EN SEGURIDAD CIUDADANA, NO CONFUNDAMOS “MANO DURA” con “MANO FIRME” / General PNP Enrique Yépez Dávalos

En una reciente entrevista televisiva sobre seguridad ciudadana (21 de Junio 2011-Canal 5 TV) con el General ® Octavio Salazar, actual Congresista electo y con otros dos invitados más, se trató entre otros aspectos, posibles excesos policiales contra los derechos humanos cometidos en la ciudad de Trujillo por el Coronel Elidio Espinoza, Jefe del Escuadrón de Emergencia en los años 2007-2008, donde resultaron muertos en diferentes intervenciones alrededor de 46 presuntos delincuentes prontuariados.

Al margen de ser ciertas o falsas estas afirmaciones e investigaciones de la prensa de ese entonces que no me corresponde indagar ni mucho menos prejuzgar, lo cierto es que en nuestra policía como en la de otros países, existe todavía algunos sectores- felizmente reducidos-, que creen que imponiendo “mano dura”, es decir, la respuesta violenta del “ojo por ojo”, se puede “extirpar” la delincuencia y solucionar rápidamente la inseguridad que sufren los ciudadanos. Quienes piensan así están equivocados de cabo a rabo. A parte de exteriorizar una trasnochada tesis propia de regímenes totalitarios, están dando a conocer una personalidad contraria a la ética y a la razón de ser del policía, cuyo sustento se basa en el respeto a la dignidad de las personas.

La “mano dura” tiene aparentemente como aliada a la población, quienes ante el desmesurado incremento delictivo en las calles y barrios de las ciudades, piden y exigen la aplicación de penas fuertes. Estas justas reclamaciones son muchas veces capitalizadas y desvirtuadas por políticos que en el afán de captar votos se inclinan por medidas violentas. Lo que los ciudadanos de todos los estratos sociales exigen con justicia es “mano firme” contra el delito. Que el Estado se comprometa a conducir una política coherente y consistente en el tiempo. Que se sancione drásticamente a delincuentes que cometen delitos execrables para que purguen su condena sin beneficios penitenciarios, y que no exista impunidad ante el delito común, sobre todo los cometidos por menores y adolescentes en riesgo.

Pretender impulsar la política de “mano dura” y de “cero tolerancia” para frenar la violencia del delito común sería un error que podría traer graves consecuencias. Similar pensamiento fue puesto en práctica en países de Centro América para frenar la violencia de las denominadas “maras” sin resultados positivos. Todo lo contrario, al ser encarcelados en penales junto con internos prontuariados, rápidamente se convirtieron en el “brazo armado” de la delincuencia organizada, situación que viene afectando actualmente no solo a la integridad de los ciudadanos sino a la seguridad de los estados que permitieron la aplicación de estas medidas.

La “mano dura” es un concepto y una práctica más militar que policial para eliminar al enemigo. Fue utilizada por las Fuerzas Armadas en la época contraterrorista sin los resultados deseados, pues la captura de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso (SL) fue producto de una paciente labor de inteligencia policial y de participación comunitaria a través de los comités de autodefensa.

La policía, sobre todo en épocas de democracia, no tiene enemigos sino adversarios, que son los delincuentes de todo tipo, a los que hay que enfrentar con firmeza dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos. El concepto de “mano firme” fluye entonces por sí sola. Significa un trabajo consistente y perseverante contra el crimen organizado, con mucha inteligencia operativa para ubicar a los cabecillas y “varones” de la droga; y, en el ámbito de la delincuencia social o delincuencia en las calles, “mano firme” significa una lucha sostenida contra la impunidad del delito menor enfatizando las acciones preventivas en el marco de una política de reinserción.

Los programas no carcelarios y los programas comunitarios para jóvenes y adolescentes en riesgo tienen que implementarse en los distritos. La ventaja de sancionarlos en el lugar donde residen es que los familiares del causante así como los vecinos agraviados se convierten en observadores directos de la sanción impuesta por el juez. Por tanto, la diferencia entre sanción carcelaria y sanción no carcelaria, está en que la segunda es una medida reparadora y reeducadora, mientras que la primera es una sanción coercitiva que afecta los derechos fundamentales.

¿Qué sería de los jóvenes y adolescentes causantes de delitos menores si son internados en las cárceles del país?

En primer lugar no habría espacio suficiente para albergar a la gran cantidad de jóvenes, generalmente pobres, que por causas económicas, pérdida de valores, violencia familiar, desafección, etc. no encuentran un horizonte para sus vidas, y, en segundo lugar, el rol del Estado en la lucha contra el delito es un papel educador más que represivo. Si bien dentro de esta enorme legión de jóvenes existen muchos que son reincidentes, ello no justifica su internamiento junto con delincuentes avezados mayores de edad, sino implementando centros de reeducación especiales dirigidos por profesionales en la materia encargados de encarrilarlos por la senda del bien.

En ningún país existen medidas que puedan resolver rápidamente los efectos de la delincuencia común. Los frutos suelen observarse a mediano y largo plazos. En este marco, me permito contribuir con algunas propuestas, muchas de las cuales se encuentran insertas en mis textos “Seguridad Ciudadana-14 lecciones fundamentales“ y “Plan de Seguridad Ciudadana-Distritos Seguros”:

1. Evitar la impunidad del delito común, pero con medidas no carcelarias autorizadas por la instancia judicial, a través de las cuales el Juez de Paz de las Comisarías o Jueces de Menores de los distritos, impongan sanciones dentro del programa de servicios comunitarios, salvo que los autores tengan antecedentes, en cuyo caso deben ser internados en establecimientos especiales.

2. Disponer como “entidades receptoras” a todas las entidades públicas, para que existan plazas suficientes a ser cubiertas por estos jóvenes. Las medidas de seguridad serían adoptadas por vigilantes de seguridad de cada entidad pública en coordinación con el INPE.

3. Proponer al Poder Judicial la creación de una “instancia intermedia no carcelaria” para que estos adolescentes pernocten en “salas de meditación” construidas por los municipios al interior de las comisarias o fuera de ellas, bajo la supervisión de organismos del Estado y entidades particulares defensoras de los derechos humanos.

4. Incentivar la participación de organizaciones privadas para que lleven a cabo actividades de reinserción por distritos, mediante el deporte, música, danzas, gastronomía, cultura, etc.

5. Difundir programas exitosos que ya se vienen desarrollando en algunos lugares del país, como:

• El programa de “Justicia Juvenil Restaurativa” que se desarrolla en el distrito de El Agustino- Lima y en Trujillo, organizado por la Fiscalía con el patrocinio de la organización “Tierra de Hombres”, los municipios y comisarías, contando con la participación directa de los padres o parientes de los implicados.

• El trabajo de reinserción que con éxito lleva a cabo el padre Ignacio Mantecón para jóvenes integrantes de “barras bravas” y de pandillas del distrito de El Agustino mediante el deporte y la creación de pequeñas micro empresas.

• Los programas “Colibrí” para niños y adolescentes que trabajan en las calles, “Gaviota” para niños que viven en las calles; y, “Patrullas Juveniles”, para jóvenes y adolescentes integrantes de pandillas barriales. Dichos programas son desarrollados por las Comisarías dentro de sus actividades educativas y de reinserción.

• Implementar el programa de “Iniciativas Ciudadanas” que con éxito se viene llevando a cabo en otros países, mediante la creación de un fondo que sería administrado por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para apoyar económicamente propuestas vecinales, previa selección, para mejorar la calidad de vida de jóvenes en riesgo. La ventaja es que los mismos vecinos conducirían estos proyectos con participaciones de profesionales jóvenes dentro de su periodo de Servicio Rural del Ministerio de Salud (SERUMS).

6. Impulsar la participación vecinal para que los vecinos apoyen el esfuerzo de seguridad que realizan los municipios y las comisarías, tanto en el aspecto informativo mediante la creación de “redes locales contra el delito”, así como para el apoyo en programas preventivos, educativos y de reinserción.

7. Construir en el lapso de cinco años, siete centros de reeducación como mínimo para jóvenes con antecedentes autores de delitos comunes, tres en Lima Metropolitana y cuatro en el interior del país.