OTRA VEZ LA CULPABLE ES LA POLICÍA / Gustavo Carrión Zavala

En la últimas horas, asistimos a la constatación de, por decir lo menos, la exageración publicitaria del ministro del Interior, respecto de un promocionado decomiso de droga en un furgón pertenenciente a un candidato a la alcaldía provincial de Barranca. Sin escatimar esfuerzos, ni convocatorias a la prensa, en esa ocasión el ministro del Interior se trasladó a Barranca y ante la prensa, enlodó  al citado candidato, atribuyendo la incautación de más de 400 kilos de cocaína en el vehículo intervenido. Obviamente, que ante la presencia del ministro y la prensa, el jefe policial encargado se vio obligado a presentar la exponencialmente aumentada cantidad de droga, que se había incautado no precisamente en el vehículo perteneciente al candidato. De los detalles, Fernando Rospsigliosi, ha dado cuenta a la opinión pública de la magnitud de la exageración. En un inicio, el ministro del Interior, no tuvo mejor expediente que aparecer en medios, y haciendo uso del estilo de lenguaje cuasi coprolálico e ironía bufonesca que lo viene identificando, arremetió contra el mensajero pretendiendo descalificarlo.

Ante las evidencias de las actas fiscales y de la investigación policial, mostradas por Rospigliosi, ha recurrido a lo más simple y que le permita aparentemente lavarse el rostro: echarle la culpa a la policía. En una patética aparición  en un medio televisivo local, el general jefe de la Dirandro ha sido obligado a altoinculparse, y a culpar a los policías intervinientes por haber proporcionado información inexacta, y el asunto terminará con la sanción a los miembros de la institución que resulten responsables. El procedimiento de pretender salvarles la piel a los políticos, responsabilizando de sus fallas a la policía, parece ser en la actual administración una tendencia, no nos olvidemos que el caso López Meneses, pretendió explicarse como un caso de corrupción policial. Nos queda preguntarnos si en el caso de Barranca, la autoridad del sector Interior, debió antes de aparecer en medios como el propiciador de un gran decomiso de droga, asegurarse de las cantidades intervenidas y responsables del delito o se trató de  haber obligado a los policías a declarar lo que políticamente le convenía y que una vez descubierta la mentira, obviamente  tenía a quién responsabilizar.

Hemos sido siempre sumamente críticos al puntualizar que el grave problema de los operadores de seguridad y justicia y en este caso específico la Policía, es el proceso de descomposición reflejado por la corrupción, pero de este convencimiento a aceptar que la Policía siempre resultará responsable de los errores del sistema, y de sus representantes políticos,  existe verdaderamente una inmensa distancia.

Cuando se reclama a las autoridades subnacionales y locales, su inoperancia en temas de seguridad ciudadana, invariablemente recurrirán al argumento que son temas de la policía o que la policía no colabora debidamente

Bajo la lógica de atribuirle siempre la culpa a la policía, nos hace presumir que si no existiese policía, tendrían que crear una rápidamente para poder echarle la culpa de todo cuanto suceda

VISTAZO AL PERÚ, JULIO 2014 (6)- EL ESTADO, SUS SOMBRAS Y SUS LUCES (B)/ Alfredo Stecher

La crisis de la regionalización, mal concebida y mal ejecutada, ha pasado a un primer plano de la opinión pública gracias a la -lamentablemente excepcional- intervención combinada de la Procuraduría, algunas fiscalías valientes, algunos grupos policiales especializados (aún) no infiltrados y una unidad de la Contraloría- hasta con encarcelamiento de presidentes regionales. Esto ha evidenciado la punta de un enorme iceberg de ineficiencia, corrupción y clientelismo estimulado por el Estado central tanto por omisión como por la transferencia, hace lustros, sin control adecuado, de atribuciones y recursos que exceden en general las capacidades incluso de autoridades bien intencionadas y serias, en el contexto dedebilidad de élites regionales así como de escasa presencia organizada de partidos nacionales. Esto vale también para muchas municipalidades.

Pero, aunque parecen predominar las autoridades regionales y municipales muy negativas, algunas destacan por honestidad e iniciativas positivas, como deduzco, por ejemplo, de la experiencia de la ONG Centro Ideas, de la que he vuelto a ser directivo y de noticias en la prensa.

Para ello parece ser un buen termómetro, y a la vez estímulo, el premio anualpara buenas prácticas en gestión pública, desde el Estado o desde entidades privadas, ya en su décima edición. Es otorgado por la alianzaentre la ONG Ciudadanos al día, la Defensoría del Pueblo, la Universidad del Pacífico y el diario El Comercio, en un amplio abanico de temas de gestión, tanto estatal como privada. Es interesante que al parecer premien a todos los que superan determinado puntaje, a tal punto que el de Servicio al ciudadano en entidades públicas haya sido otorgado a 32 entidades, y el de Inclusión social y el deSistemas de gestión interna a 24, versus uno solo en Servicio de atención al ciudadano en empresas privadas que administran bienes públicos y en Predictibilidad de los procesos regulatorios, y solo 3 en Eficiencia de adquisiciones y contrataciones así como en Seguridad vial y transporte sostenible. Esto indica claramente donde cojean más tanto nuestro sistema público como las empresas privadas.

Los demás premios han ido a Consulta y participación ciudadana (12), Cooperación Público – Privada (10), Educación (18), Fiscalización y cumplimiento de la ley (7), Gestión ambiental efectiva (12), Incidencia pública (9), Inclusión social (24), Nutrición materno-infantil (6), Promoción de la cultura e identidad (13), Promoción del desarrollo económico (11), Relación con la prensa (6), Seguridad ciudadana (10), Servicio de atención al ciudadano (32), Simplificación de trámites (14), Sistemas de gestión interna (24) y Transparencia y acceso a la información (18).

Entre sus ganadores figuran principalmente municipalidades, entidades y programas de promoción del Gobierno central, y superintendencias, y algunas entidades de salud, empresas mineras, bancos, otras empresas, ONGs, consulados, cortes superiores de justicia, un gobierno regional y un proyecto arqueológico.

Ciudadanos al día (CAD), a quienes no conozco, que se define como auditora social, produce además un ránking de la calidad del servicio público, comparte experiencias en entidades públicas, impulsa a periodistas como agentes de cambio social, informa y contribuye a espacios de discusión y generación de consensos.

Al margen de cuán acertada sea su decisión y cuán efectiva su acción en cada caso, expresan preocupaciones correctas, ausentes de la escena pública hace no mucho tiempo. Y también la lenta mejora de actitudes empresariales hacia el desarrollo y la responsabilidad social.

La PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y el programa Sierra Exportadora han designado como ganadores de su segundo premio anual Alcalde Productivo, en cinco temas, a los alcaldes de las municipalidades más exitosas con relación al desarrollo local: en inversión y comercio, Concepción – Junín; Alianzas público-privadas, Ocobamba – Cusco; Políticas de desarrollo productivo, La Matanza – Piura; Clúster, Villa Rica – Pasco; Buenas prácticas - Ite – Tacna. El premio incluye una pasantía de dos semanas a Francia.

VISTAZO AL PERÚ, JULIO 2014 (5) EL ESTADO, SUS SOMBRAS Y SUS LUCES (A)/ Alferdo Stecher

Es evidente que tenemos demasiado Estado en cuanto lo que realmente aporta a un mejor funcionamiento de nuestra sociedad, pero también demasiado poco Estado con relación a tareas importantes que no aborda o hace mal. En otras palabras, sobra Estado de mala calidad y falta Estado de buena calidad.

Eso no lo obtendremos por alguna ley milagrosa y en un corto plazo, pero debemos aspirar a lograrlo progresivamente, a partir de una voluntad política en ese sentido y de una política de Estado que lleve a reformas profundas y sostenidas que lo vayan revolucionando para bien. Eso requiere partidos políticos que lo asuman y una revaloración del servicio público de parte de las personas de mayores calificaciones así como respeto por la continuidad de los programas del Estado y de los funcionarios capaces en todos los puestos de dirección. Algo por ahora tan utópico como indispensable. Por lo tanto, requiere que la sociedad civil vaya evolucionando positivamente, lo exija y esté dispuesta a apoyarlo. Y eso está dándose poco a poco.

A pesar de enormes deficiencias, algo de eso tenemos en nuestros ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, en algunas entidades como el Banco Central de Reserva, superintendencias y Defensoría del Pueblo, y en varios otros segmentos del aparato estatal. También en algunos promisorios desarrollos en nuestra sociedad.

La Ley Servir, del Servicio Civil,de 2013, que empieza a ponerse en práctica, parece corresponder en cierto grado a ese objetivo, a través de la mejora del nivel de los funcionarios públicos y de los mecanismos de acceso y promoción. No puedo pronunciarme sobre sus carácterísticas.

La mala calidad del Estado central, a pesar de algunos ministros y muchos funcionarios bien intencionados y con cierta capacidad, se siente y percibe más en tres sectores claves.

La salud y la educación públicas parecen seguir en un proceso de continuo deterioro, frente a sus vertientes privadas más interesadas en ganancias rápidas que en brindar un servicio de calidad (claro que con excepciones). La situación de seguridad sigue empeorando y hay el riesgo real de llegar a tener un Estado mafioso.

Un símbolo de ese proceso de corrupción institucional, con enormes ramificaciones, parece ser Rodolfo Orellana, a la vez que evidencia de que todavía hay fuerzas capaces de ofrecer una resistencia efectiva.Hay un movimiento anticorrupción fuera, pero también dentro del Estado, débil, pero notable, con apoyo –selectivo- de algunos órganos de prensa, que hace concebible que podamos contener y quizá hacer retroceder a ese cáncer que nos corroe.

En el caso de la seguridad es inexplicable –en realidad muy explicable por ineficiencia, dejadez y corrupción- que en muchas comisarías haya condiciones materiales insuficientes o deplorables, que se vayan generalizando y agravando los casos de extorsión a empresarios, simplemente con amenazas o a cambio de la protección que la policía no les puede ofrecer, y se multipliquen policías cómplices de bandas criminalesy hasta sicarios, por poner solo tres ejemplos, también ampliamente representados en Lima.

La Municipalidad de Lima Metropolitana tiene algunos planes positivos, ambiciosos, pero corren el riesgo de no ser llevados a cabo por la falta de una política amplia de concertación entre todas o la mayoría de fuerzas políticas. Y las próximas elecciones ofrecen la perspectiva desoladora de tener que escoger un mal menor, cuando sería de esperar que también en la capital comenzara una tendencia a la regeneración de la política también en el plano electoral.

VISTAZO AL PERÚ, JULIO 2014 (4)/ Alfredo Stecher

Seguridad Ciudadana

No parece haber sido adecuado el cambio del ministro del Interior, Walter Albán, por lo menos honesto y con planes concretos positivos. Su reemplazo por el general retirado Urresti, del Ejército, increíblemente -en realidad muy creíblemente-, se debería a haber resultado incómodo a la minería ilegal –nefasta, grande y poderosa, en la selva de Madre de Dios-, que ha amenazado con dar a conocer su financiamiento a partidos, también del Gobierno. Su acción como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, importantísimo por su título, la había reducido a hostigar a la minería ilegal de esa región y a dinamitar parte de su maquinaria, algo positivo, pero con bombos y platillos que -como señaló Fernando Rospigliosi-, ocultaban la negligencia de todas sus demás responsabilidades.

Esto hace temer que la fanfarria inicial, desautorizadora de todos los ministros que lo antecedieron, pueda obviar lo más importante, la lucha contra la corrupción en la policía y el fin del sistema 24x24 –previsto para julio-, para lograr la dedicación exclusiva de los policías. El sistema 24 horas de servicio por 24 de franco, muy mal pagadas, reduce la disponibilidad real de efectivos y, junto con sus bajos sueldos, los induce a ocupar su descanso en empleos como seguridad para empresas y personas. Carlos Basombrío percibe una mezcla de ingenuidad y soberbia –si se supone la mejor voluntad.

Teniendo un juicio pendiente por el asesinato de un periodista en Ayacucho, aunque vale la presunción de inocencia como individuo, no es una situación adecuada para un alto funcionario público, más aún en esa cartera. Pero no sé si es atinado defenestrarlo ahora, cuando al menos ha hecho reconocimiento oficial de la criminalidad común, ha asumido liderazgo y evidenciado sentido común, como señaló Gino Costa ante su investidura, y el proceso judicial puede esperar hasta que salga del cargo –seguramente al cumplir los seis meses de duración promedio, si no ha pisado demasiados callos antes. Sus explicaciones son plausibles, claro que no sabemos si ciertas.

La lectura del pronunciamiento del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, integrado por Basombrío, Rospigliosi, Costa y otros destacados expertos en el tema, me lleva a rectificar la opinión precedente, en el sentido de considerar insostenible su permanencia en el cargo.

Nota: A pedido de varios suscriptores, para facilitar su lectura en dispositivos móviles, estoy limitando la extensión de mis artículos –lo que aumenta su número.

VISTAZO AL PERÚ, JULIO 2014 (3)/ Alfredo Stecher

Es de esperar que las medidas tomadas en la reciente legislación económica y las anunciadas faciliten también la progresiva formalización de empresas, siempre que se elimine los trámites que realmente son inútiles, absurdos o contraproducentes y favorecedores de corrupción –muchas municipalidades se llevan en eso las palmas- y se mejore los criterios y la eficacia de los encargados del cumplimiento de las exigencias positivas. Esto exige un tratamiento adecuado a quienes están avanzando en formalizarse pero aún no cumplen todas las formalidades.

Parece correcto no vincular los ingresos de las entidades de supervisión a los montos recaudados por multas, lo que favorece una dinámica perversa y, al menos, suspicacias. Supongo que la obligatoriedad de bancarización es un avance. Pero me temo que la condonación de deudas tributarias no beneficiará solo a quienes no pueden pagarlas sin riesgo de quiebra.

En principio soy partidario de una reglamentación más flexible del mercado laboral, siempre que respete de manera equilibrada los intereses de los trabajadores y de las empresas, lo que exige la mayor libertad de sindicalización y el respeto a los derechos que favorecen a los trabajadores, y que las autoridades de Trabajo efectivamente logren garantizar o al menos propiciar eso.

Personalmente destaco la continuidad en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas – en otros países, de Hacienda), un clarísimo mal menor, así como la opción por la Alianza del Pacífico, resistiendo a la tentación de los cantos de sirena bolivarianos; una cierta apertura a lo ambiental, una buena cantidad de ministros responsables en diversas áreas, lamentablemente efímeros.

Pero también el mal desempeño del Gobierno en materia de delincuencia y corrupción, su debilidad ante presiones empresariales negativas y la inconsistencia de muchas iniciativas, por mencionar solo lo más saltante. Sospecho que Heredia, a pesar de sus defectos y ansias de poder, ha sido al menos un positivo contrapeso a las limitaciones de su esposo, en que pesa demasiado la formación militar y subyace la deformación inducida por su padre, que lo llevan a privilegiar a militares, no exentos de sospechas, y priorizar el control del Ejército como base de poder.

Considero positiva la relación con el Programa País de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos), de 34 países, inicialmente Canadá, Estados Unidos y Europa occidental, que en América Latina ya incluye a México y Chile, con Colombia en negociaciones y Costa Rica como próximo candidato, es decir, nuestros aliados en la Alianza del Pacífico. La invitación a ser país observador, con perspectiva de inclusión, aunque improbable de alcanzar en un plazo cercano, tiene el mérito de comenzar a medir nuestro desempeño económico y en muchos otros aspectos, particularmente educación y ambiente, con sus estándares, que, siendo discutibles, y que tienen que ser adaptados a nuestra realidad, son indudablemente una referente de comparación mayor para nuestros políticos y nuestras empresas, algo no muy potente, pero básicamente positivo. En Chile el impacto es claramente favorable.

Es muy significativa la adquisición de la mina cuprífera Las Bambas, en Apurímac, acaso la mayor inversión minera china en el mundo (después de haber adquirido otras minas grandes de menor tamaño, incluso en Cajamarca), que, junto con el incremento del intercambio comercial y el anuncio del financiamiento del ferrocarril interoceánico desde Brasil indican claramente el interés de China de asegurarse fuentes de materias primas así como sus proyecciones geoestratégicas de largo plazo, como complemento a su priorización del eje bolivariano. Lo triste es que reemplace a una compañía minera, XStrata Copper, anglo-suiza, ahora fusionada con la también anglo-suiza Glencore, con más elevados estándares de responsabilidad social y ambiental (aunque no sin defectos).

Nos conviene aprovechar el interés de China, cuidando de no caer en la tentación de un alineamiento político contra el eje EEUU-Europa, cada vez menos imperial y considerablemente más democrático e interesado en promover la democracia a nivel internacional –con lamentables traspiés por cierto.

 Grafica la crisis endémica del Gobierno, salvo del MEF, y su gran disfuncionalidad, la frase del ahora ex Premier René Cornejo, recogida por Augusto Álvarez Rodrich, “Hay permanentemente un trabajo con los ministros para ver el mejor momento para que puedan dejar la cartera”, ¿para poder obsequiar con ella a otra persona? En ese trabajo sí son eficaces –aunque no para intuir su propia caída. Todo indica que el principal actor desestabilizador es la primera dama.

La destitución de Cornejo es positiva, aparte de inevitable ante el -relativamente pequeño- escándalo suscitado. Provoca dudas su reemplazo por Ana Jara, estrecha aliada de Heredia, y es claramente negativa la elección de Ana Solórzano en la presidencia del Congreso (a pesar de ser positivo que dos mujeres ocupen simultáneamente y por primera vez ambos cargos). También en Chile por primera vez una mujer, Isabel Allende (no la novelista) ocupa la presidencia del Senado.

En este caso Heredia está por ahora haciendo lo contrario de lo que le recomienda Alfredo Torres en un reciente artículo en El Comercio: para tener una menos frágil mayoría, una alianza con Keiko, ya que ambas, por su edad, pueden mirar el largo plazo en sus aspiraciones a la presidencia. El problema es, al menos, que es Keiko Fujimori, y su padre tiene una aspiración de corto plazo.

Concuerdo con Torres en que sería positivo para el país si ellas se pusieran de acuerdo al menos en dos puntos mínimos: Respecto de la regionalización, prohibir la reelección inmediata; respecto de la ley de partidos, eliminar el voto preferencial (aunque inicialmente yo lo consideraba positivo) y forzar una democracia interna, haciendo obligatorias primarias internas para la elección de candidatos, organizadas por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), con padrones del Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil) con la supervisión del JNE (Jurado Nacional de Elecciones). Menuda tarea, pero importante para nuestra democracia y para la lucha contra la corrupción.

LA CIFRA DE REQUISITORIADOS CAPTURADOS TAMPOCO CUADRA/ Gustavo Carrión Zavala.

Revisando los reportes ofrecidos por el titular del Sector Interior y los anuncios de su accionar en el período que va del 23 de Junio al 23 de Julio del que rige, nos impresionaron las cifras de capturas a requisitoriados por diversos delitos, pues de tener explicación se trataría de un logro sin precedentes.

Nuestra experiencia en temas policiales, nos dice que la media mensual de captura de requisitoriados bordea en todo el país , las dos mil capturas y si el Ministro anuncia que en el período en cuestión logró CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS , estaríamos verdaderamente ante un logro colosal.

Empero, con fines de validar las informaciones recibidas, revisamos el número total de requisitorias grabadas en el 2014, de enero a julio (las requisitorias deben ser renovadas por los jueces cada seis meses, caso contrario automáticamente son suspendidas de la grabación), las requisitorias suspendidas y las capturas que se han efectuado realmente en el mes del anuncio, nos damos con algunas inconsistencias.

En todo el mes de Junio, incluyendo los 22 primeros días, se lograron capturar 1411 requisitoriados (1243 varones y 168 mujeres); y en el mes de Julio, la cifra de requisitoriados capturados fue de 1590 (1459 varones y 131 mujeres) contabilizados hasta el último día del mes, ergo se consideran en estos datos dos meses . Por una simple adición de capturados en dos meses, tenemos la cifra de 3001 que dividido entre dos meses, nos arrojaría un aproximados de 1500 mensuales, que representa el 25.35% del total anunciado

No creemos que ex profesamente se aumenten cifras, pues ello generaría en la ciudadanía falsas confianzas que podrían favorecer el accionar criminal, por tanto, nos toca asumir que ha habido un involuntario error en el anuncio o que pueda explicarse mejor el método de cálculo de capturas de requisitoriados.

En notas anteriores, habíamos tocado el tema de cantidad de policías en contraste con la calidad en la formación policial de los mismos, y probablemente con abuso del lenguaje, dijimos que las Escuelas de Formación habían devenido en “fábricas de policías”, pidiendo nuevamente licencia por abuso en la expresión, esperamos que en este frenesí fabril, no se esté recurriendo a la “maquinita” para fabricar requisitoriados inexistentes o se nos acuse nuevamente de descerebrados por cuestionar resultados que deben ser convenientemente acreditados y explicados. Finalmente, si sirve para entender mejor las cifras, podemos mencionar que el acumulado de lo que va del 2014 en cuanto a capturas de requisitoriados por diferentes delitos, arroja la cifra de 10,768 en siete meses, lo que implicaría que más de la mitad se capturaron en el período (un mes) informado por el ministro.

Alfredo Stecher/VISTAZO AL PERÚ, JULIO 2014 (2)

Matizando mi algo lúgubre introducción, cuando hablo de abismo -algo que no nos espera si actuamos mejor-, nos miro en el espejo de otros países, con evoluciones diferentes, pero no imposibles de imitar -sin querer queriendo- de parte de diversos actores: la terrible espiral de violencia en partes de Centroamérica, el progresivo descalabro y polarización creciente de Venezuela, la lenta decadencia de Argentina, el autoritarismo en Ecuador, por referirme solo a nuestro continente.

Felizmente tenemos fortalezas para la resistencia y regeneración frente a los males que he señalado: Somos una sociedad que evidencia optimismo ante las adversidades, un pueblo acostumbrado a resistir grandes males y a salir adelante, sobreviviente de la insanía terrorista y la represión estatal, así como del desastre del primer gobierno de García –vivido, o escuchado de padres y abuelos, con mucho empuje e inventiva, con bastante solidaridad y sentido de comunidad, con cariño hacia la infancia y la vejez, con enorme disposición y capacidad de ahorro -entre las más altas del mundo, como nos acaba de recordar Richard Webb en un artículo en Lampadia-, no mucho en el sistema financiero, pero sí en la progresiva autoconstrucción y mejora de viviendas, así como en la capitalización de sus negocios con mercadería, máquinas y vehículos de trabajo, en las ciudades y cada vez más también en zonas rurales. Todo esto parte de la cara positiva de la informalidad total o parcial.

En Lima me llama siempre la atención la mayor amabilidad de la gente, con una elevada proporción capaz de responder una sonrisa o hacer un gesto ante una disculpa por un roce involuntario –en supermercado o en la calle- o ceder su asiento a una persona de edad. Y la frecuente atención preferencial a la Tercera Edad y mujeres embarazadas.

Nuestra capacidad de indignación y de protesta, aunque algo aletargada, está vigente, y tenemos que estimularla, orientarla y encauzarla, junto con el desarrollo de alternativas y ejemplos desde todas las esferas de actividad, como individuos, como instituciones y como colectivos, apoyando las tendencias señaladas.

Si bien tenemos mucho más leyes de lo necesario y cumplible –siendo las necesarias de mala calidad-, y un afán poco racional de tratar de resolver cosas con más leyes, hay alguna legislación reciente –necesaria-, más positiva que negativa, a pesar de graves limitaciones. Los cambios últimos más importantes son la legislación económica y la reforma universitaria, que tocaré más adelante.

El paquete de reactivación económica, que incluso corrige leyes recientes, aunque tardío, como de costumbre –ante la evidencia de una reducción de las exportaciones y una desaceleración del crecimiento, principalmente por los cambios en el mercado internacional y por la postergación de grandes inversiones (en parte también por condiciones internas)-, responde a la real necesidad de eliminar trabas contraproducentes a la inversión y al desarrollo económico –la llamada tramitología. Es cierto que a todo nivel del Estado (aunque también, en menor medida, en empresas privadas), hay normativas, exigencias, incumplimientos y maltratos que afectan no solo a los ciudadanos sino también a las empresas, e incluso a otras instancias del Estado.

Es evidente que en un país con alta fragilidad institucional una mayor desaceleración, que desemboque en una crisis económica, podría poner en riesgo mucho de lo avanzado, incluido todo el sistema mal que bien democrático y el sumamente deficiente Estado de derecho.

Lamentablemente el cambio legislativo cede también ante exigencias desde el sector privado de eliminar requisitos y procedimientos que sí son importantes para un desarrollo más sostenible, de protección efectiva del medio ambiente y de derechos de la población, con frecuencia incumplidos, sea deliberadamente -por codicia y/o desprecio clasista y racista de quienes mandan-, sea por limitaciones, errores o intereses propios de los funcionarios encargados. La empresa privada, no por serlo, ni por ser grande, ni por ser transnacional, está exenta de ineptitud e ineficacia, al menos en sus formas de miopía y de laxitud, y en muchos casos el afán de ganancias exageradas y rápidas –propio o de los accionistas- subordina todo lo demás. El alargamiento de muchos trámites se debe también a deficiencias, con frecuencia muy serias, y a veces deliberadas, en los proyectos y estudios entregados por las empresas.

Esto es especialmente evidente en el caso de la normativa ambiental, que, bien diseñada y aplicada, no solo en sus estándares sino especialmente en sus procedimientos, tanto por el Estado como por las empresas, es más bien un factor favorable para la inserción virtuosa o menos conflictiva de las empresas en su entorno y para su imagen nacional e internacional, así como indispensable para proteger a poblaciones de daños evitables y compensar adecuadamente los inevitables.

Me parece que la continuidad del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, si dura en el cargo, es un indicador –ojalá- de que desde el Gobierno se mantendrá un cierto nivel de protección, como contrapeso, claramente insuficiente, pero importante.

Es urgente para el interés social y de las propias empresas socialmente responsables, en el marco de una regulación razonable, con estándares exigentes, pero realistas, que las instancias ya existentes de prevención de daños ambientales y maltratos a poblaciones tengan una mayor eficiencia, capacidad de cobertura y celeridad, con un control adecuado, que además nivele la cancha para todas las empresas.

Un criterio básico debería ser el facilitar la inversión y funcionamiento de las empresas más serias y dificultar el de las más irresponsables, rentistas y corruptoras.

PRIMER ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013 – 2018/ Ricardo Valdés Cavassa

Habiendo transcurrido más de un año de la  promulgación de este Plan, algunas inquietudes surgen como consecuencia de lo expresado por el propio Ejecutivo en el documento que se puede encontrar en la página WEB del Ministerio del Interior. 

Según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado por DS 012-2013-IN como política nacional el 28 de julio de 2013, en la sección relacionada al diagnóstico  se  afirma que:

-"En la actualidad, las 1397 comisarías existentes en el país cuentan con 34,805 policías, es decir, una tercera parte del personal a nivel nacional. De estos, solo uno de cada tres realiza labores de patrullaje (34.3%)" (Página 73). Por lo tanto, de acuerdo a la cita,  a nivel nacional sólo  11, 939 policías realizan labor de patrullaje. Si le aplicamos el 24 x 24 tendríamos que, en la práctica van a las calles solo  5969 policías a nivel nacional. No se conoce lo que el gobierno ha realizado para revertir esta situación ni cuál es el verdadero número de policías patrullando las calles en el Perú en agosto de 2014.

- "Entre 1989 y 2005, mientras la población nacional se incrementó en 30% el número de policías se redujo en 27%, pasando de 120 mil a poco más de 87 mil. Desde entonces, ese número se incrementó hasta llegar a 106,566 efectivos en enero de 2013, lo que representa un ratio de 286 habitantes por policía. No obstante, el problema reside en el régimen laboral que permite que los policías trabajen para terceros en sus días de descanso a través de los denominados servicios personalizados, lo que impide que la institución haga uso efectivo de su personal para el servicio público" (página 74)

Dos preguntas, ¿Si a enero de 2013 contábamos con 106,566 policías....¿llegaremos a 136 mil policías a diciembre de 2014? y,  si el régimen laboral es un impedimento tan importante ¿qué régimen laboral se tiene planeado crear para transformar este problema en una solución para  el servicio público?

-De acuerdo a los principales resultados  del Primer Censo Nacional de Comisarías 2012 realizado por INEI y que el Plan de Seguridad Ciudadana  asume como parte de su Diagnóstico hace apenas un año, se presentan las siguientes situaciones (página 74):

          - El 52% de las comisarías no cuentan con título de propiedad, razón por la cual no puede invertirse  en infraestructura de acuerdo a las normas de inversión pública.

          - El 53.3% no cuenta con infraestructura adecuada y en buen estado.  Estamos hablando de 745 comisarías. Se encuentra relacionado al punto anterior. También se menciona que el 46.2 % de las comisarías no dispone de ¡servicios básicos!

          - El 40.7% no cuenta con computadora operativa. También se mencionan  las computadoras obsoletas en esta cifra.

          - El 70.1% no cuenta con conexión propia a Internet. Con lo cual  las computadoras en realidad funcionan como máquinas de escribir con memoria. Es decir de las 828 comisarías  (el 59.3%) que sí cuentan con computadora operativa, sólo 247 tienen conectividad propia, lo que en la práctica se reduce  al 17.7 %  las comisarías  a nivel nacional  que  se encuentran interrelacionadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. En otras palabras, más de 8 de cada 10 comisarías  no se encuentra interconectadas. A este problema se le agrega otro ya que aún no se encuentra en funcionamiento el sistema de radio integrado.

Ahora bien, de este reducido número de comisarías con conectividad propia (apenas 247 comisarías):

          - El 87.8% no tiene acceso al sistema de denuncias policiales. Es decir, que  sólo el 12.2 % de las que tienen conectividad pueden verificar en línea el sistema de denuncias policiales, lo cual nos reduce la cifra a 30 comisarías a nivel nacional con capacidad para verificar de inmediato las denuncias, es decir el 2.14 %  de todas las comisarías.

          -El 86.5% no tiene acceso a información de Registros Públicos. Con lo cual  el 13.5 % de las 247 con conectividad, es decir sólo 33 comisarías de las casi 1400 comisarías en todo el país pueden consultar, por ejemplo, la titularidad de los inmuebles bajo investigación.

          -El 61.2% no tiene acceso a la información de RENIEC, o en otras palabras, apenas 95  comisarías pueden consultar y verificar en línea la identidad de las personas mientras que más de 1300 comisarías no pueden verificar la identidad de los detenidos por cualquier delito o falta.

          -El 45.5% no tiene acceso a requisitorias policiales.  En este caso estamos hablando de policías que deben acceder a información policial. Sólo 112 comisarías pueden acceder a las requisitorias policiales. En el caso de las otras 1285 comisarías, por falta de computadoras, o de conectividad o de acceso al sistema de requisitorias ellas no pueden verificar de inmediato si la persona que tienen al frente se encuentra con requisitoria o no.

 Estos son sólo algunos ejemplos que el propio Plan Nacional de Seguridad Ciudadana menciona como retos muy importantes. Si ese es el Plan, ¿porqué no hablar de él? ¿De sus indicadores? ¿De sus avances o retrocesos? ¿Por qué entregar otras cifras  de "éxito" si la penosa realidad que debemos modificar ya se encuentra admitida en el Plan? Resulta incomprensible, si es que realmente se ha avanzado en este último año en seguridad ciudadana, que el Presidente no nos haya proporcionado  los avances realizados para revertir la triste realidad de nuestras comisarías y policías a nivel nacional, de acuerdo al Plan que aparentemente guía el accionar del estado en Seguridad Ciudadana.  ¿Es posible que el avance en este último año haya sido nulo o muy pobre?

¿SÓLO CANTIDAD DE POLICIAS?/ Gustavo Carrión Zavala

Integro un grupo de ciudadanos preocupados por  la creciente marea criminal y la inseguridad ciudadana (Ver http://gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com/).

Nuestro grupo quiere promover un debate que dé luces para resolver el principal problema de la población. Por ello en nuestro primer pronuciamiento , se plantearon algunas cuestiones básicas a ser , por lo menos, abordadas por el presidente Humala en su mensaje al Congreso de la República y a todo el país, con ocasión del aniversario patrio. 

En los austeros seis minutos que dedicó a la seguridad ciudadana anunció, entre otros aspectos, que al culminar el ano, el efectivo de la Policía Nacional se incrementaría  en treinta mil policías nuevos, egresados de las veintisiete escuelas de suboficiales desplegadas a lo largo del territorio nacional. Al margen de lo confuso del anuncio, de si se trataba de treinta mil policías más o se refería a policías nuevos, o si la cantidad anunciada se compadece con la realidad, expreso preocupación porque pareciera que la referencia está hecha  en relación a metas cuantitativas de policías, relevando a posiciones subordinadas por no haber sido mencionado, la calidad de estos nuevos policías.

Diera la impresión que se tratara de una “fabrica” de suboficiales a ritmo acelerado en las escuelas con fines únicamente de satisfacer o cumplir una promesa inicial, de lo que no estamos seguros es si los treinta mil nuevos policías (de ser el número real), habrán logrado a través de su formación policial modificar la conducta de ingreso y alcanzado el perfil diseñado para ejercer función policial como suboficial de tercera.

Nuestras dudas y preocupaciones, se refieren básicamente a la incapacidad de la Policía para sostener uniformemente una formación de calidad en la diáspora de escuelas instaladas en las diferentes regiones del país y que la delicada formación que requiere el agente policial que se encargará de mantener la indemnidad de las personas en su vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos, difícilmente se logrará a pasos forzados y con infraestructuras educativas sumamente débiles.

El pensum que corresponde a la formación de suboficiales, en la mayoría de escuelas, es desarrollado por los oficiales que laboran en la jurisdicción donde se ubica la escuela, ergo, en la mayoría de casos se trata de policías que no necesariamente están habilitados para el ejercicio docente y que compensan su falta de capacidad para formar nuevos policías, con la incidencia en formación militar, propia para el entrenamiento de soldados, pero no para policías que deben actuar en cumplimiento de una función de naturaleza civil y al servicio del ciudadano.

Son comunes las ausencias de los instructores designados en  las aulas, al tener que privilegiar el cumplimiento de la función policial a la cual están asignados, optando por delegar en policías bajo su mando para que los reemplacen, leyendo los reglamentos a los alumnos, sin mayor dimensión crítica de la enseñanza.

La trascendencia de esta formación improvisada, es que artificiosamente se hace creer a la ciudadanía que la mayor presencia de policías logrará reducir la incidencia criminal y devolverá niveles apropiados de seguridad. Ello obviamente no viene sucediendo, y si el presente año se completarán los anunciados treinta  mil, obviamente han venido egresando desde el 2011 y que estamos en el tramo final, por tanto deben haber en servicio más de la mitad de la cantidad  anunciada, sin que esta mayor presencia de policías haya logrado revertir la inseguridad que se ha convertido en el principal problema reconocido por la población.

La formación de nuevos policías debe acreditarse y comprobar si alcanzaron el perfil, antes de salir a ejercer una función tan delicada como la que le toca cumplir a la policía y los que ya están en el servicio, comprobar a través de las entidades educativas de la sociedad civil (universidades), si están realmente calificados para seguir cumpliendo la función o requieren de una complementación formativa.

Como un acercamiento a lo que se viene sosteniendo, y basados en estadísticas oficiales, en el caso de una escuela en el norte del país, de la cual han egresado desde el 2011 a la fecha más de trescientos nuevos policías, en el mismo período la violencia se ha duplicado año a año , especialmente en los asesinatos por sicariato, robo agravado y asaltos a personas. Consultados algunos de los nuevos policías sobre su formación, acusan serias deficiencias y confiesan que en todo su período de formación no han disparado más de cinco cartuchos en el mejor de los casos.

Es a estos suboficiales a los que se asignan y/o venden armas de fuego para cumplir su función, sin estar habilitados técnicamente en el manejo de armas ni en la determinación del momento y condiciones de su empleo, habiéndose producido graves incidentes por impericia en el uso de armas.

No se debe perder de perspectiva, que estas coyunturales medidas de incremento apresurado de número de policías, están provocando que estos mal formados policías, no sólo se conviertan en un riesgo de seguridad, ellos permanecerán en la institución treinta años, por tanto lo coyuntural se va convirtiendo en estructural.

La reorganización o refundación de la policía debe entrar a cuestionar el actual agotado modelo de policía militarizada, para dar paso a una institución que responda a las características ciudadanas de la función que le toca cumplir a la policía, entendiendo finalmente que es la policía una institución que promueve la convivencia pacífica y sin puntos comunes con la tarea que corresponde a las fuerzas armadas, que no es otra que la de mantener incólume el territorio nacional, frente a intereses y fuerzas externas.

VISTAZO AL PERÚ, JULIO 2014 (1)/ Alfredo Stecher

Ahora que radico en Santiago de Chile, por razones familiares y de salud, hago ocasionales viajes de unas dos semanas a Lima, también por añoranza, y trato de compenetrarme lo más posible con la evolución de nuestro país, a través de intensas lecturas periodísticas, intercambios con amistades, conversaciones con taxistas, observaciones y vivencias. El último, hace unas semanas.

En mi faceta de analista quiero expresar lo que ese vistazo me ha permitido entender, ojalá adecuadamente. Y dejar sentada mi posición ciudadana y política no partidistaen algunos temas controversiales, también para clarificármela –siempre dispuesto a rectificar ante nuevas evidencias y argumentos.

He esperado contar con el probable cambio de gabinete, que se adelantó, y el discurso presidencial del 28, así como las primeras reacciones ante éste, para completar mi imagen actual.

Resumo mis impresiones en que, a pesar de terribles deficiencias y retrocesos, seguimos teniendo motivos para un optimismo (muy) moderado respecto de la posibilidad de seguir construyendo un Perú mejor para todos, a pesar de que, exagerando poco, la escena política es espantosa –que recuerda a González Prada, la pus-;la estatal, lamentable; la económica, solo moderadamente satisfactoriagracias a la política macroeconómica; la social,muy preocupante; la cultural, limitada. Pero en todas las áreas hay síntomas de cambios que, de no traernos abajo el precario andamiaje de nuestro sistema económico y político, de no perder el equilibrio en nuestra cuerda floja, nos dan perspectivay nos ayudan a mejorar.

Lo más negativo: La clase política es, por lo general, de una mediocridad preocupante, en gran parte sin vocación de servicio público, y, por decirlo eufemísticamente, de muy bajos estándares éticos, con predominancia del afán de poder, de la codicia y del parasitismo; entre nuestras autoridades estatales, a todo nivel, sobresalen los más corruptos e ineptos, y el aparato estatal es principalmente disfuncional, también por ineptitud, insuficiente calificación e inestabilidad, cuando no perverso, a pesar de los esfuerzos de mucha gente proba y esforzada en su seno; la confianza de la ciudadanía en las autoridades e instituciones está por los suelos; nuestro sistema educativo es, en promedio, de una calidad deplorable, a todo nivel. Nuestra sociedad sigue siendo muy desigualy discriminadora, también lastrada por diversas lacras en todos sus niveles. La institucionalidad social está en general poco desarrollada, con muchas disfuncionalidades. Los partidos son, en su mayoría, de caudillos y efímeros, ylos pocos estables languidecen.

En nuestro mundo empresarial, que enfrenta por cierto escenarios muy complicados, todavía predominan, a toda escala, concepciones socialmente poco o no responsables y un afán de lucro desmedido, y mucha corrupción activa o al menos pasiva;en el marco, en general de una inmisericorde lucha por la sobrevivencia, en la que la mayoría sucumbe, muchos a pesar de gran esfuerzo. El tráfico en Lima es caótico y se impone desde el Gobierno –repetición del “error” de García con la primera línea- la construcción inmediata de un costosísimo ramal de metro –sistema importante a mediano plazo- en la ruta de menor demanda de las previstas (en vez de generalizar primero el eficiente Metropolitano a toda la metrópolis, con una inversión de la cuarta parte). Nuestro sistema judicial está en gran parte putrefacto, las fuerzas armadas no destacan por calidad profesional y honradez, la policía está corroída y desmoralizada yla criminalidad continúa en aumento y con organizaciones más peligrosas. En la Iglesia Católica sigue teniendo un peso gravitante el cardenal Cipriani. Y un largo etcétera en la misma tonalidad. Es como para deprimirse –lo que no nos debemos permitir.

Estamos en muchos aspectos en un plano inclinado descendente, ojalá no cerca de un abismo, lo que tiene que ser revertido con urgencia, con inteligencia, con realismo, con dedicación y con responsabilidad. Otra manera de verlo es la de un vehículo que avanza con los frenos puestos y pisando a cada rato el embrague, sin lograr pasar de segunda.

Para contribuir al fomento de nuestro optimismo -realista-,he tratado de hacer un balance equilibrado de algunos cambios importantes observados y me he hecho también unano exhaustiva lista de hechos esperanzadores, con un orden algo arbitrario, pensando especialmente en quienes, entre mis amistades y lectores, ven solo el vaso medio vacío –o más propiamente, tres cuartos vacío y no un cuarto lleno; convencido de que, siendo necesarias las denuncias y los castigos, sociales y judiciales, es aún más importante estimular las acciones y tendencias positivas que permitirán, de manera paulatina, en general más bien silenciosa y con ocasional fulgor, generar el tejido social, las ideas y las capacidades que posibilitarán saltos cualitativos, menores y mayores,en todos los ámbitos.

De lo observado, lo más importante es que Humala –en tándem con Heredia-, a pesar de todas sus enormes limitaciones y errores, no se ha traído abajo nuestro con razón criticado y vapuleado pero necesario “sistema”, en cierto grado democrático, que, con presiones adecuadas, tiene capacidad de evolución lenta, y es bastante menos malo que un régimen dictatorial y el caos.

Algunas amistades me lo critican, pero yo, a la vez que buscando mejoras y cambios profundos, el bien mayor, valoro en situaciones concretas el mal menor, sabiendo que es más fácil que se vacíe el vaso a que se llene. Hace décadas he superado la idea idealista pero errónea de mi juventud, de que la antagonización y extremar el conflicto llevan inevitablemente a un sistema superior.

Seguramente hay cosas que han escapado a mi radar o a los que he prestado insuficiente atención, y obviamente puedo estar equivocado en muchos aspectos, pero espero que lo señalado contribuya a la discusión nacional sobre nuestra situación y perspectivas, y quizá ayude a algunas personas de otros países a comprender mejor lo que está pasando en nuestro país.

Anuncio que, además de seguir participando en este blog colectivo, Espacio Compartido, en tan buena compañía, estoy iniciando un blog personal, Tendiendo Puentes

alfredostecher.blogspot.com

en el que también aparecerán mis artículos y mensajes menores, para facilitar la interacción con personas que me leen.

PROPUESTAS Y SOLUCIONES PARA MEJORAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD CIUDADANA/ Enrique Yépez Dávalos

A partir de estos últimos días hasta culminadas las elecciones municipales los ciudadanos de Lima y del interior del país seremos observadores de una serie de planteamientos y cuestionamientos entre los candidatos municipales. La ventaja de este  sufragio en relación a los anteriores, es que  no estarán centrados tan solo en criterios políticos sino, sobre todo, en planteamientos técnicos sobre temas puntuales como la mejor forma de solucionar los problemas de violencia e  inseguridad en las calles, el caos vehicular, entre otros temas  y la manera cómo solucionarlos.

Los candidatos están  exhibiendo ya lo mejor de sus programas y con estricto criterio técnico me inclino, hasta ahora, por las propuestas que vienen difundiendo la necesidad de empoderar a la Policía Nacional como la única institución encargada por la Constitución de la lucha contra la delincuencia y la problemática del tránsito, por las razones siguientes:

1.       Dividir la responsabilidad del crimen menor y del control del tránsito en dos instituciones, la Policía Nacional y los servicios de serenazgo, es a mi criterio una respuesta sin mayor sustento, que lejos de mejorar la respuesta del Estado en la lucha contra la delincuencia, lo ahondaría aún más, considerando que los cuerpos del serenazgo han sido formados con criterios diferentes, unos de los otros.

2.       La creación de una Policía Local Metropolitana, conformada por serenos o la municipalización de la policía, como piensan algunos, es otorgar más funciones y responsabilidades a las que ya tienen los alcaldes. Resulta por tanto contraproducente, en momentos en que hay que sumar y no restar, llevar a cabo experimentos de última hora. Yo creo que parte de la responsabilidad de estas propuestas no son solo de los alcaldes, sino de los que actualmente tienen el manejo y el control de los servicios de serenazgo, en su mayor parte oficiales superiores de la PNP y de la FF.AA en retiro, que por mantener pequeñas cuotas de poder pueden estar generando este tipo de propuestas, sin pensar que la Policía Nacional es una institución tutelar  del Estado encargada por la Constitución para garantizar y mantener el poder de policía del Estado.

3.       La finalidad del serenazgo es apoyar la labor policial de vigilancia en sus respectivas demarcaciones mejorando la capacidad de respuesta ante hechos delictivos,  afianzando el ordenamiento del tránsito vehicular y desarrollando actividades preventivas y educativas, bajo el comando operativo de los comisarios de policía. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, al constatar estos casos, ha debido diseñar Guías de Procedimientos o Protocolos bastante específicos para que hechos de esta naturaleza no se  repitan y donde estén claramente precisadas cuales son las funciones y responsabilidades de la Policía Nacional y de los Comisarios y cuáles de los Gerente de Seguridad Ciudadana y de los  Servicios de Serenazgo.

4.       La propuesta de que los policías de las comisarias retomen las calles como policías preventivos o policías de proximidad, similar a la Guardia Civil de hace 40 años, es recuperar un valioso legado que no hemos debido renunciar. Ese policía era el mejor antídoto para fortalecer las relaciones ciudadano-policía. Si algunos candidatos al municipio metropolitano lo exhiben como propuesta, bienvenida sea dicha propuesta que debería ser secundada con el voto favorable de la familia policial al momento de las elecciones.

5.       Evidentemente, la situación ha cambiado radicalmente –Hoy, nuestra  Capital pasa ya los diez millones de habitantes en una megápolis que tiene “todas las sangres” representadas en  varias Limas incluyendo El Callao-y, como no se puede cambiar la historia, debemos entonces pensar en soluciones acorde con los tiempos actuales, donde la presencia cada vez más alarmante de nuevos delitos, exigen de la Policía Nacional, una institución cohesionada y eficiente tanto en prevención como en  investigación y en el control de la criminalidad y violencia.

6.       Lo que es necesario definir con claridad es cuáles de las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser responsabilidad de los alcaldes y cuáles del Ministro del Interior. Yo sostengo, conforme lo señala la Ley 27933 y su Reglamento, que los Comités Locales de Seguridad Ciudadana deben continuar dando la pauta de la lucha contra la delincuencia en las calles, teniendo a los comisarios como las únicas autoridades locales encargadas de ejecutar dichas políticas en estrategias. Ese tipo de delincuencia protagonizada en su mayor parte por jóvenes y adolescentes en riesgo debe ser sancionada por los jueces de paz de las comisarias  con penas de servicios comunitarios. Dejar impune la mayor parte de estos delitos es avalar el comportamiento riesgoso de estos jóvenes y adolescentes, que necesitan orientación más que sanción.

7.       El Ministerio del Interior y el Comando de la Policía Nacional, deben interiorizar en las autoridades locales y en el personal policial la diferencia que existe entre los ámbitos territoriales y niveles especializados. Los Comandos Territoriales son los que detentan la administración de las unidades preventivas y de control del tránsito a nivel nacional encargadas de la lucha contra la delincuencia en las calles y el caos vehicular. Este es un trabajo integral y multisectorial que empieza a nivel local con la actuación de los Comités Locales de Seguridad Ciudadana y personal policial de las comisarias. En cambio, las Direcciones Especializadas, son todas aquellas unidades encargadas de la lucha contra el crimen mayor, terrorismo, narcotráfico a gran escala y develando los conflictos sociales graves de sectores que pretenden desestabilizar al Estado. En este marco, una responsabilidad importante es luchar contra las nuevas formas de delito que se vienen presentando en el país, mediante las unidades de investigación criminal, en coordinación con los otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley-Jueces, Fiscales, INPE, etc.

8.       Existen, evidentemente aspectos complementarios muy importantes para que este concepto  se haga realidad, y es tener mayores recursos y medios, implementar unidades móviles de instrucción que continuamente estén visitando las comisarias, crear conciencia del servicio ético policial para eliminar la corrupción policial, construir “complejos policiales” en ciudades importantes, que den cabida con confort al personal, eliminar los servicios individualizados, etc.; y, sobre todo, crear conciencia en los alcaldes que son los presidentes de los comités locales de seguridad ciudadana, sobre la necesidad de apoyar sin reservas el esfuerzo policial y de los servicios de serenazgo de sus jurisdicciones.

9.       En cuanto al trabajo para devolver la sensación de seguridad de las personas en las calles, la comunidad ha dado siempre muestras de pleno respaldo a la labor del personal de las comisarias. Es tiempo pues que los policías devuelvan esa confianza con más entrega y compromiso. Como dice el especialista en tránsito Coronel PNP-R Javier Del Busto Duturburu, lo recomendable es educar e inculcar valores: “Educar hoy al niño, para mañana no sancionar al adulto”. La sanción para tener un efecto en la conciencia vial  del usuario, tiene que tener un carácter educativo y mejor si es comunitario, social o humanitario.

10.   La Policía Nacional, dice Del Busto, debe cumplir con brindar apoyo a la autoridad competente, sin que esto signifique pasar a depender directamente de ellas. La Policía Nacional, como Institución Tutelar del Estado tiene una  organización dentro del Poder Ejecutivo. Una línea o cadena de comando y de disciplina vertical. No puede desmembrarse y estar al servicio directo y subordinado de otras autoridades distintas a su organización, escapando sus efectivos del alcance de control de su Comando. 

Filantropía y cambio social (2)/ Alfredo Stecher

El diccionario de la RAE define la filantropía como amor al género humano, y el altruismo como diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. Englobo bajo el nombre de filantropía ambos conceptos, también expresados como amor a la humanidad y al prójimo. A costa del propio, puede significar un sacrificio total, como el heroísmo, pero lo aplico en el sentido de prescindir de una parte del bien propio logrado o lograble. Incluye la caridad, pero va mucho más allá de esta.

También incluyo la actitud, insuficientemente valorada y practicada, de preocuparse por prever y evitar, mitigar o contrarrestar los efectos negativos que puede tener la propia acción sobre otras personas, directamente o a través de cambios en su entorno, que puede ser igual de necesario y con frecuencia más efectivo que la acción de ayuda o cambio directa. Y definitivamente es mucho más importante –y auténtica- que la de quienes hacen daño, consciente o semiconscientemente, con sus actividades principales, y buscan aplacar su mala conciencia, si la tienen, lavar su imagen o ufanarse de ser buenos, con obras de caridad marginales o tardías.

Además, sabiendo que no siempre es cierto, así como no hay mal que por bien no venga, tampoco no hay bien que por mal no venga, porque toda acción genera una reacción, menor o mayor, que puede ser negativa, que hay que prever, entender y atender. Se puede tratar de efectos negativos objetivos en sus destinatarios o en su entorno, pero también de efectos subjetivos.

Quienes tienen como prioridad mejorar la vida de otras personas, en tanto profesional independiente, a nivel de institución privada, empresa o desde el Estado, o en cualquier otra ubicación laboral o social, deben tener en cuenta que no basta su intención filantrópica para que el resultado sea favorable. No solo el camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. Y hasta en las relaciones interpersonales a veces un gesto de saludo o una sonrisa, valiosos porque pueden estimular reacciones en cadena positivas, a veces son malinterpretados y pueden obtener lo opuesto de lo buscado. Lo que no es razón para no practicarlos, sino para tratar de entender efectos inesperados.

Sin embargo, por lo general, es mayor la probabilidad de que la actitud positiva hacia los demás tenga más efectos positivos que negativos para la sociedad y, de rebote, para uno mismo.

Evidentemente el mundo no va a seguir cambiando para mejor solo por filantropía. E incluso hay el riesgo, como antes -y ahora más claramente-, con la simple caridad, de que las acciones positivas de algunos sirvan para encubrir las miopías, ineficiencias y maldades de otros, así como los clamorosos males del sistema económico y político en sus formas actuales.

Por eso siguen siendo muy necesarias las protestas y movilizaciones exigiendo mejoras y cambios de quienes tienen el poder para brindarlos, así como la participación política activa para que puedan asumir y ejerzan mejor ese poder las personas y partidos con mejor orientación, más capaces, más honestos y con efectiva vocación de servicio público.

Las acciones positivas pueden tener el efecto, en ocasiones negativo, de apaciguar, pero también el más bien positivo de indignar, por posibilitar una comparación real con lo que es factible lograr con políticas diferentes y con concepciones y actitudes distintas de los actores sociales. Por ello es importante tomar conciencia de sus posibilidades y difundirlas, buscando siempre canalizar la indignación por cauces constructivos.

La aspiración a mayores ingresos y a una vida mejor, así como la competencia, son necesarias, son un motor y un mecanismo poderoso, intensificado bajo el capitalismo, de avance material, incluso intelectual y espiritual; pero también son indispensables más cambios culturales y políticos para encauzarlos de manera que nuestras sociedades sean más justas y equitativas y la gente más feliz, incluida aquella que por su codicia, avaricia y ambición desmedidas (todas contenidas en el concepto inglés, greed) alcanza mucho éxito material a costa no solo de los demás sino también de su propio bienestar espiritual.

La filantropía inteligente y a escala creciente está cambiando no solo en algo los movimientos sociales, sino también a las personas con mayor capacidad de tomar decisiones que impactan en el desarrollo social, económico y político. Aunque siguen siendo una reducida minoría, son cada vez más las personas muy pudientes, incluso grandes empresarios, que comprenden o al menos intuyen la necesidad de grandes cambios en nuestros paradigmas y que comienzan a actuar en consonancia, lo que va impactando también en la política. Y es creciente la preocupación por incluir la felicidad en los objetivos de todos y la búsqueda de herramientas para medirla y de mecanismos para lograrla, lo que se expresa cada vez más en los organismos internacionales y en algunos gobiernos (algo iniciado por el gobierno de Bután, en el Himalaya).

La evolución de los conceptos de responsabilidad social empresarial y de buenas prácticas empresariales va en ese sentido; también el otorgamiento de reconocimientos públicos a quienes más avanzan en ese aspecto, importante y positivo contrapunto a las justificadas denuncias de abusos y daños de que son objeto las empresas más irresponsables.

Tomar conciencia de esto, apoyarlo e inspirarnos en ello, es fundamental. En ese sentido continuaré en otros artículos con la mención a ejemplos notables de filantropía, de los más diversos tipos, en parte más o menos al azar, que revela la punta de lo que es un iceberg de ya considerable tamaño y enorme importancia para el destino de la humanidad.

El resultado es incierto. La tendencia positiva corre el riesgo de ser ahogada o aplastada por contratendencias negativas. Pero puede tener éxito.

FILANTROPÍA Y CAMBIO SOCIAL / Alfredo Stecher

El diccionario de la RAE define la filantropía como amor al género humano, y el altruismo como diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. Como en mi artículo anterior sobre el tema, englobo bajo el nombre de filantropía ambos conceptos, también expresados como amor a la humanidad y al prójimo. A costa del propio puede significar un sacrificio total, como el heroísmo, pero lo aplico en el sentido de prescindir de una parte del bien propio logrado o lograble. Incluye la caridad, pero va mucho más allá de esta.

También incluyo la actitud, insuficientemente valorada, de preocuparse por prever y evitar o mitigar los efectos negativos que puede tener la propia acción sobre otras personas, directamente o a través de cambios en su entorno, que puede ser menos vistosa pero igual de efectiva que la acción de ayuda o cambio directa. Y definitivamente es mucho más importante –y auténtica- que la de quienes hacen daño, consciente o semiconscientemente, con sus actividades principales, y buscan aplacar su mala conciencia, si la tienen, o ufanarse de ser buenos, con obras de caridad marginales.

La evolución de los conceptos de responsabilidad social empresarial y de buenas prácticas empresariales va en ese sentido, también el otorgamiento de reconocimientos públicos a quienes más avanzan en ese aspecto, importante y positivo contrapunto a las denuncias de abusos y daños de que son objeto las empresas más irresponsables.

Además, sabiendo que no siempre es así, así como no hay mal que por bien no venga, tampoco no hay bien que por mal no venga, porque toda acción genera una reacción, menor o mayor, que puede ser negativa, que hay que prever, entender y atender. Se puede tratar de efectos negativos objetivos en sus destinatarios o en su entorno, pero también de efectos subjetivos.

Quienes tienen como prioridad mejorar la vida de otras personas, como profesional independiente, a nivel de institución privada, empresa o desde el Estado, deben tener en cuenta que no basta su intención filantrópica para que el resultado sea favorable. El camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. Y hasta en las relaciones interpersonales a veces un gesto de saludo o una sonrisa, valiosos porque pueden estimular reacciones en cadena positivas, a veces son malinterpretados y pueden obtener lo opuesto de lo buscado.

Sin embargo, por lo general, es mayor la probabilidad de que la actitud positiva hacia los demás tenga más efectos positivos que negativos para la sociedad y, de rebote, para uno mismo.

Evidentemente el mundo no va a seguir cambiando para mejor solo por filantropía. E incluso hay el riesgo, como antes,y ahora más claramente, con la simple caridad, de que las acciones positivas de algunos sirvan para encubrir las miopías, ineficiencias y maldades de otros,así comolos clamorosos males del sistema económico y político en sus formas actuales.

Por eso siguen siendo muy necesarias las protestas y movilizaciones exigiendo mejoras y cambios de quienes tienen el poder para brindarlos así como la participación política activa para que asuman y ejerzan mejor ese poder las personas y partidos con mejor orientación, más capaces, más honestos y con efectiva vocación de servicio público.

Las acciones positivas pueden tener el efecto, en ocasiones negativo, de apaciguar, pero también el más bien positivo de indignar, por posibilitar una comparación real con lo que es posible lograr con políticas diferentes y con concepciones y actitudes diferentes de los actores sociales. Por ello es importante tomar conciencia de sus posibilidades y difundirlas, buscando siempre canalizar la indignación por cauces constructivos.

La aspiración a mayores ingresos y a una vida mejor, así como la competencia,son necesarias, son un motor y un mecanismo poderoso de avance material, pero también son indispensables más cambios culturales y políticos para encauzarlas de manera que nuestras sociedades sean más justas y equitativas y la gente más feliz, incluida aquella que por su codicia, avaricia y ambición desmedidas (todas contenidas en el concepto inglés,greed) alcanza mucho éxito material a costa no solo de los demás sino también de su propio bienestar espiritual.

Por eso, aunque siguen siendo minoría, son cada vez más las personas muy pudientes y grandes empresarios que comprenden o al menos intuyen la necesidad de grandes cambios en nuestros paradigmas y que comienzan a actuar en consonancia, lo que va impactando también en la política. Y es creciente la preocupación por incluir la felicidad en los objetivos de todos y la búsqueda de herramientas para medirla y de mecanismos para lograrla, lo que se expresa cada vez más en los organismos internacionales y en algunos gobiernos.

Tomar conciencia de esto y apoyarlo es fundamental. En ese sentido continuaré en otros artículos con la mención a ejemplos notables de filantropía, siempre más o menos al azar, que revela la punta de lo que es un iceberg de considerable tamaño y enorme importancia para el destino de la humanidad.

A MÁS POLICIAS MÁS CRIMEN/ Gustavo Carrión Zavala.

Hace brevísimos días, en el diario el comercio, daban cuenta del crecimiento del crimen en la región tumbes. La nota hacía resaltar que los asesinatos por sicariato, extorsión o rencillas entre bandas criminales se duplicaban año a año. De 15 asesinatos el 2011, subieron a 30 el 2012 y a 60 el 2013, y en lo que va de corrido el presente año, ya se han producido 13 asesinatos, lo que parece ser una tendencia incontrolable.

Estos datos se compadecen perfectamente con las mediciones que tienen efectuadas las agencias de inteligencia del sector interior, las que señalan que Tumbes se ha convertido en una de las regiones en donde el crecimiento del crimen supera largamente la media nacional, especialmente en crimenes violentos y con empleo de armas de fuego.

Lo que resulta realmente preocupante es el hecho, que en este período (2011-2013), han egresado de la escuela des sub-oficiales de tumbes tres promociones, lo que significa algo de 300 policías mas, que corresponde a un incremento de aproximadamente el 75% de efectivos en relación con el número de policías antes del funcionamiento de la escuela.

La relación lógica, sería que a mayor cantidad de policías menor cantidad de hechos criminales. Si esto no sucede, y la realidad nos impone la perversa relación: a mayor  cantidad de policías mayor cantidad de hechos criminales, las autoridades del sector interior deben preguntarse seriamente que es lo que sucede con la policía. Probablemente la desesperación por cumplir metas, solamente cuantitativas, ha provocado la apertura de una diáspora de escuelas de sub-oficiales por todo el país, sin que las mismas estén en condiciones de formar policías profesionales y de calidad. Adicionalmente, en estas escuelas regionales logran ingresar alumnos vinculados a las organizaciones criminales que operan en la jurisdicción, de tal suerte que todos las operaciones policiales fracasan por la divulgación anticipada de las mismas.

Otro aspecto a considerar es la falta de madurez de los sub-oficiales egresados de las escuelas regionales, no es extraño verlos cumplir sus horas de servicio, premunidos de todos los artefactos modernos de comunicación (celulares con internet, audífonos musicales, tablets, etc), que ocasionan una gran distracción y la pérdida de eficiencia en el servicio. Se hace impostergable prohibir el uso de comunicación móvil durante las horas de servicio, debiendo incorporarse el incumplimiento de esta norma como falta grave. Obviamente que algunos servicios, como el de investigación criminal deben exceptuarse de esta prohibición. Paralelamente, la implementación de la red radial troncalizada se hace indispensable para eliminar el pretexto de no tener comunicación con las centrales de conducción de las operaciones.

En cuanto a las escuelas regionales, deben ser evaluadas a través de la evaluación de los sub-oficiales que han formado, a fin de comprobar si los mismos cubren el perfil diseñado para el nivel de sub-oficiales de tercera. De no ser así, y comprobarse que la media no cubre este perfil, deben recesarse estas escuelas, centralizar la formación en pocas sedes que puedan acceder a formación profesional de calidad y no seguir deteriorando el cumplimiento de una función sustantiva para la convivencia pacífica. No deben perder de perspectiva, que los sub-oficiales que vienen egresando de estas escuelas, permanecerán 30 años en el servicio policial, y la coyuntura por la cuál se abrieron estas escuelas se extenderá hasta convertirse en un mal estructural.

PREVENCIÓN: EL OTRO BRAZO DE LA PINZA (1)/ Carlos Basombrío Iglesias

Cada vez es más notorio que el Perú no cuenta con una estrategia adecuada de seguridad ciudadana. Más financiamiento, leyes drásticas y algunas operaciones aisladas exitosas no la suplen.  El deterioro es constante y la situación está cambiando cualitativamente por los niveles de violencia  y la presencia del crimen organizado.

Se necesita urgentemente consensuar e implementar una estrategia nacional de seguridad. Una que, para plantearlo en términos directos y simples, se puede comparar  con la lógica de una pinza. Es decir que requiere dos brazos que actúen simultáneamente para operar  adecuadamente sobre el problema. VER MÁS... 

LO BUENO , LO MALO Y LO FEO DE LA MINERÍA INFORMAL/ Ricardo Valdés

A propósito de los últimos acuerdos alcanzados con mineros informales  y del próximo 19 de abril en que se cierra el proceso de formalización ¿qué más podemos decir de este complicado proceso de formalización?

Lo bueno:

 Que duda cabe que en un país donde aproximadamente hasta el 35% del PBI y el 70 % de la PEA provienen de la actividad informal, la minería informal  ha sido y viene siendo una actividad válida para miles de familias peruanas que han encontrado esta forma de ganarse la vida, como otras familias lo hacen en múltiples actividades informales ligadas a la agricultura, la pesquería , la industria textil, el transporte, el comercio o los  servicios por citar unos pocos ejemplos. Nuestra dinámica económica no puede ocultar  esta verdad, ni el dinero que esta produce y moviliza.

 Por otra parte el Perú siempre ha sido un país con actividad minera ancestral y de iniciativas  emprendedoras que no siempre  se acomodaron  a la vida económica formal. Apenas hace un par de años la minería no formal era una y no se distinguía dentro de ellas a la ilegal. Las normas del 2011 recién trazaron la línea entre lo informal y  lo ilegal, al inicio de manera confusa y concentrados tan sólo en Madre de Dios,  para luego corregir su alcance a nivel nacional.

Pero ya eran miles los que estaban en esta actividad y, por lo mismo, emergieron dramáticamente los daños económicos, sociales y ambientales que hicieron necesaria su regulación. Se hacía necesario encontrar una salida y el Estado la abordó desde  lo legal y programático. Ahora contamos con normas y, en principio, con  una estrategia para enfrentar los problemas derivados de la  minería informal y  de  la ahora,   minería ilegal.

Lo malo:

El sinnúmero de problemas sociales y ambientales ( los más dramáticos) asociadas a este tipo de actividad informal son inaceptables. La explotación laboral y sexual, la trata de personas, el envenenamiento de fuentes de agua, la eliminación de bosques, la corrupción, todo tipo de tráfico ilícito y, en fin, varias lacras más han rodeado esta actividad ( como otras , incluso formales, hay que decirlo) y se hace necesario enfrentarlas con energía y con recursos, pues así como está determinado el rol persecutorio del delito, también lo están la prevención y la protección de todos aquellos que se han visto afectados por el mismo.

Hay áreas absolutamente liberadas para la delincuencia y el abuso. La explotación de niñas y niños  se encuentra documentada con  miles de víctimas (al menos más de 10,000 entre Puno y Madre de Dios). Sin embargo también se encuentra documentada la falta de presupuesto para poner en marcha las estrategias de lucha, la incompetencia funcional del Estado y el abandono que nuestro Estado  termina por hacer de sus ciudadanos  y de sus funcionarios.

La estrategia para enfrentar la minería ilegal e informal debe ser integral, debe contemplar a toda la cadena logística de provisión y comercialización para su control y regulación, así como políticas de inclusión social, de incorporación  de las familias dedicadas a la minería a otro tipo de actividad  con visión de desarrollo sostenible. Deben contemplarse también  medidas de inclusión social para todas las actividades que, como "daño colateral" , se asocian a la práctica informal e ilegal de la minería, incluyendo a todas las personas involucrados en este problema complejo.

Lo feo:

No se puede ignorar la dimensión del fenómeno social que se encuentra tras la minería informal  e ilegal. La simple respuesta represiva  desde el Estado es insuficiente, estrecha de entendimiento e hipócrita.  ¿Cómo no dotar entonces de un presupuesto especial a la lucha contra la minería ilegal o la trata de personas cuando el Estado peruano ha gastado  para  hacerse publicidad, solo  en el año 2013, 467 millones de soles?

En este negocio de la minería informal existe una larga cadena de financistas y concesionarios (mineros formales) que están dispuestos a maximizar sus ganancias con el menor riesgo posible. Ellos también se mueven entre la delgada línea de lo informal y lo ilegal. Tanto los que financian, como los que adquieren y  comercializan los productos informales, lo hacen  sin declarar muchas veces este lado del negocio.

Así , algunas empresas  mineras peruanas "prestan" sus concesiones sin importarles los niveles de explotación laboral de la informalidad, mientras  sean estas empresas las que finalmente adquieran la producción informal y se apropian del excedente del menor costo, como consecuencia de la explotación humana, controlando el precio que le pagan al minero informal.

Hay pues demasiados ángulos en este fenómeno social, demasiada gente involucrada en este negocio complejo, así como  demasiada debilidad en las políticas  del Estado y en la dotación de recursos,  como para pensar que se habrán acabado los problemas con este sector a partir del  19 de abril en que se cierra el proceso de formalización.