domingo, 27 de septiembre de 2009

HUEVOS DE ESTURIÓN / Otro policía muerto / Fernando Rospigliosi


El martes 22 fue asesinado el suboficial de la Policía Grover Sayco Taipe por manifestantes en La Oroya. Los que bloqueaban la carretera arrojaron piedras desde un cerro y mataron al policía de 27 años.


En más pequeña escala, este es un caso similar al de Bagua. Dos días después de esos incidentes, el Congreso, capitaneado por los apristas, acordó ampliar el plazo para el cumplimiento del PAMA, tal como lo pedía la empresa Doe Run y los trabajadores.


La pregunta es muy simple: si sabían lo que iba a pasar y tenían la decisión de ceder al nuevo chantaje ¿por qué no lo hicieron antes que se produjera la anunciada huelga?


Porque los pobladores de La Oroya habían informado con anticipación que iban a hacer lo que han hecho en otras ocasiones, bloquear la carretera central, provocando un atoro gigantesco, dejando a decenas de miles de personas varadas en la vía.


Y el gobierno sabía que no estaba en la capacidad de desbloquearla por la fuerza y que, finalmente, iba a capitular ante la presión de la empresa y los trabajadores.


Por último, si el gobierno y el ministro del Interior Octavio Salazar eran concientes de su incapacidad para desbloquear la carretera ¿para que hicieron la finta de enviar a más de mil policías a enfrentarse con los manifestantes? El costo fue la muerte del sub oficial Grover Sayco.


Pero eso parece importar muy poco al ministro Salazar y las autoridades del gobierno. Los policías siguen siendo carne de cañón, sacrificables en función de sus intereses políticos inmediatos.


Por supuesto, las acciones policiales siempre implican un alto riesgo a los efectivos involucrados en ellas. Y no por evitar esos riesgos se puede dejar de realizar esas acciones.


El punto, en este caso, es que el gobierno era consciente de que tenía que ceder, y había planificado hacerlo a través del Congreso. ¿Por qué no lo hizo antes y evitó el bloqueo y los enfrentamientos?


Y producido el bloqueo, el gobierno sabía, con más certeza si cabe, que iba a transar. ¿Para que envió a los policías a una tarea imposible y a un enfrentamiento inútil?


Ahora el inefable ministro de Justicia, Aurelio Pastor, pretende acusar del asesinato del policía, al gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua. Otra patraña, un amago para las tribunas. Desde el punto de vista penal, es imposible demostrar la responsabilidad de Huyhua en ese crimen.


Con eso, solamente logrará encubrir a los asesinos y tratar de ocultar el hecho que el gobierno ha terminado permitiendo otra vez que la empresa se salga con la suya. Además de quedar bien con el “heroico pueblo de La Oroya” –como decían los nauseabundos congresistas en la sesión del jueves-, con la exclusiva finalidad de obtener sus votos en las próximas elecciones.

1 comentario:

Carlos dijo...

Breve y rotundamente acertado Sr. Rospigliosi. Estamos asistiendo con estupor a un método de actuación política que sólo se traduce en costo de valiosas vidas. Ninguna indemnización ni versallescas posturas van a compensar a los deudos y a quienes asistimos a estos repetidos sucesos.