lunes, 12 de octubre de 2015

PROPUESTA DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN POLICIAL/General PNP ® Enrique Yépez Dávalos


 El objetivo principal de esta propuesta, ante el constante incremento delictivo,  es contribuir a tener más efectivos en las calles y menos en unidades administrativas.  Los remanentes deben ser enviados a los distritos, considerando que en el planteamiento por una nueva estructura contempla también la disminución de Generales, estando previsto una reducción  significativa del número actual.
  1. Este nuevo proyecto se enmarca en la filosofía de la Policía Comunitaria o Policía de Proximidad, que es una teoría internacionalmente reconocida para luchar contra la delincuencia común y la delincuencia organizada y que consta de:

       La Prevención, la Investigación y el Control del Delito, que permite una rápida respuesta policial ante los requerimientos ciudadanos por más orden y tranquilidad.

       La Prevención Comunitaria, que faculta el trabajo permanente con la comunidad organizada en Juntas Vecinales, Rondas Urbanas, Rondas Campesinas y Comités de Autodefensas, conformando “redes locales contra el delito”.

       La Prevención Social, cuyo origen es por causas históricas y actuales, como el centralismo de las grandes ciudades, la masificación urbana, la pérdida de valores, la deserción escolar, el consumo excesivo de alcohol, de drogas y las ganas de tener dinero fácil, constituyendo todas ellas  “la antesala del delito mayor”, por lo que la Prevención Social recurre a programas educativos, preventivos y de reinserción para niños y jóvenes en edad escolar, con la participación del empresariado, de los municipios, de la PNP, de las entidades públicas y del entorno familiar del infractor.

       La Prevención Situacional del Delito, que consiste en tener más espacios limpios y cuidados, parques y jardines en buen estado, mejor alumbrado y sistemas de video vigilancia, que permitan que el delincuente y/o drogadicto migre a otras zonas menos protegidas (Teoría de la Ventana Rota). En el caso de zonas urbano marginales, la prevención situacional se daría mediante el uso de campanas, sirenas, circulinas, cercos, alambrados ,etc.

       El control del delito no debe ser visto sólo como una tarea exclusiva de policías sino que debe ser asumido por diferentes instituciones para evitar la desatención de hechos menores y de los accidentes de tránsito que ocurren cotidianamente en los barrios y carreteras del país, por lo que la Prevención del Delito debe realizarse en el marco de la Ley .

       Fortalecer la labor especializada de equipos contra la delincuencia común y el crimen          organizado.

       Mejorar la protección de la mujer y niños maltratados y la defensa de los Derechos Humanos.

3.       En el nuevo proyecto, el Estado Mayor General cesa en sus funciones debido al exceso de personal, siendo éstas asumidas por la Dirección Nacional de Operaciones Policiales.

4.       Al mismo tiempo, se crea una Sub Dirección General que despacha directamente con el titular del Instituto aspectos académicos y de gestión.

5.       En el caso de Lima Metropolitana, al ser una mega-polis, se crea la Dirección Ejecutiva de Orden y Seguridad Ciudadana, para tener mayor contacto con las comisarías y municipios provinciales y distritales, teniendo siempre presente que la política de Orden y Seguridad Ciudadana es responsabilidad de los Alcaldes y las estrategias de responsabilidad de los Comisarios.

6.       Con la estructura propuesta, la relación con los alcaldes se hace más fluida por la presencia de un órgano superior con capacidad de decisión, la Dirección de Orden y Seguridad Ciudadana dependiente de la VII-DIRTEPOL, que estaría permanentemente evaluando, tipo COMSTAT, el orden y la tranquilidad en los distritos de Lima y El Callao.

7.       El personal policial excedente de todos los niveles pasaría a los distritos para incorporarse, previa capacitación, a las comisarías y al patrullaje de las calles. Las principales unidades ejecutivas y de gestión institucional, con personal mínimo, estarían comandadas por  Generales y/o Coroneles y las Comisarías por Coroneles o Comandantes, dependiendo de la importancia de cada una de ellas.

8.       Las autoridades judiciales (Fiscal y Juez de Paz) deben ser designados por el  Ministerio de Justicia como adscritos para que atiendan casos a nivel distrital, pudiendo también servir en dos o tres distritos de escasa incidencia delincuencial.

9.       Si  son menores de 16 años y han cometido delito de sicariato sin tener conocimiento real de la gravedad del delito perpetrado, tendrán penas menores y también pueden ser pasibles de reinserción en “salas de meditación” sujetos a penas alternativas y comunitarias bajo el control sus padres o entorno familiar y del  Instituto Nacional Penitenciario-INPE.

10. Se reducen las especialidades a cinco:  INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA, ORDEN Y  SEGURIDAD CIUDADANA,  INVESTIGACIÓN  CRIMINAL,  ORDEN INTERNO Y  GESTIÓN INSTITUCIONAL, debiendo los oficiales ascender por especialidades, fortaleciendo al mismo tiempo la meritocracia.

11.  El Gobierno Central debe de servir con  responsabilidad tanto al Estado como a la comunidad. Para tal efecto es necesario:

       Otorgar mayor tecnología y equipamiento, mediante un sistema troncalizado de telecomunicaciones, que partiendo del 105 abarque a todas las centrales distritales de Lima Metropolitana.

       Impulsar la modernización policial mediante  un enfoque por resultados.

       Otorgar más bienestar a la familia policial con hospitales y centros médicos descentralizados así como con una eficiente cobertura del FOSPOLI.

12. Afianzar la cobertura del “Patrullaje Integrado” entre policías y serenos para establecer criterios uniformes respecto de las intervenciones. Si son serenos los que lleguen primero en sus vehículos al lugar del incidente, esperar que asista el personal policial quienes por Ley deben asumir la responsabilidad legal de las operaciones.

13. Fortalecer la figura del “Patrullaje por Motivos” que permite a policías y serenos recorrer pausadamente en sus vehículos las áreas más vulnerables de sus sectores para mantener contacto con vecinos representativos y para preguntar novedades de sus respectivos sectores.

  1. Afianzar la Dirección de Sanidad y la cobertura del FOSPOLI procurando su descentralización. El Hospital Central sería solo para casos de emergencia.

14.         Impulsar la modernización policial mediante un enfoque por resultados, para cuyo efecto es necesario que el Observatorio Central, así como los Provinciales y Distritales trabajen con la Policía Nacional y con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

15.         Luchar frontalmente contra la corrupción de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (jueces, fiscales, policías y personal del INPE) que incurran en delitos comprobados, debiendo ponerlos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

       Las Acciones de Amparo deberán interponerse sólo en el distrito judicial donde fue dado de baja el infractor.

       El Juez evitará Recursos y Apelaciones para invalidar lo actuado.

16. No puede haber Desarrollo sin Orden y Seguridad. Actualmente el inversionista nacional o extranjero prefiere dejar de invertir o llevar sus capitales a otros países que le ofrecen mas seguridad y tranquilidad.

Incluso el turismo receptivo se ve afectado por la opinión de algunos extranjeros y de agencias de turismo que describen al Perú como un país donde campea la delincuencia señalando qué lugares deben ser visitados y que otros no.

 
 
 


 

1 comentario:

Jorge Antonio Contreras Rios dijo...

Estimado General Yepez, el diseño y organización de la Policía Nacional debería ser el resultado de un diagnostico derivado de la Político Criminal del Estado, que se plasme en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y que disponga de normatividad acorde a sus funciones.
La experiencia es lamentable, en el caso de la "Ley de Seguridad Ciudadana", no se cumplen las funciones de Policía Comunitaria, trabajo con los Serenazgos y con los Comités Vecinales, los comités solo existen para fines municipales (aprobar los presupuestos participativos) o policiales (apoyo a las actividades sociales) y no de seguridad.
La experiencia con la "Política Nacional contra el Delito Patrimonial" es terrible, yo le pediría a usted que señale un solo distrito que haya solucionado mas de diez casos de hurto en casas, o una comisaria que tenga un equipo de investigación trabajando en estos delitos.
El problema se agrava cuando la Policía tiene que atender un conflicto social, como ningún especialista participa en la fase inicial en los proyectos de inversión, para recomendar un mecanismo de control y atención, como consecuencia de ello, veamos Tía María por ejemplo, la Fuerza Publica interviene cuando el conflicto esta creado, distrae su atención y hasta el presupuesto de las comisarias, para atender la emergencia, abandonando su tarea primordial, la ciudadanía.
Otros problemas que subyacen y que nadie toca incluyen el monopolio del trabajo de la Policía con las empresas con capacidad financiera y la permisibidad de un monopolio de seguridad privada en desmedro de las empresas nacionales.
Espero que no tome a mal mis comentarios, he leido sus experiencias. En este tema se requiere decisión política y gobernantes que conozcan que la Política Criminal es una herramienta que acompaña a la Política Social y a la Política económica del estado y permite alcanzar bienestar, paz, seguridad y desarrollo.
Finalmente, la Política Criminal, es para todos, no solo para las calles, es para los maslos funcionarios y para los malos empresarios.
Hoy aparecen y desaparecen expediente de investigación, se demoran las capturas y hasta se dictan leyes de emergencia, que contrastan con la realidad. Mientras en el Congreso la culpabilidad de funcionarios demora años y llega a los mas altos tribunales, en las calles existen leyes para la flagrancia.
Atte
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