En la últimas
horas, asistimos a la constatación de, por decir lo menos, la exageración
publicitaria del ministro del Interior, respecto de un promocionado decomiso de
droga en un furgón pertenenciente a un candidato a la alcaldía provincial de Barranca. Sin escatimar esfuerzos, ni convocatorias a la prensa, en esa ocasión
el ministro del Interior se trasladó a Barranca y ante la prensa, enlodó al citado candidato, atribuyendo la
incautación de más de 400 kilos de cocaína en el vehículo intervenido.
Obviamente, que ante la presencia del ministro y la prensa, el jefe policial
encargado se vio obligado a presentar la exponencialmente aumentada cantidad de
droga, que se había incautado no precisamente en el vehículo perteneciente al
candidato. De los detalles, Fernando Rospsigliosi, ha dado cuenta a la opinión
pública de la magnitud de la exageración. En un inicio, el ministro del Interior, no tuvo mejor expediente que aparecer en medios, y haciendo uso del
estilo de lenguaje cuasi coprolálico e ironía bufonesca que lo viene
identificando, arremetió contra el mensajero pretendiendo descalificarlo.
Ante las
evidencias de las actas fiscales y de la investigación policial, mostradas por Rospigliosi,
ha recurrido a lo más simple y que le permita aparentemente lavarse el rostro: echarle la culpa a la policía. En una
patética aparición en un medio
televisivo local, el general jefe de la Dirandro ha sido obligado a
altoinculparse, y a culpar a los policías intervinientes por haber
proporcionado información inexacta, y el asunto terminará con la sanción a los
miembros de la institución que resulten responsables. El procedimiento de
pretender salvarles la piel a los políticos, responsabilizando de sus fallas a
la policía, parece ser en la actual administración una tendencia, no nos
olvidemos que el caso López Meneses, pretendió explicarse como un caso de
corrupción policial. Nos queda preguntarnos si en el caso de Barranca, la
autoridad del sector Interior, debió antes de aparecer en medios como el
propiciador de un gran decomiso de droga, asegurarse de las cantidades
intervenidas y responsables del delito o se trató de haber obligado a los policías a declarar lo
que políticamente le convenía y que una vez descubierta la mentira,
obviamente tenía a quién
responsabilizar.
Hemos sido
siempre sumamente críticos al puntualizar que el grave problema de los
operadores de seguridad y justicia y en este caso específico la Policía, es el
proceso de descomposición reflejado por la corrupción, pero de este
convencimiento a aceptar que la Policía siempre resultará responsable de los
errores del sistema, y de sus representantes políticos, existe verdaderamente una inmensa distancia.
Cuando se
reclama a las autoridades subnacionales y locales, su inoperancia en temas de
seguridad ciudadana, invariablemente recurrirán al argumento que son temas de
la policía o que la policía no colabora debidamente
Bajo la lógica
de atribuirle siempre la culpa a la policía, nos hace presumir que si no
existiese policía, tendrían que crear una rápidamente para poder echarle la
culpa de todo cuanto suceda
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