El sargento del Ejército Euler Sánchez Ipushima, muerto el lunes 12 en una de las inútiles bases en Viscatán, falleció a consecuencia de una mina emplazada por los propios militares en el perímetro de la instalación.
Doble error de los incompetentes militares que están a cargo de las operaciones.
El primero, seguir utilizando minas antipersonales a pesar que el Perú ha suscrito el Tratado de Ottawa –vigente desde 1999- que prohíbe su uso. El artículo 1 de la Convención de Ottawa señala claramente que los Estados miembros se comprometen a no emplear nunca, bajo ninguna circunstancia, minas antipersonales.
Desde principios de la década, el gobierno peruano realizó, con cooperación internacional, el desminado de las fronteras con Chile y Ecuador. Y también de las torres de alta tensión, minadas durante la época del terrorismo.
Ahora el ministro de defensa Rafael Rey, ha reconocido sin empacho que fueron los propios militares los que minaron la base del Ejército en Viscatán, violando flagrantemente un tratado internacional suscrito por el Estado peruano. (“Mina que mató a militar pertenecía al Ejército. La versión del ministro Rafael Rey”, El Comercio, 14.10.09).
El segundo error es poner la mina y no acordarse donde está. Eso es el colmo de la incompetencia. Cuando se usan esas minas, se tiene un plano de la ubicación, para evitar que las tropas propias se vean afectadas.
En este caso, no solo han violado la ley, sino le han hecho un favor a los terroristas de Sendero Luminoso. Resulta que las armas del Ejército no abaten terroristas sino soldados.
¿Alguno de los responsables pagará por su error? Probablemente no.
De una forma u otra, las bases ubicadas en Viscatán hace más de un año, constituyen una sangría imparable de víctimas y recursos para las Fuerzas Armadas. Son blancos fijos para los terroristas y abastecerlas es una pesadilla. No sirven para nada, porque los terroristas se siguen moviendo a su antojo por toda la región.
Pero los ineptos militares que comandan las Fuerzas Armadas se niegan a reconocer su error y cambiar de estrategia. Por supuesto, en el gobierno no tienen ningún plan antisubversivo ni les importa el problema, salvo cuando ocupa las primeras planas. Dejan todo en manos de los militares.
Doble error de los incompetentes militares que están a cargo de las operaciones.
El primero, seguir utilizando minas antipersonales a pesar que el Perú ha suscrito el Tratado de Ottawa –vigente desde 1999- que prohíbe su uso. El artículo 1 de la Convención de Ottawa señala claramente que los Estados miembros se comprometen a no emplear nunca, bajo ninguna circunstancia, minas antipersonales.
Desde principios de la década, el gobierno peruano realizó, con cooperación internacional, el desminado de las fronteras con Chile y Ecuador. Y también de las torres de alta tensión, minadas durante la época del terrorismo.
Ahora el ministro de defensa Rafael Rey, ha reconocido sin empacho que fueron los propios militares los que minaron la base del Ejército en Viscatán, violando flagrantemente un tratado internacional suscrito por el Estado peruano. (“Mina que mató a militar pertenecía al Ejército. La versión del ministro Rafael Rey”, El Comercio, 14.10.09).
El segundo error es poner la mina y no acordarse donde está. Eso es el colmo de la incompetencia. Cuando se usan esas minas, se tiene un plano de la ubicación, para evitar que las tropas propias se vean afectadas.
En este caso, no solo han violado la ley, sino le han hecho un favor a los terroristas de Sendero Luminoso. Resulta que las armas del Ejército no abaten terroristas sino soldados.
¿Alguno de los responsables pagará por su error? Probablemente no.
De una forma u otra, las bases ubicadas en Viscatán hace más de un año, constituyen una sangría imparable de víctimas y recursos para las Fuerzas Armadas. Son blancos fijos para los terroristas y abastecerlas es una pesadilla. No sirven para nada, porque los terroristas se siguen moviendo a su antojo por toda la región.
Pero los ineptos militares que comandan las Fuerzas Armadas se niegan a reconocer su error y cambiar de estrategia. Por supuesto, en el gobierno no tienen ningún plan antisubversivo ni les importa el problema, salvo cuando ocupa las primeras planas. Dejan todo en manos de los militares.
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1 comentario:
Señor Rospigliosi:
1. En las ciencias comunicativas, lo importante no son los hechos sino cómo estos se perciben, de ahí que la "realidad" y la "verdad" es según el emisor las presenta.
2. El diario El Comercio ha comunicado ésta y la otra noticia acallada del tiroteo al interior del cuartel de Puno como ataques narcoterroristas, demostrándose que después que ambas informaciones eran falsas.
3. Pero así hayan sido falsas ya quedó en el imaginario de los lectores la idea de que "estamos sometidos día a día a ataques de Sendero". Que si fue ineficiencia o no de las fuerzas armadas no interesa realmente.
4. Si reparamos entonces en ese afán constante de sufrir "ataques senderistas" por parte de la prensa no queda otra cosa que pensar que estamos ante una campaña a favor del fujimorismo, cuya principal fuerza es esa idea de ser "los únicos que pueden derrotar al terrorismo".
Muchas gracias.
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