POR FIN UNA VERDAD/ Gustavo Carrión Zavala

En las últimas semanas el escenario nacional ha estado invadido por noticias vinculadas a indultos, beneficios penitenciarios, rebrotes terroristas, requisas inopinadas y toda la parafernalia que acompañan a estos temas.

Nos referiremos en inicio al beneficio de liberación condicional concedido por una jueza a la confesa integrante del MRTA Lori Berenson. Los que hemos tenido actuación en el sistema penitenciario, sabemos lo difícilmente readaptable de esta interna, la que durante su internamiento en los establecimientos penales del sistema, provocó levantamientos, huelgas, tumultos, enfrentamientos con la autoridad penitenciaria. Estas acciones recurrentes motivaron que sea trasladada a otros penales, como el de Huacariz de Cajamarca, para evitar que siga subvirtiendo el orden en el penal de máxima seguridad de Chorrillos. A pesar de estos acontecimientos, fue evaluada favorablemente por el órgano de tratamiento penitenciario de este último penal, al cual fue retornada por razones de maternidad. En este caso no se le practicó previamente al informe favorable, ningún tipo de requisa o indagación que pudiese ilustrar al órgano técnico o posteriormente a la autoridad judicial; probablemente si esto hubiese ocurrido se habrían encontrado indicios de su nulo arrepentimiento y de su persistencia en las ideas y conspiraciones que la llevaron a prisión, lo que nos hace presumir que todo este proceso obedecía a un libreto previamente escrito.

Una vez que se le concedió el beneficio, supuestamente como corolario al libreto coordinado con antelación, el hecho tuvo el agregado valor de atribuirle la culpa al gobierno anterior, por haber aprobado el dispositivo que concedía la posibilidad de redimir la pena por educación o trabajo a los sentenciados por terrorismo, en cumplimiento a una sentencia supranacional, interpretada y sancionada por el Tribunal Constitucional.

Como no aprovechar esta favorable oportunidad para desacreditar a quién parece ser el objeto principal del odio de Alan García y a quién se refiere sin nombrarlo, cuándo afirma que no pone presidentes, pero que sí puede impedir que llegue el que a él no le gusta y salir a declarar sin rubor alguno que el beneficio concedido ha sido provocado por el anterior gobierno, como si no estuviera casi en la puerta de salida de su segundo quinquenio.

Se ha deslizado también, sin aportar cifras aclaratorias, que la mayoría de los terroristas que han obtenido su libertad lo han hecho al amparo Del Decreto Legislativo 927, promulgado por el gobierno de Toledo. Al respecto sería pertinente que el instituto penitenciario publique la relación de los terroristas liberados con indicación de las leyes con las cuales fueron sentenciados, y seguramente encontraremos que gran cantidad de ellos fueron procesados y reprimidos penalmente con las leyes anteriores a 1992, o mejor dicho con las leyes que provenían de los gobiernos de Belaúnde y el primer gobierno de García.

Después de mucho hablar y sugerir que el anterior gobierno es el responsable de los terroristas liberados, los cuales estarían provocando el supuesto “rebrote de Sendero”, surgen las rectificatorias y enmendadoras declaraciones del premier Velásquez Quesquén, quién en sujeción estricta a la verdad dice que los informes del INPE respecto a los internos que solicitan beneficios penitenciarios, no obligan a los jueces a concederlos, o dicho de otra forma, no son vinculantes para la autoridad judicial, y no lo son por una simple razón, cuándo desaparecieron los jueces de ejecución penal, encargados de vigilar el cumplimiento de la pena, esta facultad recayó en el juez que había sentenciado, ergo esta autoridad debería indagar antes de conceder el beneficio, la forma como se había comportado el solicitante durante su permanencia en el penal.

Además en el caso de Lori Berenson, no necesitaba ni siquiera indagar, sólo revisar la prensa para constatar los innumerables problemas que generó durante su carcelería. Pero en fin, las declaraciones de Velásquez deben poner fin a la discusión y aclarar definitivamente que son los jueces quiénes conceden o no los beneficios, y que al así manifestarlo el propio presidente del consejo de ministros, no sólo está diciendo por fin una verdad, si no que al hacerlo, probablemente sin proponérselo, está enmendando la plana al propio presidente García, quién se adelantó a atribuir la culpa del beneficio al gobierno de Toledo.