No es el que critica
o se queja. Es el que vigila.
La crítica y la
queja vienen cuando no se da lo que uno esperaba.
No se da lo que uno
esperaba, porque no se hizo lo necesario para que se dé. La crítica y la queja
entonces, llegan tarde. Es mejor entonces, vigilar para asegurarse que se haga
lo necesario para que se dé lo que uno espera. Esto, que es puro sentido común,
no es, sin embargo, lo más común. Ello, muy probablemente, porque implica más
esfuerzo que esperar que las cosas no se den para llorar, cuando,
efectivamente, no se dan.
Vigilar es estar
atento a lo que se hace o no se hace, y dar la alerta, de ser necesario.
Hay mecanismos que
nos ayudan a estar atentos. El más elemental es concentrar en un cuadro de seguimiento
toda la información referente al objetivo que se quiere alcanzar: se registra el
día en que la autoridad competente hizo la promesa de alcanzar ese objetivo así
como, sucesivamente, las acciones que se van adoptando. Si, al cabo de un
tiempo prudencial, éste último rubro está en blanco, saltará a la vista, sin
necesidad de hacer ningún esfuerzo de concentración, que esa autoridad le ha tomado
el pelo a la gente. Se le llama la atención, o, eventualmente, se pide su
remoción. Es más difícil “mecer” a la población teniendo a la vista un cuadro
que deja en evidencia que no se ha hecho nada o casi nada. La información
dispersa, en cambio, es inútil.
Las ONG especializadas
en políticas públicas, deberían hacer esa tarea como un servicio al país. Es
decir, por ejemplo, en materia de educación, no sólo se requiere cuadros en los
que figuran los resultados PISA o los índices de fracaso escolar. Necesitamos
cuadros y curvas en los que quede flagrantemente graficado lo que hacen y no
hacen las autoridades. Para despertar conciencias, hay que utilizar todas las
herramientas, no sólo en cuanto a las posibilidades que ofrecen los programas
informáticos, sino también en materia de diseño gráfico, de marketing y de
publicidad. En estos tiempos, lo visual
es fundamental y, para llamar la atención del público, se requiere poner el
mismo empeño y la misma creatividad que la que se pone para promocionar un
producto comercial. Se trata de una inversión del más alto interés nacional.
Hay algo más: así
como ese esfuerzo contribuiría a poner en evidencia a las autoridades
indolentes, también jugaría en sentido inverso: ayudaría a contrarrestar las
muestras de impaciencia prematuras o las críticas malintencionadas y
demagógicas. Es decir, se haría justicia a las autoridades que sí trabajan,
pero que requieren de tiempo, por la naturaleza de los problemas que les toca
resolver, para que sus acciones den frutos. Naturalmente, los especialistas
tendrían que comentar las acciones a medida que se van dando, y dar las alertas
que correspondan. Entre esas acciones, están, por cierto, los nombramientos de
funcionarios. En otras palabras, más que fijar metas cifradas y plazos
perentorios, lo que no siempre es pertinente ni posible, se trata de asegurarse
que la autoridad esté trabajando adecuadamente, porque si es así, los
resultados se darán forzosamente en su momento. Es una manera también de ayudar
a que no se corten los esfuerzos valiosos que se emprenden, mediante el cambio
o la remoción de funcionarios y, por lo tanto, a que se instale, por fin, una
cultura de la continuidad, en el manejo de la cosa pública, algo que sólo
parece haberse alcanzado en el terreno macroeconómico y comercial. Si de
eficiencia en el gasto se trata, tenemos que cortar la tradición de los inventores
de la pólvora que se suceden unos a otros en los cargos públicos y tiran por la
borda lo ya hecho para comenzar de nuevo.
No sé hasta qué
punto esta propuesta tendrá eco. Por eso es que hago un pedido especial a nuestros
amigos especialistas en cuestiones de seguridad: que reserven en sus columnas y
artículos periodísticos, como costumbre, un espacio, diferenciado visualmente y
lo más llamativo posible, en el que nos digan qué medidas concretas se van tomando
en ese terreno, y si, a su juicio, son buenas o no.
Por último, lo
señalado es, por supuesto, también aplicable al seguimiento de las
investigaciones y de los juicios por corrupción. Demasiadas veces, tras los
escándalos periodísticos, los casos son olvidados y se desvanecen en esa suerte
de Triángulo de la Bermudas que, con frecuencia, constituyen la policía, la
fiscalía y los tribunales, sin que nadie se entere. En ese sentido, hay que
felicitar al Instituto de Democracia y
de Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP), por haber iniciado
el seguimiento de algunos procesos de corrupción, e informar de ello en su
página web. Es un servicio al país que debe consolidarse y desarrollarse mucho
más.
En conclusión:
tenemos que instaurar una cultura de la vigilancia ciudadana. Es decir, y
dejando de lado toda elegancia retórica: seamos ciudadanos “dedo” para que no
nos metan el dedo.
2 comentarios:
El Contralor acaba de anunciar que el Estado ha perdido entre 2009 y 2010 US$68 millones por corrupción, y es muy posible que se haya quedado muy corto. Es una cantidad bajísima, pues representa el 0,03% del presupuesto modificado de esos años. Ojalá fuera cierto, pero se trata de resultados de las auditorías de casos emblemáticos de la CGR que son la minoría. ¿Qué pasa con los casos de corrupción que no son emblemáticos, que no se detectan o que no se denuncian y, aparte, los que se encubren sistemáticamente?
Una encuesta de Proética 2010 muestra que la tasa de no denuncia es 92%. Por contraposición, la última estimación de la procuraduría ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos (2010) arrojaba un desvío de fondos de hasta US$6 mil millones. La brecha entre ambos datos es dramáticamente abismal.
El CNM exhortó a los jueces y fiscales a mantener o depositar sus ahorros personales declarados en el sistema bancario o financiero, como parte de los requisitos en el proceso de su evaluación y ratificación y se estableció que los magistrados deberán consignar, en sus respectivas declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas solicitadas en los procesos individuales de evaluación integral y ratificación de magistrados, toda información con contenido económico. Asimismo, las remesas del o al exterior también se deberán consignar en sus declaraciones juradas.
El problema es que estos criterios, adoptados sustentados en las disposiciones legales vigentes, serán aplicados a partir de la próxima ronda de evaluación y ratificación.
Lo que hace de este requisito no solo es tardío, sino que tímido ante un problema tan viejo, como grave. No es secreto para nadie que el PJ tiene un profundo problema de corrupción interna. Esta es una enfermedad endémica que afecta al país en más de una manera: impunidad a la corrupción del sector público, fortalecimiento del crimen y delincuencia organizada, ineficacia del aparato estatal, asalto a mano armada al erario público, inseguridad, mal uso de los fondos nacionales, desperdicio del tributo ciudadano, etc, etc. ¿Cómo es posible que los magistrados cuenten con ingresos injustificados (y demasiado excesivos) que aparte evaden impuestos y que el CNM recién decida exigirles que los reporten? El lait motif de la corrupción es el dinero. Es por ahí que morirá este pescado. No seguir ese rastro es encubrir al corrupto y sus actos.
El enriquecimiento ilícito de los funcionarios judiciales salta a la simple vista. Sinembargo, el CNM ha ratificado a 548 jueces y fiscales de un total de 813 que fueron sometidos a la evaluación que se realizó entre agosto de 2010 y el mismo mes de este año. No puede ser que esta meta haya sido lograda con este descriterio como norma. Con razón Javier Villa Stein, quien fue cuestionado precisamente por no poder justificar altas sumas de dinero irreportadas de las que incluso tampoco pago impuestos pero igualito fue ratificado por 7 años más. O sea, corrupto, evasor de impuestos y vocal supremo, una convinacino nefasta. El PJ mas parece una maquina de lavar de dinero y regalar impunidad al funcionario corrupto. ¿Qué hay que hacer para no ser ratificado entonces? ¿Quién diablos toma estas decisiones y por qué? Así pues, famosos magistrados corruptos como César Vega Vega, César Sotomayor Jara, Laura Lucho D’Isidoro, Cármen Torres Valdivia y muchos otros no tienen nada que temer.
Este hecho representa una inmoralidad vergonzosa.
El problema estimado señor Belaunde, es como hacemos para que el "dedo" ciudadano estè empoderado por decirlo de algùn modo. Yo por ejemplo desde el año 2007 vengo denunciando hechos de corrupciòn ocurridos en la UGEL 01 y el CADER del ME. Pues bien, acabo de solicitar audiencia con la Ministra de Educaciòn, precisamente para denunciar los actos de corrupciòn que señalo; el problema es que mi solicitud de audiencia ha sido derivada al propio CADER que yo denuncio. Y el problema es que el "dedo" ciudadano no vale nada ante las redes de la corrupciòn.
Mi nombre es Samuel Morales Chavarrìa, dni 06655003.
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