SE CIERRA (Y BIEN) UN CICLO DE LA VIDA NACIONAL / Carlos Basombrío Iglesias

Con la sentencia de esta semana se acaban los juicios a Fujimori y con ellos una etapa de nuestra historia.

Es verdad que faltan los recursos de nulidad ante la Suprema, pero ellos tienen otra racionalidad. Por la naturaleza de lo que en esa segunda instancia se discute (forma y no fondo), ninguna de las partes espera que de ellos surjan cambios radicales para la actual situación jurídica de Fujimori.

Es importante recordar que esos no son todos los delitos por los que es procesado (que son muchísimos más), sino sólo aquellos que se decidieron presentar a Chile en ese momento por estar listos o porque concordaban con la legislación chilena. De hecho, hay muchas otras graves acusaciones penales en su contra, de las que se ha escapado gracias a su paso por Chile. Es más, hay casos preparados por nuestro Poder Judicial y entregados al gobierno peruano para que los envíe a consideración de la Corte Suprema de Chile. (Por ejemplo, otros crímenes de derechos humanos, muy parecidos a aquellos por los que ya fue extraditado y condenado, con lo que las posibilidades de ser aceptados serían extremadamente altas). Lo que pasa es que este gobierno, tan encariñado con el fujimorismo, no ha enviado los cuadernillos y no hay presión ciudadana para que lo haga.

Aún así lo ocurrido con Fujimori es histórico y en el sentido esencial irreversible.

Fujimori ha sido juzgado en el Perú con todas las garantías en sólo dos años y condenado por homicidio, secuestro agravado, allanamiento ilegal, compra de congresistas, chuponeo telefónico, compra ilegal y clandestina de un canal de televisión (y por allí omito algo). En varios casos él mismo se declaró culpable y en otras el peso de las evidencias fue abrumador.

Nuestra institucionalidad ha salido fortalecida. La verdad es que no es nada fácil que un país juzgue en democracia a un ex presidente, y menos aún a uno que tiene la simpatía del gobierno en funciones y una bancada parlamentaria importante, estridente y agresiva. El Ministerio Público y el Poder Judicial se han fortalecido y, seamos justos, pese a las ganas que podían tener y a todas las triquiñuelas que pueden haber puesto en el camino para no complicar más a Fujimori (como las mencionadas más arriba) es verdad también que el Poder Ejecutivo y el Congreso no han interferido en el proceso.

Con estas condenas se cierra en el Perú un ciclo histórico que se abrió con la fuga al Japón del dictador en el año 2000. La verdad que nadie, ni el más optimista, podría haber pensado que quien negó su nacionalidad y se reclamó súbdito del Japón, pudiese algún día terminar en la cárcel de la DIROES que hoy lo alberga. Sólo un error monumental de cálculo político lo explica, pero lo extraordinario es que con ello todos los principales responsables (con algunas pocas excepciones) de las barbaridades de la dictadura de los noventa están presos y condenados. (Más valioso todavía el hecho, dado que también -y como bien merecen- los culpables de terrorismo de los ochenta y noventa, tanto del MRTA como Sendero están a su vez condenados; ahora sí con juicios de a verdad y a penas severísimas).

Obviamente la historia no ha acabado y viene la batalla política por evitar que, vía el indulto, se haga burla de la justicia. No les va a ser fácil conseguirlo (los indultos que buscan no los permite ni la ley internacional ni la peruana) y aún si los impusiesen (creando un clima de tensión y polarización nacional profundamente peligroso), nada borrará la acción de la justicia.

Los juicios a Fujimori son así -y mas allá de lo que pase en el futuro- un importante paso adelante en la consolidación de nuestra democracia, algo que prestigia al país a los ojos de las otras naciones del mundo y que, además, da un mensaje muy claro a quienes en el Perú y en América Latina piensan que el crimen de Estado sí paga.

(Si a alguien interesa una reflexión adicional sobre lo el impacto político electoral de todo esto ver: http://www.semanaeconomica.com/users/21-carlos-basombrio/blogs )