Cuando se designó
al comandante en retiro del Ejército
peruano Óscar Valdés Dancuart como ministro del Interior, en este mismo espacio
manifesté mis preocupaciones que se
tendiera a militarizar la policía y obviamente el cumplimiento de las funciones
que competen a esta institución. No faltaron aquellos que acusaron esta preocupación, de estar cargada
de subjetividad y el hecho de la condición de militar retirado de Valdés no
significaba necesariamente el sesgo militar en el manejo de la función
policial. El tiempo fue confirmando el
acento militar en la gestión de la policía, a pesar que cínicamente se negaba
esta tendencia. Se postula crear el servicio policial voluntario, la policía
rural sobre la base de rondas campesinas y organizaciones de autodefensa. Se
asigna la conducción de la estrategia antidrogas en el VRAE al comando militar y los especialistas en la persecución
de este delito, los policías, quedan subordinados a esta autoridad, que
obviamente no están preparados para cumplir una función que no es la suya. En
los últimos días el presidente Humala ha declarado que los militares retirados
que se dediquen a la seguridad ciudadana no tendrán que suspender el pago de
sus pensiones, lo que denota el poquísimo interés de la administración actual
en asuntos de seguridad de los ciudadanos, cuando sostiene que militares y policías
son intercambiables en temas de seguridad ciudadana, cuando en realidad se
trata de profesionales de distinta actuación y por tanto de formación
diferenciada. Los militares son formados para la defensa exterior y
necesariamente son combatientes que defienden la heredad nacional cuando esta
se vea amenazada por fuerzas externas. Los policías están encargados de
mantener la indemnidad de las personas en sus vidas, bienes y ejercicio de
libertades y derechos. Resulta entonces que por definición, unos son
profesionales de la guerra y los otros (policías) son profesionales de la
convivencia pacífica y ordenada.
Insistimos en el
tema, ante la confirmación de la tendencia militar en la organización y
denominaciones policiales. En los cuadros que asignan a los actuales generales
a sus respectivos cargos, el director general es denominado “comandante
general”, tal como se denominan a las cabezas de los institutos armados.
Mientras las fuerzas armadas comandan tropas encargadas de la defensa externa,
y por tanto resulta casi natural que el jefe de más alto nivel se denomine
comandante general, la policía es una organización integrada por agentes y
funcionarios de policía y su máxima autoridad dirige profesionalmente a estos
agentes y funcionarios para que cumplan con la protección a las personas. No es
pues la policía un cuerpo de tropas que deben obedecer a una conducción
centralizada. El funcionario de policía debe ser habilitado para que use con
toda prudencia su capacidad discrecional, de tal suerte que su actuación evite
daños mayores a personas y bienes. Por todas estas consideraciones creemos que
la denominación de comandante general resulta impropia cuando se trata de la
policía nacional.
Pero no sólo es la denominación
de la máxima autoridad policial, se ha retornado a la organización territorial
policial concordante con la organización militar. Es posible que las hipótesis
que manejen las fuerzas armadas, hayan orientado que estas se organicen en las
regiones que ahora manejan, con el seguro propósito que si se trata de una agresión
en el norte, todas las unidades que correspondan a esta región concurrirán a la
defensa exterior. Esta no es la realidad de la policía , los
servicios de policía tienden a ser cada vez más locales, pues atienden
modalidades delictivas e idiosincrasias singulares de cada población, de tal
suerte que los asuntos de policía que conoce la policía en tumbes, son
distintos de los asuntos de policía que conoce la policía en Ancash o en
amazonas, por cuanto resulta inapropiado centralizar la conducción de la acción
de la policía desde Piura, para departamentos tan distintos como Lambayeque, Amazonas,
Cajamarca, Ancash, La Libertad. Y así sucede en la organización de las demás
regiones policiales, lo que
evidentemente generará dificultades en el cumplimiento de las
responsabilidades policiales.
Otro asunto que
resulta innecesario pero que acusa la tendencia, es la modificación del
uniforme de oficiales generales, adicionándole el uso de un “bastón de mando”,
que para el Ejército simboliza el mando de tropas, pero como se ha dicho
anteriormente, la policía es un cuerpo de agentes y funcionarios de policía,
que en forma alguna adquieren la categoría de tropa. Si se trata de un asunto alegórico,
resultaría igualmente cuestionable, que los generales cedan a la tentación de
la imitación.
Cuando se dijo que
se trataba de una reingeniería, esperábamos que esta estuviera basada en la identificación
de la naturaleza de la institución policial, que no sólo en nuestra realidad,
sino en los países democráticos, se trata de una institución de naturaleza
civil, que cumple funciones al servicio de la ciudadanía y que en su conjunto,
el cuerpo policial es parte de la urdimbre social.
No debemos
olvidarnos, que la policía sufrió las más graves afecciones cuando se trató de regímenes
militares o regímenes civiles apoyados en el poder militar, como sucedió en la
dictadura de Velasco, que pretendieron disminuir la calidad de la formación de
los oficiales y suboficiales de policía. Más cercano aún es el estado de descomposición
en el que quedó la policía después del fujimontesinismo, período en el cuál
todos los ministros del Interior provenían de las fuerzas armadas. Ojalá que
los actuales conductores de la institución no se dejen seducir por situaciones cosméticas
y procuren mejorar los niveles de formación, capacitación y mejorar las
condiciones laborales de los policías y así evitar que la policía termine convirtiéndose en un cuerpo militar
con funciones de policía.
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