CHILE, UN CATACLISMO OBLIGA A UN NUEVO TRATO / Alfredo Stecher

Ha pasado más de un mes desde que el terremoto, el maremoto y la ola de saqueos hicieran estremecerse el alma nacional del hermano país de Chile. Inicialmente parecía que llegaría a predominar el pesimismo en la sociedad, junto con demandas extremas de represión estatal y de organización de autodefensa civil. Pero tanto el Estado como la sociedad civil pronto hicieron primar el optimismo a punta de eficacia y solidaridad impresionantes, en comparación con calamidades comparables en otros países, de modo que el remezón por el desborde social no llegó a marcar el conjunto de la coyuntura.

Es cierto que la respuesta inicial del Estado central, durante las primeras 24 horas, había sido titubeante e improductiva. Las catástrofes evidenciaron que no existía un plan de respuesta mínimamente adecuado. La tragicomedia de equívocos respecto de la detección y alarma de maremoto mostró que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina (SHOA) no estaba a la altura de las exigencias, ni en equipamiento ni en actitud, y evidenció que la Organización Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), equivalente a nuestra defensa civil, es mucho menos eficiente de lo esperado, por centralismo y burocratización. Además se mostró la absoluta ineficacia del sistema de comunicaciones entre instancias del Estado y entre éstas y la población. De lo contrario se hubieran salvado muchas de las vidas perdidas.

Paradójicamente ha sido el gobierno de Bachelet el primero en la historia de Chile que había diseñado y comenzado a implementar un sistema integral sismográfico y de alerta, que debía haber estado listo en enero, pero que tiene un gran retraso.

Que el número de muertos sea relativamente reducido frente a la magnitud de la catástrofe y del enorme número de damnificados, evidencia la buena calidad de la infraestructura pública y de las viviendas de más pisos, y el instinto de sobrevivencia de quienes escaparon de casas antiguas y del maremoto, así como el sentido común de los carabineros y bomberos (y de una chiquilla en Islas Juan Fernández, cuya guarnición de la Armada había recibido el mensaje de no existencia de riesgo de tsunami), que dieron alarma de tsunami sin esperar la central. La Armada al menos evacuó Talcahuano de inmediato, sin esperar a su propia instancia de alarma, con lo que logró reducir en algo los cuantiosos daños y evitar pérdidas de vidas.

La ola de saqueos comenzó con hechos aislados, protagonizados por personas que habían perdido todo, secundadas rápidamente por delincuentes. Ante la debilidad de la presencia policial se extendieron como reguero de pólvora en las principales ciudades y en varios otros poblados, arrasaron con todo tipo de mercadería e instalaciones de decenas de supermercados y centenares o miles de tiendas, llegando hasta a provocar incendios de magnitud, sorprendiendo al Gobierno, al país y al mundo. Al afectar extensamente a domicilios de particulares se organizaron comités de autodefensa armados con armas y artefactos dispares. Se estima que los saqueos fueron un fenómeno de masas que incluyó hasta a personas de capas más acomodadas, que la delincuencia organizada y ocasional aprovechó y luego prolongó hasta que se hizo abrumadora la presencia militar amparada en un prolongado toque de queda, de hasta 18 horas. La fuerza pública, con ayuda de denuncias de vecinos, logró recuperar una cantidad importante de bienes.

Se ha reprochado mucho al gobierno saliente el no haber decretado estado de sitio y movilización militar desde el primer momento. Creo que también el gobierno de Piñera pudo haber dudado inicialmente, cuando incluso altos militares lo creían innecesario y manifestaban no tener suficientes efectivos para una implementación total inmediata. Al día siguiente se hizo evidente la necesidad y el Gobierno respondió a ella. Han sido elevadas muchas críticas a la demora en la movilización de recursos en apoyo a las regiones. Lo cierto es que, ante la intensidad y extensión geográfica y demográfica del desastre, y dado el colapso de las telecomunicaciones y del sistema eléctrico, y los graves daños a la infraestructura de transporte, ha sido más bien impresionante el despliegue de fuerzas gubernamentales, militares y civiles, lógicamente progresivo, con efectos paulatinos y con muchos errores y limitaciones. Ya quisiéramos tener algo parecido en nuestro país.

El desastre cambió radicalmente el escenario político. Ante una Concertación derrotada, pero aún fuerte, que cerraba filas para perfilarse como oposición radical, la Coalición triunfadora había tenido escaso éxito en su afán de debilitarla con la cooptación de cuadros en función de una política de unidad nacional (con pocas excepciones, en particular la del Ministro de Defensa) y de facilitar la gobernabilidad desde su punto de vista. El cataclismo del 27 de febrero género un ánimo de cooperación e impuso una agenda de unidad nacional, que se expresó en votaciones casi unánimes en el Congreso sobre iniciativas relacionadas con la emergencia. Además dio aún mayor legitimidad a la selección de integrantes del nuevo ejecutivo en función principalmente de capacidades técnicas y de gestión. Las réplicas del 11 de marzo, durante el traspaso de mando, reforzaron esto.

En general no hay dudas sobre la capacidad técnica e inteligencia de las personas designadas, sobre su probidad y sobre su deseo de servir al país desde su perspectiva política, con una dedicación intensa marcada por las exigencias de eficacia y de ritmo de Piñera y con asunción de notables inconvenientes personales para la eliminación de posibles fuentes de conflictos de interés: venta de acciones, traspaso de empresas, renuncia a directorios de empresas.

Los mayores cuestionamientos desde posiciones más bien independientes se refieren a la capacidad política del conjunto, entendida tanto como la comprensión de dinámicas sociales y políticas populares, como el manejo de éstas y del aparato del Estado. La procedencia de sus cuadros de pocas universidades, principalmente la Católica, y de estratos sociales relativamente reducidos y centrados en Santiago, les restaría empatía con el grueso del país y capacidad de identificación de éste con la dirigencia estatal.

De lo que no cabe duda es de la voluntad de Piñera y de quienes ha comprometido en esta tarea de tener éxito a toda costa y de corresponder a la alta cota dejada por los logros de la Concertación y por la aceptación de la presidenta Bachelet.