PAN CON TORTA / Gustavo Carrión Zavala

Se recurre generalmente a esta expresión, cuando se refieren dos cosas totalmente incompatibles. ¿A alguien se le ocurriría preparar un emparedado de pan con torta?

Pues, este emparedado parece ser sugerido por dos principales autoridades del Ejecutivo. Por un lado el Presidente de la República sorprende a todos, incluyendo al ministro del ramo, al anunciar un supuesto penal-colonia agrícola, que se estaría construyendo en la selva para albergar a los sentenciados por corrupción. ¿Resulta pertinente anunciar un penal, que según el Ministro Pastor, no se está construyendo, para que cumplan pena aproximadamente cinco decenas de sentenciados por esta causa? ¿Anunció el Presidente alguna política de lucha contra la corrupción que permitiera suponer el incremento de sentenciados por esta causa? Alguién le habrá referido al Presidente, que la Colonia Penal Agrícola del Río Sepa se cerró por el elevado presupuesto para su sostenimiento? ¿Existe alguna coherencia entre lo propuesto por el Presidente García y los presupuestos del Código de Ejecución Penal, relacionados con derechos de las personas privadas de su libertad? ¿El Ministro de Justicia le habrá advertido al mandatario sobre los compromisos internacionales asumidos por el Perú, respecto de tratos infamantes a las personas privadas de su libertad? ¿Sabrá el Presidente que lo único que pierden los procesados y sentenciados es la libertad, manteniendo intactos todos los demás derechos, incluyendo los que privilegian la permanencia de los vínculos familiares? Pues todos estos raros factores se concentran en el pan del emparedado sugerido.

¿De qué está hecha la torta del raro emparedado? El Ministro del Interior acaba de anunciar que presentará al Congreso Nacional, una propuesta que penaliza el consumo de drogas, pues según la argumentación del anuncio, la posesión de pequeñas cantidades de drogas para consumo, favorecen la micro-comercialización y estimulan la cadena infame del tráfico de drogas. Si la propuesta hubiese partido de un Ministro que desconociera la realidad de las cárceles peruanas, hacinadas, tugurizadas, inmanejables, con capacidad real de alojamiento para menos de la mitad del total de procesados y sentenciados que actualmente se encuentran en ellas, sería considerada una propuesta, por decirlo de algún modo, poco seria. Pero sugerida por el actual Ministro, que no hace mucho ejerciera como Director General de la Policía Nacional con conocimiento cabal de la situación carcelaria, pues adicionalmente se desempeñó como Director del Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Especial Miguel Castro Castro, resultaría verdaderamente irresponsable.

¿Habrá calculado el Ministro Salazar, cuánto crecerá la población penal si se penaliza el consumo? ¿Habrá revisado el Ministro los reportes de DEVIDA que nos dicen que de un número de 1’632,408 estudiantes considerados, se detectó 62,979 nuevos consumidores durante el último año de drogas ilegales (marihuana, cocaína, PBC, inhalantes, éxtasis y otras drogas) ? ¿Se habrá dado cuenta que de estos nuevos consumidores en los próximo cinco años, a un ritmo probable de 12000 por año serán potencialmente inquilinos del sistema penitenciario? ¿Tendrá alguna solución mágica para poder albergar a todos los consumidores de drogas penalizados? ¿Habrá coordinado, al hacer su anuncio, con el Ministro de Justicia para saber si el INPE estará en condiciones de soportar un crecimiento exponencial de la población penal, cuando los consumidores a los cuáles se les encuentre droga en pequeñas dosis, acaben en las cárceles? ¿Penalizar el consumo, contribuye probadamente al combate del tráfico ilícito de drogas en una magnitud considerable? ¿Tendrá el Ministro, estadísticas aproximadas del propio personal policial consumidor de drogas? ¿ En qué posición debemos colocarnos frente a dos propuestas antagónicas: la del Alcalde de Surquillo de legalizar el consumo; y la del Ministro Salazar de penalizarlo?

Para nuestro emparedado, tendremos que resignarnos, a propuestas extremas: La de un penal en la selva para cincuenta internos; y la de seguir llenando más los establecimientos penales ya tugurizados, con los consumidores de drogas.