martes, 19 de enero de 2010

LLANTA DE PRENSA/ Augusto Álvarez Rodrich, Mirko Lauer y Nicolás Lynch

I. Con Chile, ¿fu o fa?


1 comentario:

Gustavo dijo...

Creo que el principal error en la organización del Petroescándalo está en el modo en que depende de los audios que aparentemente grabó y difundió BTR. La prisión de los principales promotores de BTR pone en evidencia que la difusión de los audios no tuvo, en su origen, una intención institucional, sino estrictamente privada. Es evidente que alguien, no sabemos quién, encargó interceptar las comunicaciones de Quimper y de León para sacarlos del mercado de lobbistas o para golpear a través de ellos a algún tercer objetivo, como podría ser la candidatura de Jorge del Castillo (tal y como ha sido sugerido, tiene mucho sentido a medida que pasa el tiempo y se acerca 2011). Parece probable que BTR, al mismo tiempo que cumplía un encargo de terceros, intentaba incentivar la demanda de sus propios servicios incluso entre enemigos directos, demostrando públicamente que poseía una herramienta letal o muy útil para, como otor muy buen ejemplo que no se ha observado con la debida atención, litigantes en el PJ.

El origen de los audios, entonces, ofrece fuertes razones morales para rechazar todo intento por emplearlos ante un tribunal. No debe olvidarse que corresponde a los tribunales confirmar la vigencia de la ley, no improvisar saltos pragmáticos para acabar a toda prisa con un caso.

Sin embargo también es innegable que los audios, accesibles para todos, insinúan que las relaciones entre Quimper y León rebasaron los borrosos límites de la gestión lícita de intereses privados. Y que por lo pronto el mal denominado lobbyismo de León llegó a compremeter, éticamente al menos, a funcionarios del Estado de alto calibre, como Del Castillo, Garrido Lecca, Luciana León y César Vega Vega. Así como también es el caso de BTR y su nexo directo con Luis Giampietri y la Marina de Guerra. En los dos juicios, la profundidad de las investigaciones y peritajes es crucial. El componente corruptivo y corruptor de ambos podría potencialmente sobrepasar el flagelo del fujimorato. La implicancia que ello dilucida con respecto a la integridad del Estado peruano y el actual Gobierno es realmente gravísima.

Si Quimper, como miembro del directorio de Petro-Perú que fue, se encargó de proteger los intereses de un socio coyuntural, Discover, Petrotech y/o León, y cobró por eso, entonces debe ser condenado. Sin duda. Pero para condenarlo no necesitamos los audios.

Los Petroaudios, en su versión jurídico-legal, debe organizarse en base a evidencias que estén conectadas con el presunto rastro financiero dejado ya que el móbil del delito fue el enriquecimiento ilícito. Los ingresos de Quimper, León, Saba, Arias Schereiber y Gutierrez, el contenido de las computadoras incautadas, el registro de sus llamadas telefónicas, el destino final de las erogaciones efectuadas por León y por BTR, para citar algunos elementos más claros. Si se prueba que Quimper prestó servicios remunerados al socio comercial de Petro-Perú mientras era director de Petro-Perú, entonces el caso queda probado, sin necesidad de contaminarlo con los audios de BTR.

En BTR, se aplica lo mismo. Todos los ya arrestados, conjuntamente con Francis Allison, Luis Giampietri y los demás sospechosos de ser operativos, promotores de sus servicios, gestores de su formación, inversionistas (Ricardo Vega Llona), clientes (el ex canciller y vicepresidente fujimorista Francisco Tudela y Karina Úngaro Morales, sobrina de César Vega Vega, y su familia) y beneficiarios de sus espionajes, deben pasar por el mismo escrutinio.

Los audios fueron el centro de una importante crisis institucional que persiste. Pero esa posición no los convierte de inmediato en una prueba imprescindible ni concluyente. Atar su suerte a la utilidad legal de los audios equivale a concederle un final exitoso a una estrategia publicitaria definida para enseñarnos a depender del espionaje. Y eso es algo que, sin duda, debemos evitar.