo salió mal:
Parece que la distancia de 5 km evita posibles
fuentes de contagio para sus animales, ya que los vientos soplan en dirección
contraria, pero no el llevar malos olores a la población. Tengo recuerdos
vívidos de lo que significó para nosotros en Lima y para la población de
Chimbote y otros puertos pesqueros el terrible olor a harina de pescado – lo
tomábamos como una fatalidad. Han cambiado los tiempos, para mejor.
La fetidez llevó desde mayo de 2012 a
protestas de la población, encabezadas por sus autoridades, inicialmente para
que se eliminaran los olores, que obligaron a sucesivos cierres y reaperturas, evidencias
de un manejo irresponsable, probablemente por ahorros en medidas de mitigación,
además de falta total de empatía con la población. Esta, cansada del maltrato,
exigió en diciembre el cierre definitivo, con protestas cada vez más radicales,
incluida una semana de cierre de los accesos carreteros a Huasco y a Freirina,
levantadas cuando el Gobierno desistió de entablar querellas judiciales.
La ministra del Medio Ambiente señaló que el gerente
general sostuvo falsedades respecto de un supuesto cambio de reglas de parte de
las autoridades, y que ella había dispuesto visitas de inspección con
pernoctación y luego la presencia permanente de un funcionario en Freirina para
constatar la presencia de olores ofensivos. Ella misma visitó la zona,
encontrándose ya con una actitud cerrada. Dijo que ella tendría al gerente
viviendo en Freirina y una oficina allí.
Basado en la asesoría de una empresa
norteamericana el Ministerio exigió la corrección de los errores (planta de
purines para 80 mil cerdos y no para 150 mil, como estaba programado, había 40
mil madres y 600 mil cerdos, no se construyó la planta faenadora y otra de
desechos, previstas). La exigencia del Ministerio fue de aumento gradual de
número de madres con informes sucesivos sobre estándares de olor.
En plenas negociaciones la empresa
repentinamente decidió el cierre definitivo, quizá como medida de presión a la
población o convencida de que su presencia se hacía insostenible – cuesta menos
evitar un descarrilamiento que volver a encarrilar. El Servicio de evaluación
ambiental solicitó un plan de cierre, cumplido en abril con el retiro de los últimos
cerdos, quedando solo cincuenta personas para mantenimiento y vigilancia y diez
en labores administrativas, de los 450 empleos directos, principalmente
mujeres, y mil indirectos. Una pérdida muy grande para la zona y el país, y
causa de pérdidas en el balance de la empresa, en general muy rentable.
El cierre ha golpeado y dividido a la
población. Las ex operarias no encuentran empleo o solo a mucha distancia, porque
la demanda principal es de minería, que emplea a hombres. Además la empresa
pagaba 450 mil pesos al mes, mientras que en la cosecha de olivos, uvas papas y
arvejas solo ganan entre 10000 y 15000 por día, temporalmente, y las pocas industrias
locales solo ofrecen empleos en aseo y cocina, mal pagados. Muchas pequeñas
inversiones en servicios como alojamiento y transporte están paralizadas y
también han despedido a sus trabajadores. Pero no ha cambiado la decisión mayoritaria.
3.
Punta Alcalde
Según Endesa, la Central termoeléctrica ofrece
estándares de clase mundial, nuevos en Sudamérica, en materia de emisiones, y
utilizar como combustible carbón bituminoso, que contiene un máximo de 1,8% de
azufre (otros hasta 6%), para no exceder los límites de emisión exigidos para
SO2.
El Consejo de Ministros por la Sustentabilidad
aprobó el proyecto, aceptando una nueva propuesta de Endesa de instalar un
precipitador electrostático en una chimenea de la planta de pellets de CAP ( 40
millones de dólares), que compensaría toda la contaminación adicional e incluso
mejoraría el aire en Huasco. La Corte de Apelaciones, ante reclamos legales de
organizaciones populares, anuló el acuerdo, solicitando que el Comité de
Ministros se pronuncie sobre la resolución previa de la Comisión ambiental de
Atacama, que lo había rechazado por el impacto negativo en la calidad del aire.
El Gobierno apeló a la Corte Suprema, la que podría aceptar el acuerdo
ministerial u obligar a un nuevo Estudio de impacto ambiental.
Esto agrava la incertidumbre sobre el futuro
energético de Chile. Queda claro, y lo reconocen los principales dirigentes gremiales
del empresariado, que las empresas tienen que ser más cuidadosas respecto de lo
ambiental y, desde un comienzo, más proactivas en su relación con el entorno
social, y el Estado tiene que mejorar la institucionalidad ambiental para
evitar un exceso de discrecionalidad y riesgos de arbitrariedad que solo
alimentan la radicalización de las protestas, en gran parte justificadas, pero
en cauces negativos tanto para la población como para el país. Esto exige
también posiciones más responsables de algunas fuerzas políticas locales.
Siendo difícil, es evidentemente más fácil
construir confianzas que reconstruir las que se han quebrado.
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1 comentario:
Excelente artículo informativo.
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