lunes, 4 de enero de 2016

¿PEOR TRATO A LA POLICÍA? , IMPOSIBLE / Gustavo Carrión Zavala


Con asombro gigante, nos enteramos las primeras horas del nuevo año, las barbaridades que se cometían contra la institucionalidad en la Policía Nacional, al aprobarse tres ascensos al Grado de General, por, según los considerandos de las resoluciones, Acción Distinguida. Y en qué consistían estas supuestas excepcionales y meritorias acciones, las mismas que se cumplen diariamente y que no comportan ni la puesta en riesgo de sus vidas y mucho menos hechos trascendentes para la vida institucional. Una de las acciones distinguidísimas que, sustentan la promoción al grado de general, es la de haber logrado desalojar ambulantes de algunas cuadras de la Avenida Aviación. Nos hacemos cargo de la congoja de muchos policías, que por hechos de mayor riesgo han solicitado su promoción por acción distinguida y han recibido la negativa institucional para concedérselos. Pareciera que para el titular del Ejecutivo, la policía trabaja pesimamente, que cuando se logra una acción como desalojar ambulantes, es necesario premiar al Jefe tardío del operativo con su ascenso al máximo grado en la escala policial.

Pero este atentado contra la institucionalidad ha tenido tramas inverosímiles que pretenderemos resumir:

-          Las nuevas normas que regulan los ascensos por acción distinguida, describen muy bien las características extraordinarias de los hechos para otorgar este estímulo, una sola vez en toda la carrera y sólo hasta el grado de Comandante. Esto obviamente elimina como candidatos a este ascenso extraordinario a los aspirantes al grado de General. Estas normas y su reglamentación entraban en vigencia el primer día del 2016, ergo, los ascensos debían producirse hasta el último día del 2015, para poder sustentarse en un conjunto de normas dispersas que no contemplaban la restricción, de hasta el Grado de Comandante.

-          Como resulta lógico suponer, los ascensos tienen vigencia el primer día del 2016, por tanto el hecho mismo de la promoción entraba en lo considerado en la nueva normativa. Lo que queremos significar, es que conociéndose que el ascenso se produciría el 2016, no puede sustentarse en legislación o normas anteriores, pues no había urgencia de hacerlo, debieron respetar el espíritu de la nueva normativa  y si existía la voluntad de premiar con el ascenso a estos tres, entonces coroneles, debieron promoverlos en el proceso ordinario de selección y promoción. Entonces surge otro impedimento, ninguno de los tres calificaba para ascensos en procesos ordinarios, por no haber adelantado el obligatorio Curso para Coroneles y por tener alguno de ellos procesos investigatorios en curso.

-          Lo cierto es que no se ha producido en ninguno de los tres casos, hechos extraordinarios que ameriten esta promoción, que se han forzado apresuradamente las motivaciones y resoluciones, que esto no obedece a ningún criterio meritocrático y que es producto de un abuso de la condición de Jefe Supremo de la Policía que recae en el Presidente de la República, que va a provocar la desazón de la mayoría de policías que se esfuerzan por realizar bien su trabajo, y que finalmente estamos seguros el Presidente no se hubiese atrevido a semejante despropósito si se tratara de ascensos en las Fuerzas Armadas. En este caso ha contado con la total obsecuencia del Ministro Pérez Guadalupe y ha obligado al Director General  a, como se dice coloquialmente  “tragarse este sapo”.

-          El otro caso verdaderamente preocupante, es el de promocionar al Grado de Teniente General, al General Eleuterio Díaz, que en la revisión de sus méritos, el más saltante es el de ser familiar muy cercano del Suboficial en retiro Díaz Mego, pariente político cercano de la esposa del Presidente Humala. Si se animan a conocer de cerca las virtudes de este General, traten de entrevistarlo y se darán cuenta de las dificultades que tiene para poder expresarse con corrección o para articular ideas que puedan liderar la conducción de una institución  encargada de una función tan delicada, como es el mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos.

La policía no sólo necesita inversión en equipo, mejoras en las condiciones laborales, mejoras remunerativas y todo aquello que haga posible el cumplimiento de sus funciones, necesita respeto a su institucionalidad, fortalecer la meritocracia y no dejar una quinta columna de generales que obtienen su promoción por favorecimientos que nada tienen que ver con la calidad profesional.

lunes, 28 de diciembre de 2015

¿CONTROL DE DAÑOS?/ Gustavo Carrión Zavala


Cuando en Octubre de este año se detuviera al Teniente EP Wilmer Eduardo Delgado Ruiz, al haber sido encontrado favoreciendo el Tráfico de Drogas en el VRAEM, cobrando por avioneta que llegaba a la zona donde se desempeñaba para recoger droga y transportarla hacia Bolivia y Brasil, a nadie se le ocurría que este Oficial de baja graduación trabajaba delictivamente por su cuenta.

En una organización tan vertical como el Ejército, resulta imposible suponer que un teniente se convierta en el eje principal de un acto de corrupción tan grande. Era obvio, que este oficial respondía a una bien estructurada red de favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas, en una zona que se ha convertido en la de mayor producción de drogas cocaínicas del país y que le ha generado al Perú el nada apreciable primer lugar en el mundo en comercialización de estas drogas.

Las comunicaciones que la DIRANDRO interceptara al Teniente, sugieren sin duda que habían más elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en el delito y que conforme avanzaran las indagaciones, serían comprendidos todos los responsables, tanto por acción como por actitudes permisivas. En esta oportunidad, no se dijo con presteza, como si sucedió con el caso López Meneses, que se trataba de un hecho de corrupción policial. En este caso se actuó con la “prudencia”, que permitiese controlar  danos en el Ejército Peruano, institución a la que pertenece en condición de Oficial en Retiro el actual presidente y se fueron anunciando medidas graduales, que aparentemente no se relacionarían con el hecho. Alguna de ellas:

-          Se anunció, que la conducción de las acciones en el VRAEM, iban a ser trasladadas paulatinamente a la Policía. Esto trae una lógica antigua, no podía continuar en manos de militares, no preparados para la persecución del crimen, la conducción de la acciones que incluían el mando sobre unidades policiales. Obviamente que si se quería favorecer el arribo y despegue de aeronaves con fines de transporte de droga, el comando militar tenía que mediatizar la acción de la policía. No son pocas las referencias, de órdenes de no patrullaje a aeronaves policiales  por parte del Comando VRAEM, cuando estos vuelos coincidirían con el arribo de vuelos clandestinos. Además, siempre se estimó que la experiencia del Alto Huallaga, en donde con base a un paciente  trabajo de pesquisa policial, se logró no sólo acabar con uno de los últimos reductos de sendero luminoso, se controló la producción y comercialización de drogas cocaínicas y que esta estrategia debía replicarse en el VRAEM. La renuencia para dejar el VRAEM por parte de las FFAA, tuvieron mil pretextos, que la zona es diferente, que los remanentes de sendero justifican la presencia y conducción de las operaciones por parte de los militares (a propósito, resulta inexplicable que después de casi veinte años de presencia militar en el VRAEM, las fuerzas armadas no hayan podido derrotar a un reducido número de seguidores de los Quispe Palomino, dedicados más a protección de narcotraficantes que a la acción política revolucionaria).

-          La mayor cantidad de la droga producida en el VRAEM, no sale por vuelos clandestinos por la poca capacidad de las aeronaves para transportar carga, sale por los Puertos Marítimos , especialmente por el Callao, lo que generó una lucha sin cuartel entre organizaciones criminales, para hacerse del control del puerto y poder sacar la mayor cantidad de droga hacia mercados más competitivos en términos de valor final de la cocaína. Después de asistir a graves  hechos de sicariato, crímenes y venganzas entre estas organizaciones, se decidió declarar en Emergencia la Región Callao, para dar un mayor margen de acción a la policía, más aún, si en una de las comunicaciones interceptadas al temible y prófugo delincuente de alias “caracol” uno de los que controla las actividades ilícitas en el puerto, sugiere que la droga era trasladada hacia la costa en aeronaves militares. Resulta entonces, que la corrupción militar en el VRAEM, se convierte en tributaria directa de la particular situación de violencia que se vive en el Callao por el control del tráfico de Drogas y sin decirlo, era necesario ir adoptando medidas que no afectaran frontalmente al Ejército.

-          El relevo del Comandante General del Ejército, a menos de tres meses de haber asumido el mando y a través de una explicación poco convincente (que cumplía tiempo de servicios), pues ello se sabía hace tres meses en cuyo caso no debió fragilizarse la organización con designaciones episódicas, nos está diciendo que se le responsabiliza por lo que viene sucediendo en el VRAEM, pero hay que disimularlo, para no afectar a la Institución.

estas, entre otras decisiones del Presidente Humala, nos hacen tener la convicción que se trata de controlar danos en las Fuerzas Armadas.
Un apreciación complementaria, si a este hecho de corrupción militar, se le adiciona lo ya dicho que las fuerzas armadas no están preparadas para actuar en temas de persecución del crimen y seguridad ciudadana, si estimamos que por mediciones hechas por Ciudad Nuestra y el Barómetro de las Américas, el 22% de la población penitenciaria del país ha pasado por la experiencia del Servicio Militar, si la corrupción militar se ha convertido en tributaria a la violencia que se vive en los puertos (Callao, Santa, Casma), seguirán algunos candidatos sosteniendo que la mejor respuesta a la inseguridad es sacar a las Fuerzas Armadas a las calles.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

10 MEDIDAS URGENTES PARA REFORMAR/REFUNDAR LA POLICÍA*/ Carlos Basombrío Iglesias


Todas las encuestas lo indican, todas las evidencias lo confirman: la situación de inseguridad se desborda y estamos ante un gobierno manifiestamente incompetente para hacerle frente. Varios lo venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo, la cosa no es broma, hay que actuar ya e ir a la raíz de los problemas. Estamos ante un tema en el que, dentro de no mucho tiempo, habrá que constatar que ya no hay vuelta atrás y que sólo queda resignarse a lo peor.

 Hay mucho por hacer. Las estrategias tienen que responder a la complejidad del problema. Pero hay una que es insustituible y sin la cual no se pueden esperar resultados adecuados. Me refiero a contar con una policía capaz de enfrentar un problema como el que hoy tenemos. Digámoslo sin anestesia: eso no existe hoy en el Perú.

 Tanto se podría decir de la situación calamitosa actual de la Policía, pero pocas cosas recientes grafican mejor el problema que tenemos y la incapacidad del gobierno para asumirlo que la reciente denuncia de que en El Huallaga, zona complicada por el narcotráfico, se han construido comisarías con drywall, pese a haber dinero suficiente para hacerlas de verdad. Dicen que eso vendrá después. Sí, después de que las lluvias que ya empiezan se lleven al río la plata malgastada. Entretanto, los policías ponen sacos de arena para protegerse de eventuales ataques que, crucemos los dedos, ojalá no se produzcan. Y, probablemente, en compensación, muchos de ellos dejen pasar la droga a cambio de ya sabemos qué.

Sea por corrupción, ineficiencia o una combinación de las dos cosas, esa imagen resume lo que está pasando hoy en la Policía Nacional y en el ministerio del Interior. No es principalmente un problema de dinero: aun cuando se necesite mayor inversión, hay hoy, más que nunca en la historia del Perú, recursos para que hagan su labor. No es principalmente un problema de leyes, aun cuando algunas se van a necesitar. Es un problema de gestión política y de coraje para enfrentar al toro por las astas.

No sigamos perdiendo el tiempo con retórica vacía, con promesas de paraíso a la vuelta de la esquina. Reclamemos al gobierno que asuma la real dimensión y urgencia del problema.

Propongo 10 medidas concretas y viables que no harán milagros, pero sí empezarán a enderezar las cosas.

1.- Depuración profunda del cuerpo policial: Hay que afrontar la realidad, la Policía Nacional del Perú está profundamente penetrada por la corrupción. Es imposible saber con exactitud a cuántos y con qué intensidad los involucra, pero, gruesamente, se puede sostener que, si bien debe haber un 30% de efectivos incorruptibles, hay por lo menos un 30% de efectivos irrecuperables.

El 40% restante está desmoralizado y probablemente tienda a actuar con estos últimos, dado que observan cómo desde lo más alto todo se tolera. Es absolutamente indispensable cambiar la ecuación. Hay que hacer una depuración profunda de efectivos irrecuperables.

Hay que empezar este mismo año y avanzar progresivamente hasta tener en un máximo de dos años una policía razonablemente limpia de delincuentes.

Debe, asimismo, llevarse al Congreso un proyecto de ley que declare en emergencia la Policía Nacional y que como primera medida incluya los mecanismos de depuración; que estos sean a la vez radicales, rápidos y justos. Se debe empezar por todos aquellos miembros cuyas carreras no tienen ya horizonte y por los que enfrentan procesos administrativos y juicios penales graves. A todos ellos hay que jubilarlos de manera anticipada, ya que es mejor tenerlos fuera que en la fuerza.

Y es que el problema no es solamente del número de policías que se requieren. Si por hacer número se mantiene dentro de la institución a aquellos que concilian con el crimen o son ya parte de este, su presencia al interior de la institución termina siendo un caballo de Troya que afecta la efectividad de toda la Policía.

2.- Más y mejores policías: Sobretodo si hemos planteado depurar el cuerpo de sus malos elementos, lo que inevitablemente implicaría que varios miles deban salir de inmediato y otros más a lo largo de los años siguientes. Necesitamos por ello aumentar el número de policías, asegurando a la vez que los nuevos reúnan los más altos estándares posibles. De nuevo, no basta con reclutar por reclutar y dar la imagen de que los estamos formando, sino que hay que hacer un esfuerzo significativo por tener policías de calidad.

Tanto a nivel de las escuelas de oficiales como de suboficiales, hay que asegurar que los mecanismos y pruebas de ingreso sean absolutamente objetivos y ajenos a cualquier atisbo de favoritismo y menos todavía de corrupción. Quien entre a la institución con esos criterios tiene ya de antemano una actitud diferente frente a la carrera y las razones por las que comprometerse con la función policial.

Necesitamos más policías rápidamente. Sobre todo más suboficiales de policía. Pero los necesitamos, como digo, de un nivel profesional y ético que hoy, con 30 escuelas de policía desperdigadas en el territorio nacional, es imposible obtener. Han sido creadas por demagogia para hacer creer a las poblaciones en donde se establecen que se está tomando en cuenta su seguridad ciudadana, y eliminarlas va a ser un proceso sumamente complicado porque hay que hacerlo de manera paulatina. Si bien, por razones de sensibilidades regionalistas, hay que mantenerlas en lo inmediato e irlas centralizando macroregionalmente poco a poco hasta tener un número razonable, hay que hacer convocatorias adicionales en Lima y aquellas cuatro o cinco ciudades que tengan o puedan tener rápidamente condiciones logísticas y profesorado adecuado para la formación de buenos policías.

Hay que volver a apostar por atraer profesionales y técnicos ya formados a la Policía Nacional, haciéndole al Estado un ahorro significativo y captando personas que por su formación y experiencia previa puedan avocarse exclusivamente a la formación como policías, haciendo su carrera en la mitad del tiempo previsto.

 Hay que asegurarse de que la formación sea policial y no militar. Los cursos, valores, destrezas, disciplina, etc., que se necesitan de un policía no son los mismos que los de un militar: son profesiones diferentes que todavía hoy confundimos en el Perú. Ello debe estar claramente presente desde el nivel formativo si queremos tener profesionales de la seguridad y no malos émulos de los soldados.

 Los mejores entre los nuevos policías salidos de este proceso deben tener la oportunidad de acceder directamente al nuevo escalafón policial, germen de la nueva policía nacional, creado en el mismo proceso en el que nos deshacemos de la vieja, y del cual hablaré más adelante. Un requisito indispensable para pertenecer a este nuevo escalafón policial será el haber aceptado pasar, a lo largo de su carrera, por pruebas de integridad muy exigentes, sobre las que también hablaré más adelante, cuando me detenga en las medidas de lucha contra la corrupción.

3.- Escalafones: Propongo dividir a la policía en tres escalafones. Categorizar en un plazo relativamente breve a todos los miembros de la institución para que puedan pertenecer a cada uno de ellos y luego moverse entre uno y otro de acuerdo a la evolución de su performance.

 El escalón uno, llamémoslo así, será el de la “nueva” Policía Nacional, es decir, será inicialmente el más pequeño y congregará a los mejores de la institución, los que tendrán responsabilidades centrales en unidades de élite y en proyectos de diversa índole sobre los que iremos hablando en los artículos posteriores. Al escalón uno pertenecerán los oficiales y suboficiales recién graduados que hayan demostrado tener el mayor compromiso y capacidad a lo largo de su formación. Ingresarán también, paulatinamente, los policías en actividad más destacados y con más proyección en la carrera.

 El escalón uno tendrá beneficios y exigencias mayores al resto de los miembros de la institución. Tendrán ventajas económicas y mayores posibilidades de ascenso, así como de acceso a los cargos de mayor interés e importancia. En paralelo serán sometidos a un régimen mucho más exigente en cuanto a resultados y moral. Todos tendrán que haber aceptado pasar por pruebas de integridad, tema sobre el cual también hablaremos más adelante. En las evaluaciones anuales de desempeño, los que no logren mantener las exigencias que se les demandan serán recategorizados al escalafón dos.

El escalafón 2 será inicialmente en el que estén la mayoría de los miembros de la institución y se podría definir gruesamente como la situación actual. La diferencia fundamental es que existe la opción, por mérito, de pasar al escalón uno, pero también de ser derivados al escalón tres.

El escalafón tres es el de los miembros de la institución que estuvieron en la posibilidad de ser depurados, pero que por distintas razones se concluyó que existía la posibilidad de una nueva oportunidad. Son policías con derechos plenos y que pueden aspirar a pertenecer a los escalones dos e incluso uno, pero que están sometidos a una observación mayor y que, de no producirse los resultados esperados, serán los candidatos a futuras, necesarias e inevitables depuraciones.

4.- Carrera profesional: Agrego a lo anterior algunos criterios generales sobre la carrera profesional, mencionando temas que deben teñir el espíritu de las políticas y los cambios en las normas legales que haya que hacer en el marco de la transformación de la policía.

Se pueden resumir en una frase: la primacía del mérito por sobre la antigüedad. El reconocimiento al esfuerzo y la entrega de los que ocupan posiciones difíciles, definidas éstas con diferentes criterios que incluyen, pero no se limitan, al riesgo físico personal. La eliminación de toda discriminación, notoriamente las que se fundan en criterios raciales o de género. La exigencia de asumir responsabilidades y el cuestionamiento a los que buscan una carrera sin complicaciones, como fórmula para ir ganando posiciones en la institución. La mejora de los criterios de evaluación del desempeño, reduciendo al mínimo lo formal y lo memorístico e introduciendo al máximo y de manera lo más objetiva y justa posible la evaluación sustantiva de los méritos y capacidades para la profesión.

Habría que agregar que hacia el mediano plazo se debería aspirar a una policía no segmentada en dos castas, oficiales y suboficiales, la de los que mandan y la de los que implementan, situación muchas veces originada simplemente porque unos tuvieron mayores recursos para postular a la escuela de oficiales y otros menos, estableciendo por ello una clasificación que los marca por los 30 años siguientes. Es evidente que esto no se puede cambiar de inmediato, pero se deben introducir ahora mismo mecanismos que le den fluidez y realidad a la posibilidad de que suboficiales destacados puedan ser parte del cuerpo de oficiales (por supuesto, con las demandas de formación adicional que esto requiera).

5.- Reconstruir la institucionalidad de lucha anticorrupción

La policía no está comprometida a fondo con la lucha contra la corrupción en sus filas. Hay, por supuesto, iniciativas en ese sentido, gente valiosa que sí la valora, pero como institución la racionalidad es otra. Y sin disminución radical de la corrupción nada va a funcionar.

 Entre otras, propongo tres medidas urgentes para cambiar esa racionalidad.

 a.- Fortalecer la inspectoría

 No llenándola de más gente, ni sirviendo como el huesero que es hoy. Quizás, por el contrario, reduciéndola. Y aligerando en el camino su excesiva lógica burocrática. El inspector general tiene que ser un policía absolutamente impecable, de trayectoria respetada dentro de la institución y fuera de ella, alguien que esté en línea de carrera para ser director general.

 Todos los miembros de la inspectoría deberán provenir del escalafón 1, descrito en el artículo anterior. Es decir, de los policías seleccionados para pertenecer y liderar la nueva Policía Nacional del Perú.

b.- Rescatar la oficina de Asuntos Internos

 Creada en el marco de la reforma del 2001 al 2004 con ayuda del FBI, su función es hacer investigación interna de denuncias de mafias de corrupción en el interior de la institución policial y, por añadidura, también en el resto del ministerio del Interior. En su momento pudo desbaratar algunas mafias que incluyeron hasta a un general de la Policía y su potencialidad es enorme en la medida en que se ubica fuera de la racionalidad burocrática de la institución.

Tiene que ser una oficina pequeña con recursos adecuados, dirigida por un civil, dividida en pequeñas unidades mixtas de investigación (civiles y policías) a cargo de casos seleccionados por el ministro y el director general, trabajando en secreto y en estrecha coordinación con el Ministerio Público.

 Los policías que pertenezcan a esta unidad gozarán de inmunidad, protección y privilegios para los años siguientes de su carrera.

 
c.- Institucionalización de los pactos de integridad

Como he señalado antes, todos los policías que pertenezcan al escalafón 1 tienen que estar dispuestos a pasar sin previo aviso por pruebas de integridad, incluyendo el polígrafo, investigaciones especiales sobre su conducta y aceptar por escrito que pueden ser “tentados” a cometer actos de corrupción por parte de funcionarios encubiertos. Nadie obliga a los policías a pasar por esas pruebas, pero sería el requisito para ingresar y permanecer en el escalafón 1.

 
6.- Nudo gordiano a desatar en relación a la corrupción policial

 La corrupción policial se da principalmente a cuatro niveles, los cuales hay que enfrentar con igual decisión y en base a los cambios institucionales propuestos en el acápite anterior.

En primer lugar, en las grandes licitaciones. Es ampliamente conocido lo ocurrido en los últimos tiempos con la adquisición de pertrechos, remodelación de comisarías, compra de patrulleros, etc. Creo que la solución definitiva a este problema pasa por sacar del ministerio del Interior y de otros ministerios las grandes compras estatales, creando una oficina central que tome esta misión y que cuente con personal altamente calificado y con mejores posibilidades de control. Es una decisión que viene dando vueltas en el Estado desde hace tiempo, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.

El segundo gran rubro de corrupción es el uso de los recursos otorgados para el funcionamiento de la institución con objetivos impropios. Esto ocasiona, adicionalmente, un perjuicio enorme para la calidad de vida del personal policial y para el funcionamiento operativo de la institución al servicio de los ciudadanos.

 Aquí tenemos variedades múltiples: entre las más conocidas están el robo sistemático de la gasolina de los patrulleros (lo que impide que ejerzan su función), la apropiación ilegal de los dineros de inteligencia, el robo sistemático de las medicinas en los hospitales policiales, la asignación de personal en sus días de labor a actividades privadas, la apropiación de parte significativa del dinero destinado al rancho del personal de unidades acuarteladas, etc.

Para luchar contra ello se requiere, por un lado, cambiar las reglas de juego para la asignación de los recursos, las más de las veces visiblemente hechas para darle facilidad a los transgresores. Por otro lado, ya que como sabemos la impunidad alienta el delito, se requieren sanciones eficaces y ejemplares en casos concretos, los que irán teniendo un efecto disuasivo de mediano plazo.
 
En tercer lugar está la corrupción que se da en la relación entre policías y sospechosos de haber incurrido en delito, lo que ocurre sobre todo en unidades de investigación criminal en las que los delincuentes logran fugar con ayuda de malos policías , logran calificar su delito de la mejor manera para ellos o, incluso, logran no ser investigados a cambio de coimas, etc.

Este es uno de los ámbitos más difíciles de controlar en la lucha contra la corrupción y donde unidades de élite como la Oficina de Asuntos Internos, haciendo contra inteligencia, puede ser de gran utilidad.

Por último, está la corrupción que se produce en la relación del ciudadano con el policía, que es la que más afecta la imagen institucional por ser la más cotidiana y masiva. Esta ocurre, sobre todo, en el tránsito.

 La cosa es tan dramática y afecta tanto a la población, que una broma cruel ya circula por las ciudades del Perú: se insinúa que los “patrulleros inteligentes”, recientemente instalados con bombos y platillos, no solo servirán para obtener mejores coimas por parte de los conductores detenidos, sino que la tecnología con la que vendrán implementados incluirá hasta sus propios POS para recibir el dinero con tarjeta de crédito.

 La única forma de enfrentar este tema es una gran alianza con la opinión pública y los medios de comunicación, en colaboración con las fiscalías de prevención del delito, filmando y haciendo públicos los hechos de corrupción de ciudadanos a policías y viceversa. Tal como se hizo, lamentablemente por muy poco tiempo, pero con mucho éxito, durante la campaña “A la Policía se la Respeta”, durante la experiencia de reforma de comienzos de este siglo.

 

7.- Dignificar la función policial


Sin negar todos los problemas que existen en la Policía hay un elemento adicional que es que la sociedad y el Estado no valoran lo suficiente la labor de la institución y de sus miembros, la que es importantísima y sacrificada.

Se necesita para tener una Policía adecuada a las demandas tan grandes que se le hacen tener policías bien tratados.

Aún en un país pobre como el nuestro hay maneras de que los policías, sobre todo los suboficiales que son la inmensa mayoría y los que sufren con más fuerza los maltratos fuera y dentro de la institución, puedan tener una vida más digna.
Mencionó rápidamente cosas que se pueden hacer si se tiene la voluntad política.
Mejorar la salud policial: siempre se necesitarán más recursos pero el problema fundamental es que hay una pésima gestión y una gran corrupción, que lleva a que los efectivos y sus familiares que se atienden en los hospitales de la Policía reciban una pésima atención y tengan que llevar hasta sus propios medicamentos; o que el grado defina la prioridad en la atención y no las urgencias o el simple orden de llegada, creando inmenso malestar. No entró en detalles por espacio, pero hay formas de cambiar completamente esa situación, si es que se le pone el cascabel al gato.
 
Mejorar la atención al personal interno en sus trámites. Todos los policías saben que es una pesadilla tener que ir a hacer un trámite de cualquier tipo a recursos humanos. También hay corrupción y favoritismo, pero sobre todo hay niveles de ineficacia que rayan en lo increíble y que aluden a un profundo desinterés por los seres humanos policías que hacen esos trámites; una situación que se hace más incomprensible todavía, porque quienes los perjudican son sus propios compañeros de institución.

Mejorar la calidad de vida en el trabajo: es totalmente posible evitar que el rancho sea pésimo, que policías en misión fuera de su lugar duerman en el suelo y no se le den los viáticos; que las comisarías sean de cemento y no de cartón, que tengan protección judicial cuando son procesados etc. Hay que decirlo con claridad para eso ahora si hay recursos, lo que falta es voluntad y gestión.


Podría seguir con otros ámbitos, pero creo que el mensaje está trasmitido y sólo cabe decir que para proteger los derechos de los policías se creó una institución como la Defensoría del Policía que debía proteger a los más débiles dentro de la institución de los abusos, muy frecuentes, lamentablemente, de los jefes sobre ellos. La institución fue muy eficaz en su momento pero ahora ha desaparecido para todo fin práctico. Sigue en el organigrama y podría relanzarse con fuerza. De nuevo: voluntad política y mucho coraje.
 

8.- Desmilitarizar y profesionalizar la lógica de mando y asignación de funciones en la Policía:

La Policía Nacional copia a las Fuerzas Armadas un su esquema de mando. Tiene un director general que en la práctica se percibe asimismo y es tratado como un comandante general. Incluso durante la gestión del tan cuestionado director Salazar esto se profundizó simbólicamente y copiaron a los militares dándole a los generales PNP un bastón de mando como los que tienen los generales del Ejército.

Asimismo se mantiene una estructura de Estado Mayor que corresponde una lógica estrictamente militar y la antigüedad es el criterio para la asignación de cargos y la permanencia en la institución.

Hay que cambiar todo eso radicalmente.

No tiene ningún sentido, por ejemplo,  que oficiales muy aptos para una función tengan que dejarla porque ascienden para ocupar otra en la cual no van a servir. El cargo no debe estar ligado directamente al grado o la antigüedad. No se debe perder tampoco oficiales porque son más antiguos que otros que ejercen una función “superior”·. El criterio fundamental de asignación de responsabilidades debe ser la idoneidad. Lo mismo para permanencia en la institución.

 Hay que eliminar el Estado mayor y contar con dirección de planificación estratégica. Hay que tener estrictamente los generales y coroneles que se necesitan para las funciones que se necesitan. Acabemos con el absurdo de que haya más coroneles que tenientes Recordemos que no solamente es una irracionalidad en la gestión,  sino que las grados más alto conllevan una serie de privilegios que hacen mucho más burocrática la institución.

Ahora bien, el cambio más importante y que requiere una nueva ley orgánica de policía es la de contar con un director general de la Policía que sea civil (o ex policía). Debe ser una persona que esté por fuera del escalafón policial, como ocurre en muchas policías del mundo con bastante éxito. Se le debe nombrar por un periodo de tres años renovables una vez y solamente ser removido por causas previamente tipificadas y graves.

La carrera policial acabaría así con el grado de teniente general (mientras no adecuemos los nombres y uniformes a funciones policiales y no militares) y estos deben ocupar puestos no en una lógica piramidal de cargos jerarquizados sino, insisto, en función de la capacidad para el encargo específico. 

9.- Gestión profesional de los recursos institucionales: hoy en día un buen policía que está siendo un magnífico trabajo -digamos en narcotráfico-  es trasladado el año siguiente a ejercer funciones gerenciales en, digamos, la dirección de logística. Doble perjuicio para la institución y para el país: un oficial que servía para una cosa es sacado de su función y puesto ejercer otra que no conoce por un tiempo breve, por lo que lo poco que aprenda se pierde.

Propongo que todas las funciones gerenciales en relación a los recursos humanos y materiales, cadena abastecimientos, salud y otros  servicios, adquisiciones, etc. Queden a cargo de gerentes civiles previamente seleccionados en concurso por su capacidad y experiencia para el tipo de función que se le requiere. Servir podría ser a la vez una cantera y un lugar de entrenamiento de profesionales para esta función específica.

La razón de ser de los nueve puntos anteriores es crear condiciones para mejorar y cambiar la aproximación de la policía a los temas centrales de preocupación de los ciudadanos en relación al crimen común y al crimen organizado. Nada de lo anterior tendría sentido si no se trabaja sobre esto y para trabajar sobre esto se necesita todo lo anterior.

 Si alguien cree que éste es un menú del cual se puede escoger sólo algunos platos está equivocado. Son más bien piezas de un rompecabezas complejo, que requiere abordarse al mismo tiempo y, probablemente, con otros elementos que yo he omitido por las limitaciones de un artículo de esta naturaleza.

Insisto, nada de lo que propongo es imposible de implementar. Es difícil, sí, pero podría hacerse si hay mucha voluntad política, mucho compromiso a los más altos niveles del Estado y mucho coraje para realmente ponerlos en práctica.

 

10.- Cambiar la lógica de aproximación de la policía el crimen.

 No necesito hacer demasiado diagnóstico. En términos generales y salvo excepciones, la Policía no está logrando enfrentar adecuadamente el problema del crimen y sus diferentes manifestaciones. Ya he explicado muchas de las razones que causan esta situación. En esta ocasión simplemente quiero llamar la atención sobre dos aspectos que son centrales: uno en relación al crimen común y cotidiano que afecta a la inmensa mayoría y otra en relación al crimen organizado, que, si bien no afecta a todos, alimenta el clima de inseguridad y constituye un problema para la seguridad el Estado.

 
a.- Hay que resolver la relación de la policía con los gobiernos locales. Desde hace muchos años, los gobiernos locales de muchos lugares, han tenido que crear sus propias policías locales, a las que llamamos Serenazgo, para suplir la ausencia de compromiso real de la policía en la lucha contra el crimen.

Se han creado múltiples y diferentes híbridos, pero se puede decir, en síntesis, que en muchos distritos y provincias del país existen policías locales sin atribuciones reales, como las de detener o portar armas y, en el resto del país, sólo existe la Policía. O sea, en la práctica, lo que existe es un gran abandono de la ciudadanía.

 Desde hace unos meses he empezado a pensar que esta situación es irreversible y que lo que habría que hacer para avanzar en el tema de seguridad ciudadana es darle mayores atribuciones a las policías locales (o sea, a los serenazgos), concentrando al resto de la Policía en funciones de crimen mayor.

Ese es el esquema que funciona en muchos países del mundo y cuya aplicación en el Perú tendría que ser muy paulatina y muy cautelosa, ya que podría traer también algunas complicaciones importantes. Sin embargo para ser coherente con mi afirmación de que es posible refundar la policía para que luche adecuadamente contra la inseguridad ciudadana, hay que darle una última oportunidad de reencontrarse con el ciudadano en los escenarios locales.

Para ello es indispensable que los alcaldes tengan un mando funcional sobre las comisarías de su jurisdicción, algo así como lo que ocurre en ciudades colombianas y que ha funcionado razonablemente bien. Allí los jefes de Policía responden en lo funcional al alcalde y administrativamente a su institución. Es decir, la autoridad define el marco de la institucionalidad local, estrategias y medidas concretas a ser implementadas por la Policía.

Ello responde al hecho de que el pequeño delito tiene su racionalidad explicativa en los escenarios locales y es a ese nivel en el que puede actuar más eficientemente para prevenirlo y reprimirlo. Al ser el alcalde una autoridad que va a tener que rendir cuentas ante el ciudadano que vota, va a tener que esforzarse por obtener resultados.

 Todo esto implica, además de la subordinación funcional a los alcaldes, la creación de unidades de policía comunitaria que permitan, vía el acercamiento sustantivo del policía en escenarios micro, cambiar la relación hoy día viciada entre policía y ciudadanos.

Si las cosas marchan bien, se podría avanzar a disolver los serenazgos en el interior de la Policía Nacional.

 b.- Fortalecimiento de unidades de élite de alto nivel. La otra apuesta es absolutamente contraria, es decir, totalmente elitista. Pasa por concentrar en grupos relativamente pequeños unidades de investigación e inteligencia altamente capacitadas con grandes recursos tecnológicos y que permitan luchar contra el crimen organizado.

 Ya la labor de la policía en el Huallaga usando esta modalidad de intervención ha demostrado que es el camino para acabar con grupos de crimen organizado. Hay que aprender de las experiencias, extenderlas y convertir estas unidades en otro de los gérmenes de la nueva Policía del Perú.

 Sé muy bien que el desafío planteado es enorme. Se trata nada menos de refundar la Policía en movimiento. Muchos dirán que es demasiado ambicioso. Sin embargo creo que es mucho peor el mantenernos en el marasmo actual, poniendo parchecitos que no van a funcionar y mirando cómo la situación empeora día a día. Es el momento de ponerle el cascabel al gato.

 *ESCRITO Y PUBLICADO POR ENTREGAS EN MI BLOG DE SEMANA ECONÓMICA ENTRE SEPTIEMBRE  Y NOVIEMBRE DEL 2013. REVISADO  DICIEMBRE 2015

jueves, 26 de noviembre de 2015

¿MILICIAS? / Gustavo Carrión Zavala

Con ocasión de las elecciones generales del próximo año, los partidos y agrupaciones políticas vienen presentando sus propuestas a fin de resolver los urgentes problemas que agobian al país. Qué duda cabe, la inseguridad es uno de los problemas sentidos por la población que demandan la primera preocupación, en razón al crecimiento exponencial de la violencia criminal, la aparición de crímenes de nueva generación y el aumento del crimen de bagatela que asusta a los ciudadanos y les impide llevar a cabo sus actividades con normalidad.

Una propuesta que llama seriamente la atención, es la esbozada por el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuna, al ofrecer conformar una fuerza compuesta por 50,000 (cincuenta mil) efectivos, captados entre licenciados de las fuerzas armadas, reservistas y rondas campesinas, rentados por el Estado para que se integren a la lucha contra la inseguridad.
En términos concretos, lo que propone es la creación de una milicia en el ámbito del Estado. Ya el hecho de ofrecer una milicia oficial, constituye una seria afección al estado de derecho y un riesgo para la incipiente democracia y se agrava cuando estaría compuesta por licenciados de las fuerzas armadas, reservistas y ronderos, ninguno de los cuáles tiene habilitación para actuar con propiedad en asuntos de protección de vidas, bienes y ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos.

Los licenciados son personal de tropa del Ejército que culminaron con el servicio militar obligatorio o voluntario, según la fecha en la que sirvió; los reservistas son los que no integraron el activo del Ejército, pero que fueron entrenados fines de semana  como soldados para integrarse a filas, cuando se produzcan enfrentamientos con ejércitos de otros países, es decir, ambos grupos habilitados básicamente para la guerra. En cuanto a ronderos, la mayoría de ellos pasó también por el servicio militar, y si bien es cierto jugaron un papel importante en la lucha contra Sendero Luminoso, su actuación después de la violencia subversiva, ha sido sumamente cuestionable, en razón a haber desarrollado una suerte de justicia popular que deviene obviamente en hechos criminales.
Otro aspecto alucinante de la propuesta, es lo que costaría el sostener una milicia de 50000 hombres, pagados con presupuesto público y a los que obviamente tiene que dotárseles de armas de fuego. ¿No sería mucho más sensato y legal, utilizar esos recursos en mejorar los ingresos de los policías para poder recuperar la exclusividad del servicio policial o invertir recursos en formar mejores policías?

Lo más grave de la propuesta, es la de crear una fuerza que pueda tornarse inmanejable y que llegado el momento, se enfrentarían a los propios policías. Podremos imaginarnos de qué lado se pondrían estas milicias si se produjeran conflictos como los de Conga y Tía María.
La propuesta no resulta tan original, pues la actual administración, antes de asumir el poder el 28 de julio del 2011, ofreció constituir la policía rural, sobre la base de rondas campesinas y organizaciones de autodefensa, felizmente llegados a gobernar se olvidaron de este disparate.

A todas luces, la oferta de una milicia no sólo es impracticable, ilegal y peligrosa, pero qué duda cabe que suena bonito, electorero y capta la atención de quienes apuestan por una suerte de justicia popular.