HACE FALTA UNA VISIÓN INTEGRAL PARA DISEÑAR POLÍTICAS DE SEGURIDAD / Juan Briceño Pomar

Cuando nos ponemos a recapitular la cantidad de esfuerzos que se hacen para solucionar los problemas de seguridad, los recursos que se emplean para ponerlos en práctica y los resultados que se alcanzan sólo podemos llegar a una conclusión: individualmente no lograremos el éxito, tenemos que trabajar en conjunto, coordinada y complementariamente si queremos enfrentar con posibilidades los graves problemas de inseguridad que nos aquejan.

Vigilantes privados, endurecimiento de penas, rebaja de la edad penal, cámaras de video vigilancia, sirenas, alarmas, rejas, cercos eléctricos, perros, juntas vecinales, patrullaje integrado, policía comunitaria, puestos de auxilio rápido, escuelas para padres, clubes de menores, trabajo con barras bravas, oportunidades de trabajo para pandilleros, ocupación de tiempo libre, fábrica de escobas, deporte inclusivo, campañas de prevención del consumo indebido de drogas, escuelas de educación vial, penas alternativas, justicia restaurativa y un largo etcétera de iniciativas –muy loables por cierto- son presentadas a diario. Lo lamentable es que ninguno de estos esfuerzos por sí solo nos hace sentir más seguros ni es capaz de terminar con la violencia y la delincuencia.

Proyectos, programas y actividades que alcanzan excelentes resultados en algunas zonas del país no son sistematizados ni estudiados y adaptados a otras realidades para ser replicados, perdiéndose una brillante oportunidad de articular experiencias exitosas en la cruzada contra este flagelo. Para muestra un botón. Hace poco Ciudad Nuestra ha presentado el libro “Quién la hace en seguridad ciudadana” en el que se recogen algunas de ellas que fueron calificadas como buenas prácticas en el premio organizado por Ciudadanos al Día. ¿Se ha previsto hacer algo al respecto?, ¿tendrán sostenibilidad?, ¿las conocen los responsables de la seguridad en nuestro país?  

Desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ministerio público, policía, municipios, asociaciones vecinales, cooperación internacional, ONGs, sociedad civil y ciudadanos de a pie se diseñan e implementan medidas inconexas y hasta a veces contradictorias que lo único que logran es diseminar los esfuerzos y mal emplear los escasos recursos que se destinan para combatir la inseguridad.

En tanto que cada vez destinamos más y más recursos para satisfacer las necesidades de seguridad del estado y de los ciudadanos, paulatinamente vemos como los indicadores nos señalan una cruel realidad: la violencia y el delito crecen, la viabilidad de los estados se ve comprometida, los ciudadanos nos sentimos desprotegidos, la tasa de homicidios se eleva sostenidamente, delitos que creíamos erradicados vuelven a cometerse, y la competitividad de nuestras empresas se ve afectada puesto que cada vez se incrementan los gastos para seguridad o para pagar extorsiones. Estamos perdiendo la “guerra contra la inseguridad”.

¿Qué hacer?, ¿no hay solución posible?, ¿debemos resignarnos a vivir sometidos a la dictadura de la inseguridad?, ¿tenemos que aceptar la ineficiencia del estado y sus instituciones a la espera que surja una solución mágica?

Tenemos ad portas las elecciones municipales, regionales y presidenciales. Dado que el tema de la inseguridad es -según las encuestas- prioritario para la ciudadanía, durante la campaña electoral, como casi siempre, vamos a escuchar de los candidatos propuestas seguramente bien intencionadas pero desarticuladas y con orientación cortoplacista que sólo persiguen soluciones espectaculares y llamativas pero parciales y sin posibilidades de sostenibilidad.

Estamos ante un problema complejo y multicausal, por lo tanto la solución al mismo también debe ser compleja, de largo plazo e interdisciplinaria. Desconfiemos de aquellas agrupaciones políticas o candidatos que nos pretendan “vender la idea” que solos y en un plazo relativamente corto van a terminar con la violencia y la delincuencia. Repito que el tema es complejo y necesita de la participación activa de todos.   

Ante esta realidad han surgido voces sensatas –cada vez en mayor número- que proponen un gran acuerdo o pacto por la seguridad y la justicia en nuestro país. Es alentador constatar que la razón y el sentido común se abren paso en un tema tan sensible y de tanta importancia para el desarrollo futuro de nuestro país.

   

Ciudadanos, familias, sociedad y estado tenemos la obligación de juntarnos, conciliar posiciones por encima de nuestras inclinaciones ideológicas y comprometernos a diseñar e implementar políticas que trasciendan a los gobiernos de turno. Se debe realizar un diagnóstico compartido de la inseguridad en nuestro país; levantar un inventario de los recursos con que contamos y los que necesitamos para enfrentar el problema; determinar los roles y responsabilidades de todos los actores que deben intervenir; establecer objetivos realistas y medibles con sus correspondientes indicadores de gestión; y, finalmente, articular  y coordinar esfuerzos para lograr resultados positivos en esta cruzada. 

No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Mientras más rápido pongamos manos a la obra menos avanzará esta amenaza y menos traumáticas serán las medidas que debemos adoptar.