SEGURIDAD CIUDADANA, AGENDA PENDIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/ Gustavo Carrión Zavala

Se ha dado inicio oficialmente a la contienda electoral regional y municipal, es pertinente entonces revisar brevemente la actuación de las actuales autoridades regionales y municipales en un aspecto que resulta gravitante para la convivencia pacífica vecinal y regional, nos estamos refiriendo a la seguridad ciudadana.

Respecto de seguridad ciudadana, no sólo ahora, también en el anterior proceso electoral municipal y regional, aparecía como demanda extendida y como factor principal de la preocupación ciudadana, empero, a la hora de elegir, pesaron más las obras físicas, las construcciones de la hora undécima, pero que se inauguran en meses previos al acto electoral. Resulta incomprensible, que las mediciones de opinión reflejen recurrentemente como problema principal la inseguridad, pero a la hora de elegir no se toma en cuenta los planes ofrecidos por los candidatos en esta materia y sí, nos dejamos deslumbrar por las pistas episódicamente reparadas, el mercado refaccionado, las plazuelas, parques y todo cuánto nos agrada a la vista, pero que seguiremos demandando solución a la inseguridad. Pareciera que los candidatos a sillones regionales y municipales, han percibido esta distorsión y obvian tocar el tema de seguridad, que por ley les toca asumir y liderar las acciones para conseguirla.

Nada que decir de los que pretenden reelegirse, el tema de seguridad no les rinde “comisiones” y poco o nada le interesan. Ya probaron la administración de recursos, ya se contagiaron de los eternos vicios adjuntos al frenesí constructor y no les importa resolver las demandas por seguridad, dando siempre la mentirosa respuesta, que la seguridad ciudadana es asunto de la Policía.

Es momento que el Ministerio Público, a través de sus fiscalías, evalúe iniciar proceso investigador a aquellos alcaldes y presidentes regionales, que en omisión a acto funcional, han ignorado las responsabilidades que les asigna la Ley 27933, que crea y organiza el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y demostrar que argumentos tan absurdos como los que formula el actual Alcalde de Lima: que no asume su responsabilidad porque no tiene mando sobre la policía, resultan falaces. Su tarea es organizar y armonizar la demanda de seguridad para que la policía pueda satisfacerlas y para lo cual esta institución debe ser convenientemente preparada, equipada y dotada de ambiente laboral favorable para que pueda cumplir su cometido. No se trata entonces de escamotear responsabilidades, escudándose en que no tiene mando directo sobre la policía. Este mismo personaje, que ahora pretende el gobierno nacional, no ha tenido idea más peligrosa que sugerir, para evitar los cuestionamientos a su no actuación en temas de seguridad ciudadana, la municipalización de la policía, lo que acarrearía la conformación de múltiples cuerpos de policía, que dificultarán sus posibilidades de comunicación, lo que favorecerá la actividad delictiva. El municipalizar la policía en un país tan diverso como el nuestro, implica una elitización en la prestación de servicios públicos de seguridad, pues es evidente que las policías de los municipios ricos de Lima y ciudades principales, tendrán mejores servicios que los distritos altoandinos y de la selva. No se trata entonces de pretender realizar el sueño de “la policía propia”, de lo que se trata es de armonizar políticas públicas de seguridad, que guíen la actuación de los responsables de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana

Queden entonces notificados los ciudadanos de provincias altoandinas y de la selva, así como los integrantes de la Policía Nacional, el peligro anunciado por el temprano candidato a la Presidencia de la República y actual Alcalde de Lima, de municipalizar a la policía, lo que, insistimos, abona una tendencia elitista en la responsabilidad estatal de brindar uniformemente un ambiente seguro para el desarrollo de las actividades de la ciudadanía y provocaría la desarticulación de una institución, que resulta única en su dimensión nacional y en presencia en todos los confines del territorio y cuyo fraccionamiento favorecerá el desplazamiento de la delincuencia y las complejidades consecuentes al compartimentaje de la información, que es el insumo fundamental para organizar la persecución del delito.

En países en los cuáles funcionan múltiples policías, están tratando de armonizarlas para que funcionen como un solo cuerpo, verbigracia España, que ha unido en una sola estructura de conducción a los dos principales cuerpos de policía ( Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), pues comprobaron que los celos en la posesión de información, favorecía el accionar de la delincuencia organizada, y tuvieron que sufrir el tremendo 11M, para revaluar la organización de la seguridad y tratar de cerrar las brechas en la operatoria policial y ni que decir de las complicaciones que presentan las relaciones con las policías de las comunidades autonómicas. La tendencia moderna es la consolidación de cuerpos nacionales de policía, en tanto el Alcalde Castañeda sugiere el rumbo contrario, atomizar la policía en fracciones iguales al total de provincias y distritos nacionales. Quedemos entonces notificados y promovamos un debate amplio, que impida las evasiones de las responsabilidades de las autoridades regionales y municipales en temas de seguridad ciudadana.