PASADA LA HORA DE LAS PROMESAS LLEGA LA HORA DE LA ACCIÓN/ Juan Briceño Pomar

A diferencia de años anteriores, las recientes elecciones nos han mostrado ciudadanos más interesados en participar activamente en el proceso. Si de alguna forma pudiéramos resumir sus características, estas serían: más informados, menos ideologizados, con mayor capacidad para analizar las propuestas de los candidatos y muy sensibilizados con respecto a seguridad, trasporte y corrupción.

Durante la campaña hemos escuchado promesas, propuestas y afirmaciones de lo más variadas y, en algunos casos, materialmente imposibles de cumplir que van desde la creación de policías propias o cuerpos especiales a cargo de los municipios, hasta la afirmación que este es un problema del gobierno central y no es de incumbencia de los gobiernos locales. Ni lo uno ni lo otro. No se trata de una cuestión de exclusiva responsabilidad del gobierno central ni tampoco de los gobiernos regionales o municipales. 

Pasada la efervescencia de la lucha por el voto llega el momento en que los nuevos gestores locales se topan con la cruda realidad de elevados niveles de inseguridad en sus circunscripciones y la demanda de los ciudadanos por que se atiendan sus expectativas de vivir seguros. Pasó ya la etapa en que podían ofrecer todo aquello que imaginaban sin tener en cuenta si era o no viable. Ha llegado el momento en que deben tomar decisiones sobre ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?

En este marco parece bastante atinada –aunque insuficiente- la iniciativa del flamante Ministro del Interior Fernando Barrios, de convocar a los Alcaldes Distritales de Lima que resultaron electos, para que junto con los Comisarios de sus respectivas jurisdicciones y el comando policial, compartieran un análisis de la situación y formularan propuestas de solución. El sólo hecho de realizar la reunión constituye un avance en el largo camino que deben seguir los municipios y la policía para aprender a trabajar en equipo, delimitar claramente sus atribuciones y funciones, diseñar planes conjuntos, compartir y/o adquirir equipamiento y brindar servicios eficientes de seguridad a la comunidad.

Decimos que la medida es insuficiente puesto que no se presentaron propuestas ni planes concretos de aplicación inmediata, y tampoco se determinó el tipo de relación que en el futuro tendrán ambas instituciones. Por desgracia al revisar los indicadores que medirán el desempeño de aquellos municipios que suscriban el “acuerdo por la seguridad” encontramos –al igual que en propuestas anteriores- un conjunto de buenas intenciones que al no estar cuantificadas no podrán medirse. De todos modos confiemos que el positivo acercamiento logrado no sea flor de un día, sino la base de un nuevo tipo de relación que beneficie a los ciudadanos y que el ejemplo se extienda a nivel nacional.

De otro lado la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de la Segunda Supervisión Nacional de Comisarías 2010, que constituye un seguimiento de los resultados del Informe Defensorial Nº 142 (2008). El citado documento nos muestra una triste realidad. Las Comisarías –primeros puntos de encuentro del ciudadano con la policía- están en un estado calamitoso, no cuentan con los recursos humanos ni logísticos básicos, no brindan buenos servicios ni una adecuada atención a los ciudadanos.

Ad portas de celebrar los 200 años de independencia, nuestro país está obligado a tomar grandes decisiones sobre temas clave que, en el largo plazo, determinarán nuestras posibilidades reales de pasar a formar parte o no del selecto grupo de países desarrollados. Los inversionistas serán cada vez más exigentes sobre las condiciones mínimas de seguridad jurídica, pública y ciudadana que requieren antes de tomar sus decisiones empresariales. Si no somos conscientes de ello perderemos una gran oportunidad.

Es necesario que exista voluntad política para apoyar los cambios requeridos; que la preocupación que los gobernantes señalan tener por la inseguridad se plasme en la asignación de recursos suficientes; seleccionar un equipo profesional a quienes se encargue la responsabilidad de conducir el proceso –cuando en una empresa la situación se vuelve insostenible y caen la producción y las ventas, los dueños no encargan al equipo directivo que la llevó a esa situación el reflotarla, sino que de inmediato llaman a nuevos equipos gerenciales-; y, finalmente hay que escuchar y atender los deseos y expectativas de los ciudadanos ya que de nada vale lo que los funcionarios crean que hacen bien si la población no lo percibe como tal.

Encontrándonos en la recta final de este gobierno es poco lo que podemos exigir y esperar que se haga en cuanto a cambios estructurales y medidas estratégicas, sin embargo tenemos tres posibilidades reales y tangibles sobre las cuales actuar.

De un lado el Informe Defensorial que nos señala situaciones concretas sobre las que actuar, eso puede constituir una meta con indicadores tangibles que podemos solucionar en los ocho meses que quedan. También podemos establecer una línea de base y establecer objetivos medibles, para ello es necesario que se institucionalice la ejecución de la Encuesta Anual de Victimización encargada al INEI. Finalmente, pero no menos importante, se pueden establecer los parámetros objetivos –consensuados y de obligatorio cumplimiento para los municipios y la Policía Nacional- a fin de operativizar el trabajo que realizarán ambas instituciones en los ámbitos locales para brindar servicios de seguridad ciudadana, para ello será necesario modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Estas tres acciones, aparentemente sencillas pero de importancia estratégica, sentarán las bases para que el próximo gobierno nacional y los gobiernos locales mejoren y hagan eficientes los servicios de seguridad que brindan a los ciudadanos.