jueves, 2 de septiembre de 2010

MÚLTIPLES MEDIDAS, ¿DE SEGURIDAD? / Gustavo Carrión Zavala.

En los últimos días se han venido anunciando múltiples medidas con el propósito de enfrentar al crimen y devolver al ciudadano la confianza de transitar  por la ciudad sin apremios. Resulta legítimo someter estas medidas a un proceso de lógica desconfianza. En principio, porque surgen ante el crecimiento inmoderado de la actividad criminal, con aplicación de singular violencia en la perpetración de los delitos y pareciera una actitud desesperada de los responsables de la seguridad, por tranquilizar la crispación popular y decir lo que la población quiere escuchar, resumido en, mayor punición, supresión de beneficios penitenciarios, cárcel  interminable, mayor cantidad de policías en la calle (lo que no asegura mayor calidad en la actuación), ampliar la atribución de los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, convocatoria tardía del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y algunas acciones más que parecieran sumamente desperdigadas y sin que  surjan de una armonizada política pública de seguridad. Nos permitiremos comentar algunas de ellas, con el ánimo de prevenir el fracaso de las mismas y el nuevo y mayor desconsuelo en el que se sumergirá la población.

Nos referimos muy ligeramente a las normas propuestas para agravar la situación de los encarcelados y las supresiones de los beneficios penitenciarios para ciertos tipos de delitos. Muchas de las medidas anunciadas ya están contenidas en normas anteriores, y solamente se han reiterado. Por otro lado esta tendencia a mayores penas, menores beneficios en una dimensión eminentemente punitiva, no resulta ser en esta ocasión original, es el expediente al que se ha recurrido en los últimos tiempos cada vez que se producen picos en la actividad criminal, y el resultado resulta por ello también previsible, no disminuirá el delito, no es el camino correcto para luchar contra la delincuencia, y no disuade siquiera a los delincuentes. La razón es simple, se dictan medidas inconexas con la realidad, que  no van acompañadas de una reforma del sistema penitenciario, de tal suerte que las cárceles se han ido convirtiendo en centros en donde los internos  a lo único que no acceden es a pasearse libremente por las calles, todo lo demás lo encuentran en el interior de las prisiones, por estar tugurizadas, manejadas por personal penitenciario  (o policial según el caso) mal preparado, mal estimado, mal remunerado y sumamente corrompido. En lo que va de la actual administración del país, además de ampliar la capacidad de albergue de algunos penales, sólo se ha construido un establecimiento penal (piedras gordas 2), que hasta donde sabemos, todavía no entra en funcionamiento, y tendrá capacidad para 2500 internos, que obviamente no aliviará la tugurización de las cárceles limeñas, pues en el mismo período  la población penal ha crecido más que esta capacidad de albergue.

La norma que amplía la consideración de flagrancia hasta 24 horas de cometido el acto criminal con la condición de sindicación o identificación del delincuente, nos parece la más acertada de las medidas propuestas, pues la anterior situación posibilitaba la impunidad de los que no eran capturados en el mismo  momento de la comisión del delito. Algunos especialistas en derecho penal y procesal penal no están de acuerdo con esta norma, sin embargo a nuestro entender representa un aporte sensible para la eficacia de la acción policial en la persecución del delito. Queda en manos de policías y fiscales el hacer uso estrictamente legal de esta ampliación de flagrancia y no pervertirla hasta convertirla en un instrumento de abuso.
La reglamentación de la ley que regula la vigilancia privada, y el anuncio del titular del sector Interior (que resultó algo confuso) que se facultaría a los vigilantes privados al uso de sus armas de fuego, algo que se deducía de la propia licencia para portar armas concedida por DISCAMEC (que pertenece al sector Interior), nos sugiere que se les está diciendo que la utilicen con más frecuencia, lo que acarreará la ligereza en los disparadores de las armas de los delincuentes, que ante el sólo anuncio que los vigilantes particulares también dispararán, tratarán de adelantarse. Los vigilantes por su lado, con la poca preparación que tienen, lo poco que ganan en la mayoría de los casos, pensarán varias veces antes de enfrentarse con delincuentes dispuestos a todo, u optarán por “colaborar” con ellos. El ministro debe precisar el sentido de sus palabras, más allá de lo que diga finalmente el reglamento, pues ha quedado la impresión que se ha liberado el uso de armas de fuego por parte de los vigilantes privados.

Nos parece correcto que se ponga mayor cantidad de policías en la calle, ahora queda supervisar que no sea una presencia inocua, y que en realidad cumplan con proteger a la ciudadanía y prevenir el delito. En esta misma tendencia de recuperar efectivos para proteger a la población, debe evaluarse el prescindir de algunas actividades del servicio que resultan ser adjetivas y que bien podrían ser transferidas a las municipalidades, por resultar su verdadero ámbito.

Esperemos que  las medidas anunciadas, surtan el efecto que persiguen, que no es otro que el contener el delito y prevenir su comisión devolviéndole la confianza a la ciudadanía y que no sea solamente la respuesta mediática ante un clamor popular.