Todos, o casi todos, coincidimos en la necesidad de
crecer también económicamente para lograr un mayor bienestar de todos, a la vez
que una disminución de los desequilibrios extremos en la distribución de la
riqueza; y que para eso se requiere de empatía y eficacia, dos cualidades en
que nuestro presidente del Consejo de Ministros destaca, por vocación y por
experiencia.
Estoy de acuerdo con promover la formalización de los
negocios, facilitándola, pero, basándome también en los planteamientos de
Richard Webb, considero que solo para una parte de los formalizados y de
quienes dependen de ellos esto significa una mejora, y como país tenemos que
buscar un equilibrio entre formalización y aprovechamiento de lo positivo de la
informalidad, que canaliza enormes energías y moviliza grandes recursos, beneficioso
para los sectores más pobres de la población e incluso para capas medias, a la
vez que reduce la presión salarial a las empresas formales. Muchos pequeños
negocios no tienen en la actualidad ninguna posibilidad real de formalizarse
sin quebrar. Por eso debemos darle a la formalización un horizonte
adecuadamente largo. Hay que tener en cuenta además que forzar la formalización
solo aumentará la corrupción y el descontento.
Tanto para la gente como para la economía, incluida la
formalización, están entre lo más significativo la anunciada simplificación y estandarización
de trámites administrativos, con poda de lo superfluo y énfasis en lo
significativo, lo que permitirá además reducir la burocracia inútil y
fortalecer la útil.
En todo habrá resistencias activas y pasivas,
incomprensión, no saber cómo hacerlo y la comisión de errores, pero poniéndole
prioridad, reclutando a profesionales con experiencia de gestión pública y
privada y atreviéndose a romper algunos huevos puede ser un colosal avance para
el país y para nuestro crecimiento.
En realidad no podremos garantizar la seguridad de
todos los ciudadanos y todos los emprendimientos económicos (que de ambos se
trata), sí reducir significativamente los índices de criminalidad con medidas
preventivas, disuasivas y de castigos justos proporcionales al tipo y grado de delito
cometido, centrándose en las asociaciones criminales y mafias. Eso debe
aplicarse con igual firmeza a los delitos de cuello blanco, comenzando, como se
señala, con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de
terrorismo, además de la lucha contra las mafias del narcotráfico. A eso
contribuirá la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Datos Personales, así como de la Procuraduría General del
Estado, con autonomía funcional, técnica y administrativa, y con selección de
los procuradores a través de un concurso público. No se menciona la educación,
quizá por considerarla bien encaminada y no necesitar por ahora cambios
legislativos, pero incluso en el tema de seguridad vale la pena relacionar la
reducción de criminalidad a futuro a una educación que forme no solo mejores
profesionales, técnicos, trabajadores y tantas otras categorías de personas,
sino también mejores personas y ciudadanos, menos proclives al delito o con
menores carencias que los empujen hacia eso, proceso que comienza desde la cuna
y la primera infancia.
Es fundamental la importancia asignada a agua y
saneamiento, que, además de indispensables para mejorar la salud y para el
bienestar, impulsarán las industrias conexas, las ingenierías, así como la
descentralización económica nacional y de Lima Metropolitana.
No tenemos tiempo que perder, saludo la sensación de urgencia y la decisión de actuar en consonancia, con prisa pero a paso pausado y firme, con la transparencia anunciada e institucionalizada, en los planes, las ejecuciones, los concursos y los nombramientos, asociando el Estado, donde resulta positivo, con las empresas y otras entidades probas nacionales y extranjeras, ampliando alianzas y reduciendo resistencias, con la seriedad y humor característicos de PPK.
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