SEGURIDAD CIUDADANA… HORA DE DECISIONES/ Enrique Yépez y Oswaldo Carpio Villegas

El problema de la delincuencia se ha convertido en una prioridad. Gobiernos y ciudadanos en América y en el mundo están preocupados por la existencia de altas tasas de criminalidad y por la tendencia ascendente de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

El Barómetro de las Américas del 2010, señala que el Perú se ha convertido en el país con más alta tasa de victimización de las Américas, a dos puntos porcentuales del Ecuador que está en segundo lugar y a cinco de Venezuela, Bolivia y la Argentina que empatan el tercero. Este indicador refleja el incremento acelerado de los delitos contra el patrimonio en todas sus modalidades, no obstante que en el ranking de la tasa de homicidios, el Perú figura en una escala intermedia con 10 hechos criminales por cada 100,000 habitantes, a diferencia de otros países que alcanzan hasta los 40 homicidios por esta mismo rango de personas.

Estamos pues transitando de una etapa aparentemente menos violenta, luego de la derrota de la vesania terrorista, a escenarios más complejos donde la violencia de la delincuencia en las calles puede llegar rápidamente a penosas realidades como las que vienen padeciendo varios países centro americanos por el accionar de narcotraficantes y  pandillas juveniles utilizadas estas últimas como brazos armados de bandas organizadas de delincuentes avezados.

Frente a la inacción o reducida atención del gobierno anterior para enfrentar el acelerado crecimiento de la violencia delincuencial en nuestro país, el actual gobierno ha decidido poner en su agenda  la necesidad de priorizar la lucha frontal contra el delito, agenda que se ha ratificado últimamente por el violento y fallido atentado contra la vida de la menor hija del Congresista Renzo Reggiardo, el que sumado a similar delito contra la niña Romina en la vía expresa del Paseo de la República, configura una evolución de la violencia criminal que ya no respeta vidas inocentes con tal de conseguir sus objetivos.

En este tema, el Presidente de la República en su primer Mensaje a la Nación y los diversos pronunciamientos de  Oscar Valdés Ministro del Interior permiten avizorar un buen horizonte. La decisión presidencial de dirigir personalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la mano firme contra delincuentes prontuariados para internarlos en cárceles donde trabajen para su sustento, el impulso a las comisarías con más policías en las calles y la supresión de beneficios penitenciarios para autores de delitos execrables, narcotraficantes y terroristas, entre otros aspectos, permite pensar que esta álgida situación puede cambiar, si los compromisos asumidos se  convierten en realidades en el menor tiempo posible.

Lo difícil es pasar de las políticas a las estrategias. Es decir, cómo conseguir que estos compromisos se hagan realidad. Para lograrlo, el ministro Valdés tiene que cumplir una ardua tarea. Considerando que los problemas de seguridad ciudadana son como eslabones de una misma cadena, tiene simultáneamente que solucionar varios retos para obtener los resultados deseados, incursionando en los siguientes campos:

1.     Lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo en las zonas de emergencia. Es fundamental, para ello, una amplia coordinación con las FFAA y los organismos de desarrollo para llevar a cabo una estrategia conjunta.

2.     Reducción de la delincuencia en las calles y del sentimiento de inseguridad de los ciudadanos. Esto requiere potenciar las unidades operativas de la Policía Nacional con una política de amplia coordinación con los gobiernos locales, al amparo de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

3.     Impulso sostenido a la participación de la comunidad en seguridad ciudadana. Los vecinos son los principales aliados en el esfuerzo del Gobierno para mejorar la seguridad a nivel local.

4.     Medidas drásticas para evitar la corrupción. Especialmente de los funcionarios encargadas de hacer cumplir la ley (jueces, fiscales y policías).

5.     Incremento de los sueldos del personal de la Policía Nacional.

Cada uno de estos temas tiene, a su vez, una gama de actividades y tareas por cumplir en los campos de la prevención, investigación y control. Sintéticamente proponemos algunas medidas que perentoriamente se debería articular:

1.     La comisaría es el cerebro y el corazón de la acción policial. La prevención e investigación policial tienen que ser gestionadas a nivel local. Por ende, es imperativo el fortalecimiento de las funciones y competencias de las comisarías distritales en Lima y  provinciales en el interior del país, para que sean las que atiendan todo tipo de requerimientos de los ciudadanos sin necesidad de derivarlos a otras unidades.

2.     Mayor número de policías en las calles. Esto aminora el sentimiento de inseguridad de las personas. Para lograrlo, es necesario modernizar la estructura orgánica de la Policía Nacional, para reasignar al personal policial joven que viene desarrollando labores administrativas y derivarlas a las comisarías, previa capacitación. Eliminar los turnos de 24 x 24 horas, otorgando simultáneamente un incremento de sueldos para retornar a los tres turnos tradicionales de franco, disponible y servicio, que permita contar con mayor número de efectivos en las comisarías para su propia capacitación por unidades móviles de instrucción y para labores de apoyo al servicio de calle.

3.     Recursos y equipos de comunicación estandarizados. Equipar con recursos y medios a las comisarías para un eficiente patrullaje a fin de contar con una interconexión estandarizada de sistemas de trasmisión de datos, de comunicaciones y video-vigilancia a nivel nacional, que compatibilice los diferentes equipos adquiridos por las municipalidades (hoy los gobiernos locales tienen equipos disímiles incompatibles entre ellos y con las comisarías). Tener recursos y equipos estandarizados permitirá contar con mapas y observatorios distritales, regionales y un observatorio central que estén monitoreando el comportamiento delictivo y la capacidad de las fuerzas policiales para neutralizar sus efectos.

4.     Impulsar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Especialmente los Comités Distritales presididos por los Alcaldes como el mejor espacio para el diálogo y la toma de decisiones. En este tema es necesario capacitar a sus integrantes, formulando guías de procedimientos o protocolos para que cada representante conozca sus funciones y atribuciones, evitando así injerencias funcionales.

5.     Afianzar los programas preventivos de carácter familiar, social, educativos y de reinserción con la juventud del distrito. Trabajar en el fortalecimiento de la familia y en el entorno educativo, y con jóvenes y adolescentes en riesgo, para mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta experiencias exitosas del país como del extranjero.

6.     Prevención situacional. Los gobiernos locales deben destinar parte importante de su presupuesto participativo en aspectos que mejoren la seguridad física, un mejor sistema de alumbrado, construcción de losas deportivas, recuperación de calles y parques en situación de abandono, ornato, tapiado de “pampones”, instalación de sirenas y circulinas en asentamientos humanos, convenios con empresas de telefonía para dotar de celulares a los coordinadores de juntas vecinales, entre otros aspectos. Partir de la tesis de que el deterioro de un espacio urbano trae mayor deterioro y mejores condiciones para la actuación de la delincuencia.

7.     Estandarización del Serenazgo. Los criterios para la formación  de los serenos, el vestuario, los instrumentos de defensa y protección, los equipos de comunicación y el sistema de vigilancia deben ser uniformes para una acción coordinada y eficaz entre serenos de distintos distritos y la Policía Nacional.

8.     Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Capacitación de sus integrantes, dotación de equipos de comunicación y elaboración de  procedimientos comunes para una acción integrada implementando en cada distrito “redes locales contra el delito” para una comunicación pronta y oportuna de los hechos policiales que conocen.

Algunas de estas medidas y muchas otras, no requieren de grandes presupuestos. Solo se necesita vocación de servicio, voluntad de cambio y liderazgo de carácter. Sin buscar protagonismos, creemos que ha llegado la hora de un cambio estructural en la Policía Nacional y de una acción estratégica eficaz a nivel local. El Presidente de la República, el Ministro del Interior, los congresistas, los presidentes regionales, los alcaldes y los líderes sociales, tienen la palabra.

Enrique Yépez es General (r) PNP y Oswaldo Carpio Villegas, Consutor Político y Social

EL MEOLLO DE LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD/FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN

Carlos Basombrío dice en su columna de ayer en Perú 21: “Necesitamos que los patrulleros, patrullen y no estén estacionados, porque la gasolina se quedó en el camino; que el dinero de inteligencia no se lo lleven los avivatos; que la plata del rancho para los policías se gaste en comida y no engorde algunos bolsillos; que el dinero para las medicinas y la salud de los policías se gaste en ellos.”

Sin duda, se requiere de liderazgo en el ministerio del Interior para poner coto a las malas prácticas mencionadas, pero también de vigilancia de los ciudadanos y de los medios de comunicación.

No perdamos el tiempo reiterando una y otra vez la inútil liturgia de los pedidos de incremento de las penas de cárcel o de restauración de la pena de muerte; concentrémonos más bien en tratar de vigilar, hasta donde sea posible, el uso correcto de nuestro dinero

Un camino para ello podría ser, entre muchos otros, que el ministerio del Interior publique en su página web, las partidas diarias, semanales o mensuales, destinadas a la gasolina, por comisaría, y por patrullero, así como las horas de patrullaje efectivamente realizadas y con precisión de las zonas recorridas. Un programa informático debería poder cruzar los datos para que organismos como Ciudad Nuestra o Ideele Reporteros, los procesen y lancen alertas a la opinión pública cuando las cifras no cuadren.  Los reporteros de los medios de comunicación, podrían también verificar fácilmente in situ y de manera aleatoria que los patrullajes señalados se realizan efectivamente.

Obviamente, es la idea de un lego absoluto en cuestiones de seguridad,  por lo que no sería sorprendente que los especialistas la consideren inviable; en todo caso, puede ser vista como el grito de un ciudadano indignado, que considera, en concordancia (en este punto sí) con los especialistas, que no se podrá avanzar realmente en la lucha contra la inseguridad, si no se combate la corrupción en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, y todas las demás instituciones competentes en la materia.  La sociedad civil y los ciudadanos tenemos que ser mucho más proactivos e imaginativos en términos de vigilancia. Ya estuvo bueno de sólo escandalizarnos de cuando en cuando, con ocasión de determinados destapes periodísticos que rápidamente quedan en el olvido.  

LOS FRENTES DE HUMALA/Francisco Belaunde Matossian

                                                              

                                                             

                                                              

                                                        

 Por supuesto, los frentes son muchos, pero aquí van unos apuntes sobre cuatro de ellos:

1)            EL FRENTE DE LA SOSPECHA

Ollanta Humala ha hecho esfuerzos meritorios para calmar muchas de las aprensiones que despertaba, particularmente en los campos de la economía y la vigencia del sistema democrático. El problema es que también parece estar esforzándose en enviar señales en la dirección opuesta: una serie de designaciones en cargos públicos levantan serias dudas en cuanto a la relación de su administración con el estamento militar y a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. No es muy atinado menospreciar los cuestionamientos e interrogantes.

2)            LA CALLE

Es, sin duda, un frente particularmente complicado, por la combinación de las expectativas generadas por las promesas de cambio, la recurrencia de conflictos sociales y la acción de grupos y personajes radicales con agendas que exceden largamente los reclamos legítimos.

El gobierno quiere aliviar de entrada la presión, con el rápido lanzamiento de programas tales como Pensión 65 o Cuna Más, amén de la imposición, también en un plazo breve, del impuesto adicional a las empresas mineras.

A lo anterior, deberá añadirse un trabajo político fino para descolocar y aislar a los extremistas, combinando firmeza con ductilidad. Ello requiere capacidad de anticipación, lo que implica tener ojos y oídos en todo el territorio nacional.

La nueva administración no puede permitirse reeditar la arrogancia, torpeza y desidia de su antecesora en ese terreno, no sólo por una cuestión de responsabilidad y de interés nacional, sino también porque no tiene las mismas espaldas políticas de las que ésta gozaba. Si falla, puede terminar rápidamente arrinconada y sin aire, como le sucedió con frecuencia al gobierno de Alejandro Toledo. 

3)            LA SEGURIDAD

El ofrecimiento de “mano dura” es, a estas alturas, un chiste de mal gusto y, además, está totalmente desenfocado. Más bien, debe existir el compromiso de una “mano inteligente” como señaló Federico Salazar en el diario La República, así como, de manera crucial, una “mano limpia”. Es decir, se requiere que todas las autoridades involucradas actúen con eficiencia y honestidad; en otras palabras, que hagan su trabajo razonablemente bien. Es tan simple como eso, pero, a la vez, por lo visto, muy difícil que se dé. Necesitamos que el Ejecutivo, y en particular el Ministerio del Interior, el INPE, la fiscalía y el Poder Judicial nos sorprendan en ese sentido.

Algo deberá hacerse también respecto del nuevo Código Procesal Penal que, según diversos comentarios, al limitar los plazos para las investigaciones, estaría favoreciendo a las delincuentes.

Finalmente, corresponde a la sociedad civil y a los medios de comunicación hacer una marcación estricta y organizada a la Fiscalía y al Poder Judicial, para evitar que se sigan tomando decisiones cuestionables y sospechosas  en contra de los intereses de la colectividad.

4)            LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL

Es una nueva invitada al escenario; puede cambiar radicalmente el panorama si se acentúa y complicar seriamente las posibilidades del gobierno de cumplir con sus promesas sociales. Se requerirá de toda la destreza del  Ministerio de Economía y del Banco Central, para sortear exitosamente sus embates.