INSISTIENDO EN EL DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO/ Gustavo Carrión Zavala

En los últimos días, nuevamente el Vicealmirante Montoya ha insistido en la propuesta de subordinar la actuación policial en el VRAE al comando de las Fuerzas Armadas, y para ello ha recurrido a medias verdades o simplemente a mentiras:

- Ha dicho el Almirante que durante el Gobierno del Presidente Toledo se desactivaron las bases militares en el VRAE, lo que permitió el crecimiento de sendero y de la actividad del narcotráfico. La pequeña porción de verdad es que en realidad se desactivaron bases, pero lo que no explica el militar son las razones para que esto sucediera. Las bases militares en la zona habían devenido en lugares de recaudación ilegal a costa de narcotraficantes y taladores ilegales. Estas bases jamás denunciaron actividad ilícita alguna y sería apropiado indagar sobre la fortuna acumulada por los militares que actuaron en esta zona. Es posible que digan que estas afirmaciones se deben probar, pero es obvio que la presencia militar no impidió el crecimiento de estas dos ilícitas actividades y por consiguiente el crecimiento parásito de las acciones de lo que quedaba de sendero como banda armada, al servicio de la droga y la tala ilegal. Si se pudiera abonar estos hechos con experiencias personales, tendría que referir que, cuando en cumplimiento del Plan Fierro adelantado en el Monzón, nos tocó visitar esta localidad, nos entrevistamos con el Oficial del Ejército a cargo de la base contrasubversiva en el lugar y le observamos que frente a la base se acumulaban insumos y secaba hoja de coca para la producción de droga, el oficial respondió sin inmutarse que esa no era su función. Es posible que no los hayan informado en las escuelas que los formaron, que hay delitos que son perseguibles de oficio y que ameritan acción pública contra su perpretación y que esta ignorancia les sirva de parapeto para justificar los “cobros por derecho de vista” que hacían a los delincuentes y “llevar la fiesta en paz”. Jamás en ese período se reportó denuncia o información alguna de las bases militares que alertaran a la policía sobre estos delitos. Era entonces lógico pensar que estas reparticiones militares resultaban supernumerarias habida cuenta que no tuvieron éxito alguno en su función antisubversiva y por el contrario, provocaban la expansión de la actividad narcotraficante.

- Lo que no se dice, pero que sí comporta responsabilidad del gobierno de Alejandro Toledo, es no dispensar atención al pedido que hizo la policía para implementar un Batallón Antisubversivo que hiciese lo que las bases militares no hacían, acabar con las bandas armadas que quedaban como rezago perverso de Sendero Luminoso, adheridas parasitariamente a las ilícitas actividades del tráfico de drogas y de la tala ilegal.

- Hace poco, y conversando con un oficial piloto de helicópteros de la Policía, refería que habiendo descendido a la base militar de Pichari, en donde por convenio entre el Ejército y la NAS, se había instalado un centro de reabastecimiento de combustible para los helicópteros UH, que opera la aviación policial en actividades de erradicación de cultivos de hoja de coca, un alto oficial de la Fuerza Aérea le ordenó que apagara motores y que abortara la misión que estaba cumpliendo. Como entenderán y afortunadamente la Aviación Policial depende directamente de la Dirección General de la Policía, el conminado piloto policial solicitó instrucciones, recibiendo la confirmación para continuar con su misión. ¿No les parece que esto ya sucedió antes? ¿Recuerdan las mejores épocas del fujimontesinismo y los Comandos Político Militares qué impedían el patrullaje policial, para en campo despejado “traquetear la droga” en helicópteros militares? ¿Para ello es que el almirante Montoya sugiere la subordinación de la policía al mando militar?

- Sigo insistiendo, que el problema del VRAE es básicamente la persecución del delito de Tráfico Ilícito de Drogas y que la estrategia debe ser conducida por la Policía Nacional, que es la responsable constitucional en este aspecto y debe decidir el tipo de apoyo que requiere de las fuerzas armadas.

En lo que toca a la Policía Nacional, es urgente exigirle el diagnóstico apropiado para poder afrontar con éxito la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y quitarle a nuestro país la penosa ubicación de ser el primer exportador mundial de cocaína. Hace algunos días, el actual Director Antidrogas de la Policía, se presentó en un programa periodístico y nos refirió una situación idílica de la DIRANDRO, negando toda posibilidad de corrupción en esa unidad especializada, empero sí eso fuera cierto tendría que responder algunas cuestiones:

- ¿Cómo explica que habiéndose producido potencialmente 302 TM de cocaína en el país en el 2008, sólo se haya interdictado 16 TM que representa el 5.4%?
- ¿Cómo se explica el ingreso a las zonas cocaleras de la cantidad de insumos necesarios para producir 302 TM de cocaína y cómo llega esta droga al litoral para su exportación?
- ¿Cómo se explica que mientras Colombia tiene una disminución del 18.2 % de cultivos de coca en el 2008 en relación con el año anterior, en el Perú se hayan incrementado estos cultivos en 4.5%?
- ¿Cómo se explica que en Colombia se haya disminuido la producción de cocaína de 600 TM el 2007 a 430 TM en el 2008, en tanto en el Perú creció de 290 TM a 302 en el mismo período?

Es posible que se pretenda explicar que por falta de recursos no hay mayores logros en la lucha antidrogas, pero el prestigio de la Policía en los últimos tiempos siempre estuvo adscrito a los supuestos grandes positivos en la persecución de este delito y que fueron difundidos prolijamente en la prensa nacional, pero a la luz de las cifras nos demostrarían que se trataría de esfuerzos mediáticos y no de resultados reales en la persecución de este delito, que ha permitido colocarnos a la vanguardia de la exportación de cocaína en el mundo.

Si no se parte por sincerar el diagnóstico y reconocer un importante componente de corrupción en la lucha antidrogas, será poco lo que se avance, aún cuando se implementen las garitas móviles para el control de insumos.

Concluimos diciendo que es la policía la encargada de luchar contra el tráfico ilícito de drogas, que debe liderar las estrategias en este campo, que resulta riesgoso subordinar este aspecto especializado a los mandos militares y que no se debe caer en el juego de potenciar a sendero para justificar el protagonismo de las fuerzas armadas en el VRAE, en donde el problema, repetimos, es el narcotráfico.